La cumbre Rusia-África en Moscú reabrió una pregunta más vieja que cualquiera de sus protagonistas: ¿puede un continente con algunos de los recursos más valiosos del planeta dejar de ser, durante generaciones, el proveedor barato de todos los demás?
El 28 y 29 de octubre de 2026, Moscú recibió por tercera vez consecutiva —tras Sochi en 2019 y San Petersburgo en 2023— la Cumbre Rusia-África, con 48 de los 54 países del continente confirmando participación. Vladimir Putin repartió personalmente muestras de tecnología rusa, habló de «soberanía» y de «liberarse de las cadenas del legado colonial», y prometió duplicar el comercio bilateral. Es un discurso que suena, palabra por palabra, al que décadas de potencias extranjeras le vienen ofreciendo a África. El problema no es que ese discurso esté mal armado. El problema es que ya lo escuchamos, con otro acento, muchas veces antes.
La cumbre, en números
El comercio entre Rusia y África, según cifras difundidas en la propia cumbre, se multiplicó por 1,5 en tres años hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares: el trigo ruso cubre un tercio del mercado africano y los fertilizantes rusos superan el 20% de cuota. Putin se comprometió a, «al menos», duplicar ese comercio hasta superar los 50.000 millones en el futuro cercano. Son cifras que suenan importantes hasta que se las compara con las de otro actor en la misma mesa: el comercio de China con África ya supera los 348.000 millones de dólares anuales —más de doce veces el ruso—. Rusia no está, en términos materiales, compitiendo con China por influencia económica en el continente. Está construyendo, con un presupuesto mucho más chico, una narrativa política de «socio no colonial» que le resulta barata de sostener porque no tiene detrás el capital necesario para parecerse a una potencia extractiva de la escala china, francesa o estadounidense —aunque opere, como se detalla más abajo, bajo una lógica bastante similar en los países donde sí tiene presencia militar directa.
Es una frase que vale la pena subrayar: el propio presidente de la Unión Africana, copresidiendo la cumbre junto a Putin, no aplaudió sin más el discurso ruso sobre soberanía. Lo tradujo en un reclamo concreto —más inversión real, más transferencia tecnológica real— que funciona, en los hechos, como una forma elegante de decir que todavía no está convencido de que Rusia cumpla lo que promete.
El mismo guion, cuatro actores distintos
Lo que hace que el discurso de Putin suene repetido no es que sea falso en su diagnóstico de fondo —la historia de extracción de recursos africanos por potencias extranjeras es real y documentada— sino que prácticamente todas las potencias que hoy operan en el continente, incluida Rusia, reproducen versiones del mismo esquema que dicen denunciar.
Rusia: seguridad privada a cambio de minas
El Grupo Wagner, y su sucesor directo bajo control más estricto del Kremlin, Africa Corps, se instalaron en Malí y la República Centroafricana entre 2021 y 2023, ofreciendo seguridad militar a gobiernos golpistas o debilitados a cambio de concesiones mineras, sobre todo de oro. Human Rights Watch denunció en julio de 2026 que paramilitares rusos mataron a ocho civiles en Malí, una denuncia más dentro de una serie de reportes de abusos documentados por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos en ambos países desde que Wagner llegó. El pago, en la mayoría de los casos reportados, no es en efectivo sino en acceso a yacimientos auríferos — la variante rusa del mismo negocio que Putin dice combatir.
Francia: la «Françafrique» que se está cayendo a pedazos
Durante décadas, Francia sostuvo en buena parte de sus antiguas colonias un entramado de acuerdos militares, bases permanentes y una moneda común —el franco CFA, atado primero al franco francés y luego al euro, con la mitad de las reservas de los bancos centrales africanos depositadas históricamente en el Tesoro francés— que funcionó como garantía de acceso preferencial para empresas francesas a uranio (clave en Níger para las centrales nucleares francesas), petróleo y otros recursos. En diciembre de 2019, Francia y ocho países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal y Togo) anunciaron una reforma que renombraría el CFA como «Eco», eliminaría la obligación de depositar reservas en el Tesoro francés y sacaría a Francia de los órganos de gobierno de la moneda —aunque mantuvo, al menos inicialmente, la paridad fija con el euro—. La implementación efectiva de ese cambio fue parcial y escalonada, y economistas africanos como Samba Sylla cuestionaron si no se trataba más de un cambio de nombre que de una ruptura real. En paralelo, ese modelo se está derrumbando por otra vía: Malí, Níger y Burkina Faso expulsaron en los últimos años a las tropas francesas de su territorio y rompieron acuerdos de defensa —el mismo vacío que, no por casualidad, pasó a ocupar Wagner.
China: infraestructura a cambio de deuda
El modelo chino no se apoya en armas sino en préstamos para construir puertos, ferrocarriles y rutas, financiados por bancos estatales chinos. El mecanismo que más críticas generó —la «trampa de la deuda»— ocurre cuando un país no puede pagar el préstamo y termina cediendo control o concesiones de largo plazo sobre la infraestructura o los recursos que garantizaban esa deuda; el caso más citado a nivel global es el puerto de Hambantota en Sri Lanka (fuera de África, pero el ejemplo de manual del mecanismo), y en el continente africano el caso de Zambia —con compromisos de deuda vinculados a su sector de cobre— es el más mencionado por analistas. China también concentra buena parte de la minería de cobalto en la República Democrática del Congo, el mineral clave para las baterías de autos eléctricos, bajo condiciones laborales que organizaciones como Amnistía Internacional documentaron como severas, incluido trabajo infantil en minas artesanales.
Emiratos Árabes Unidos: oro de guerra desde Sudán
Desde que estalló la guerra civil en Sudán en 2023, múltiples investigaciones periodísticas y de organizaciones como Swissaid documentaron un salto en las importaciones de oro sudanés hacia los Emiratos Árabes Unidos, pese al conflicto armado en curso. Una investigación de Semafor de agosto de 2026 calculó que empresas emiratíes compraron unos 100 millones de dólares en oro de origen sudanés con vínculos documentados a zonas de extracción bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la facción paramilitar enfrentada al ejército sudanés. Abu Dabi niega sistemáticamente estar armando a las RSF y atribuye el comercio de oro a intermediarios privados que escapan a su control directo, una explicación que distintos medios y organismos de la ONU cuestionan dado el volumen y la documentación de los flujos de carga aérea detectados entre ambos países.
Estados Unidos: de Lumumba a AFRICOM
Estados Unidos tampoco tiene las manos limpias. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) participó, según documentación desclasificada décadas después, en el derrocamiento y asesinato de Patrice Lumumba en el Congo en 1961 —el primer ministro que había nacionalizado parte de los recursos mineros del país recién independizado— para instalar en su lugar a Mobutu Sese Seko, un dictador mucho más cómodo para los intereses mineros occidentales durante más de tres décadas. Hoy, buena parte del cobalto congoleño que extraen operaciones de capital chino termina, al final de la cadena de suministro, en baterías de empresas tecnológicas estadounidenses, que alegan dificultades para trazar el origen exacto del mineral. En el plano militar, el comando AFRICOM mantiene presencia en más de veinte países africanos bajo el argumento de la lucha antiterrorista —bases de drones en Níger, instalaciones en Yibuti, entrenamiento militar en el Sahel— en un despliegue que distintos analistas africanos comparan, en su función última, con el de las tropas francesas o los contratistas rusos: garantizar acceso a rutas y recursos estratégicos bajo otro nombre.
Conviene distinguir dos afirmaciones que suelen mezclarse. Una es empírica y está bien documentada: todas las grandes potencias con presencia significativa en África —Rusia, Francia, China, Estados Unidos y actores regionales como los Emiratos— mantienen, en mayor o menor medida, relaciones económicas donde el continente exporta materia prima barata y recibe relativamente poco valor agregado o desarrollo industrial propio a cambio. La otra es interpretativa y más discutible: si eso responde a un plan deliberado y coordinado de «mantener pobre» a África, o si es el resultado, menos conspirativo pero igual de dañino, de incentivos económicos estructurales (el costo de capital, el poder de negociación desigual entre países pobres y corporaciones o potencias ricas, y la complicidad de élites locales) que producen ese resultado sin necesidad de que exista una intención unificada. Ambas lecturas coexisten en el debate académico y político sobre el tema, y se presentan aquí por separado.
¿Puede ser distinta?
La pregunta no es retórica: hay casos, aunque parciales, de países africanos que lograron negociar términos sustancialmente mejores sobre sus propios recursos. El ejemplo más citado es Botsuana, que desde su independencia en 1966 estructuró la explotación de sus diamantes a través de Debswana, una empresa conjunta al 50% entre el gobierno botsuano y la compañía De Beers. La clave, según analistas del sector, no fue tanto la propiedad formal de la empresa sino los términos del contrato: el Estado se aseguró una porción sustancial de las regalías y usó esos ingresos para financiar educación, rutas y reservas naturales, convirtiendo a Botsuana en una de las economías de ingreso medio-alto más estables de África subsahariana —un contraste marcado con otros países ricos en recursos pero con instituciones más débiles o más corruptas, donde la riqueza mineral terminó asociada a conflicto en vez de desarrollo, el fenómeno que la literatura económica llama «la maldición de los recursos». Hoy, con sus yacimientos de diamantes en declive, Botsuana está replicando esa misma lógica negociadora con China en su creciente sector de cobre, buscando retener más valor agregado y transferencia de conocimiento técnico dentro del país en vez de exportar solo materia prima.
El propio caso de Botsuana sugiere qué condiciones hicieron posible esa excepción: continuidad institucional (el mismo partido gobernó de forma relativamente estable y con baja corrupción percibida durante décadas), un solo recurso dominante y fácil de fiscalizar en comparación con economías mineras más fragmentadas, y una clase dirigente que, a diferencia de otros casos del continente, no capturó la renta de los diamantes para beneficio personal en la misma magnitud en que ocurrió en otros países ricos en recursos. Replicar ese modelo en países con conflictos armados activos, instituciones más débiles, o gobiernos que llegaron al poder por la fuerza —como ocurre hoy en Malí, Níger o Sudán— es un desafío de otra escala, y ningún analista serio sugiere que sea una fórmula trasladable de forma mecánica.
Lo que sí parece cierto es que la «voluntad» que mencionás no alcanza sola: hace falta, además, capacidad de negociación real frente a potencias con mucho más poder de fuego económico y militar, instituciones internas que no permitan que la renta de los recursos se la queden unos pocos, y —quizás lo más difícil— margen político para decir que no a una oferta de corto plazo (armas, infraestructura, inversión inmediata) en nombre de un beneficio de largo plazo que tarda años en materializarse y que, mientras tanto, no resuelve una guerra, una crisis alimentaria o una elección que hay que ganar la semana que viene.
Ninguna de las potencias que hoy se disputan la foto con los presidentes africanos llega con las manos limpias, y «basta voluntad» no es poco — es, de hecho, el ingrediente que más ha faltado, tanto afuera como adentro del continente. La diferencia entre un Botsuana y un Malí no fue la suerte geológica, fue la decisión política sostenida durante décadas de no vender el futuro por una inversión rápida. Esa decisión, al final, no la toma Moscú, ni París, ni Pekín, ni Washington. La tienen que tomar los gobiernos africanos — y eso es, a la vez, la parte más esperanzadora de la historia y la más difícil de garantizar.
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