El FifaGate

Para entender el FIFAgate, hay que retroceder cuarenta años y entender cómo funcionaba el mundo del fútbol antes de que todo se corrompiera. En 1974, la FIFA era una organización pequeña, casi artesanal. Tenía sede en Zúrich, pocos empleados, presupuesto mínimo y, según su propio presidente saliente, apenas 20 dólares en caja. Era, básicamente, un club de caballeros europeos que administraba el fútbol amateur mundial.

Entonces llegó João Havelange.

Havelange era un brasileño de 58 años, ex nadador olímpico, abogado y empresario, con una capacidad extraordinaria para las relaciones públicas y un apetito igual de extraordinario por el poder. Para hacerse con la presidencia de la FIFA, hizo algo que nadie había hecho antes: recorrió África y Asia prometiendo dinero, desarrollo y mundiales. Los países pequeños, históricamente ignorados por el establishment europeo, lo adoraron.

Ganó la elección de 1974 contra el inglés Stanley Rous. Fue la primera derrota del establishment europeo en la FIFA. Y también fue el comienzo de una nueva era.

Havelange cumplió parte de sus promesas. Expandió el Mundial de 16 a 24 equipos. Creó el Mundial Juvenil. Llevó el fútbol a rincones del mundo donde antes era inexistente. Pero la expansión tenía un costo, y ese costo requería dinero. Mucho dinero. Y para conseguirlo, Havelange entró en contacto con el hombre que cambiaría para siempre la relación entre el deporte y el dinero.

Horst Dassler era el hijo del fundador de Adidas, el alemán Adolf Dassler. Heredó la empresa familiar y la convirtió en un gigante global. Pero su gran invento no fue una zapatilla ni una camiseta: fue la mercadotecnia deportiva. Dassler entendió antes que nadie que los grandes eventos deportivos eran máquinas de producir audiencias, y que esas audiencias valían fortunas para las marcas.

En 1982, Dassler creó ISL (International Sport and Leisure), una empresa de marketing deportiva con sede en Lucerna, Suiza. ISL compraba en bloque los derechos comerciales de eventos deportivos —el Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos, el tenis— y los revendía a patrocinadores globales con ganancias astronómicas. Coca-Cola se convirtió en el primer patrocinador mundial exclusivo de la historia del deporte, pagando 8 millones de dólares. Nada volvería a ser igual.

El sistema era de una elegancia perversa: ISL pagaba a los dirigentes de la FIFA para quedarse con los contratos de marketing del Mundial. Los dirigentes recibían «comisiones» —sobornos, en realidad— a cambio de asegurarse de que los contratos cayeran en manos de ISL. ISL recuperaba la inversión con creces. Y el ciclo se repetía.

Entre 1989 y 2001, más de 22 millones de dólares en sobornos terminaron en empresas controladas por Havelange y su yerno Ricardo Teixeira, quien era presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. El sistema era simple: los dirigentes no firmaban ningún contrato sin recibir su «comisión». Ninguno.

En 2001, ISL quebró con una deuda de 300 millones de dólares. La empresa que había construido el negocio del marketing deportivo moderno colapsó en medio de un escándalo financiero. Las investigaciones posteriores revelaron los sobornos, los pagos ocultos, los paraísos fiscales.

El resultado judicial fue revelador: el Ministerio Público de Zug, en Suiza, confirmó que ISL había pagado sobornos a Havelange y Teixeira. Pero ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial: pagaron 2,5 millones de francos suizos y el caso se archivó. Havelange nunca fue a juicio. Nunca pisó un tribunal. Murió en 2016 a los 100 años, en su cama de Río de Janeiro.

El mensaje que envió esa impunidad al resto del sistema fue devastador: se puede robar a lo grande, y con suficiente dinero y contactos, salir ileso.

Cuando Havelange dejó el cargo en 1998, había preparado todo para que su sucesor continuara. Ese sucesor era Joseph «Sepp» Blatter, un suizo de Visp que llevaba desde 1981 trabajando en la FIFA como secretario general. Blatter conocía el sistema desde adentro. Sabía cómo funcionaba. Y lejos de desmantelarlo, lo perfeccionó.

Durante los 17 años que Blatter presidió la FIFA, el organismo se convirtió en una superpotencia financiera. Los derechos de televisión del Mundial de 2010 se vendieron por más de 2.000 millones de dólares. El de 2014, por más de 2.400 millones. La FIFA acumuló reservas de más de 1.500 millones de dólares. Y mientras tanto, los sobornos seguían fluyendo.

La FIFA funciona como una pirámide. En la cúspide, el Comité Ejecutivo en Zúrich, formado por los dirigentes más poderosos del fútbol mundial. Debajo, seis confederaciones continentales: la UEFA en Europa, la CONMEBOL en Sudamérica, la CONCACAF en Norteamérica y el Caribe, la CAF en África, la AFC en Asia y la OFC en Oceanía. Cada confederación tiene sus propios dirigentes, sus propios negocios, sus propias estructuras de poder.

El negocio más lucrativo son los derechos de televisión. En cada mundial, miles de millones de personas miran los partidos. Las cadenas de televisión pagan fortunas por transmitirlos. Y en esa transacción, entre el momento en que una empresa de marketing compra los derechos y el momento en que los revende, existía un espacio oscuro donde ocurrían los sobornos.

En Sudamérica, el esquema tomó una forma particular. Las empresas de marketing deportivo querían los derechos de transmisión de los torneos de la CONMEBOL —la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las Copas América— y para conseguirlos, pagaban sobornos a los dirigentes.

Las tres empresas principales del esquema latinoamericano eran:

Traffic Sports, empresa brasileña fundada por José Hawilla, que durante décadas controló los derechos de televisión de la Copa América y otros torneos CONMEBOL. Hawilla terminó declarándose culpable ante la justicia estadounidense y cooperando con el FBI.

Torneos y Competencias, empresa argentina dirigida por Alejandro Burzaco, que manejaba los derechos de varios torneos sudamericanos y de la selección argentina. Burzaco se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2015 y se convirtió en uno de los testigos clave de toda la investigación.

Full Play Group, empresa controlada por los hermanos Hugo y Mariano Jinkis, empresarios argentinos que también participaban en el mercado de derechos deportivos latinoamericanos. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos.

Nicolás Leoz, paraguayo, fue presidente de la CONMEBOL durante 27 años —entre 1986 y 2013— y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Es considerado uno de los arquitectos del sistema de corrupción latinoamericano. Recibió millones en sobornos de ISL y luego de las empresas de marketing. Cuando fue imputado en 2015 tenía más de 80 años y alegó problemas de salud. Murió en 2019 sin haber sido condenado.

Julio Grondona, argentino, fue presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante 35 años y vicepresidente de la FIFA. Es presentado en los documentos del FBI como «Co-Conspirador Número 1». Grondona murió en 2014, un año antes de que estallara el escándalo, lo que le permitió eludir cualquier tipo de consecuencia judicial. Se estima que acumuló una fortuna personal de decenas de millones de dólares a través de su gestión en el fútbol.

Jack Warner, de Trinidad y Tobago, fue presidente de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA durante décadas. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del Caribe gracias a los sobornos. Fue acusado de recibir 5 millones de dólares para votar a favor de Rusia como sede del Mundial 2018. Huyó a Trinidad y Tobago y libró una batalla legal para evitar su extradición a Estados Unidos que se prolongó por años.

Si el FIFAgate tiene un protagonista inesperado, es Chuck Blazer. Un neoyorquino corpulento —más de 200 kilos— que se movía en un scooter motorizado porque ya no podía caminar. Un hombre que en su vida había acumulado más excesos que la mayoría de los villanos de una película de Hollywood.

Blazer era el secretario general de la CONCACAF desde 1990. Le decían «Mister 10%» porque pedía ese porcentaje en cada negociación en la que participaba. Vivía en un departamento de lujo en el piso 49 de la Torre Trump de Nueva York. Tenía otro departamento en el mismo edificio —solo para sus gatos—. Viajaba en jet privado. Conducía una Hummer negra. Cenaba en los mejores restaurantes del mundo. Todo pagado con fondos de la CONCACAF.

Durante años, Blazer no declaró sus ingresos al fisco estadounidense. No pagó impuestos. El IRS —el servicio de recaudación de impuestos de Estados Unidos— llevaba tiempo siguiéndole la pista. Y en 2011, en plena Quinta Avenida de Manhattan, dos agentes lo interceptaron mientras paseaba en su scooter.

La conversación fue corta: ir a la cárcel por evasión fiscal, o convertirse en informante del FBI. Blazer eligió la segunda opción.

Lo que siguió fue una operación encubierta de dos años. Blazer convocaba a reuniones con dirigentes de la FIFA y la CONCACAF. Siempre llevaba colgado en el cuello su simpático llavero. Dentro del llavero había un micrófono del FBI que grababa cada conversación.

En noviembre de 2013, Blazer se declaró culpable de diez cargos: crimen organizado, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, entre otros. Pero lo más importante fue lo que confesó: él y otros miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA habían aceptado sobornos para votar por las sedes de los Mundiales de 1998 (Francia) y 2010 (Sudáfrica).

El FBI tenía todo lo que necesitaba. Solo faltaba elegir el momento.

Chuck Blazer murió de cáncer en julio de 2017, a los 72 años, en Nueva York. Nunca llegó a ser sentenciado. La historia lo recuerda como el hombre que traicionó a la FIFA. También podría recordarlo como el hombre que —quizás por las razones equivocadas— hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló ese miércoles una acusación de 47 cargos en 164 páginas. Siete ejecutivos de la FIFA fueron detenidos en el Hotel Baur au Lac y acusados de recibir más de 150 millones de dólares en sobornos durante más de dos décadas. Otras personas e instituciones fueron acusadas en paralelo.

La herramienta legal fue la Ley RICO —Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act— diseñada en los años 70 para combatir a la mafia italiana en Estados Unidos. No fue casual: los fiscales trataban a la FIFA exactamente como lo que las pruebas sugerían que era. Una organización criminal.

¿Pero qué autoridad tenía Estados Unidos para procesar a funcionarios de una organización con sede en Suiza, por hechos que ocurrieron en todo el mundo? La respuesta es el sistema bancario. Gran parte de las transacciones —los pagos de sobornos, las transferencias a cuentas offshore— pasaron en algún momento por bancos corresponsales americanos o utilizaron el dólar como divisa. Eso fue suficiente para que la jurisdicción estadounidense se aplicara.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los hombres más poderosos del fútbol, sacados del hotel más lujoso de Zúrich cubriéndose las caras con sábanas blancas como si fueran criminales comunes —porque lo eran. Entre los detenidos estaban Jeffrey Webb (sucesor de Warner en la CONCACAF), Eduardo Li (Costa Rica), Eugenio Figueredo (Uruguay, vicepresidente de la FIFA), Rafael Esquivel (Venezuela), José Maria Marin (Brasil), Julio Rocha (Nicaragua) y Costas Takkas (Islas Caimán).

Pero la tormenta no se podía ignorar. Los grandes patrocinadores —Coca-Cola, Visa, Budweiser, Adidas— comenzaron a emitir comunicados exigiendo reformas y responsabilidades. La presión fue insostenible. Cuatro días después de su reelección triunfal, Blatter convocó una conferencia de prensa y anunció su renuncia.

Una escena resume todo: en plena conferencia de prensa, un comediante británico llamado Simon Brodkin le lanzó un fajo de billetes falsos en la cara. Los billetes cayeron como confeti sobre el hombre que había gobernado el fútbol mundial por 17 años. Blatter no reaccionó. Se quedó sentado, inmóvil, mirando al vacío.

La operación no terminó en mayo. En diciembre de 2015 cayeron Juan Ángel Napout, presidente de la CONMEBOL y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y Alfredo Hawit, hondureño y presidente de la CONCACAF. Esta vez la policía suiza los detuvo en el mismo hotel Baur au Lac, como una repetición brutal de lo que había ocurrido meses antes.

A lo largo de los meses siguientes, el Departamento de Justicia amplió sus acusaciones. El número final: 45 personas y varias empresas acusadas de más de 90 delitos, por pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. La lista incluía presidentes de confederaciones, dirigentes nacionales, empresarios de marketing, intermediarios financieros y operadores offshore.

El 2 de diciembre de 2010, en la sede de la FIFA en Zúrich, el presidente Sepp Blatter abrió un sobre y anunció: el Mundial 2022 se jugaría en Qatar. La sala reaccionó con una mezcla de asombro e incredulidad. Qatar es un estado del Golfo Pérsico del tamaño de una provincia mediana, con una población de apenas dos millones de personas —la mayoría trabajadores migrantes—, temperaturas veraniegas que superan los 50 grados y, sobre todo, ninguna tradición futbolística relevante.

Para jugar los partidos, habría que construir estadios nuevos de cero. Para hacer el clima soportable, habría que instalar sistemas de refrigeración artificiales en recintos abiertos —un desafío técnico sin precedentes y un despropósito ambiental sin igual—. Y para llevar la copa del mundo al país con menor arraigo futbolístico del planeta, habría que comprar votos.

Mohammed bin Hammam era catarí, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y uno de los hombres más influyentes en la FIFA. Según múltiples investigaciones periodísticas —incluyendo reportes del Sunday Times basados en millones de documentos internos filtrados— bin Hammam habría gestionado personalmente el pago de más de 5 millones de dólares a funcionarios africanos y de otras confederaciones para asegurar votos a favor de Qatar.

Una informante llamada Phaedra Almajid, ex funcionaria del comité de candidatura de Qatar, denunció en 2010 que varios funcionarios africanos habían recibido 1,5 millones de dólares para votar por Qatar. Semanas después retractó sus declaraciones, alegando que la habían presionado para hacerlo. La presión, según ella misma insinuó más tarde, vino de Qatar.

Rusia también compró su Mundial. Según documentos judiciales, Jack Warner recibió 5 millones de dólares para votar a favor de Rusia como sede del Mundial 2018. La candidatura rusa gastó, según estimaciones, entre 10 y 13 millones de dólares en influenciar la votación —una fracción del costo total de los sobornos, pero suficiente para comprar los votos necesarios en un comité ejecutivo donde 22 personas decidían el destino de los mundiales.

El escándalo de la corrupción tuvo una dimensión que no aparece en los documentos judiciales pero que es inseparable de la historia: el costo humano de la decisión de llevar el Mundial a Qatar.

Para construir los ocho estadios y la infraestructura necesaria, Qatar importó cientos de miles de trabajadores migrantes, principalmente de Nepal, India, Bangladesh, Pakistán y Filipinas. Estos trabajadores operaban bajo el sistema kafala, que vincula legalmente al trabajador a su empleador: no podían cambiar de trabajo, en muchos casos no podían abandonar el país y en la práctica carecían de protección legal efectiva.

El mundial se jugó finalmente en noviembre y diciembre de 2022 —no en verano, para evitar las temperaturas extremas— en estadios refrigerados artificialmente, en un país sin tradición futbolística, construidos por trabajadores cuyos derechos básicos no existían. Argentina ganó la copa. Qatar organizó la inauguración. Y el mundo miró fútbol.

El propio Blatter, años después, admitió que dar el Mundial a Qatar había sido un error. «Fue una decisión equivocada», dijo en una entrevista en 2015. Pero ya era tarde. Y él era parte de la decisión.

Si el FIFAgate tuvo un daño colateral inesperado, fue el de Michel Platini. El francés era una leyenda viviente del fútbol —considerado uno de los mejores jugadores de la historia, campeón europeo con Francia en 1984— y desde 2007 presidía la UEFA, la confederación europea. Era el gran favorito para suceder a Blatter en la FIFA.

Pero en septiembre de 2015, apenas meses después del estallido del FIFAgate, la FIFA lo suspendió provisionalmente. El motivo: un pago de 2 millones de francos suizos que la FIFA le había transferido en 2011, supuestamente como honorarios por servicios de asesoría prestados entre 1999 y 2002. El problema era que no había ningún contrato escrito que respaldara ese pago. Solo una supuesta deuda verbal entre Platini y Blatter.

Las autoridades suizas abrieron una investigación por gestión desleal y fraude. Platini siempre mantuvo su inocencia: el pago era legítimo, simplemente no quedó documentado porque en esa época «así funcionaban las cosas». En 2022, tanto Blatter como Platini fueron absueltos por los tribunales suizos. El veredicto fue ratificado en 2025.

El caso Platini ilustra una paradoja del FIFAgate: el escándalo destruyó carreras, generó escándalos globales y produjo decenas de condenas en Estados Unidos —pero el corazón del sistema europeo, donde se tomaban las decisiones más importantes, salió prácticamente intacto.

En febrero de 2016, con Blatter suspendido y Platini fuera de carrera, el Congreso de la FIFA eligió a un nuevo presidente: Gianni Infantino, un abogado suizo-italiano que hasta entonces era el secretario general de la UEFA y que prácticamente nadie conocía fuera del mundo del fútbol europeo.

Infantino prometió una «nueva era» de transparencia, reformas y ética. Prometió publicar sus salarios. Prometió reformar el Comité Ejecutivo. Prometió que la FIFA nunca volvería a ser lo que había sido.

Algunas cosas cambiaron. La FIFA adoptó nuevas reglas de gobernanza. Creó una comisión de auditoría independiente. Publicó —por primera vez en su historia— el salario de su presidente: aproximadamente 2 millones de francos suizos anuales.

En 2023, Infantino anunció que trasladaba su residencia oficial a Arabia Saudita. El motivo oficial: estar más cerca de los mercados emergentes del fútbol. El contexto: Arabia Saudita había anunciado su candidatura para organizar el Mundial 2034. Meses después, la FIFA ratificó esa candidatura sin competidores en carrera, en un proceso que muchos analistas calificaron de opaco.

Quizás el aspecto más revelador del FIFAgate es lo que no pasó. De todas las personas acusadas por el Departamento de Justicia, la gran mayoría eran latinoamericanas. Los dirigentes europeos involucrados en las elecciones de Qatar y Rusia nunca fueron procesados. Los funcionarios qatarís tampoco.

La razón técnica ya se mencionó: la jurisdicción estadounidense alcanza a quienes usaron el sistema bancario americano. Los que lavaron dinero por otros circuitos quedaron fuera del alcance. Pero la consecuencia política es innegable: el escándalo fue utilizado para limpiar el fútbol latinoamericano mientras Europa y el Golfo salían indemnes.

El fútbol sigue siendo el deporte más popular del planeta. Sigue moviendo miles de millones de dólares cada año. Los patrocinadores siguen pagando fortunas. Los derechos de televisión siguen siendo el gran negocio. Y las sospechas —sobre Qatar, sobre Arabia Saudita, sobre los procesos de adjudicación— nunca terminaron.

João Havelange murió en 2016 a los 100 años. Hasta el último día, mantuvo sus condecoraciones y su título de presidente honorario del Comité Olímpico Brasileño. Nunca pisó una cárcel. Nunca fue condenado penalmente. La revista Time lo había ubicado en su lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX.