3-9 de septiembre de 2026 — Argentina / Malvinas
Milei escala el conflicto Malvinas: denuncia y discurso
El Gobierno argentino denunció penalmente a la petrolera israelí Navitas Petroleum por explotar hidrocarburos cerca de las islas. Reino Unido respondió que es «una decisión comercial». El discurso íntegro del presidente, con el que arrancó todo esto.
- La denuncia penal contra Navitas Petroleum
- Un mismo intento, repetido tres veces sin éxito
- La empresa y su socia británica, sin inmutarse
- Sea Lion: el yacimiento en el centro de todo
- La otra pata: la Base Naval de Ushuaia
- El impacto inmediato en los mercados
- La respuesta británica
- El discurso completo de Javier Milei, 3 de septiembre de 2026
El Gobierno argentino formalizó el martes 8 de septiembre una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas Petroleum y otras cuatro empresas, por la exploración de hidrocarburos en aguas próximas a las islas Malvinas. La presentación llega en medio de una caída en la cotización de las firmas involucradas, sin que Navitas se haya pronunciado formalmente sobre la acusación.
La denuncia penal contra Navitas Petroleum
La presentación, realizada ante la justicia federal por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de sus directores, gerentes, administradores y representantes. Según la Oficina del Presidente, tres de esas sociedades cuentan «presuntamente» con licencias otorgadas por el que el propio comunicado califica de «ilegítimo gobierno del Reino Unido» para operar en la cuenca norte del archipiélago. Las imputaciones no han sido probadas.
Un mismo intento, repetido tres veces sin éxito
La denuncia invoca la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que prohíbe participar, financiar o prestar servicios a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, y habilita inhabilitaciones de hasta 20 años.
Una herramienta ya usada, sin resultado hasta ahora
Esa misma norma fue aplicada en 2022 contra Navitas por el gobierno de Alberto Fernández, que la inhabilitó por dos décadas junto con sanciones a otras operadoras. Argentina ya había declarado clandestina la actividad en la zona en 2012, y presentado una denuncia similar en 2015 —ninguna de esas medidas anteriores detuvo el proyecto—.
La empresa y su socia británica, sin inmutarse
La semana pasada, tras el anuncio inicial de Milei, la compañía había señalado que no esperaba que esas declaraciones tuvieran un efecto material sobre el desarrollo del proyecto ni sobre su cronograma. Un vocero de Rockhopper, socia británica con el 35% del proyecto, declinó comentar y remitió las consultas a Navitas. Ambas empresas sostienen que operan con licencias válidas emitidas por el gobierno autónomo de las Falklands —que Argentina no reconoce—. Rockhopper, de hecho, no figura entre las sociedades denunciadas.
Sea Lion: el yacimiento en el centro de todo
Navitas, cotizada en Tel Aviv, opera y controla el 65% de Sea Lion, un yacimiento situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La primera fase del proyecto, aprobada por ambas socias el año pasado, prevé iniciar la extracción en 2028, a un ritmo de 50.000 barriles diarios.
La otra pata: la Base Naval de Ushuaia
En paralelo con la denuncia, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos. La intención es que esas iniciativas se incorporen al proyecto de Presupuesto que el Gobierno enviará al Congreso el 15 de septiembre, con el objetivo declarado de fortalecer las capacidades vinculadas a la seguridad nacional.
El impacto inmediato en los mercados
El efecto más rápido se registró en el terreno financiero y en la cadena de proveedores. Las acciones de Navitas y Rockhopper acumulaban una caída superior al 14% desde el discurso presidencial, según cotizaciones difundidas por medios argentinos, mientras la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) anunció que sus empresas asociadas no participarán en Sea Lion.
La postura de Milei sobre el referéndum de 2013
En su discurso, Milei describió la extracción de crudo en el archipiélago como un peligro para la soberanía argentina, y desestimó directamente el referéndum de 2013 —en el que el 99,8% de los residentes votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar—, argumentando que los isleños habitan un territorio «usurpado» y que, por lo tanto, carecen de derecho legítimo a la autodeterminación.
La respuesta británica
El Reino Unido respondió el martes en la Cámara de los Comunes. La ministra del Foreign Office, Kirsty McNeill, afirmó que no puede haber dudas sobre el compromiso británico con los isleños, describió la producción de hidrocarburos como «una decisión comercial» del gobierno de las Falklands y de las empresas involucradas, y agregó que el futuro del archipiélago corresponde definirlo a sus propios habitantes. La soberanía sobre las islas permanece en disputa entre Londres y Buenos Aires, más de cuarenta años después de la guerra de 1982.
Argentinos, buenas noches. Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Producto de meses de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado nacional.
En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino. Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días.
Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido.
Desde entonces, la Argentina ha sostenido de manera permanente su reclamo de soberanía. Porque como dice la Constitución nacional en su primera cláusula transitoria: La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Por ser parte integrante del territorio nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y han llamado reiteradamente a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales y pacíficas. Por eso la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional.
Durante los últimos tres años nuestro gobierno ha impulsado nuestro reclamo de soberanía a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país. Hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido. Además, en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas.
Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible.
Esto solo ya es un hecho inédito, que da cuenta de que el rol y la relevancia en nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente. Argentina, en términos dinámicos, es un país con recursos naturales en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico, que no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva, y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa. Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, en cambio, ellos se enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive, sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer.
Pero hoy quiero decirles que esta causa nacional, que es nuestro reclamo por las Islas Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro. Desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y el Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales.
Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado. En particular hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos.
Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados.
Como respuesta a esta situación vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía. La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas. A su vez, esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.
Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información, para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas.
Además, firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina.
A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley tendrá tres objetivos: primero, modificará la ley 26659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales.
En segundo lugar, la ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.
Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo, las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional. Es importante entender una cosa, tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía sólo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy, la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta, metales, alimentos e hidrocarburos.
Esto es posible gracias a la normalización económica, la quita el cepo y al RIGI, que permitieron acelerar la inversión en estos sectores. Porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía y esto nos lleva a una discusión más profunda ¿Qué significa tener una política de seguridad nacional para la Argentina? Durante décadas, nuestro país perdió la capacidad de pensar estratégicamente, la política se acostumbró a pensar en la próxima elección en lugar de pensar en las próximas generaciones.
Se destruyó nuestra riqueza, se abandonaron nuestros sectores estratégicos y se vació a las Fuerzas Armadas. Un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos. Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia. Eso es tener una política de seguridad nacional: la seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio; es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la nación a lo largo del tiempo. Por eso se engloba la defensa, la seguridad y la inteligencia, pero también la economía.
Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos, son cuestiones de seguridad nacional. Y proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional. El mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores. Las grandes naciones saben que en el futuro deberán competir por los recursos necesarios para alimentar el crecimiento que traerá la era de la Inteligencia Artificial. En esa disputa la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia. Y la Argentina no parte de cero: tenemos en la Antártida la presencia ininterrumpida más longeva del mundo.
Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur, estará en una mejor posición para defender sus intereses. Por eso, asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia y por ese motivo, cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas, será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro y Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado. Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas, requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino.
Y esa es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron su vida por esta causa y a los veteranos que volvieron. Hoy tenemos todo para ser una nación determinante en el escenario global: tenemos una ubicación privilegiada, y recursos que pueden colocar a nuestro país en un lugar central en el nuevo orden global. Durante estos tres años hemos entablado lazos estrechos con países afines, con los cuales tenemos una convergencia de intereses. Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos.
Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos. Y a todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirle lo siguiente: Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación, y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas.
Por eso quiero invitar a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina, a sumarse con una misma voz a este reclamo. Porque este reclamo es justo. Porque las islas son nuestras y nos las arrebataron y porque son indispensables para la proyección de la Argentina en las próximas décadas. Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento. Los invito a elegir el primer camino. Hagamos a la Argentina grande nuevamente. Que Dios bendiga a los argentinos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la patria. Muchísimas gracias a todos.
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