Átomos para la paz: los números que nadie dice

Ciencia y Tecnología

Átomos para la paz: los números que nadie dice

La energía nuclear mata 0,03 personas por teravatio-hora generado. El carbón, 24,6. Esa relación de ochocientos a uno casi nunca aparece en el debate público, dominado por dos accidentes ocurridos hace cuarenta y quince años. Esta es la historia del átomo civil contada con cifras: lo que hace bien, lo que todavía no resuelve, y por qué un país que prohibió la energía nuclear la usa igual todos los días.

La historia de la energía nuclear es un duelo persistente entre la potencia creativa del átomo y su potencial destructivo. Ese dualismo marcó desde el principio la mirada social, científica y política hacia el sector, y sigue marcándola: cuando alguien dice «nuclear», la mayoría piensa primero en una bomba o en un accidente, y recién después —si llega— en una tomografía.

El origen del uso civil está en un discurso. En 1953, al calor del miedo a la aniquilación atómica tras Hiroshima y Nagasaki, Dwight Eisenhower pronunció ante Naciones Unidas el que se conoce como «Átomos para la Paz», buscando orientar la agenda mundial hacia el aprovechamiento científico y humanitario de la fisión. De ahí salió el Organismo Internacional de Energía Atómica y toda una arquitectura legal e institucional donde los Estados asumen el desafío de expandir beneficios y reducir riesgos.

Setenta años después, el balance es mucho más interesante que el debate que lo rodea. Y la forma más honesta de contarlo es con números.

Los datosCuánta gente mata cada forma de generar electricidad

Existe una métrica estandarizada para comparar: muertes por teravatio-hora de electricidad producida, contando accidentes y contaminación del aire a lo largo de toda la cadena. Estos son los valores que recoge Our World in Data:

Fuente: Our World in Data. Incluye accidentes y contaminación atmosférica a lo largo de toda la cadena de producción.

La nuclear está en el mismo escalón que la eólica y la solar, y a ochocientas veces de distancia del carbón. Lo mismo ocurre con las emisiones: 3 toneladas de CO₂ equivalente por gigavatio-hora, frente a 820 del carbón y 490 del gas natural. En el podio de las bajas emisiones comparte lugar con la eólica y la solar, por debajo incluso de la hidroeléctrica.

El motivo de fondo es la densidad energética. Un kilo de uranio produce una cantidad de energía que requeriría cientos de kilos de carbón, sin emisión continua de dióxido de carbono. Por eso más de treinta países explotan reactores para abastecer sus redes eléctricas, con Francia como caso extremo: alrededor de dos tercios de su matriz eléctrica es nuclear.

Los accidentesQué pasó realmente en Chernóbil y Fukushima

Si los números son esos, la pregunta obvia es por qué la percepción pública es tan distinta. La respuesta son dos nombres. Y vale examinarlos, porque sostienen la tesis central de este artículo: lo que convierte un incidente en catástrofe casi nunca es la tecnología, sino la gestión.

Chernóbil, 1986

Fue un desastre genuino, y combinó dos factores. Primero, un diseño de reactor con un defecto grave y sin estructura de contención, operado durante una prueba fuera de parámetros. Segundo, y determinante para la magnitud del daño: la negación institucional. Las autoridades soviéticas tardaron días en reconocer lo ocurrido, no evacuaron a tiempo, no advirtieron a la población sobre los alimentos contaminados y ocultaron información a los países vecinos, que se enteraron porque sus propios detectores empezaron a sonar.

Esa segunda parte no es un detalle técnico. Es la diferencia entre un accidente grave y una catástrofe regional.

Fukushima, 2011

Acá los números sorprenden a casi todo el mundo, y son los que explican por qué el debate está distorsionado. El número de muertes atribuidas directamente a la radiación es uno: el gobierno japonés reconoció en 2018 el cáncer de pulmón de un trabajador como causado por la exposición. La Organización Mundial de la Salud no registró muertes ni enfermedades graves por radiación entre trabajadores o población.

En cambio, se estiman alrededor de 2.000 muertes prematuras atribuidas a la evacuación, concentradas en los primeros tres meses y principalmente entre personas mayores, vinculadas a la ansiedad, el estrés y al traslado de pacientes hospitalizados en estado crítico. El daño psicológico y social de la evacuación es, según la evidencia disponible, el efecto sanitario más grave del accidente.

Savannah River, 2026

El contraste reciente lo ofrece un episodio de esta misma semana. El 28 de octubre, a las 17:39 hora local, se declaró una emergencia en el Laboratorio Nacional de Savannah River, dentro del complejo nuclear federal que el Departamento de Energía estadounidense opera cerca de Aiken, en Carolina del Sur. No es una central eléctrica: es un sitio de investigación y de legado del programa nuclear.

La clasificación utilizada fue «Site Area Emergency», que no es una categoría menor. Se cerraron los accesos viales, se restringió el tránsito ferroviario, fluvial y aéreo en la zona, y el personal no afectado a la respuesta quedó resguardado en el lugar. La emergencia se dio por terminada a las 21:45, unas cuatro horas después. Hubo un trabajador herido y el sitio informó que no se reportó contaminación fuera de la instalación afectada.

Un incendio en una instalación nuclear que termina en cuatro horas, con el daño contenido dentro del perímetro, no es una noticia sobre suerte. Es el protocolo funcionando, con los costos que tiene cualquier protocolo: un trabajador lastimado y una región con el tránsito interrumpido media tarde.

Los otros usosLo nuclear que está en tu hospital

El debate público se concentra casi exclusivamente en la generación eléctrica, que es la aplicación más visible pero no la más extendida. Hay tres campos donde lo nuclear transformó la vida cotidiana y casi nadie lo discute.

Medicina

La medicina nuclear abrió horizontes en el tratamiento del cáncer y en enfermedades metabólicas y neurológicas. Las técnicas de diagnóstico por imágenes —la tomografía por emisión de positrones (PET), la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la gammagrafía— usan trazadores radiactivos para mapear funciones orgánicas en tiempo real y con notable especificidad. En oncología, la radioterapia y la braquiterapia emplean isótopos para irradiar tejido tumoral con márgenes terapéuticos cada vez más ajustados. Los radioisótopos son además esenciales para esterilizar equipamiento médico y para la investigación farmacológica.

Agroalimentación

La irradiación de alimentos elimina microorganismos patógenos, extiende la vida útil y facilita la exportación segura. Y la mejora genética por mutagénesis inducida por radiación permitió desarrollar variedades de semillas con características agronómicas superiores, algo relevante en tiempos de cambio climático y presión sobre los recursos productivos.

Industria

La radiografía industrial es insustituible para detectar de forma no invasiva grietas en soldaduras, fallas estructurales y corrosión. Es decir: la seguridad de oleoductos, aeronaves y plantas industriales depende en parte de tecnología nuclear.

El caso UruguayProhibida por ley, usada todos los días

Uruguay es un ejemplo perfecto de la distancia entre el debate y la práctica.

El país tuvo un reactor. Tras una exposición de «Átomos para la Paz» realizada en 1964, Uruguay compró un pequeño reactor de investigación —las fuentes difieren entre 10 y 100 kilovatios— que se instaló en el Centro de Investigaciones Nucleares de Malvín Norte, en Montevideo, con combustible arrendado por Estados Unidos desde 1965. Funcionó dos décadas, hasta que se apagó en 1985 por problemas de corrosión. El uranio se devolvió a Estados Unidos en 1998 y la instalación se desmanteló.

El capítulo decisivo vino después. En 1988, durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay firmó un acuerdo de cooperación con Canadá que contemplaba una central nuclear en Paso de los Toros. El acuerdo no se difundió hasta la Cumbre de la Tierra de 1992, y cuando se conoció, bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, se desató una oposición considerable.

El detalle que distingue este episodio: esas protestas fueron conducidas por ciudadanos, sin participación de los partidos políticos. El Parlamento no ratificó el acuerdo. En agosto de 1992 se creó un grupo de trabajo para estudiar el tema, que naufragó frente a la oposición pública.

Cinco años después llegó la prohibición. La Ley 16.832 de 1997, en su artículo 27, prohíbe el uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional, y también impide contratar suministro eléctrico con generadores nucleares o con centrales extranjeras que contaminen territorio uruguayo.

Por eso la paradoja: en el país donde lo nuclear está prohibido por ley, un paciente con cáncer recibe radioterapia, un hospital esteriliza equipamiento con radioisótopos y una empresa controla soldaduras con radiografía industrial. Todos los días, con total normalidad.

El debate reabrió un par de veces sin llegar a nada. En 2004 el senador Sergio Abreu presentó un proyecto para derogar la prohibición y poder al menos estudiar la viabilidad; no prosperó. Entre 2007 y 2011, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, funcionó un Tribunal Ciudadano que en 2010 se pronunció en contra de iniciar un programa nuclear hacia 2030, aunque dejó abierta la puerta si los avances tecnológicos reducían los riesgos. Una estimación de 2008 calculaba el costo en unos 3.500 millones de euros y entre diez y quince años de construcción. Después de Fukushima, el crecimiento de las renovables terminó de correr el tema del centro de la agenda.

Lo no resueltoLos residuos y el dinero

Nada de lo anterior convierte a la energía nuclear en una solución sin costos. Hay dos objeciones serias que siguen en pie.

La primera es económica, y es la más fuerte: construir una central cuesta una fortuna, los plazos se estiran habitualmente más allá de lo previsto, y el desmantelamiento al final de la vida útil vuelve a costar una fortuna. En un mundo donde la solar y la eólica bajaron de precio de manera brutal, ese es el argumento que más pesa, bastante más que el riesgo de accidente.

La segunda son los residuos de alta actividad, que permanecen peligrosos durante decenas de miles de años. Recién después de unos 100.000 años su radiactividad vuelve a ser comparable a la del mineral de uranio del que salió el combustible. Durante décadas la crítica fue que ningún país había resuelto dónde ponerlos de manera definitiva, y era cierta.

Hacia adelante, tres líneas podrían alterar el debate: los pequeños reactores modulares (SMR), que prometen abaratar y estandarizar la construcción; los reactores de cuarta generación, con capacidad de reaprovechar residuos y seguridad pasiva mejorada; y la fusión nuclear, donde el proyecto internacional ITER avanza con plazos largos y resultados todavía inciertos.

El caso argentino, para medir la distancia

A la vuelta de la esquina hay un país con tres reactores de potencia operando. Atucha I se conectó a la red en marzo de 1974 y es el primer reactor comercial de América Latina; está siendo refaccionado para extender su vida útil, con reingreso previsto para la segunda mitad de 2027. Embalse, un CANDU 6, se conectó en abril de 1983 y volvió a servicio tras su refacción en 2019. Atucha II se conectó en junio de 2014. En conjunto aportaron alrededor del 7% de la electricidad argentina en 2024.

Argentina además diseñó su propio reactor modular, el CAREM25, en construcción en el predio de Atucha, aunque las obras quedaron detenidas en septiembre de 2024 por recortes presupuestarios. Y tiene una empresa, INVAP, que diseñó y construyó reactores de investigación para Egipto, Argelia, Perú y Australia. Es decir: capacidad nuclear de exportación en el Cono Sur.

El puntoLa gestión, no la tecnología

Todo lo anterior converge en una sola idea, y es la que conviene retener.

Los accidentes nucleares graves han sido muy pocos en relación con el tiempo transcurrido y la producción total del sector. Lo que decide si un evento se transforma en desastre es la calidad de la gestión, los controles y la cultura de seguridad. Chernóbil fue catastrófico por un diseño deficiente más un ocultamiento deliberado. Fukushima fue grave, pero su peor saldo sanitario vino de cómo se manejó la evacuación. Savannah River terminó en cuatro horas porque había un protocolo y se aplicó.

Eso también vale para las decisiones políticas. Una prohibición absoluta escrita en 1997, cuando los reactores modulares no existían, cuando ningún país tenía un depósito geológico licenciado y cuando el cambio climático todavía no era la urgencia que es hoy, puede seguir siendo la decisión correcta para Uruguay. Pero debería poder discutirse con los datos de 2026 y no con los miedos de hace treinta años.

Porque la prohibición no eliminó lo nuclear del país. Lo nuclear sigue acá, en los hospitales, en los controles industriales, en la trazabilidad de los alimentos. Lo que se prohibió fue una sola de sus aplicaciones. Vale la pena saberlo antes de opinar.