30-31 de julio de 2026 — Ceuta, España
Ceuta: el informe revela una operación de guerra híbrida
Agentes marroquíes guiando a nado a los migrantes. Oleadas organizadas por edad y sexo. Un método replicado de Harvard para viralizar la convocatoria. Y ocho mil personas que, un mes después, siguen sin destino legal posible.
- Lo que pasó los días 30 y 31 de julio
- Un mes después: 8.000 personas atrapadas en el limbo
- El marco legal, construido a medida de Ceuta y Melilla
- No todos los migrantes son iguales ante la ley
- Un sistema que no logra expulsar ni al 10%
- El convenio con Marruecos que casi nunca funciona
- La estrategia marroquí: territorio, migración y economía
- El informe CENIF: por qué esto no fue un fenómeno espontáneo
El 30 y 31 de julio de 2026, cerca de 80.000 personas cruzaron en pocas horas la frontera entre Marruecos y Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África. Fue, por su escala y su velocidad, uno de los mayores episodios migratorios masivos jamás registrados en una frontera europea —y, según concluyó después un informe de la propia Policía Nacional española, no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación planificada—.
Un mes después: 8.000 personas atrapadas en el limbo
Más de un mes después de la crisis, alrededor de 8.000 migrantes siguen hoy en Ceuta. Entre ellos, unos 1.900 son menores de edad no acompañados. La Comisión Europea presiona para retornarlos «rápidamente», pese a que el derecho comunitario e internacional les reconoce protección especial —pero las devoluciones no dependen solo de España, y su trámite está lejos de ser sencillo—.
El marco legal, construido a medida de Ceuta y Melilla
España lleva años intentando legalizar y justificar devoluciones «rápidas» sin lograr conciliar la protección de los derechos humanos con una disuasión eficaz en la frontera. La vía más rápida —el rechazo en frontera, conocido como «devolución en caliente»— permite rechazar a quien sea detectado intentando superar los elementos de contención en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla.
Lo que la norma exige, y lo que en la práctica no siempre ocurre
La norma exige respetar el derecho internacional de protección humanitaria —el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951, que prohíbe expulsar a alguien hacia un territorio donde su vida o libertad corran peligro— y permitir pedir asilo en el propio puesto fronterizo. Amnistía Internacional denunció la imposibilidad práctica de acceder al asilo en Ceuta y Melilla, donde con suerte los migrantes reciben un código QR en español para tramitar su solicitud en una web que rara vez funciona.
Cuando alguien ya cruzó de forma irregular, la ley prevé tres vías generales —denegación de entrada, expulsión, o devolución por reincidencia—, todas con garantías como expediente individual y protección judicial. Pero en 2015 se introdujo una cuarta figura, exclusiva para Ceuta y Melilla: el rechazo en frontera, que permite expulsar de forma automática a quien intenta superar vallas u otros elementos de contención.
En la crisis de este verano, la ONG Caminando Fronteras denunció que varios migrantes sudaneses estuvieron a punto de ser conducidos directamente a la frontera, sin ningún procedimiento de por medio. El procedimiento formal, cuando se aplica, tiene plazo: si la expulsión no se materializa en 72 horas, la Policía puede pedir al juez el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por hasta 60 días —vencido ese plazo sin resolución, la persona debe quedar en libertad—.
No todos los migrantes son iguales ante la ley
Cómo se ramifica el procedimiento según el perfil:
— Menores no acompañados y personas vulnerables (embarazadas, víctimas de trata) tienen protección reforzada que impide la devolución sumaria.
— Los marroquíes pueden ser devueltos de inmediato por acuerdo entre Madrid y Rabat.
— Quienes provienen del Sáhara Occidental ocupado no pueden ser retornados automáticamente, por ser apátridas.
— Existe un tercer grupo, el más complejo: migrantes que ningún país reclama como propios.
Para ese tercer grupo, un convenio de 1992 entre España y Marruecos permite devolver a quien pasó por territorio marroquí antes de llegar a Ceuta o Melilla —pero Marruecos tiene que confirmarlo, y casi nunca lo hace—. Si además no hay acuerdo de devolución con el país de origen, no queda ninguna vía legal para devolver a esa persona a ningún lado. El Estado recurre entonces a la «contingencia migratoria», repartiendo migrantes entre comunidades autónomas: en agosto de 2026, en plena crisis, Canarias trasladó entre ocho y nueve menores por semana a la Península.
El caso de los menores marroquíes: 14 años sin una sola devolución
Con los menores, el problema se agrava: la ley exige reagruparlos con su familia, algo que depende de la colaboración de su país de origen. Entre 2015 y 2024, solo 41 niños fueron reagrupados con su familia en el país de origen, y ninguno era de Marruecos. España lleva 14 años sin devolver a ningún menor marroquí, pese a que casi 14.600 niños de ese país entraron a España entre 2014 y 2024.
Para quienes piden asilo, la UE creó en 2025 la categoría de «país de origen seguro»: si el país figura en esa lista, el caso se tramita con un procedimiento acelerado que presume que ese origen no genera riesgo, dejando menos tiempo para reunir pruebas en contrario. Marruecos está en esa lista, junto a Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India y Túnez —pese a que ahí caben personas LGBT perseguidas, niñas obligadas a casarse, víctimas de trata, o migrantes subsaharianos que sufren discriminación dentro del propio Marruecos—.
Un sistema que no logra expulsar ni al 10%
Según Eurostat, entre 2022 y 2025 España ordenó la salida de 226.850 migrantes, pero solo expulsó a 21.140 —apenas un 9,3%—. El sistema depende de piezas que España no controla del todo: la identidad (muchos migrantes llegan sin documentación), la colaboración del país de origen (Madrid solo tiene acuerdos de devolución con trece países africanos, todos firmados en los 2000), y la capacidad administrativa de localizar a la persona una vez vencido el plazo voluntario de salida. A esto se suma un obstáculo judicial: desde una sentencia del TJUE de 2020, España no puede expulsar a un extranjero solo por estar en situación irregular —debe aplicar la Ley de Extranjería, que reserva la expulsión para casos con «circunstancias agravantes»—.
El convenio con Marruecos que casi nunca funciona
El mecanismo de terceros países exige que España presente la solicitud en diez días y pruebe la procedencia de la persona, pero depende de que Marruecos expida documentos de admisión individuales para cada caso. Si Marruecos retrasa la respuesta o directamente la niega, la devolución no puede ejecutarse, y la persona tampoco puede ser regularizada.
Lo distinto de esta crisis: retornos «voluntarios», no formales
La crisis de Ceuta de este verano fue diferente: el Gobierno enmarcó la mayoría de los retornos como «voluntarios», no como devoluciones formales bajo el convenio. En apenas 72 horas regresaron unas 63.000 personas —más del 90%—, según fuentes oficiales. Sigue sin estar claro si el convenio formal se aplicará para quienes aún permanecen en Ceuta, y bajo qué términos.
Depender de Marruecos no funciona ni para proteger los derechos de los migrantes —miles de menores sin acceso a un retorno efectivo con sus familias, migrantes en un limbo jurídico permanente— ni para el propio sistema migratorio español: con apenas 9,3% de las órdenes de expulsión ejecutadas, a España solo le queda redistribuir a quienes no puede devolver, sin resolver nunca el problema de fondo.
La estrategia marroquí: territorio, migración y economía
Para entender por qué España queda una y otra vez atrapada en esta dependencia, hay que mirar la estrategia de influencia que Marruecos construyó durante años. Según el periodista especializado Ignacio Cembrero, Rabat sostiene su capacidad de presión sobre tres pilares.
El territorial: la doctrina del «Gran Marruecos», que mantiene presión constante sobre el Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla y las disputas marítimas —una proyección de poder que busca consolidar a Marruecos como potencia regional—.
El migratorio: lo que Cembrero llama «la estrategia de la pataleta» —Rabat controla los flujos migratorios hacia España como una válvula de presión, abriendo o cerrando el grifo según sus intereses políticos del momento—.
El económico: Marruecos diversificó sus alianzas con China y Estados Unidos, reduciendo su dependencia de Europa y aumentando, paradójicamente, su capacidad de presión sobre sus antiguos socios europeos.
Esa influencia se extiende, según Cembrero, a través de una red de lobby que incluye medios de comunicación y bufetes de abogados, coordinada por los servicios de inteligencia marroquíes —con figuras como Abdellatif Hammouchi y Yassine Mansouri desarrollando capacidades de guerra híbrida que combinan espionaje, propaganda y corrupción, como se evidenció en el escándalo del Qatargate—. Esa maquinaria logró incluso que exlíderes españoles como Felipe González, Zapatero o Trinidad Jiménez participaran en foros pro-marroquíes, contribuyendo a desplazar gradualmente consensos políticos que antes parecían inamovibles —como la aceptación española del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental—.
El informe CENIF: por qué esto no fue un fenómeno espontáneo
El documento más importante de todo este episodio es el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, remitido al Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. Sus conclusiones son categóricas: lo ocurrido el 30 y 31 de julio no fue un fenómeno migratorio fortuito, sino un proceso estratégico planificado y coordinado, diseñado para provocar el colapso del sistema fronterizo español.
Informe del CENIF sobre la entrada masiva en Ceuta
El informe policial completo, de 55 páginas, remitido a la Audiencia Nacional —con las 32 fotografías que documentan la actuación de agentes marroquíes en la frontera—.
Descargar el informe completo (PDF)La responsabilidad directa de Marruecos, según el informe
El documento aporta imágenes satelitales, análisis de redes sociales y testimonios que, según sus conclusiones, acreditan la complicidad y dirección marroquí en los hechos.
Retirada intencionada de la vigilancia: coincidiendo con la festividad del Día del Trono, imágenes satelitales muestran que Marruecos redujo su presencia en las playas y rotondas de Castillejos (Fnideq) a niveles testimoniales, dejando las vías de acceso completamente despejadas.
Guía activa de agentes uniformados: testimonios de los migrantes interceptados y videos muestran a las fuerzas marroquíes no solo pasivas, sino indicando activamente el trayecto a nado bordeando el Espigón de El Tarajal.
Agentes dinamizadores no uniformados: hombres de entre 30 y 50 años, de aspecto atlético, con walkie-talkies y celulares, dirigiendo las oleadas humanas y hasta impartiendo instrucciones a los propios agentes uniformados marroquíes.
La prueba del contraste: el informe compara el 30 de julio con una convocatoria réplica del 15 de agosto, donde el 92% de los convocados eran subsaharianos. Ahí, Marruecos desplegó control militar y policial absoluto —294 detenidos—, impidiendo cualquier acercamiento a la valla. La asimetría, según el informe, demuestra que Marruecos tiene capacidad total para frenar un flujo cuando así lo decide.
Por qué el informe descarta a las mafias como responsables
El informe desmonta la versión oficialista marroquí, que atribuyó la crisis a «bandas criminales de tráfico de personas», aplicando los 11 criterios de EUROPOL/SOCTA para definir delincuencia organizada.
Los tres argumentos centrales
Sin beneficio económico: una movilización a pie/nado de más de 80.000 personas sin cobro previo rompe el modelo de negocio mafioso, cuya tarifa habitual ronda entre 6.000 y 15.000 euros por persona. Incapacidad logística: la capacidad combinada de todas las redes criminales identificadas en la zona no supera las 200-300 personas por día —entre 2024 y 2026 solo trasladaron a 20.924 personas en total, muy lejos de poder coordinar a 75.000 de forma simultánea—. Aprovechamiento posterior, no organización previa: las mafias actuaron recién después, cobrando entre 3.000 y 7.000 euros a personas de la bolsa residual atrapada en Ceuta para cruzarlas hacia Cádiz y Málaga en embarcaciones recreativas —148 personas detectadas de esta forma—.
Las cifras del episodio
El informe estima entre 65.000 y 75.000 retornos voluntarios, y una bolsa residual de entre 5.000 y 10.000 personas que permanecen en asentamientos, garajes o locales clandestinos en Ceuta. Sobre las víctimas fatales, España recuperó 82 cadáveres en sus aguas por ahogamiento vinculado a la crisis —Marruecos solo reconoció oficialmente 14 fallecidos—. Y el dato quizás más revelador: según el propio informe, solo entre el 5% y el 10% de los ingresados tenía intención real de permanecer en España. La inmensa mayoría fue movilizada como herramienta de saturación, y retornó a Marruecos una vez logrado el impacto mediático e institucional buscado.
Oleadas organizadas por perfil
El informe reconstruye una estrategia de graduación deliberada, con perfiles diferenciados según el momento del día.
1ª oleada (saturación inicial): varones de 15 a 25 años, con alto porcentaje de menores, equipados con neoprenos y flotadores, destinados a forzar la apertura física de los pasos y desgastar la contención policial.
2ª oleada (desactivación de la fuerza coercitiva): familias completas, mujeres y niños pequeños vestidos de calle —su presencia neutralizó cualquier posibilidad de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad españolas, por razones humanitarias evidentes—.
3ª oleada (consolidación): retorno al perfil de jóvenes varones.
El método SPREAD, y la sentencia manipulada
Según el informe, la convocatoria no surgió como un brote espontáneo en redes sociales: siguió el modelo estándar SPREAD, desarrollado en Harvard Business School, pasando de foros abiertos (TikTok, Instagram) a grupos cerrados de WhatsApp con instrucciones de seguridad explícitas —»escribir a mano para no dejar rastro digital»—.
El 90,8% de los números que dinamizaron la convocatoria tenían prefijo marroquí (+212). El informe policial concluye que hubo planificación previa y dirección estratégica y operativa durante todas las fases del proceso, con las fuerzas marroquíes facilitando rutas y traslados. Los investigadores consideran que el nivel de organización excede el alcance de las mafias conocidas en la zona, y lo vinculan a estrategias propias de la llamada «zona gris» —operaciones de presión estatal que se mantienen deliberadamente por debajo del umbral de un conflicto armado formal—.
Un dato que sigue abierto
El informe incorpora 32 fotografías que, según sus conclusiones, muestran a agentes marroquíes —uniformados y de civil— guiando y facilitando el desplazamiento de grupos hacia la frontera. El contenido generó controversia institucional, y el Ministerio del Interior español solicitó aclaraciones e investigaciones adicionales sobre el supuesto rol de esos agentes marroquíes en los hechos. Vale la pena remarcar, además, un dato casi anecdótico pero revelador: según constató el propio informe, bastan apenas 30 minutos para encontrar en redes sociales varias cuentas de mafias que trafican con personas y drogas entre España y Marruecos, operando con total impunidad.
Los 8.000 migrantes que hoy siguen en Ceuta —entre ellos 1.900 menores no acompañados— son, al mismo tiempo, la prueba humana de un sistema migratorio español que no logra resolver ni el 10% de sus propias órdenes de expulsión, y el resultado directo, según el informe CENIF, de una operación de presión estatal diseñada específicamente para explotar esa fragilidad.
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