Elecciones Perú 2026: Fujimori vs Sánchez en segunda vuelta

En diez años, Perú tuvo ocho presidentes. No por golpes militares, no por guerras, no por revoluciones — por un sistema político que aprendió a devorarse a sí mismo. Y mientras todo eso pasa, la economía funciona, los supermercados tienen mercadería, los aviones despegan. La vida sigue. Como si el Estado fuera un ruido de fondo que la gente aprendió a ignorar.

Las elecciones de Perú 2026 dejaron una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el 7 de junio. Pero para entender por qué esa segunda vuelta no promete mucho, hay que entender lo que hay detrás: en diez años, Perú tuvo ocho presidentes. Ocho. No por golpes militares, no por guerras, no por revoluciones. Por un sistema político que aprendió a devorarse a sí mismo.

Ese país existe. Se llama Perú. Y lo más extraño no es la caída de los presidentes — lo más extraño es que mientras todo eso pasa, la economía funciona, los supermercados tienen mercadería, los aviones despegan. La vida sigue. Como si el Estado fuera un ruido de fondo que la gente aprendió a ignorar.

¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo un país normaliza lo que en cualquier otro lugar sería una crisis terminal? Para entenderlo, hay que ir un poco atrás. No siglos — alcanza con cuarenta años.

Las raíces: violencia, colapso y Fujimori

El 17 de mayo de 1980, el mismo día que Perú realizaba elecciones presidenciales para salir de doce años de régimen militar, Sendero Luminoso inició su lucha armada en el distrito de Chuschi, departamento de Ayacucho. El momento no fue casual — era una declaración de guerra contra la democracia misma.

La década que siguió combinó lo peor: violencia insurgente del PCP-Sendero Luminoso, hiperinflación devastadora y una clase política que demostró no tener respuestas para ninguno de los dos problemas. Para 1990, la legitimidad del sistema democrático estaba en mínimos históricos. La gente no quería más democracia — quería orden. Quería que alguien llegara y arreglara todo.

Ese alguien fue Alberto Fujimori.

Fujimori llegó al poder en 1990 como un outsider total — ingeniero agrónomo, rector universitario, sin partido consolidado ni estructura política. Enfrentó un escenario de partidos divididos, crisis económica y violencia política. Y contó con algo que los presidentes anteriores no tenían: apoyo popular masivo, respaldo de las Fuerzas Armadas y la bendición tácita de los organismos financieros internacionales que veían en él al hombre capaz de aplicar el ajuste neoliberal que el Fondo Monetario reclamaba.

En abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial, arrestó opositores y convocó a una asamblea para escribir una nueva Constitución. La que rige hasta hoy. Sin una tradición sólida de libertades individuales que lo resistiera, el «autogolpe» encontró un terreno fértil — y una popularidad que, paradójicamente, aumentó después de ejecutarlo.

La trampa constitucional — diseñada para controlar, usada para destruir

La Constitución de 1993 tiene un detalle que va a condicionar todo lo que viene después: crea un Congreso unicameral con un poder enorme. Entre otras cosas, puede vacar al presidente por «incapacidad moral permanente» — una figura jurídica tan vaga, tan elástica, que puede aplicarse a casi cualquier cosa.

Fujimori la diseñó para controlarlo todo. Lo irónico es que esa misma arquitectura institucional termina siendo la trampa en la que caen todos los que vienen después. Él construyó el arma. Sus sucesores la heredaron — y el Congreso aprendió a usarla.

Pero hay algo más profundo todavía. Perú no tiene partidos políticos reales. Tiene vehículos electorales. Organizaciones que se arman para una elección, ganan o pierden, y se disuelven o se vacían de sentido. Cada presidente llega al poder sin estructura, sin cuadros, sin lealtades consolidadas. Llega solo. Y enfrenta un Congreso fragmentado en diez, doce, quince bancadas, donde nadie tiene mayoría y todos tienen incentivos para negociar por afuera de las instituciones.

En ese escenario, gobernar no es liderar — es sobrevivir. Y la corrupción no es una anomalía del sistema. Es el lubricante que lo hace funcionar.

Los ocho — el loop en detalle

El patrón se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie en Perú. Un presidente llega sin estructura. El Congreso — controlado por lo que los analistas llaman la «coalición autoritaria», un bloque de partidos que reparte cuotas de poder y recursos públicos — encuentra el momento oportuno para aplicar la vacancia. El ciclo recomienza.

La paradoja peruana — economía que funciona, Estado que no

Acá viene lo que hace a Perú verdaderamente único. Entre 2002 y 2013, Perú fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. El PBI creció a tasas que recordaban a las asiáticas. La pobreza cayó a la mitad. Y sin embargo, todo ese crecimiento no se tradujo en instituciones más sólidas, ni en mejor educación, ni en un Estado más presente en el territorio.

¿Por qué? Porque ese crecimiento vino del extractivismo — minería, gas, petróleo. Una economía que no necesita un Estado eficiente para funcionar. Las empresas llegan, extraen, exportan. El canon minero llega a las regiones. Y Lima mira para otro lado.

El resultado es una élite económica que aprendió a convivir con el caos político. Que en el fondo lo prefiere. Porque un Estado débil no regula, no redistribuye, no molesta. La informalidad — que en Perú representa más del 70% de la economía — es tanto síntoma como causa: millones de personas resolvieron su vida al margen del Estado porque aprendieron que el Estado no va a llegar.

Lima y el resto — la fractura que Castillo hizo visible

Perú es en realidad dos países que comparten un mismo territorio. Está Lima — cosmopolita, conectada, con el 30% de la población y casi el 50% del PBI. Y está el resto — el sur andino, la Amazonía, las regiones que vieron pasar el boom económico por televisión mientras sus hospitales seguían sin médicos y sus rutas seguían sin asfalto.

Esa fractura explotó con Pedro Castillo. Un maestro rural de Cajamarca que llegó a la presidencia casi sin aparato político, representando simbólicamente a ese Perú ignorado. Lima lo rechazó desde el primer día. El establishment judicial, mediático y político lo acosó sistemáticamente. Y Castillo, desbordado, sin cuadros, sin estrategia, intentó un autogolpe que duró pocas horas antes de que lo detuvieran en la calle.

Lo que vino después fue quizás más revelador que el propio Castillo. Las protestas en el sur — en Puno, en Cusco, en Arequipa — no fueron solo por él. Fueron por todo lo acumulado. Por décadas de sentirse ciudadanos de segunda. La respuesta del Estado fue represión: 49 muertos. Casi todos en el sur. Casi todos indígenas. El país se partió. Y sigue partido.

Los comicios de abril 2026 — el loop que sigue

El domingo 12 de abril de 2026 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú. El proceso aspiraba a cerrar la inestabilidad de una década. No lo logró.

La jornada estuvo marcada por problemas logísticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que dejaron sin poder votar a 63.000 ciudadanos en 215 mesas que no lograron abrirse. El Jurado Nacional de Elecciones extendió la jornada hasta el lunes 13 — generando cuestionamientos sobre si quienes votaron al día siguiente lo hicieron conociendo resultados parciales. Rafael López Aliaga, candidato de la extrema derecha, levantó desde el primer momento una narrativa de fraude para desconocer resultados que no le eran favorables.

La campaña había sido un fiel reflejo del estado de la política peruana: 35 candidaturas — apenas cuatro mujeres entre ellas — debates donde los candidatos leían propuestas y recurrían al ataque personal, y un 30% de ciudadanos que a una semana de la elección declaraba no elegir a ningún candidato presidencial. El 41% no tenía candidato para el Congreso.

Un dato que dice mucho sobre la Perú de hoy: el 45% de los encuestados por el IEP afirmó que su conocimiento sobre las candidaturas se establecía por Facebook y TikTok. Siete millones de jóvenes — el 26% del padrón electoral — votaron por primera vez en estas elecciones. Una generación que se informa en redes sociales, en un país donde la narrativa del fraude de López Aliaga circuló sin control desde el primer momento.

El corrimiento ideológico también es un dato relevante: la identificación con la derecha aumentó un 19% entre 2021 y marzo de 2026, con una concentración particular en Lima Metropolitana que alcanzó el 22%. No es casual que dos candidaturas de derecha encabezaran las encuestas en la recta final.

A todo eso se suma un elemento que amenaza con desestabilizar incluso el proceso electoral: la Unión de Gremios Empresariales exigió la destitución de Piero Corveto, jefe de la ONPE, a la Junta Nacional de Justicia — institución controlada por los partidos de la coalición autoritaria. Si esa destitución se concretara, se sumaría a una crisis institucional ya de por sí grave. El organismo que organizó unas elecciones con 63.000 personas sin poder votar podría quedar sin conductor en plena segunda vuelta.

La geografía del voto repite la fractura de siempre. Fujimori ganó en la costa norte y parte de la Amazonía. Sánchez ganó en la sierra y el sur — el mismo sur que protestó con 49 muertos, el mismo sur que sigue votando contra Lima. En cuatro campañas presidenciales consecutivas, Keiko Fujimori nunca ha ganado en Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua y Tacna. Esa constante no es un accidente — es la expresión electoral de una fractura que ningún gobierno ha querido o podido cerrar.

El loop sin salida — y la pregunta que nadie puede responder

El desencanto ciudadano que muestran todas las encuestas no es irracional — tiene causas concretas y documentadas que se acumularon durante décadas:

Entonces llegamos al presente. Ocho presidentes. Un Congreso que aprendió que vacar es más fácil que gobernar. Una ciudadanía que protesta, que se indigna, pero que no logra articular una demanda política sostenida porque no hay por dónde — los partidos no existen, los sindicatos son débiles, los medios están capturados por intereses económicos. Y una segunda vuelta que enfrenta a una Fujimori y a un heredero político de Castillo — dos nombres que resumen perfectamente la parálisis del sistema.

Perú no es un Estado fallido. Es algo más complejo y más perturbador: es un Estado capturado por intereses que se benefician de su propia debilidad. Donde cambiar presidentes es más fácil que cambiar estructuras. Donde la inestabilidad en la cima convive con una estabilidad extraña en la base — la de millones de personas que resolvieron su vida al margen del sistema.

La pregunta que queda flotando no es cuándo cae el próximo presidente. Esa ya sabemos que tiene respuesta.

La pregunta es si hay alguna forma de salir de este loop. Y honestamente, mirando la historia reciente de Perú, nadie tiene esa respuesta todavía.