Hoy, 21 de junio, Colombia elige entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Las encuestas dan al primero como favorito claro. Pero reducir esta elección a un número de intención de voto deja afuera casi todo lo que importa: por qué un outsider sin experiencia de gobierno llegó hasta aquí, qué hizo durante una década con cada periodista que lo cuestionó, qué tipo de respaldo internacional tiene y qué pasa cuando alguien promete resolver en meses un problema que la región entera no resolvió en medio siglo.

Cuatro años con resultados mixtos — y un radicalismo que abrió la puerta a otro radicalismo

Para entender por qué un abogado penalista sin cargo público previo, que se lanzó por firmas y sin el respaldo de ningún partido tradicional, terminó siendo el más votado en primera vuelta con 10,3 millones de votos, hay que mirar primero qué heredó y qué hizo realmente Gustavo Petro en los cuatro años que tuvo como mandato —del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026—, antes de mirar lo que vino después.

Petro asumió en un contexto particularmente adverso: Colombia salía de una pandemia que la golpeó con dureza, con inflación heredada por encima del 13% anual, una deuda pública costosa y una regla fiscal vigente desde 2011 que limita estructuralmente cuánto puede gastar cualquier gobierno sin comprometer la sostenibilidad financiera del país. No llegó a un escritorio limpio con margen amplio de maniobra — llegó con menos recursos disponibles de los que un cambio estructural profundo hubiera necesitado, y con obligaciones de deuda que, según el centro de investigación CEPR, siguen hoy por encima de los niveles previos a la pandemia.

Es ese balance mixto —mejoras reales en pobreza, empleo e inflación, junto a un fracaso concreto en seguridad territorial y un deterioro fiscal serio— el que explica por qué el desgaste de Petro no fue uniforme ni se redujo a un simple «todo estuvo mal.» El analista Fernando Posada resumió la dinámica política con una frase que vale la pena citar tal cual: el radicalismo de Petro, sobre todo en seguridad y en el choque permanente con instituciones como el Banco Central, «envalentonó a una nueva derecha» — no porque los números económicos fueran un desastre generalizado, sino porque la sensación de polarización y de promesas de paz incumplidas pesó más, en la percepción de buena parte del electorado, que las cifras de pobreza y empleo que sí mejoraron.

El segundo proceso es el colapso de la derecha tradicional. Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático y heredera directa del uribismo, obtuvo en primera vuelta la mitad de los votos que había logrado en su propia consulta interna meses antes. El uribismo clásico, la marca que dominó la derecha colombiana por dos décadas, mostró un desgaste que varios columnistas describieron como irreversible — Uribe se había convertido, según esa lectura, en un lastre electoral antes que en un activo.

El tercero es la respuesta que llenó ese vacío: no un candidato tradicional, sino un outsider radical, con un estilo confrontativo comparado abiertamente con el de Trump, cuyo histrionismo —lejos de restarle votos— le sumó, según el análisis del politólogo Miguel Luján. De la Espriella reunió en su candidatura el voto antipetrista, el voto desencantado del uribismo y el voto de quienes simplemente querían una ruptura total con la política tradicional — sin que esa ruptura, vale la pena anticiparlo, sea menos radical que lo que dice rechazar.

Favorito claro — pero con un historial regional de fallar justo en este tipo de casos

Las mediciones de las últimas dos semanas son consistentes entre sí: Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo dieron a De la Espriella 52,6% contra 45% de Cepeda — una ventaja de 7,6 puntos, más del doble de lo que tuvo en primera vuelta. Atlas Intel lo ubicó en 50,3% contra 42,6%. El Centro Nacional de Consultoría, en su medición más ajustada, dio 48,6% contra 44,7%.

Conviene, sin embargo, leer estos números con la misma cautela con la que se debería leer cualquier encuesta en la región. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, ninguna encuestadora colombiana reflejó correctamente que Rodolfo Hernández superara a Federico Gutiérrez para pasar a segunda vuelta — todas subestimaron al outsider del momento. Y en las elecciones de marzo de este mismo año, según el análisis de La Silla Vacía, ninguna encuestadora midió bien varios resultados clave, incluido el desempeño real de Paloma Valencia, en parte —según explican expertos en estadística consultados por ese medio— por distorsiones que genera la propia legislación colombiana sobre cómo deben construirse las muestras.

«Aplico las siete plagas de Egipto»: una década de demandas contra periodistas

Antes de ser candidato presidencial, Abelardo de la Espriella fue el abogado de personas condenadas por parapolítica, corrupción, estafa y lavado de activos — entre ellas, figuras vinculadas al escándalo DMG y al testaferro del régimen venezolano Álex Saab. De esas defensas, mediáticas a su pedido, escribieron periodistas y columnistas durante años. Y desde 2017, cuando empezó a insinuar una aspiración política, De la Espriella desarrolló una estrategia legal sistemática contra quienes lo cuestionaban.

Según el registro de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 2018 De la Espriella acumula al menos catorce actuaciones judiciales contra periodistas, de las cuales al menos ocho buscaron indemnizaciones civiles cuantiosas. Pierde la mayoría de esos procesos —los jueces, repetidamente, han fallado que las opiniones cuestionadas estaban protegidas por la libertad de expresión—, pero el costo del litigio en sí mismo, según organizaciones como Rutas del Conflicto, ya funciona como forma de intimidación, independientemente del resultado final.

Días antes del balotaje, una entrevista en vivo al candidato Iván Cepeda en el canal de YouTube «Por la ventana» desapareció durante la transmisión. El mismo 17 de junio, en entrevista con Caracol TV, De la Espriella declaró sobre periodistas que considera afines a sus rivales: «Hay periodistas que ejercen proselitismo político. A esos no les va a ir bien en mi gobierno» — una frase que, para la FLIP, sugiere de manera explícita un trato diferenciado a la prensa según su afinidad con el futuro gobierno, algo incompatible con cualquier estándar democrático.

Hay un caso adicional, de naturaleza distinta a los anteriores pero igualmente revelador, que merece mencionarse con precisión. En mayo de 2026, semanas antes de la primera vuelta, en una entrevista en vivo en el programa Piso 8 FM, De la Espriella mostró desde su celular una fotografía íntima propia y afirmó que esa imagen le había ayudado a «ganar votos del electorado femenino.» Insistió a la periodista Laura Rodríguez, presente en el estudio, para que la observara de cerca y comentara sobre ella: «Acércala y dime qué ves ahí (…) no seas tímida, mi amor.» Rodríguez calificó lo ocurrido como «un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada.»

Una ciudadana presentó una acción de tutela. Una jueza falló a favor: determinó que las expresiones del candidato configuraron violencia basada en género y vulneraron derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y la participación política de las mujeres en condiciones dignas, al transmitir la idea de que el voto femenino puede obtenerse mediante insinuación sexual en lugar de criterios racionales. Le ordenó publicar una retractación pública en 48 horas. De la Espriella ya se había disculpado antes del fallo, alegando que fue solo humor —»mamando gallo, como suelo hacerlo»—, pero la jueza rechazó expresamente ese argumento como excusa válida. Pese a la gravedad del episodio y a la sanción judicial, ganó la primera vuelta semanas después con amplia mayoría — otra confirmación del mismo patrón: el escándalo existió, fue documentado y judicializado, y aun así quedó sepultado bajo el siguiente episodio antes de que pudiera costarle votos.

El Ejército, «destripar la izquierda» y una pregunta sobre la vida de Cepeda

En su cierre de campaña, días antes del balotaje, De la Espriella hizo una declaración que excede ampliamente la dureza retórica habitual de cualquier campaña electoral: invocó explícitamente a las Fuerzas Armadas como árbitro final por encima del resultado electoral y del proceso judicial.

No es una alusión velada: es la sugerencia directa de que las Fuerzas Armadas tienen el deber de intervenir si el candidato percibe que el resultado o la gestión del gobierno electo no respeta lo que él considera el orden constitucional — exactamente el tipo de discurso que en cualquier democracia se identifica como riesgo golpista, sin que haga falta que la palabra «golpe» aparezca en ningún momento. Fue, casi con certeza, lo que motivó la respuesta pública de Petro el día de la votación, cuando se comprometió explícitamente: «A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez.»

Días después, en una entrevista de cierre de más de dos horas con la periodista Vicky Dávila —sin contrapreguntas, intercalada con vallenatos, regalos y cartas de sus hijos— De la Espriella volvió sobre otra de las frases que más alarma generó durante toda la campaña: su promesa de que «destripará la izquierda» una vez en el poder. La frase produjo, según reportes de la prensa colombiana, miedo real entre votantes progresistas de ser perseguidos si llega a la presidencia. Consultado por eso en la entrevista, no se retractó ni explicó qué había querido decir — simplemente ofreció una versión tranquilizadora sin desautorizar la frase original: «Tranquilos, las minorías. Mi límite es la Constitución. Si hay normas, las acato así no esté de acuerdo. No les voy a quitar derechos.» Es el mismo patrón ya identificado con la frase del Ejército: declarar algo extremo, y cuando se le repregunta, suavizar el tono sin retirar lo dicho.

En esa misma entrevista, ante un auditorio de simpatizantes, lanzó una pregunta que insinúa violencia política de forma apenas disimulada: «¿Si al señor Cepeda le pasa algo siendo presidente, quedan tranquilos con la señora que eligió de vicepresidente?» — refiriéndose a Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de su rival. El público respondió «no» en coro. Plantear como hipótesis de campaña qué pasaría si algo «le pasa» al candidato rival es, en sí mismo, una forma de normalizar la idea de violencia contra un adversario político, sin necesidad de pronunciar la palabra explícitamente.

Hay un dato adicional que vale la pena no pasar por alto: su propia fórmula vicepresidencial, el economista José Manuel Restrepo, fue descrito por la prensa colombiana como la figura que cumple la función de «moderar el discurso más radical» del propio candidato. Es decir, la necesidad de contener el radicalismo de De la Espriella no es solo una lectura externa de analistas — es algo que su propia campaña reconoce y organiza internamente.

41 millones habilitados — y el contraste de tono entre los dos candidatos

Más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en la jornada del 21 de junio, con urnas abiertas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Otros 1.420.000 colombianos residentes en el exterior pudieron votar en 67 países distintos. En primera vuelta, con una participación del 57,88%, De la Espriella había obtenido 10,3 millones de votos (43,78%) contra 9,7 millones de Cepeda (40,98%) — De la Espriella se mostró confiado en superar ese resultado y llegar a entre 13,5 y 14 millones de votos, una cifra que, de cumplirse, superaría incluso los 11,3 millones con los que Petro ganó la presidencia en 2022.

El contraste de tono entre ambos candidatos en la misma mañana fue elocuente. Petro, al votar en el Capitolio Nacional vestido de blanco junto a sus hijas, respondió directamente a meses de especulación sobre un posible continuismo en el poder: «Extraño dictador el que entrega su mandato, extraño dictador el que no ha cogido un solo preso político, a nadie preso de conciencia.» Pidió calma y sabiduría a la ciudadanía, advirtió que «extinguir la diferencia con violencia es fascismo, no evitemos la palabra,» y cerró con: «Libertad y vida, siempre, siempre, siempre.»

De la Espriella, votando en Barranquilla rodeado de seguidores que coreaban «presidente, presidente, presidente,» publicó en redes un mensaje que no deja espacio para ambigüedad sobre su naturaleza: «Hoy se juega el partido más importante de Colombia (…) les pido que salgan temprano a votar, que lleven a sus familias, que inviten a sus amigos y que le pongan la raya al Tigre.» No es un llamado genérico a la participación democrática — es un pedido de voto explícito y directo publicado el mismo día de la jornada electoral, sin el disimulo retórico que suele acompañar este tipo de mensajes en plena veda.

Inundar la conversación: por qué cada escándalo nuevo borra al anterior

Lo que distingue a la estrategia comunicacional de De la Espriella no es solo la cantidad de ataques, sino su ritmo. Casi a diario surge una nueva acusación, un nuevo enfrentamiento, una nueva polémica —contra un periodista, contra un rival, contra una institución— antes de que la anterior pueda ser verificada o asentada en la conversación pública. Llamó a Petro «delincuente, drogadicto y miserable.» Acusó, sin pruebas, a Cepeda de comprar votos en el Caribe. Acusó a un medio de complicidad indirecta en un homicidio por publicar una investigación financiera. Generó controversias por un video viral con corazones de K-pop. Cada episodio desplaza al anterior antes de que la audiencia logre procesarlo del todo.

Esta técnica tiene nombre en la literatura sobre comunicación política contemporánea: se la conoce, en su versión más cruda, como «inundar la zona» — saturar el espacio informativo con tantos estímulos simultáneos que ninguno puede ser examinado con el detenimiento que merecería. No es exclusiva de un país ni de una ideología: se ha documentado como estrategia deliberada en distintos movimientos políticos de América en los últimos años, de uno y otro signo, precisamente porque resulta efectiva para evitar que cualquier escándalo individual acumule el peso suficiente como para costar votos. El resultado es una ciudadanía que vive en estado de indignación permanente, sin memoria suficiente para sostener ningún reclamo concreto hasta sus últimas consecuencias.

El respaldo que el propio Congreso de EEUU pide investigar

Donald Trump respaldó públicamente a De la Espriella en múltiples ocasiones desde la primera vuelta, calificándolo de «líder inteligente, fuerte y tenaz» y prometiéndole «un apoyo y fuerza total» si gana. Lo comparó con Cepeda, a quien llamó «marxista radical de izquierda.» La última publicación, días antes del balotaje, decía: «Salgan a votar por ‘El Tigre’ (…). Él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia.»

Hay un dato que cambia la lectura de ese respaldo: De la Espriella es ciudadano estadounidense desde 2023 y, según reportes periodísticos, financista de campañas republicanas — la relación entre ambos no es unidireccional. Y once congresistas de Estados Unidos, en una carta formal dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent, pidieron explícitamente que se revisen «posibles vínculos con redes de financiamiento y actores internacionales» del candidato colombiano, además de solicitar que Washington se abstenga de cualquier acción que pueda interpretarse como injerencia en el proceso democrático de Colombia.

El patrón no es nuevo ni exclusivo de Colombia. Trump ya respaldó explícitamente a candidatos afines en las legislativas de Argentina, en Costa Rica, en Chile y, de forma más descarnada, en Honduras: allí llegó a advertir públicamente que si su candidato preferido no ganaba, Washington podría «reconsiderar» la ayuda financiera y la cooperación con el país — vinculando, sin ningún disimulo, el resultado de una elección soberana con consecuencias económicas concretas para la nación entera. Analistas estadounidenses citados por El Tiempo señalan que, de ganar De la Espriella, es esperable un papel similar de Washington facilitando acceso a créditos internacionales y cooperación en seguridad — el mismo tipo de respaldo que recibió Javier Milei en Argentina.

Mano de hierro contra el narco: cincuenta años de evidencia en contra

De la Espriella promete combatir el narcotráfico «sin tregua, con mano de hierro y sin complejos», en coordinación explícita con el Comando Sur de Estados Unidos. Es, casi palabra por palabra, la misma promesa que hicieron Uribe, Duque y tantos otros gobiernos de la región durante medio siglo. La evidencia acumulada en ese tiempo es contundente y va en sentido contrario a la promesa.

Entre 1994 y 2015, según cifras del propio expresidente César Gaviria, Colombia fumigó 1,9 millones de hectáreas de cultivos ilícitos. El narcotráfico no se acabó — Colombia siguió siendo el primer productor mundial de cocaína. En 2006 y 2007, los años de mayor aspersión histórica con glifosato, la producción de coca aumentó en lugar de bajar. Estudios posteriores establecieron que la fumigación terrestre tiene una tasa de resiembra del 69% — dos de cada tres hectáreas fumigadas vuelven a tener coca, frente a una resiembra de apenas 0,6% lograda con programas de sustitución voluntaria.

El problema no es solo de método. Mientras exista una demanda masiva de droga dispuesta a pagar precios altísimos por un producto ilegal en los principales mercados de consumo del mundo, siempre habrá un incentivo económico suficiente para que alguien la produzca y la transporte, sin importar qué tan dura sea la política de un gobierno particular durante un mandato de cuatro años. Es un problema estructural de oferta y demanda global, no algo que se resuelva con voluntad política aislada en un solo país productor. Cualquier candidato —de cualquier signo, en cualquier elección de la región— que promete resolver esto en el corto plazo está vendiendo algo que ni Estados Unidos, con todo su poder militar y financiero, logró en cinco décadas de guerra contra las drogas.

No es solo izquierda contra derecha