Un grupo de legisladores demócratas, con 53 copatrocinadores, impulsa una ley para sancionar y bloquear importaciones de los asentamientos israelíes en Cisjordania. No es una medida de la Casa Blanca ni cuenta con el respaldo de la administración Trump — y en un Congreso de mayoría republicana, sus chances reales de aprobarse son bajas.
Un grupo de legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos impulsa la Stop the Settlements Act (Ley para Detener los Asentamientos), un proyecto presentado el 1 de octubre que busca sancionar la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y prohibir la importación de bienes producidos en ellos. El apoyo viene creciendo: a esta semana, el proyecto suma 53 copatrocinadores, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez y Ro Khanna.
Qué hace exactamente el proyecto
La ley, impulsada por los representantes Don Beyer, Joaquín Castro, Madeleine Dean, Greg Casar, Sara Jacobs y Verónica Escobar, ordena al presidente de Estados Unidos aplicar bloqueos de activos y denegación o revocación de visados a cualquier persona o empresa, extranjera o no, que a partir del 30 de septiembre de 2026 participe —directa o indirectamente— en la construcción de nuevos asentamientos o puestos avanzados israelíes, incluida la construcción en la zona conocida como E1.
El proyecto también prohibiría la importación hacia Estados Unidos de todos los bienes producidos, total o parcialmente, en cualquier asentamiento o puesto avanzado israelí en Cisjordania o Gaza. Es, en ese punto, similar a las restricciones que ya aplicaron por su cuenta el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y Francia.
Esa misma similitud revela el límite central de la iniciativa: lo que esos cuatro países ya convirtieron en política de Estado, en EE.UU. sigue siendo, por ahora, solo un proyecto de ley de la oposición.
Quién la respalda — y quién no
El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones judías progresistas como J Street y New Jewish Narrative. Hadar Susskind, presidente de esta última, planteó la razón de ser de la ley en términos de un vacío que, según él, deja la Casa Blanca:
El proyecto de ley «llena un vacío crucial», ya que «la administración Trump no ha tomado medidas que impidieran que el gobierno israelí ejecute su temeraria agenda de apropiación de tierras y anexión.»
Hadar Susskind, presidente de New Jewish NarrativeNo es una medida del gobierno de Estados Unidos ni de la administración Trump, que no ha respaldado ni impulsado ninguna acción en este sentido. Es un proyecto de ley presentado por legisladores de la oposición demócrata, en un Congreso con mayoría republicana — lo que hace que su aprobación, en el corto plazo, sea poco probable. Tampoco es una medida coordinada con otros países: las sanciones de Reino Unido, Países Bajos, Canadá y Francia fueron decisiones propias de cada gobierno, no un bloque conjunto con Washington.
El argumento de sus promotores
Castro fue el más directo en calificar la situación sobre el terreno:
«Bajo el gobierno de Netanyahu, los colonos están inmersos en una violenta apropiación de tierras que está arrancando a los palestinos de sus tierras. Los demócratas deben afrontar esto con urgencia: actuar ahora o ver cómo la perspectiva de la autodeterminación palestina se desvanece para siempre.»
Joaquín Castro, representante demócrataBeyer apuntó al plano del derecho internacional:
La continua expansión de los asentamientos «ilustra el desprecio de Israel por el Derecho Internacional y la política estadounidense.»
Don Beyer, representante demócrataSegún los propios datos que citan los legisladores en su proyecto, desde diciembre de 2022 el gobierno israelí aprobó más de un centenar de nuevos asentamientos, y los colonos establecieron casi 200 puestos de avanzada adicionales.
El detalle que llama la atención: menciona a Gaza
Una particularidad del texto es que incluye reiteradamente a Gaza entre los territorios donde buscaría frenar «asentamientos y puestos avanzados» — a pesar de que no existe presencia civil israelí en la Franja desde 2005, cuando Israel desmanteló unilateralmente todos sus asentamientos ahí, y de que allí no se producen bienes de exportación. Leído en ese contexto, el proyecto parece redactado más como una medida preventiva de cara al futuro que como una respuesta a algo que ya esté ocurriendo en Gaza hoy — posiblemente anticipando qué pasaría si el bloque de derecha israelí, que impulsa el reasentamiento del territorio, gana las elecciones del 27 de octubre.
El contexto sobre el terreno: más presión, no menos
El proyecto llega en un momento de mayor tensión en Cisjordania, no de distensión. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich —el mismo que días atrás pedía mano dura contra los asesores de Netanyahu involucrados en el caso Qatargate— instó recientemente al gobierno a «entrar en guerra» en Cisjordania y «hacer allí lo que hicimos en Gaza». Esa declaración coincide con una intensificación reportada de las operaciones israelíes en los campamentos del norte de la región, con demoliciones de viviendas e infraestructura y desplazamiento de población palestina — un patrón que organizaciones de derechos humanos vienen señalando desde hace meses.
La ley es, en los hechos, un gesto de presión política más que una medida con chances reales de implementarse en el corto plazo: nace en la oposición, en un Congreso donde no tiene los votos, y sin que la Casa Blanca —que podría, por sí sola, aplicar sanciones similares por decreto si quisiera— muestre intención de sumarse. Lo que sí logra, más allá de si se aprueba o no, es dejar un registro público de qué sector del propio arco político estadounidense empieza a reclamar, en voz alta, algo que hasta ahora solo hicieron gobiernos europeos.
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