Montevideo — Operación Trazador, el caso que sacude a la política uruguaya
El narcoasesor blanco: la Operación Trazador
265 kilos de droga, armas de guerra, autos de lujo. El condenado por lavar el dinero operaba, según los chats de su propio celular, en la agencia Abitab de la esposa de Gandini —un bien que apareció en su declaración jurada recién en agosto de 2025, sin rastro seis meses antes—.
- El operativo, en números
- Lo que dijo el ministro del Interior
- El giro político: quién es Pablo Leiva
- La condena, con acuerdo de por medio
- El operativo, con lujo de detalle
- La pistola con pasado futbolístico
- El edil que se distanció del caso
- El Frente Amplio, con una postura mesurada
- La aclaración de la Fiscalía sobre los teléfonos, con un matiz clave
- El giro que lo cambió todo: la agencia de la esposa de Gandini
- El dato de la declaración jurada que llamó la atención
- La revelación del audio: «yo trabajo con Zugarramurdi»
- La fiscal de Lavado de Activos que ahora investiga el caso
- La conferencia de prensa de Gandini
- El detalle que conecta todo con la militancia partidaria
- Lo que ya se incautó, y lo que sigue analizándose
- El video: análisis del caso en profundidad
- La corrección que hay que hacer: el edil cayó en una falsedad
- Lo que sigue sin cerrarse
La Operación Trazador arrancó como una noticia policial más: un allanamiento exitoso contra el narcotráfico en el barrio Brazo Oriental de Montevideo. Terminó convirtiéndose en uno de los escándalos políticos más comentados de la semana en Uruguay, con el propio Partido Nacional en el centro de las preguntas.
El operativo, en números
El operativo, que demandó más de dos semanas de investigación de inteligencia y seguimiento, culminó con un allanamiento en Brazo Oriental. Además de la droga, se incautaron vehículos de alta gama, armas de guerra —incluidas municiones para AK-47—, y casi tres millones de pesos listos para ser lavados en el mercado local.
Lo que dijo el ministro del Interior
Negro destacó que el procedimiento se enmarca dentro de una serie de operativos que la Policía viene llevando adelante contra el narcotráfico, y sumó la mención a otras operaciones recientes, con un total combinado de unos 700 kilos de sustancias ilícitas confiscadas.
El giro político: quién es Pablo Leiva
El nombre que cambió todo
Entre los tres condenados apareció Pablo Leiva, identificado como asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez. Ese único dato transformó lo que hasta entonces era una noticia de crónica policial en un problema político de primer orden para el propio partido de gobierno.
La condena, con acuerdo de por medio
Tras alcanzar un acuerdo con la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano, la Justicia condenó al líder de la organización, Henry Sebastián Latorre, a seis años y seis meses de penitenciaría, por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de depósito y distribución, tráfico interno de armas, receptación, y lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Jenniffer Méndez, su pareja, fue condenada por asistencia a las actividades del narcotráfico a tres años de penitenciaría. Leiva, por su parte, recibió dos años y seis meses, por un delito de lavado de activos y otro de tráfico interno de municiones.
El operativo, con lujo de detalle
El operativo, ejecutado por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de la Prefectura Nacional Naval, incluyó allanamientos en Brazo Oriental y Pérez Castellano, con cuatro detenidos —entre ellos el hijo de Leiva, liberado horas después—. Además de la droga, se incautaron cinco vehículos de alta gama (un Audi Q5, una Volkswagen Crossfox, una Hyundai Tucson, un Volkswagen Virtus y una camioneta Victory), dos pistolas calibre 9 mm, más de 260 cartuchos de distintos calibres, una máquina contadora de billetes, un inhibidor de señal, cuatro celulares, tres balanzas y cuadernos con el registro de la actividad delictiva.
La pistola con pasado futbolístico
Un dato curioso en medio de la causa
Una de las pistolas incautadas, una Glock 42 calibre .380, había sido denunciada previamente como robada por el futbolista Joe Emerson Bizera, con pasado en Peñarol —un detalle menor dentro de la causa, pero que conecta el operativo con el ámbito deportivo local de forma completamente inesperada—.
El edil que se distanció del caso
La reacción inmediata dentro del propio partido
Con la controversia ya instalada, distintas voces dentro del Partido Nacional buscaron marcar distancia del caso. El legislador Jorge Gandini se desmarcó públicamente del narcoasesor condenado, en un intento por contener el daño político antes de que la historia siguiera creciendo.
El Frente Amplio, con una postura mesurada
La caída de Leiva —que, según la cobertura local, «le cargaba las tintas» al edil blanco Gonzalo Gómez, y terminó condenado por mover droga y municiones de guerra— llevó al Frente Amplio a pedir explicaciones institucionales, sin sobreactuar. Pese a tener un caso con todos los elementos para una embestida política fuerte —droga, armas, lavado, y una conexión directa con la familia de un dirigente histórico como Gandini—, la fuerza opositora mantuvo un tono comedido: activó su Secretariado, pidió información a través de los canales formales, pero evitó el linchamiento mediático que suele caracterizar este tipo de escándalos.
El Frente Amplio no se limita al caso puntual de Leiva: también sigue de cerca un posible nexo adicional con otro entorno político, pero mantuvo ese seguimiento dentro de los canales institucionales —Secretariado, pedidos formales de información—, sin convertirlo en el eje central de su discurso público.
La aclaración de la Fiscalía sobre los teléfonos, con un matiz clave
La condena llegó antes de que se conociera el resultado del peritaje
En medio de la controversia, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado con «precisiones», aclarando que los teléfonos celulares incautados fueron «debidamente periciados» y que la información obtenida se incorporó a la carpeta investigativa. Pero hay un dato clave detrás de esa aclaración: según reveló El Observador, la fiscalía había solicitado el análisis del celular de Leiva, pero antes de que llegara el resultado de esa pericia, el propio Leiva ya había aceptado su responsabilidad y fue condenado por proceso abreviado. Es decir, la condena se cerró sin conocer todavía lo que había en su teléfono —motivo por el cual la Fiscalía General debió salir después a dar explicaciones—.
La abogada defensora de los tres condenados, Fabiana González Raggio, respaldó el trabajo de la fiscalía ante El Observador: «¿Qué más se le puede pedir que haga la fiscalía?». Pero la secuencia generó dudas, sobre todo porque la propia Fiscalía General confirmó después que, al momento de dictarse las tres condenas —el viernes 18 de septiembre—, el vínculo de Leiva con el Partido Nacional y con la agencia de la esposa de Gandini todavía no era conocido por el equipo de Estupefacientes.
El giro que lo cambió todo: la agencia de la esposa de Gandini
De asesor condenado a caso de familia política
El caso escaló de forma decisiva cuando trascendió que Leiva —según los chats hallados en los celulares incautados durante los allanamientos— realizaba sus operaciones de lavado en un local de cobranzas y cambio de la red Abitab, propiedad de Laura Scalabrino Muga, contadora pública y esposa del exsenador nacionalista Jorge Gandini, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP).
La agencia en cuestión (71/02) está ubicada en Avenida Dámaso Antonio Larrañaga esquina J. S. Elcano, en Villa Española, dentro de un supermercado. Leiva vivía en las inmediaciones y, según la investigación, operaba ahí con frecuencia.
El dato de la declaración jurada que llamó la atención
Un bien que apareció entre dos declaraciones
En la declaración jurada que Gandini presentó en agosto de 2025 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), figura a nombre de su esposa, como bien ganancial, la suma de 309.000 dólares correspondiente a la agencia 71/02 de Abitab. Seis meses antes, en la declaración jurada de febrero de 2025, no había ningún registro de esa actividad —Scalabrino habría adquirido el comercio hace aproximadamente un año—.
La revelación del audio: «yo trabajo con Zugarramurdi»
Un nombre nuevo, revelado en un audio de 11 segundos
El periodista Jorge Bonica («El Bocón») difundió en su columna una grabación de apenas 11 segundos, tomada durante el propio allanamiento de la casa de Leiva, en la que este identifica a su superior inmediato: «Yo trabajo para un cambio… con un muchacho… él es dueño… él trabaja en un cambio. ¿Viste? Él trabaja en un cambio y yo trabajo con él. Andrés… Andrés Zugarramurdi. Es el Cambio Monex». Según Crónicas del Este, Andrés Zugarramurdi Techera es tesorero en Cambio Monex-Servicios Financieros, una casa de cambio que opera en Montevideo, Canelones y Maldonado.
Zugarramurdi es, además, socio de una empresa del rubro construcción, Constructores del Sur SRL, cuyo mayor accionista es Mathías Ferragut, representante de directores técnicos y gerentes deportivos uruguayos reconocidos. Es un dato llamativo, que suma un nuevo nombre y una nueva casa de cambio a una causa que ya venía escalando en revelaciones.
Lo que no dijo Leiva en su declaración formal
Según Caras y Caretas, en su declaración oficial ante la Fiscalía, Leiva no mencionó ninguna actividad empresarial vinculada a un cambio, ni tampoco su propio trabajo como asesor del edil Gómez —fue recién en los audios del momento de su detención, y no en su testimonio formal posterior, donde mencionó a Zugarramurdi y al Cambio Monex—.
La fiscal de Lavado de Activos que ahora investiga el caso
A diferencia de la causa original —llevada por la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Angelita Romano—, la nueva línea de investigación sobre el esquema de lavado quedó en manos de otro fiscal: Enrique Rodríguez, al frente de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Según confirmó la propia Fiscalía General de la Nación, si de los celulares surgen nuevos elementos que vinculen a otras personas con actividades de lavado, será Rodríguez quien «determinará las acciones que correspondan» —incluyendo, potencialmente, la agencia de la esposa de Gandini y ahora también el Cambio Monex de Zugarramurdi—.
La Secretaría antilavado, también sorprendida
La titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, confirmó a Búsqueda que su oficina se enteró del caso por la prensa —no por un canal institucional—, y que la Secretaría ya priorizó mejorar los controles antilavado del dinero que ingresa a los partidos políticos.
La conferencia de prensa de Gandini
«Nada que ocultar»
Gandini convocó una conferencia de prensa para dar explicaciones públicas, sosteniendo que ni él ni su esposa conocían personalmente a Leiva.
Gandini explicó que Leiva era vecino de la zona y concurría a esa agencia incluso antes de que su esposa la comprara, hace poco más de un año. Sostuvo además que podía documentar su versión, ya que el local está sujeto a controles por tratarse de una institución de intermediación financiera, con registros de cámaras de seguridad sobre todas las transacciones. Aclaró, por último, que ni él, ni su esposa, ni las empleadas del local habían recibido citaciones ni notificaciones formales de la Policía o la Fiscalía hasta ese momento.
El detalle que conecta todo con la militancia partidaria
Un vínculo generacional, no solo laboral
Pablo Leiva es, además, padre de Lucio Leiva, militante de la juventud del propio sector político que lidera Gandini —el mismo sector al que pertenece el edil Gonzalo Gómez, para quien Pablo Leiva trabajaba como asesor—. Es decir: el vínculo entre el condenado y el entorno de Gandini no se limita al comercio de su esposa, sino que atraviesa también generaciones de militancia dentro de la misma agrupación política.
Lo que ya se incautó, y lo que sigue analizándose
Parte del dinero incautado se encontró en una habitación protegida por una puerta blindada, en una vivienda utilizada por el propio Pablo Leiva y su hijo Lucio —junto a una máquina para contar billetes—. La investigación concluyó, por ahora, con tres personas condenadas, pero las autoridades siguen analizando teléfonos, computadoras, documentación y movimientos financieros para determinar la extensión real de toda la organización.
El video: análisis del caso en profundidad
La corrección que hay que hacer: el edil cayó en una falsedad
Dijo «hace poco tiempo», pero los documentos muestran otra cosa
El edil Gonzalo Gómez sostuvo que Leiva había ingresado como asesor recién «hace poco tiempo», minimizando así el vínculo con el condenado. Sin embargo, la documentación disponible muestra que el ingreso de Leiva se registró en diciembre de 2025 —varios meses atrás—, contradiciendo directamente la versión que el propio edil ofreció públicamente. No se trata de una diferencia de matices: es una afirmación falsa sobre un hecho verificable, y pone en duda la transparencia con la que Gómez explicó su relación con el asesor condenado.
Lo que sigue sin cerrarse
La investigación sobre el local de cobranzas no implica, por sí misma, la participación de su propietaria en actividades ilícitas. Con la fiscal Romano todavía analizando los movimientos financieros de la agencia, con Gandini y su entorno sosteniendo desconocimiento total, y con el propio Frente Amplio exigiendo explicaciones adicionales, el caso Trazador dejó de ser solo una causa de narcotráfico para convertirse en uno de los expedientes políticos más seguidos del momento en Uruguay.
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