Después de siete intentos fallidos en tres meses, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz volvió a pisar suelo venezolano. Pero su regreso llega justo cuando Washington ya negociaba, por otro canal, una hoja de ruta con el propio chavismo que no la incluía.
Después de casi diez meses fuera del país, María Corina Machado, líder de la oposición antichavista y Premio Nobel de la Paz, regresó a Venezuela la mañana del domingo 25 de octubre de 2026. «Estoy aquí, con ustedes», escribió en sus redes sociales, en un mensaje tan breve como cargado de significado. Minutos después, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia —considerado ganador real de las elecciones de 2024 con el 70% de los votos, según las actas que documentó la oposición— retuiteó y amplió el anuncio: «¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso. Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final.»
Siete intentos, tres meses, un bloqueo sin explicación
El camino de vuelta no fue sencillo ni rápido. En los últimos tres meses, Machado intentó regresar al menos siete veces —por barco, por vuelos comerciales y privados, por tierra, desde Virginia, Panamá y Curazao—, y todos esos intentos fueron bloqueados, cancelados a último momento por supuestas averías o sin ninguna explicación oficial. Nadie en su entorno confirmó públicamente quién estaba frenando esos viajes, pero la lectura generalizada apuntaba a que su salvoconducto dependía de una aprobación de Estados Unidos que, durante meses, simplemente no llegó.
El episodio más revelador de esa demora ocurrió tras el doble terremoto de junio de 2026, que dejó más de 6.500 muertos en el país: Machado intentó volver dos veces desde Centroamérica en medio de la emergencia humanitaria, y en ambas ocasiones altos funcionarios estadounidenses frenaron la maniobra. Cuando le preguntaron a Trump por el episodio, lo negó de forma categórica: «No… no, para nada… ¿Cómo le voy a decir eso? Ella es increíble. Es una persona maravillosa.» Meses después, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que podía volver «cuando quisiera, como cualquier ciudadana venezolana» — declaración que contrastó, en los hechos, con los intentos quinto, sexto y séptimo, todos igualmente frustrados.
El proceso que se armaba sin ella
Mientras Machado manejaba desde Washington y después desde Panamá su estrategia de lobby diario con actores del arco político internacional, en Venezuela se avanzaba, por otro canal completamente distinto, en una negociación que amenazaba con dejarla afuera del proceso que ella misma había liderado desde la clandestinidad. Desde el 1 de agosto, el Gobierno de Delcy Rodríguez negociaba con Dinorah Figuera —presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, cuyo propio regreso al país había sido respaldado por Estados Unidos— una hoja de ruta centrada en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral: banderas que la propia Machado reivindicaba, pero bajo una fórmula —elecciones de gobernadores y alcaldes antes de las presidenciales— que ella había rechazado de forma explícita y categórica en mayo de 2026, en una reunión con otros referentes de la oposición.
El contraste entre el discurso público de apoyo a la democracia venezolana y la negociación real de intereses estratégicos no es nuevo, ni exclusivo de esta administración estadounidense. Estados Unidos mantiene licencias especiales del Departamento del Tesoro que permiten a la petrolera Chevron operar en territorio venezolano incluso bajo el régimen de sanciones vigente, licencias que se renuevan o suspenden según convenga a los intereses energéticos y geopolíticos del momento, sin relación directa con el nivel de apertura democrática del gobierno de turno. Esa misma lógica —sostener relaciones funcionales con el poder real sobre el terreno, mientras se mantiene un discurso de respaldo a la oposición— explica por qué Washington pudo, en simultáneo, frenar siete intentos de regreso de Machado y avanzar en una negociación paralela con el propio chavismo sobre instituciones clave del Estado venezolano.
Un patrón que se repite en toda la región, sin importar el color político
Lo de Venezuela no es un caso aislado de incoherencia circunstancial: es la continuidad de un patrón que atraviesa décadas de política exterior estadounidense hacia América Latina, con el mismo mecanismo de fondo repitiéndose bajo distintas banderas ideológicas. Durante la Guerra Fría, Washington apoyó dictaduras militares anticomunistas en toda la región —Pinochet en Chile, las juntas militares de Argentina y Uruguay, Somoza en Nicaragua— mientras invocaba la defensa de «la libertad y la democracia» frente al avance comunista. El criterio real de selección nunca fue si un gobierno respetaba o no el voto de su propio pueblo, sino si ese gobierno servía o no a los intereses estratégicos de turno de Washington.
El mismo doble estándar se observa hoy, en paralelo, en otras regiones: Arabia Saudita, una monarquía absoluta sin ninguna elección libre y con un historial de derechos humanos durísimo —incluido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, atribuido por la propia CIA al príncipe heredero Mohammed bin Salman—, recibe alianza militar y apoyo estratégico sin fisuras, porque controla petróleo y equilibrio regional frente a Irán. El criterio de «democracia» se activa, en la práctica, según la utilidad geopolítica del régimen en cuestión, no según sus propias credenciales democráticas.
Dos roles, dos riesgos muy distintos
Hay una asimetría que vale la pena remarcar en la forma en que se dio el anuncio: Machado, quien asumió el riesgo físico real de los siete intentos fallidos y finalmente logró entrar al país, se limitó a un mensaje mínimo y escueto —»Estoy aquí, con ustedes»—, probablemente por motivos de seguridad operativa. Edmundo González, que aún permanece en Madrid, donde se exilió en setiembre de 2024 bajo presión directa del propio régimen tras la elección, fue quien amplió el anuncio con todo el marco político y emocional —»nuestra voz soberana retorna», «esto es hasta el final»—, prometiendo su propio regreso «muy pronto». La división de roles no es casual: ella pone el cuerpo primero, arriesgándose en rutas clandestinas y embarcaciones precarias; la narrativa política, mientras tanto, se construye con más resguardo desde el exilio.
Lo que viene: un desafío directo a dos frentes
El regreso de Machado representa un desafío simultáneo para dos actores que, por razones distintas, no deseaban necesariamente su vuelta inmediata: para el chavismo, que la considera su enemigo público número uno y ya advirtió, a través del ministro del Interior Diosdado Cabello, con frases como «no te diré cuál es la sorpresa que le tengo»; y para Washington, que llevaba meses construyendo, por otro canal, una vía de transición que avanzaba sin ella como protagonista central. El propio chavismo evalúa ahora si su regreso puede, paradójicamente, jugarle a favor, apostando a que Machado «se queme rápidamente» al tener que rendir cuentas dentro del país, incluida la acusación oficial de haber promovido una invasión estadounidense a Venezuela.
Lo que queda claro, más allá de cómo termine resolviéndose este capítulo, es que el relato de «apoyo a la democracia venezolana» nunca fue la única variable en juego, ni probablemente la más determinante. Los negocios —petróleo, licencias, estabilidad regional, acuerdos migratorios— corrieron, durante meses, por un carril completamente distinto al del discurso público, y ese carril no se detuvo ni un solo día mientras la principal líder de la oposición esperaba, varada en el extranjero, un permiso que tardó demasiado en llegar.
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