Israel: la exención
que cuesta
1.400 millones
En 1948 eran 400 estudiantes. Hoy son más de 60.000 hombres que no hacen el servicio militar, no pagan impuestos en su mayoría, y reciben subsidios estatales por estudiar la Torá a tiempo completo. Esta semana, miles de ellos salieron en convoy a bloquear rutas en todo Israel para protestar porque, por primera vez en 76 años, el Estado empezó a exigirles lo mismo que le exige a cualquier otro ciudadano.
el acuerdo original
militar elegibles hoy
subsidios a yeshivás (2022)
que paga esta comunidad
El miércoles, unos 10.000 vehículos —según sus organizadores, aunque la policía habla de apenas 1.000— salieron desde 19 puntos del país en convoy hacia una prisión militar en Kfar Yona, para protestar por la detención de estudiantes de yeshivá que evitan el servicio militar. Hubo choques, ventanas rotas, una mujer embarazada herida, y un teniente de alcalde que dice haber sido estrangulado dentro de su auto. Para entender por qué algo tan específico —la cárcel de unos pocos evasores— puede generar un caos de tráfico nacional, hay que retroceder 76 años, hasta un acuerdo que un primer ministro hizo pensando que duraría poco tiempo y que terminó convirtiéndose en una de las grietas más profundas de la sociedad israelí.
Lo que decía el acuerdo original — y por qué se hizo
En 1948, en plena Guerra de Independencia, el primer ministro David Ben-Gurion necesitaba el apoyo del mundo ultraortodoxo —los haredíes— para declarar la independencia y formar gobierno. A cambio de ese apoyo, aceptó varias demandas de la comunidad: control sobre el matrimonio religioso, las normas de alimentación kosher, la separación de géneros en espacios públicos, y la exención del servicio militar para quienes estudiaran la Torá a tiempo completo.
El principio detrás de esa exención se llama Torato Umanuto —»la Torá es su profesión»—, una idea que viene del Talmud: ciertos estudiosos dedicados por completo al estudio religioso quedaban liberados de otras obligaciones porque su tarea espiritual se consideraba, en sí misma, un aporte a la protección del pueblo judío — una suerte de «división de oración» adicional al ejército. Ben-Gurion aceptó el arreglo no por convicción religiosa, sino por cálculo político — y porque, según se sabe, calculó mal: pensó que la población haredí iría reduciéndose con el tiempo, y que el acuerdo terminaría siendo irrelevante.
400 personas. Eso es todo lo que cubría en 1948 — menos del 0,1% de la población. Los estudiantes de yeshivá podían postergar indefinidamente su servicio militar mientras el estudio religioso fuera su única ocupación —sin poder, formalmente, tener un empleo remunerado al mismo tiempo.
Sin base legal escrita. No era una ley aprobada por el Parlamento (la Knéset), sino una simple regulación del Ministerio de Defensa — que en ese momento dirigía el propio Ben-Gurion.
Con cupo, hasta 1977. Entre 1968 y 1977 el cupo anual de exenciones estaba fijado en 800 personas por año. Ese año, con la llegada al poder del primer gobierno de derecha de la historia de Israel —el Likud de Menachem Begin, en alianza con el partido haredí Agudat Yisrael—, se eliminó el cupo por completo. A partir de ahí, el número de exentos dejó de tener techo.
De 400 a más de 60.000 — y una comunidad que crece 4% por año
El cálculo de Ben-Gurion falló por una razón muy simple: la comunidad haredí no se redujo, se multiplicó. Hoy representa aproximadamente 1,3 millones de personas —cerca del 13,5% de la población total de Israel— y crece a un ritmo de casi 4% anual, muy por encima del resto de la sociedad israelí, debido a familias que en promedio tienen seis o siete hijos. De mantenerse esa tendencia, los proyectistas estiman que podrían representar un quinto de la población hacia mediados de la década de 2030.
Eso significa que el mismo mecanismo diseñado para 400 personas terminó aplicándose, sin que ninguna ley nueva lo autorizara expresamente, a decenas de miles. En 1985 ya eran 16.000 los exentos. En 2023, la cifra llegó a un récord de 66.000 hombres con el servicio postergado. Para comienzos de 2024, había 63.000 hombres haredíes en edad militar elegibles para el reclutamiento — y solo una fracción mínima de ellos, unos 1.261 por año según estimaciones de 2024, terminaba sirviendo efectivamente.
1.400 millones de dólares al año en subsidios — y apenas 4% de los impuestos totales
La exención del servicio militar es solo una parte del beneficio. La condición de Torato Umanuto exige, formalmente, que el estudio religioso sea la única ocupación de quien la recibe — lo cual históricamente implicó la prohibición de tener un empleo remunerado mientras se mantiene ese estatus. El resultado es una comunidad con una tasa de participación laboral muy baja entre los hombres: apenas alrededor del 50% de los haredíes de entre 25 y 54 años trabaja, muy por debajo del resto de la población israelí.
1.400 millones de dólares anuales (5.300 millones de shekels) es el presupuesto estatal destinado a financiar yeshivás y kolelim —centros de estudio para hombres casados— según cifras de 2022, sosteniendo el estudio religioso a tiempo completo de quienes están exentos del servicio militar y, en muchos casos, también del mercado laboral formal.
4% del total de impuestos recaudados en Israel en 2023 fue aportado por la comunidad haredí, a pesar de representar más del 13% de la población — una desproporción que es, junto con el servicio militar, el segundo gran eje de resentimiento del resto de la sociedad israelí hacia este sector.
33% de pobreza dentro de la propia comunidad haredí en 2023 —muy por encima del promedio nacional—, lo cual complica cualquier lectura simplista del conflicto: no es solo una élite privilegiada evitando obligaciones, es también una población con altos niveles de pobreza interna, sostenida por un sistema de subsidios del que depende para sobrevivir.
Junio de 2024: la Corte Suprema dice que se acabó el privilegio sin ley
Durante décadas, distintos fallos judiciales fueron señalando lo mismo: que un privilegio de esta magnitud no podía sostenerse indefinidamente sobre una simple regulación administrativa, sin respaldo de una ley aprobada por la Knéset. En 1998, la Corte Suprema ya había dictaminado que el ministro de Defensa no tenía autoridad legal para otorgar estas exenciones por su cuenta. Sucesivos intentos de regularizarlo por ley —la Ley Tal de 2002, después declarada inconstitucional en 2012 por no garantizar un reparto equitativo de la carga— fracasaron uno tras otro.
El ataque de Hamás y la guerra en Gaza que siguió intensificaron el reclamo social: con cientos de miles de reservistas movilizados y soldados muriendo en el frente, la pregunta de por qué decenas de miles de jóvenes haredíes seguían exentos se volvió mucho más urgente y mucho más visible.
La Corte Suprema de Israel falla, por unanimidad, que el Ejército debe comenzar a reclutar a hombres ultraortodoxos. El fallo establece que, al haber vencido en 2023 el marco legal que permitía la exención, esa exención simplemente dejó de existir — y con ella, también el financiamiento estatal a quienes no tuvieran una postergación o exención formal.
El fallo revocó unos 480 millones de shekels anuales en apoyo a yeshivás y a sus estudiantes — unos 9.500 shekels anuales por cada estudiante haredí en un kolel. Según cifras oficiales citadas por The Times of Israel, 1.257 yeshivás perdieron los subsidios correspondientes a 49.485 estudiantes que hasta entonces gozaban de la exención.
«La situación actual, en la que una porción significativa de estas personas en edad de servicio no arriesgan sus vidas por la seguridad del Estado, es muy discriminatoria.»
Pero el fallo de 2024, aunque histórico, resultó modesto en sus efectos prácticos. La Corte aceptó que el Ejército no podía reclutar de inmediato a los 63.000 elegibles, y fijó una meta mínima de 4.800 reclutas para junio de 2025. Un año después de esa meta, según el Instituto Israelí para la Democracia, apenas se habían alistado unos 2.700 graduados de escuelas haredíes —menos de la mitad del objetivo mínimo—, y muchos de ellos ya no se identificaban como haredíes para el momento de su alistamiento.
Cuando los socios de coalición se van del gobierno por este tema
El fallo de 2024 puso a Netanyahu en una posición que sus propios analistas describen como una trampa sin salida clara. Sus dos socios de coalición ultraortodoxos —Shas y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ)— consideran la preservación de la exención su prioridad política absoluta, al punto de condicionar su permanencia en el gobierno a una solución legislativa que la mantenga, aunque sea con matices.
En 2025, en la víspera de la guerra de Israel contra Irán, UTJ anunció su salida formal de la coalición de gobierno. Un día después, los ministros de Shas también presentaron su renuncia a sus cargos —aunque permanecieron formalmente dentro de la coalición—, dejando a Netanyahu con apenas 50 de los 120 escaños de la Knéset, muy lejos de una mayoría de gobierno. La guerra con Irán, paradójicamente, ayudó a mantener unida una coalición que de otro modo podría haber colapsado del todo.
Pierde el apoyo de los votantes seculares, las familias de soldados, y la cúpula militar — que ya reclama entre 6.000 y 7.000 soldados de combate adicionales que el Ejército necesita con urgencia.
Arriesga perder a sus socios haredíes y, con ellos, la coalición entera — lo que podría adelantar elecciones generales antes de lo previsto para noviembre de 2026.
Según una encuesta del Instituto Israelí para la Democracia, en enero de 2025 el 85% de los israelíes apoyaba avanzar con el plan de reclutamiento obligatorio — un salto enorme desde el 67% de apenas un año antes, en plena escalada del sentimiento de inequidad que generó la guerra.
10.000 autos —según sus organizadores— por unos pocos detenidos
El episodio puntual de esta semana se originó por la detención de un número reducido de estudiantes de yeshivá que ya tenían orden de arresto por evadir el servicio militar. Las FDI emitieron decenas de miles de órdenes de alistamiento en los últimos dos años, pero la mayoría de los destinatarios simplemente las ignoró, sin que el Ejército haya tomado medidas para arrestar a los 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años considerados elegibles. La detención de incluso una pequeña fracción de ese total bastó para encender la indignación.
Convoyes con miles de vehículos —entre ellos legisladores haredíes— partieron desde 19 puntos del país hacia la prisión militar de Beit Lid, en Kfar Yona, generando un caos de tráfico generalizado durante toda la tarde y la noche del miércoles. Hubo choques aislados entre manifestantes y automovilistas atrapados en el tráfico, ventanas rotas, una mujer embarazada herida en un accidente, y un teniente de alcalde que denunció haber sido sacado a la fuerza de su vehículo y estrangulado durante un altercado.
«En lugar de decirles que quien no se aliste no recibirá ni un solo shekel del Estado, mientras los soldados son asesinados cada día en Líbano, [Netanyahu] les da cada vez más dinero del público trabajador para que no se alisten en las FDI.»
El expresidente del Likud y actual líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, fue todavía más directo, describiendo la protesta como «el legado de Netanyahu» y prometiendo que el próximo gobierno actuaría «según los intereses nacionales del Estado de Israel, y no según los intereses de Deri, Gafni y Goldknopf» — los líderes políticos de los partidos haredíes.
Del otro lado, los organizadores de la protesta sostuvieron que actuaron de forma «ejemplar, responsable y sin ninguna violencia», y exigieron la liberación inmediata de los evasores encarcelados. El presidente de UTJ, Yitzhak Goldknopf, calificó cualquier acto de violencia como ajeno a los manifestantes, y pidió a la policía actuar con firmeza contra quienes agredieron a quienes protestaban.
76 años después, el mismo problema que Ben-Gurion calculó mal
El acuerdo de 1948 nació como una excepción pequeña y temporal para 400 personas, pensada para sostener la continuidad del estudio religioso tras el Holocausto. Setenta y seis años después, ese mismo mecanismo —sin haber sido nunca formalmente reemplazado por una ley estable y duradera— sostiene a decenas de miles de personas exentas del servicio militar, con un costo fiscal de 1.400 millones de dólares anuales, mientras el resto de la sociedad israelí carga con el peso completo de las guerras del país.
Cada intento de regularizarlo por ley fracasó: la Ley Tal en 2002, declarada inconstitucional en 2012; el fallo de 2024, que reconoció el problema pero apenas logró cumplir la mitad de su propia meta mínima de reclutamiento un año después. Y cada gobierno israelí, incluyendo el actual, enfrenta el mismo dilema estructural: los partidos haredíes son demasiado pequeños para gobernar solos, pero lo suficientemente decisivos como para tumbar cualquier coalición que intente tocar en serio su privilegio histórico.
Mientras tanto, los convoyes seguirán saliendo cada vez que se detenga a un evasor, las encuestas seguirán mostrando un rechazo social creciente, y Netanyahu seguirá comprando tiempo — exactamente la misma estrategia que sostuvo este privilegio desde 1948: postergar la decisión definitiva, una y otra vez, hasta que ya no sea posible postergarla más.
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