Argentina usa más del doble de plaguicidas por hectárea que Estados Unidos. Un estudio con diez años de datos encontró el doble de abortos espontáneos en pueblos fumigados. Nadie lleva la cuenta oficial
Cada año, entre 3 y 5 millones de personas sufren intoxicaciones agudas por plaguicidas en el mundo, y unas 40.000 mueren por esa causa, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Pero esa es apenas la parte visible del problema. La exposición crónica —pequeñas dosis sostenidas durante años— es mucho más difícil de medir, y en buena parte de la región, directamente nadie la mide.
Un estudio de diez años, con números que no dejan margen de duda
En nueve localidades de Santa Fe dedicadas al agro transgénico —Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge—, un equipo de investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario analizó una década completa de datos: 2.870 embarazos registrados entre 2008 y 2018.
El resultado, publicado en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba: la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre aumentó 2,4 veces en esa década, y los casos de hipotiroidismo, 2,5 veces. Las mujeres con hipotiroidismo, además, tuvieron un 40% más de probabilidad de sufrir un aborto espontáneo que las que no tenían esa condición.
Es irrebatible lo que producen los plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente.
Facundo Fernández, coautor del estudio, Instituto de Salud Socioambiental (UNR)La explicación técnica del vínculo pasa por la placenta: el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto entre ciertos contaminantes y el feto en desarrollo, según explican los propios investigadores. Un dato adicional, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, refuerza el mecanismo: de 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas evaluados, 71 tienen impacto documentado en el desarrollo de hipotiroidismo.
Argentina no cuenta con registros oficiales de la cantidad de agroquímicos que se usan por región, ni con estudios epidemiológicos sistemáticos sobre sus efectos en la fertilidad o el embarazo. Los propios investigadores lo describen sin vueltas: «A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo.» Sin registro oficial, no hay estadística que obligue a nadie a actuar.
El doble estándar, con cifras exactas
Argentina tiene autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos. De esos, 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea — la misma región que compra buena parte de la producción agrícola argentina. Es la definición exacta de doble estándar: se protege la salud de la población europea con normas que no se aplican a la población que produce los alimentos que Europa consume.
El dato del consumo de plaguicidas por hectárea confirma la magnitud del problema: Argentina usa un promedio de 6,3 kilos o litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), según datos de la FAO citados por los investigadores. El glifosato es, por lejos, el herbicida más utilizado.
El estudio europeo que confirmó lo mismo desde otro ángulo
La evidencia no viene solo de un estudio local — un proyecto internacional de cinco años llegó a conclusiones que van en la misma dirección, con Argentina como el único país no europeo incluido.
El proyecto «Sprint», con participación de once países, incorporó a Argentina precisamente por el peso de sus exportaciones agrarias hacia Europa. El muestreo, realizado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, encontró glifosato en el organismo de todas las personas analizadas, con concentraciones en suelo, aire y agua más altas que las registradas en Europa. Entre las sustancias detectadas: glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, 2,4-D, clorpirifos, fipronil, imidacloprid, cipermetrina y tebuconazol.
El estudio Sprint documentó fumigaciones realizadas a apenas diez metros de establecimientos educativos y jardines de infancia en algunas localidades argentinas. Personas que nunca manipularon plaguicidas directamente presentaron hasta 17 sustancias distintas en su respiración diaria, con valores elevados en sangre, orina y materia fecal — evidencia de exposición constante, no ocasional, en espacios que deberían estar protegidos.
Cuando la Justicia tuvo que intervenir
En la ciudad bonaerense de Lobos, después de cinco años de reclamos vecinales y estudios científicos, la Justicia provincial ordenó garantizar agua potable libre de agrotóxicos y sin niveles peligrosos de arsénico — un fallo que sentó precedente para otras localidades con problemas similares: Pergamino, Alberti, 9 de Julio, French y La Matanza.
Los análisis en Lobos identificaron hasta 18 agrotóxicos distintos en ambientes urbanos y rurales, glifosato en la orina del 15% de los vecinos analizados, y daño genético en el 20% de los casos estudiados, asociado a exposición crónica. En Pergamino, otro fallo judicial ordenó directamente restringir las fumigaciones, tras comprobarse daño genético y enfermedades graves en la población, especialmente en niños y adultos que vivían cerca de campos de soja.
La situación en Uruguay: sin prohibición ni restricción
El caso uruguayo tiene sus propias particularidades. La Dirección General de Servicios Agrícolas autoriza la comercialización de 294 principios activos y 805 marcas comerciales de pesticidas — de los cuales 43 están prohibidos o severamente restringidos en otras partes del mundo. Uno de los casos más señalados es el mirex, un insecticida clasificado como Contaminante Orgánico Persistente, prohibido en Estados Unidos desde 1977 y en Canadá desde 1978, y también prohibido en Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Argentina — pero sin ninguna restricción en Uruguay, pese a ser uno de los hormiguicidas más comunes para uso doméstico y de jardinería.
Actúa sobre el sistema nervioso, con capacidad de generar hiperexcitación cerebral y convulsiones. Es fetotóxico y teratogénico, disruptor del sistema endócrino, supresor del sistema inmunológico, y catalogado como posible carcinógeno. Su vida media en sedimentos supera los diez años — es uno de los insecticidas más persistentes que existen.
Clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en la categoría toxicológica más alta, se usa en Uruguay en horticultura protegida (Salto y Bella Unión) y en cultivos de tabaco (Artigas), sin exigir en la práctica la certificación de aplicadores que sí requiere la normativa estadounidense.
El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Facultad de Medicina registra unas 1.400 consultas anuales por exposición a plaguicidas en Uruguay, con un estimado de 400 niños afectados cada año — la mayoría por productos de alta toxicidad guardados fuera de su envase original, fraccionados en botellas de refrescos o frascos de medicamentos sin rotular, al alcance de cualquiera en la casa.
Ya en 1992 empezaron a publicarse en Uruguay trabajos que alertaban sobre el problema, con detección de agrotóxicos clorados en bebés recién nacidos y en leche materna de mujeres que ni siquiera trabajaban en agricultura — contaminadas, según se supone, a través de los alimentos. Más de treinta años después, el país sigue promocionándose internacionalmente bajo el eslogan «Uruguay Natural», mientras las importaciones de fitosanitarios no dejaron de crecer.
La alternativa que ya existe, y que se abandonó
Frente al bromuro de metilo, Uruguay desarrolló desde 1996 una alternativa real: la biofumigación, que usa sustancias volátiles generadas por la descomposición biológica de materia orgánica para controlar patógenos del suelo, sin los efectos negativos sobre salud y ambiente que sí tiene el producto químico. Un proyecto conjunto entre el INIA, el entonces Ministerio de Vivienda y Ambiente, y la agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial demostró resultados iguales o mejores que el bromuro de metilo. Pese a eso, las importaciones del químico siguieron creciendo en vez de bajar: de poco más de 10 toneladas en 1997, a 64,5 toneladas en 2001.
Las empresas y el modelo que las sostiene
Entre las compañías que comercializan agrotóxicos en la región se cuentan Bayer-Monsanto, Syngenta, Atanor, Nufarm, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow, entre otras. El propio informe argentino describe el modelo de agronegocio como una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde la década de 1990 hasta hoy, ocupando en Argentina unos 37 millones de hectáreas fumigadas — sin que exista, hasta ahora, un registro oficial de cuántos químicos se usan realmente sobre esa superficie.
El patrón que atraviesa los tres estudios —Argentina, Uruguay, la comparación con Europa— es siempre el mismo: la evidencia científica existe, está publicada, tiene autores identificables y metodología revisada, pero el aparato estatal no la convierte en política pública. Cuando no hay datos oficiales de cuánto veneno se usa, ni estudios epidemiológicos sistemáticos de sus efectos, la lógica se vuelve circular y conveniente para quien no quiere actuar: si no hay estadística, no hay problema demostrado; si no hay problema demostrado, no hace falta cambiar nada. Mientras tanto, en pueblos con nombre y apellido, con estudios de una década de datos duros detrás, las mujeres siguen perdiendo embarazos al doble de la tasa que perdían hace diez años.
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