América Latina y el Caribe — Análisis 2025-2026
Los 21 grupos criminales que Trump declaró terroristas
Ocho cárteles mexicanos, pandillas centroamericanas, facciones brasileñas, colombianas, venezolanas y haitianas. Y en medio de esa «guerra sin cuartel» contra el narcotráfico, Trump indultó a un expresidente condenado a 45 años por protegerlo.
- La estrategia, en números
- México: ocho grupos, la mayor presión
- Centroamérica: las pandillas que nacieron en Los Ángeles
- Colombia: el heredero de los paramilitares
- Venezuela: Tren de Aragua y el «Cártel de los Soles»
- Ecuador: la herencia de la pandemia
- Brasil: el crimen que trasciende sus propias fronteras
- Haití: pandillas que tumbaron a un primer ministro
- Juan Orlando Hernández: la contradicción más flagrante
- El caso judicial que Trump borró de un plumazo
- Lo que dice la propia Casa Blanca, y lo que responden los críticos
La criminalidad organizada tejió, durante las últimas tres décadas, una red de poder e influencia que atraviesa fronteras en toda América Latina —desde los cárteles mexicanos hasta las pandillas centroamericanas y los grupos brasileños—, operando como verdaderos imperios ilícitos que se aprovechan de la desigualdad y la debilidad estatal para expandirse. Con alcance cada vez más global y tácticas más sofisticadas, este entramado no solo perpetúa la violencia: socava directamente las instituciones y el desarrollo de toda la región.
La estrategia, en números
Desde que llegó al poder, la administración de Donald Trump designó a 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como «organizaciones terroristas extranjeras» —el último de ellos apenas la semana pasada, coincidiendo con una gira del secretario de Estado Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, para consolidar el apoyo regional a la estrategia estadounidense contra el narcotráfico—.
Una categoría que antes se reservaba para otro tipo de amenaza
Esta calificación solía aplicarse a grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda, organizaciones que usan la violencia con fines políticos —no a cárteles y redes delictivas centradas en el negocio del dinero—. El objetivo declarado de Trump fue aumentar la presión sobre estos grupos, y sobre cualquiera que, a su juicio, les preste apoyo de cualquier forma.
La estrategia arrancó en febrero de 2025, y sirvió de pretexto para capturar al venezolano Nicolás Maduro casi un año después, además de decenas de ataques contra supuestas embarcaciones «narcoterroristas» que ya se saldaron con más de 200 muertos. También empujó a países como Guatemala y Argentina a tomar medidas similares contra grupos específicos, y a Ecuador a lanzar operaciones conjuntas con Washington en su propio territorio.
México: ocho grupos, la mayor presión
México es el país con más grupos en la lista —ocho en total— y el que enfrenta mayor presión directa de Washington, mientras su gobierno intenta evitar cualquier acción militar unilateral de Trump contra los cárteles, especialmente después de las acusaciones formales contra altos funcionarios del propio estado de Sinaloa.
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Ambos son los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa, el más antiguo del país, surgido en los años 70, mueve todo tipo de drogas a través de continentes usando embarcaciones, aviones, migrantes y túneles transfronterizos —un exsecretario de Seguridad mexicano fue condenado por ayudarlos—. Controla la parte occidental de la frontera con Estados Unidos, aunque el arresto de Ismael «El Mayo» Zambada desató una pugna interna que debilitó al grupo.
El CJNG, establecido a inicios de la década de 2010, es extremadamente violento: usó lanzacohetes, drones con explosivos y minas artesanales contra las autoridades, y en 2020 organizó un atentado espectacular contra el entonces jefe de la policía de Ciudad de México —hoy secretario de Seguridad del país—, en pleno corazón de la capital. Según la DEA, distribuye toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados de EE.UU., y mantiene su poder pese a la muerte de su líder, Nemesio Oseguera «El Mencho», en febrero, y las numerosas detenciones posteriores.
Golfo, Noreste y Juárez
El Cártel del Golfo y el del Noreste operan en el extremo oriental de México, moviendo drogas, migrantes, armas y dinero por la ruta más directa hacia Estados Unidos desde Centroamérica y Sudamérica. El antiguo líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, reclutó militares para su propia protección, que terminaron formando su propio cártel: Los Zetas —el Cártel del Noreste es, hoy, un remanente de esa misma estructura, con base en Nuevo Laredo—.
El Cártel de Juárez controló durante décadas Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas —su fundador, Amado Carrillo Fuentes, y quienes lo sucedieron, convirtieron el tráfico de toneladas de drogas en un negocio multimillonario, manteniendo el control de una vasta infraestructura de contrabando pese a los arrestos de muchos de sus líderes—.
Los cárteles de Michoacán, y el negocio del aguacate
La Familia Michoacana (hoy rebautizada «Nueva Familia Michoacana»), Cárteles Unidos y Los Viagras operan en el estado de Michoacán, produciendo drogas sintéticas y consolidando su control regional mediante la extorsión y cambios de lealtad constantes. Los dos últimos surgieron del levantamiento armado de las autodefensas de 2013, que expulsó a viejos cárteles solo para verlos reemplazados por otros. Su extorsión afecta a todos los sectores económicos —incluido un producto clave de exportación hacia Estados Unidos: el aguacate—.
Centroamérica: las pandillas que nacieron en Los Ángeles
Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) operan principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Se originaron en Los Ángeles como pandillas callejeras creadas por inmigrantes salvadoreños; cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, ambos grupos se expandieron por toda Centroamérica, aterrorizando comunidades enteras hasta hoy.
El golpe salvadoreño, y la réplica guatemalteca
En los últimos años, ambos grupos recibieron un duro golpe del gobierno salvadoreño, que lanzó una polémica guerra contra las pandillas y encarceló a más de 80.000 personas. Guatemala también designó a ambos grupos como terroristas en octubre, endureciendo sus leyes en su contra.
Colombia: el heredero de los paramilitares
Con un estimado de 9.000 combatientes, el Clan del Golfo (AGC) es uno de los grupos armados más poderosos de Colombia, evolucionado a partir de escuadrones paramilitares de derecha que combatieron a las guerrillas marxistas colombianas en los años 90 y 2000. Según la Defensoría del Pueblo, tiene presencia en alrededor de un tercio de los 1.103 municipios del país, donde extorsiona negocios locales.
Un dato político que conecta con el presente: el Clan del Golfo participó en conversaciones de paz con el gobierno colombiano el año pasado —un diálogo que terminó con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, hoy gran aliado de Trump en la región—.
Venezuela: Tren de Aragua y el «Cártel de los Soles»
El Tren de Aragua surgió de una prisión en el centro de Venezuela hace más de una década, y en los últimos años se extendió desde Chile hasta Estados Unidos, aprovechando el éxodo de unos 8 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política y económica del país. Aunque sus orígenes están en el narcotráfico, sus principales negocios hoy son el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzado —conocido por una violencia extrema, incluidas decapitaciones y entierros de víctimas todavía con vida—.
El «cártel» que no es propiamente un cártel
El llamado Cártel de los Soles —que Washington alega que Maduro lideraba— no es un cártel en el sentido tradicional. Los venezolanos empezaron a usar ese término en los años 90 para referirse a militares de alto rango enriquecidos con el narcotráfico —»soles» son, justamente, las insignias de esos rangos militares—. Con el tiempo, su uso se amplió de forma imprecisa hasta incluir a policías, funcionarios, minería ilegal y contrabando de combustible. Recién en 2020, Estados Unidos empezó a tratarlo como un grupo liderado formalmente por Maduro, al anunciar la acusación formal en su contra.
Ecuador: la herencia de la pandemia
Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones son pandillas responsabilizadas de gran parte de la violencia que estalló durante la pandemia de covid-19, todas vinculadas al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas. Los Tiguerones se formó en Guayaquil en 2019 como brazo armado de Los Choneros, la organización madre de la mayoría de las pandillas ecuatorianas. Se disputan rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y el control territorial, incluso dentro de las propias cárceles, donde cientos de reclusos fueron asesinados desde 2021. Todas están entre las 22 pandillas que Ecuador designó como «terroristas» en 2024.
Brasil: el crimen que trasciende sus propias fronteras
Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, trabajando junto a unas 50 pandillas más pequeñas en todo el país. En conjunto, dirigen a miles de miembros y orquestaron ataques brutales contra policías, funcionarios públicos y civiles —su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las propias fronteras brasileñas—.
Haití: pandillas que tumbaron a un primer ministro
Viv Ansanm y Gran Grif están vinculadas principalmente al tráfico de armas, secuestros, asesinatos y extorsión, y en menor medida al narcotráfico.
Un poder que ya derrocó a un gobierno
La coalición Viv Ansanm lanzó, a partir de febrero de 2024, una serie de ataques que cerraron el principal aeropuerto internacional de Haití, liberaron a cientos de reclusos de las dos cárceles más grandes del país, y finalmente obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar. Controla hoy al menos el 85% de la capital, obligando a organizaciones civiles a negociar directamente con las pandillas para poder hacer llegar ayuda humanitaria. Gran Grif, por su parte, asaltó varias ciudades de la región central del país —en octubre se le atribuyó la muerte de más de 70 personas en Pont-Sondé—.
Juan Orlando Hernández: la contradicción más flagrante
Toda esta estrategia de mano dura contra el narcotráfico deja al descubierto, sin embargo, una contradicción difícil de ignorar: el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández —condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, y acusado durante el juicio de proteger directamente al Cártel de Sinaloa— fue indultado por el propio Trump el año pasado, y hoy vive en libertad en su país.
Acusación formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York: entre 2004 y 2022, Hernández habría participado en una «corrupta y violenta conspiración de narcotráfico» para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Un jurado federal lo declara culpable, tras testimonios de traficantes condenados y antiguos colaboradores.
El juez P. Kevin Castel lo sentencia a 45 años de prisión por su papel en la conspiración.
Trump anuncia el indulto en Truth Social. Sale de prisión el 1° de diciembre.
Un tribunal hondureño lo absuelve de los cargos restantes de fraude y lavado de dinero que todavía enfrentaba en su país, dejándolo completamente libre.
El caso judicial que Trump borró de un plumazo
El expediente de Hernández describe, con lujo de detalle, un esquema que los propios fiscales estadounidenses calificaron de «narcotráfico patrocinado por el Estado» —usando instituciones públicas, fuerzas de seguridad y su propio cargo de presidente para facilitar la importación de casi 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos—.
El pago de El Chapo, según los propios fiscales
Los fiscales afirmaron que el Cártel de Sinaloa realizó un pago de aproximadamente un millón de dólares —a través de su entonces líder, Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo»— al hermano de Hernández y estrecho aliado suyo (también condenado por narcotráfico en Estados Unidos), a cambio de protección continua para las operaciones del cártel en Honduras. Ese mismo dinero, según la acusación, se usó además para sobornar a funcionarios electorales e influir en los procesos que asegurarían las victorias de Hernández en las elecciones de 2013 y 2017.
El testigo principal del juicio fue Alexander Ardón, traficante condenado y exalcalde de El Paraíso, un punto clave de tránsito de cocaína cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala. Sus vínculos con la familia Hernández se remontan a finales de la década de 2000: durante años, Ardón financió las campañas políticas de Juan Orlando y otros funcionarios del Partido Nacional hondureño a través del propio hermano del expresidente, a cambio de protección para sus cargamentos de cocaína. Con el tiempo, presenció además cómo otros traficantes —incluido el propio «El Chapo»— entregaban sobornos destinados directamente a Hernández.
Lo que dice la propia Casa Blanca, y lo que responden los críticos
Lo que el propio caso judicial contradice
El caso criminal contra Hernández nunca se basó en el simple hecho de que hubiera tráfico de drogas durante su presidencia —como sugiere la explicación de Trump—. Según explicó el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, Hernández «ayudó a facilitar la importación» de casi 400 toneladas de cocaína, con envíos que contaron «con la protección y el apoyo del expresidente» en persona. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el indulto como un cambio radical en el enfoque de la administración hacia estos procesamientos, mientras que la propia familia de Hernández y operadores políticos de derecha estadounidenses, incluido Roger Stone, presionaron activamente por su liberación.
Según la organización de investigación WOLA, el indulto a uno de los pocos expresidentes latinoamericanos condenados por narcotráfico en tribunales estadounidenses tiene «profundas implicaciones» para la política exterior de Estados Unidos, el Estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción en toda la región —justo en el mismo momento en que la administración Trump libra, con ataques letales y designaciones de «terrorismo», lo que presenta como una guerra sin cuartel contra exactamente el mismo tipo de delito.
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