Entre 1932 y 1933, mientras millones de ucranianos morían de hambre, el Estado soviético mantenía reservas de grano capaces de salvar a buena parte de ellos, seguía exportando trigo al exterior, y castigaba con la cárcel a quien juntara espigas sueltas del suelo. Nadie discute hoy que fue una catástrofe fabricada por decisiones políticas. Lo que sigue discutiéndose, ochenta y tres años después, es si además fue un genocidio.
El Holodomor —literalmente, «muerte por hambre» en ucraniano— es el nombre que se le da a la hambruna que devastó la Ucrania soviética entre 1932 y 1933, dentro de una crisis alimentaria más amplia que golpeó varias regiones productoras de grano de la URSS en esos mismos años. Hubo malas cosechas, sí. Pero lo que convirtió una mala cosecha en una catástrofe de millones de muertos fue una cadena de decisiones políticas tomadas en Moscú: cuotas de requisa de grano imposibles de cumplir, listas negras que condenaban pueblos enteros al aislamiento total, y una prohibición explícita de que los campesinos famélicos abandonaran sus aldeas para buscar comida en otro lado.
El camino hacia el hambre: 1929-1932
La hambruna no cayó del cielo. Fue precedida por la colectivización forzosa de la agricultura soviética, iniciada en 1929: a los campesinos se los presionó —muchas veces con violencia— para que entregaran sus tierras y animales a granjas colectivas estatales. Quien resistía era etiquetado como «kulak» (campesino rico, supuesto enemigo de clase) y enfrentaba deportación o algo peor. Ya en 1930, un juicio sumario en Kharkiv contra la ficticia «Unión para la Liberación de Ucrania» terminó con 15 fusilados y 248 personas más deportadas a campos, como advertencia temprana de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Estado contra cualquier foco de resistencia, real o inventado, en territorio ucraniano.
Ese mismo año se puso en marcha un programa de requisición de grano con cuotas fijadas desde Moscú, sin relación real con lo que cada región podía producir. El 7 de agosto de 1932 entró en vigor la tristemente célebre «ley de las espigas»: castigaba como robo de propiedad socialista el acto de recoger espigas de grano caídas en los campos ya cosechados —algo que durante generaciones había sido el último recurso de cualquier familia campesina en años flacos—. Más de 200.000 personas fueron condenadas bajo esa ley.
El 11 de septiembre de 1932, Stalin le escribió a Lázar Kaganóvich presionándolo para que Ucrania cumpliera sus cuotas de entrega de grano al Estado, sin margen para excepciones. A partir de esa presión se montó, en los meses siguientes, toda la maquinaria punitiva que terminaría de convertir la escasez en catástrofe: el sistema de «listas negras» formalizado el 20 de noviembre de 1932, que castigaba a pueblos enteros —incluyendo a maestros, comerciantes y niños— cortándoles el acceso a bienes básicos; y, el 27 de diciembre de 1932, la introducción de un sistema de pasaporte interno que, combinado con un decreto secreto de Stalin del 22 de enero de 1933, impidió físicamente que los campesinos hambrientos salieran de sus aldeas a buscar comida en las ciudades o en otras regiones.
1933: el pico de la catástrofe
La mayoría de las muertes ocurrieron en un lapso brutalmente corto: entre el 70% y el 80% de los fallecimientos registrados en ocho provincias estudiadas se concentraron en los primeros siete meses de 1933. Solo en marzo de ese año, 219.460 personas fueron interceptadas o arrestadas en puestos de control mientras intentaban salir de sus regiones en busca de alimento. Algunas estimaciones históricas atribuyen hasta 150.000 muertes adicionales directamente a esa política de bloqueo de movimiento.
Mientras tanto, el grano se exportaba
Uno de los datos que más indigna, incluso entre los historiadores más cautelosos sobre la intencionalidad de Stalin, es este: durante el peor momento de la hambruna, la URSS siguió exportando grano al exterior, aunque en volúmenes reducidos respecto a años anteriores. Según el historiador Michael Ellman, las exportaciones de 1932-33 rondaron 1,8 millones de toneladas —una cantidad que, calculan los especialistas, habría alcanzado para alimentar a unos cinco millones de personas durante un año entero—.
Las causas de la mala cosecha de 1932 también se discuten: el historiador Stephen Wheatcroft calcula que la cosecha real fue de entre 55 y 60 millones de toneladas, muy por debajo de los 68,9 millones que reportaban oficialmente las autoridades soviéticas —una brecha que, por sí sola, ya revela hasta qué punto el sistema estaba operando sobre datos falsos cuando fijaba sus cuotas de entrega—. El historiador Mark Tauger pone el acento en la sequía, el clima húmedo y una plaga de hongos; Wheatcroft agrega que la propia expansión soviética del área sembrada, sin cuidar la calidad del cultivo, empeoró el impacto de esas plagas.
Lo que la gente hizo para sobrevivir
Entre 1932 y 1933 se registraron al menos 2.505 condenas por canibalismo —cifra que, según el consenso historiográfico, subestima largamente los casos reales—. La policía secreta llegó a reportar «diez o más» denuncias diarias de canibalismo solo en la provincia de Kiev durante marzo de 1933. Moscú recibía esos informes y, según la documentación disponible, los ignoraba sistemáticamente. No es un detalle menor ni un dato para el morbo: es, probablemente, el indicador más contundente de hasta qué escala de desesperación humana llegó una crisis que el propio Estado podía haber mitigado con los recursos que tenía guardados.
El rango de estimaciones es enorme, y vale la pena mostrarlo completo para entender por qué el debate sigue abierto: la declaración conjunta de 25 países ante la ONU en 2003 habló de 7 a 10 millones. El expresidente ucraniano Víktor Yushchenko llegó a citar hasta 20 millones. En el otro extremo, trabajos basados en archivos soviéticos abiertos después de 1991 dan cifras más bajas: el historiador ucraniano Stanislav Kulchytsky calculó unos 3,2 a 3,5 millones; el demógrafo France Meslé junto a Jacques Vallin estimaron 2,2 millones de muertes directas en 1933, con un déficit poblacional total (sumando nacimientos no ocurridos y emigración) de 4,56 millones entre 1926 y 1939; Timothy Snyder ubica su propia estimación en torno a 3,3 millones; y Wheatcroft calcula un mínimo de 1,8 millones de muertes en exceso en Ucrania, hasta 4,8 millones en cálculos más amplios. Snyder y Wheatcroft coinciden en señalar que las cifras de 7 a 20 millones, de uso político frecuente, están sobreestimadas respecto a lo que sostiene la demografía histórica basada en archivos.
¿Fue genocidio? La pregunta que sigue sin resolverse
Acá es donde conviene pisar con más cuidado, porque no hay consenso historiográfico cerrado y la pregunta tiene, además, una dimensión política actual evidente —Ucrania está en guerra con Rusia desde 2022, lo que inevitablemente carga de peso presente a cualquier discusión sobre el pasado soviético—. Mostremos los dos lados con la misma seriedad.
A favor de la tesis de genocidio: además de Lemkin, el historiador James Mace, Norman Naimark y Stanislav Kulchytsky sostienen que, aunque la hambruna comenzó como consecuencia de una política económica fallida aplicable a toda la URSS, hacia fines de 1932 se convirtió deliberadamente en un instrumento dirigido específicamente contra los ucranianos —entre otros indicios, señalan que las listas negras y las restricciones de movimiento se aplicaron con particular dureza en Ucrania y el Kubán de población ucraniana, mientras otras regiones soviéticas con hambrunas comparables no sufrieron el mismo nivel de bloqueo—. Un estudio de 2021 de Markevich, Naumenko y Qian llegó a atribuir hasta el 92% de las muertes ucranianas en exceso a discriminación étnica deliberada en la aplicación de las políticas.
En contra, o con matices: Robert Conquest —uno de los historiadores que más contribuyó a visibilizar la hambruna en Occidente durante la Guerra Fría— moderó en sus últimos años su postura sobre la intencionalidad genocida específica. Mark Tauger discute los métodos estadísticos usados para sostener la tesis de discriminación étnica, y argumenta que Ucrania fue golpeada con más dureza simplemente porque tenía mayor capacidad agrícola y, por lo tanto, cuotas de entrega más altas, no porque el objetivo fuera exterminar ucranianos como grupo. Historiadores como Stephen Kotkin, R.W. Davies y J. Arch Getty atribuyen la catástrofe a una combinación de incompetencia burocrática, dogmatismo ideológico y brutalidad sistémica aplicada por igual en toda la URSS, antes que a un plan específicamente antiucraniano. Timothy Snyder ocupa un lugar intermedio: considera que el caso cumple técnicamente los criterios de la Convención sobre el Genocidio, pero prefiere hablar de «asesinato en masa» para no generar interpretaciones que considera engañosas sobre la intención original.
Políticamente, el reconocimiento como genocidio viene creciendo con fuerza: el Parlamento de Ucrania lo declaró genocidio en 2003, y en 2006 convirtió en delito penal negar tanto el Holodomor como el Holocausto. Más de treinta países —entre ellos Alemania, desde noviembre de 2022— y el Parlamento Europeo ya lo reconocen formalmente como tal, en una tendencia que se acelera visiblemente desde la invasión rusa de 2022.
Silencio internacional y negación activa
Durante décadas, la Unión Soviética simplemente negó que la hambruna hubiera existido, y mantuvo los archivos relevantes cerrados hasta su colapso en 1991. Pero la negación no fue solo soviética: en Occidente, el corresponsal del New York Times en Moscú, Walter Duranty, minimizó activamente la hambruna en sus despachos de la época —ganó un Pulitzar por su cobertura de la URSS, premio que hoy sigue siendo objeto de controversia por este motivo—. El escritor George Bernard Shaw y el periodista Louis Fischer también restaron entidad a los relatos de hambruna. Del otro lado, el periodista galés Gareth Jones —cuya historia inspiró la película Mr. Jones (2019)— y el activista estadounidense Fred Beal dieron testimonios directos de lo que habían visto, y no les creyeron: a los visitantes extranjeros se los paseaba por «pueblos Potemkin» preparados de antemano para disimular la catástrofe.
El historiador ucraniano Stanislav Kulchytsky relató, ya en la era post-soviética, que las autoridades le habían ordenado en su momento falsificar sus propios hallazgos de investigación para describir la hambruna como un desastre natural, no como consecuencia de políticas de Estado.
Un eco en la guerra de 2022
El paralelo no pasó inadvertido cuando Rusia invadió Ucrania en 2022: el bloqueo de puertos ucranianos de exportación de grano, y las denuncias de requisa o destrucción de cosechas en territorios ocupados, generaron comparaciones inmediatas —y políticamente cargadas— con las tácticas de bloqueo alimentario de 1932-33. Esas comparaciones forman parte del debate actual, pero conviene señalarlas como lo que son: una lectura política del presente proyectada sobre el pasado, útil para entender por qué el Holodomor sigue siendo un tema vivo en 2026 y no solo un capítulo cerrado de historia soviética.
El Holodomor no necesita la etiqueta de «genocidio» para ser una de las mayores catástrofes humanas provocadas por decisiones de Estado en el siglo XX. Hubo mala cosecha, sí. Pero hubo, sobre todo, un sistema que fijó cuotas imposibles sabiendo que eran imposibles, que acumuló reservas de grano mientras la gente moría de hambre a su alrededor, y que bloqueó físicamente a quienes intentaban escapar de esa muerte. Discutir si la intención final era exterminar ucranianos como grupo nacional o simplemente no importarle a quién mataba el sistema en el camino, es una discusión historiográfica legítima y todavía abierta. Lo que no está en discusión es que, en cualquiera de los dos escenarios, hubo gente con el poder de abrir los graneros y decidió no hacerlo.
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