Grupo de personas moviéndose por terreno embarrado bajo cielo nublado.

La Haya decide si hubo genocidio rohinyá

Corte Internacional de Justicia · Gambia contra Birmania

La Haya decide si hubo genocidio rohinyá

El jueves 19 de noviembre, siete años después de la demanda, la Corte Internacional de Justicia dicta sentencia sobre la campaña militar birmana de 2017. Nunca en su historia la Corte declaró a un Estado responsable de cometer genocidio. El fallo es definitivo y sin apelación.

La Corte Internacional de Justicia anunció que el jueves 19 de noviembre, a las 10 de la mañana en La Haya, leerá la sentencia de fondo en el caso Gambia contra Birmania. Es el procedimiento que inició Gambia el 11 de noviembre de 2019, en nombre de los 57 Estados de la Organización para la Cooperación Islámica, por la campaña del ejército birmano contra la minoría rohinyá en el estado de Rakhine.

La pregunta que la Corte responderá es si esa campaña fue genocidio en el sentido de la Convención de 1948. No juzga personas: la Corte Internacional de Justicia resuelve disputas entre Estados. Lo que se decide es la responsabilidad de Birmania como Estado.

El fallo es definitivo y no admite apelación. Y hay un dato que conviene tener presente antes de leer cualquier pronóstico: la Corte nunca declaró a ningún Estado responsable de cometer genocidio. No por falta de casos, sino por el criterio que ella misma fijó.

01Qué se decide el jueves

Gambia pide cuatro declaraciones distintas, y la Corte puede conceder algunas y rechazar otras. Que se las pida juntas no significa que se resuelvan juntas.

Que Birmania cometió genocidio. El cargo más grave y el más difícil de probar, porque exige demostrar intención.

Que conspiró para cometerlo. Un cargo autónomo del artículo III de la Convención.

Que no lo previno. Esta es la obligación que Serbia incumplió en 2007 respecto de Srebrenica. Es el camino por el que un Estado puede ser condenado sin que se le atribuya el acto.

Que no persiguió a los responsables. La obligación de juzgar, independiente de la de no cometer.

Y que incumplió las medidas provisionales de 2020, las que la Corte ordenó mientras el caso avanzaba.

Gambia reclama además reparaciones: retorno seguro de los desplazados, devolución o reposición de bienes, reunificación familiar, búsqueda de desaparecidos, reconocimiento de la identidad rohinyá, levantamiento de las restricciones de residencia y trabajo, y garantías de no repetición. En subsidio, indemnización.

Birmania discute incluso eso: sostiene que Gambia no puede reclamar reparaciones para víctimas, porque no es un Estado afectado. Gambia responde que la Convención crea obligaciones erga omnes partes, es decir, obligaciones que todo Estado parte puede exigir a cualquier otro, haya sufrido daño o no. Ese punto ya se discutió en 2022 y la Corte le dio la razón a Gambia para litigar; lo que falta saber es si también se la da para cobrar.

02Siete años de procedimiento

Agosto 2017
Tras ataques de un grupo insurgente rohinyá, el ejército birmano lanza las llamadas «operaciones de limpieza» en el norte de Rakhine. Más de 700.000 personas cruzan a Bangladés.
11 nov 2019
Gambia presenta la demanda —35 páginas— con pedido de medidas provisionales. Invoca el artículo IX de la Convención sobre Genocidio, que ratificó en 1978.
10–12 dic 2019
Audiencias sobre medidas provisionales. Aung San Suu Kyi, entonces consejera de Estado, encabeza personalmente la defensa birmana y describe los hechos como un conflicto armado interno.
23 ene 2020
La Corte ordena a Birmania prevenir actos de genocidio, impedir que su ejército los cometa, preservar las pruebas e informar periódicamente.
Oct 2020
Gambia presenta su memoria.
Feb 2022
Audiencias sobre excepciones preliminares. Birmania alega que Gambia actúa como «testaferro» de la Organización para la Cooperación Islámica y que su propia reserva al artículo VIII bloquea el caso.
22 jul 2022
La Corte rechaza todas las excepciones. El caso avanza al fondo.
Ago 2023
Birmania presenta su contramemoria.
2023–2024
Once Estados se presentan como intervinientes por el artículo 63, limitados a cuestiones de interpretación del tratado.
May 2024
Gambia presenta su réplica.
12–29 ene 2026
Audiencias de fondo, tres semanas, con interrogatorio de testigos y peritos. Parte se celebró a puerta cerrada para escuchar a sobrevivientes llegados de los campos de Bangladés.
19 nov 2026
Sentencia. Definitiva, sin apelación, y cierra el procedimiento.

Los once Estados intervinientes son Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Maldivas, Eslovenia, República Democrática del Congo, Bélgica e Irlanda. No participaron de las audiencias de fondo: su intervención se limita a cómo debe interpretarse la Convención, no a los hechos.

03Lo que se escuchó en enero

El ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, abrió diciendo que el caso no trataba «sobre cuestiones esotéricas del derecho internacional».

Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos: los rohinyás de Birmania. Han sido objeto de destrucción. Son agricultores, jornaleros, maestros, madres, padres, hijos, hijas, abuelos.

Dawda Jallow, ministro de Justicia de Gambia, audiencias de fondo, enero de 2026.

El argumento central de Gambia no es un hecho aislado sino un patrón. Antonia Mulvey, de Legal Action Worldwide —organización que representa a cientos de sobrevivientes—, lo describió así: «Los ataques a las aldeas ocurrieron de la misma manera. Atacarían a los civiles, quemarían las aldeas, separarían a hombres y mujeres, cometieron violencia sexual, y luego, mientras huían, seguirían matándolos.»

Una parte de la estrategia apunta a la violencia sexual como acto genocida en sí mismo, no como agravante. Mulvey sostuvo que las mutilaciones genitales y las heridas en el rostro documentadas por su equipo tienen una función: «Eso es para marcar a la gente. También es para detener la reproducción.»

Entre los testimonios recogidos a lo largo de los años aparece la masacre de Tula Toli, la aldea que las imágenes satelitales mostraron después arrasada. Y los relatos que se escucharon a puerta cerrada en enero: un testigo declaró que su hijo le fue arrancado de los brazos, apuñalado y arrojado al fuego; otro describió pilas de cuerpos en una fosa común.

04Lo que responde Birmania

Birmania niega el genocidio y sostiene una tesis de contrainsurgencia: sus operaciones respondieron a los ataques de un grupo militante rohinyá en 2017 y tuvieron por objetivo un levantamiento armado, no un grupo étnico. En las audiencias de fondo su defensa argumentó además a favor del sistema judicial interno birmano, es decir, que los hechos deben juzgarse allí.

Esa defensa no es improvisada. Está construida exactamente sobre el punto más débil de cualquier caso de genocidio.

05Por qué nunca se condenó a un Estado

La Convención de 1948 define el genocidio como actos cometidos «con la intención de destruir, total o parcialmente» a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esa última parte —la intención, el dolus specialis— es lo que separa el genocidio de la masacre, del crimen de guerra y del crimen de lesa humanidad.

Y el nivel de prueba que la Corte exige para establecerla es, en la práctica, altísimo. Lo fijó ella misma en los dos casos de los Balcanes:

Cuando la intención genocida se pretende deducir de un patrón de conducta, ese patrón debe ser tal que la intención de destruir al grupo sea la única inferencia que razonablemente pueda extraerse de los actos en cuestión.

Si los hechos admiten otra explicación razonable —una campaña de contrainsurgencia brutal, por ejemplo— el estándar no se cumple. No porque los hechos no hayan ocurrido, sino porque no prueban esa intención.

El resultado está a la vista. En Bosnia contra Serbia (2007) la Corte encontró que en Srebrenica hubo genocidio, pero no atribuyó el acto a Serbia: la condenó por no haberlo prevenido y por no haber castigado a los responsables. En Croacia contra Serbia (2015) rechazó la demanda y también la contrademanda: ni genocidio serbio en Croacia, ni genocidio croata contra los serbios.

Ahí está la grieta a la que apunta la defensa birmana. Y ahí está también el motivo por el que el fallo del jueves se mira tanto: cualquiera de los tres resultados —condena por cometer, condena por no prevenir, o rechazo— va a fijar el criterio.

06Los números

Magnitud
Cifra
Rohinyás que huyeron a Bangladés desde 2017
+700.000
Refugiados rohinyás en Bangladés hoy
~1,2 M
Rohinyás que permanecen en Birmania
<600.000
Desplazados internos en Birmania
+4 M
Años entre la demanda y la sentencia
7
Informes de cumplimiento presentados por Birmania
12
Estados intervinientes
11
Estados declarados responsables de cometer genocidio en la historia de la Corte
0

El campamento de Cox’s Bazar, en Bangladés, es el mayor asentamiento de refugiados del mundo. Fuentes: Corte Internacional de Justicia, Comisión Europea (comunicado del 6 de noviembre de 2026), ACNUR.

07El filtro que opera antes del juicio

Acá conviene detenerse, porque es la parte que casi no se discute y es la que más explica.

La Corte Internacional de Justicia solo puede juzgar a un Estado si ese Estado aceptó su jurisdicción. En materia de genocidio, la puerta de entrada es el artículo IX de la Convención: el que permite llevar a otro Estado parte ante la Corte. Y varios países ratificaron la Convención poniéndole una reserva justamente a ese artículo.

Son diecisiete, con la reserva vigente: Argelia, Argentina, Bahréin, Bangladés, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia, Marruecos, Montenegro, Serbia, Singapur, Venezuela, Vietnam y Yemen.

Las formulaciones varían. China fue la más directa:

La República Popular China no se considera obligada por el artículo IX de dicha Convención.

Reserva de China al ratificar, 18 de abril de 1983.

Estados Unidos, que firmó en 1948 y recién ratificó cuarenta años después, eligió una redacción condicional:

Que, con referencia al artículo IX de la Convención, antes de que cualquier disputa en la que Estados Unidos sea parte pueda ser sometida a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por este artículo, se requiere el consentimiento específico de Estados Unidos en cada caso.

Reserva de Estados Unidos al ratificar, 25 de noviembre de 1988.

India exige el consentimiento de todas las partes en la disputa, lo que produce el mismo efecto.

Dicho sin vueltas: esos diecisiete Estados no pueden ser llevados a esta Corte por genocidio salvo que ellos acepten serlo. No es una interpretación: está escrito en el instrumento de ratificación y depositado ante el secretario general de la ONU.

Hay un detalle que vale señalar. Serbia y Montenegro figuran en esa lista. La reserva al artículo IX la depositaron en 2001, después de haber sido demandados por Bosnia en 1993.

Y hay una segunda capa. Varios Estados que sí aceptaron el artículo IX —y que por lo tanto pueden ser demandados— cuentan con asiento permanente y veto en el Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado de hacer cumplir las sentencias. Sobre eso volvemos en un momento.

08Qué pasa si Birmania no cumple

Las sentencias de la Corte son obligatorias. Lo dice el artículo 59 de su Estatuto y el artículo 94(1) de la Carta de la ONU. El problema es el 94(2): si una parte no cumple, la otra puede recurrir al Consejo de Seguridad, que «podrá» recomendar o decidir medidas.

El Consejo nunca usó esa facultad. Ni una vez, en ochenta años.

Lo que queda, entonces, es presión. La Asamblea General puede aprobar resoluciones. Los Estados pueden actuar bilateralmente. Quienes impulsan el caso sostienen que una condena obligaría a los países a bloquear las transferencias de armas y el suministro de combustible de aviación a Birmania. Es un efecto real, pero depende de que cada Estado decida aplicarlo.

Birmania, de hecho, ya tuvo oportunidad de mostrar cómo responde a una orden de esta Corte. Presentó doce informes sobre el cumplimiento de las medidas provisionales de 2020. Gambia sostiene que no dan «ninguna razón para concluir» que las haya cumplido.

Mientras tanto, el hombre que comandaba el ejército en 2016 y 2017, Min Aung Hlaing, dio el golpe de Estado de 2021 y el 3 de abril de 2026 el parlamento lo eligió presidente, tras una elección realizada en diciembre y enero y ampliamente denunciada como fraudulenta. La Corte Penal Internacional —que juzga personas, no Estados— pidió una orden de detención en su contra en noviembre de 2024 por crímenes de lesa humanidad contra los rohinyás. Dos años después, el pedido sigue sin resolverse públicamente.

09Por qué este fallo se mira desde otros expedientes

El caso rohinyá es el primero de genocidio que la Corte juzga a este nivel en más de una década, y el criterio que fije va a regir para los que vienen. Hay cuatro más en trámite: Ucrania contra Rusia, Sudáfrica contra Israel por la campaña en Gaza, Nicaragua contra Alemania y República Democrática del Congo contra Ruanda.

Los dos casos tienen elementos comparables —un grupo étnico alcanzado por un ejército poderoso— y una diferencia que no es jurídica: el respaldo diplomático. Y ese respaldo ya se expresó en voz alta.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, advirtió que a la Corte «no se le debe permitir» establecer un estándar de genocidio que pueda usarse contra «soldados aliados».

No hace falta interpretarlo. Es la posición oficial de un gobierno sobre qué debería y qué no debería poder decidir un tribunal, dicha antes de que el tribunal decida. Y llega mientras Washington mantiene sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional.

Conviene agregar un dato que complica el cuadro en lugar de simplificarlo: Estados Unidos ya determinó que lo ocurrido con los rohinyás fue genocidio. Lo hizo el secretario de Estado Antony Blinken el 21 de marzo de 2022. También determinó genocidio en Darfur —Colin Powell, septiembre de 2004— y volvió a hacerlo el 7 de enero de 2025 respecto de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán.

Tres determinaciones de genocidio en veinte años. Lo que se discute no es si los gobiernos reconocen genocidios: es qué sucede después del reconocimiento, y quién puede ser sentado en el banquillo.

10Lo que queda

Más de un millón de rohinyás siguen en Bangladés, en el mayor campamento de refugiados del planeta, y la Comisión Europea anunció el 6 de noviembre otros 16 millones de euros en ayuda humanitaria porque los servicios están desbordados: sigue llegando gente desde Birmania, donde la guerra civil desatada en 2021 lleva más de cuatro millones de desplazados internos.

Yanghee Lee, que fue relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, lo planteó así: «La comunidad internacional no logró evitar las atrocidades militares de Birmania contra los rohinyás hace nueve años. Debe aprovechar esta oportunidad para asegurar finalmente justicia para los rohinyás y empezar a enfrentarse a estos fallos.»

Un rohinyá desplazado dentro de Birmania lo dijo más corto: «No estamos pidiendo solo simpatía. Pedimos justicia, reconocimiento, igualdad de derechos y un futuro en el que nuestros hijos puedan vivir seguros y con dignidad en su propia tierra natal.»

El jueves se sabrá qué parte de eso cabe en una sentencia.


Para entender el expediente

Corte Internacional de Justicia (CIJ)Órgano judicial principal de la ONU, con sede en La Haya. Resuelve disputas entre Estados. No juzga personas.
Corte Penal Internacional (CPI)Tribunal distinto, también en La Haya, creado por el Estatuto de Roma en 1998. Juzga individuos. Es la que pidió la orden contra Min Aung Hlaing.
Dolus specialisLa intención específica de destruir al grupo. Sin ella hay crimen, pero no genocidio.
Medidas provisionalesÓrdenes urgentes que la Corte dicta mientras el caso se tramita, para evitar daños irreparables. No prejuzgan el fondo.
Erga omnes partesObligaciones que todo Estado parte de un tratado puede exigir a cualquier otro, aunque no haya sufrido daño propio. Es el fundamento de la legitimación de Gambia.
ReservaDeclaración con la que un Estado, al ratificar un tratado, excluye o modifica el efecto de alguna de sus cláusulas respecto de sí mismo.
Artículo 63Norma del Estatuto que permite a un tercer Estado intervenir cuando se discute la interpretación de un tratado del que es parte. Es la vía de los once intervinientes.

Precisiones

La Corte Penal Internacional pidió la orden, no la emitió. La fiscalía solicitó la detención de Min Aung Hlaing el 27 de noviembre de 2024. A la fecha no se hizo pública ninguna orden de detención contra funcionarios de la junta en esta investigación. Es un pedido pendiente, no una orden vigente.

Min Aung Hlaing fue elegido presidente por el parlamento, no designado. La votación fue el 3 de abril de 2026, tras los comicios realizados por etapas en diciembre de 2025 y enero de 2026.

El caso contra Israel lo presentó Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, y está en etapa escrita. No hay fecha de audiencias de fondo.

Sobre las cifras de muertos no hay una sola fuente consolidada y por eso no figura ninguna en el cuadro. Las estimaciones de las organizaciones que trabajaron sobre 2017 van de varios miles a más de veinticinco mil, con metodologías y períodos distintos. La sentencia, si entra en el tema, va a fijar la que la Corte considere probada.

Una aclaración sobre la Convención sobre Genocidio: entró en vigor en 1951 y hoy tiene 153 Estados parte. No todos los países del mundo son parte.


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Fuentes

Documentos Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), artículos II, III y IX. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículos 59 y 63. Carta de la ONU, artículo 94. Colección de Tratados de la ONU, capítulo IV.1: reservas y declaraciones depositadas.

Jurisprudencia Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, sentencia del 26 de febrero de 2007. Croacia contra Serbia, sentencia del 3 de febrero de 2015. Gambia contra Birmania: orden de medidas provisionales del 23 de enero de 2020 y sentencia sobre excepciones preliminares del 22 de julio de 2022.

Prensa e informes Comunicados de la Corte Internacional de Justicia. Human Rights Watch, nota del 3 de noviembre de 2026 sobre el fallo pendiente. Legal Action Worldwide. Amnistía Internacional, declaración del 3 de abril de 2026 sobre la presidencia de Min Aung Hlaing. Comisión Europea, comunicado del 6 de noviembre de 2026. Declaraciones recogidas por The Guardian durante las audiencias.

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