9 de septiembre de 2026 — Washington
El censo de Trump excluye a millones
No solo a los indocumentados: también a quienes tienen estatus legal pero no green card. Se eliminarían las preguntas de raza, etnia y orientación sexual. Y llega justo cuando el propio país se acerca al menor crecimiento poblacional de su historia.
- La propuesta, en sus propios términos
- Mucho más allá de los indocumentados
- El argumento oficial: «sin vínculo ni lealtad suficientes»
- Lo que también desaparecería: raza, etnia y orientación sexual
- Qué está realmente en juego
- Un intento que ya fracasó una vez
- La oposición legal ya se está organizando
- El telón de fondo que nadie está mirando: un país que envejece
- La inmigración, motor casi único del crecimiento, cae a la mitad
- Lo que la propia reforma podría acelerar por decreto
La administración Trump propuso el miércoles 9 de septiembre de 2026 no contar más a los inmigrantes sin tarjeta de residencia en el censo de 2030, ni preguntar sobre raza y etnia —una reforma que redefiniría, en los hechos, quién cuenta como residente de Estados Unidos a ojos del propio gobierno federal—.
La propuesta, en sus propios términos
La regulación, publicada en línea y firmada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, representa una desviación significativa del proceso estipulado por la Constitución cada diez años. Históricamente, el censo preguntó a los estadounidenses sobre su raza y etnia, y contó a todos los residentes del país —sin importar su estatus migratorio—.
El mecanismo institucional detrás del cambio
Según la Constitución, es el Congreso quien tiene la tarea de llevar adelante el censo —pero delegó esas decisiones en el Departamento de Comercio hace décadas—. Es ese mismo departamento, no el Legislativo, el que está impulsando ahora este cambio de fondo.
Mucho más allá de los indocumentados
En el verano de 2025, Trump ya había escrito en redes sociales: «Las personas que estén en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTABILIZADAS EN EL CENSO». Pero la nueva propuesta va considerablemente más lejos: también excluiría a inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos, pero que todavía no consiguieron la tarjeta de residencia ni la ciudadanía.
El efecto político directo
Como resultado, las zonas con mayor población inmigrante —que suelen votar demócrata— podrían perder representación en el Congreso y financiación federal. Es, en los hechos, un mecanismo que redistribuye poder político sin necesidad de tocar una sola papeleta de votación.
El argumento oficial: «sin vínculo ni lealtad suficientes»
La administración sostiene en la norma propuesta que los inmigrantes indocumentados no son «verdaderos habitantes» de Estados Unidos, por «su falta de un vínculo y lealtad suficientes» con el país. Sobre quienes sí tienen estatus legal pero no green card, la propuesta argumenta que ese estatus es «menos duradero e indefinido en duración» —una construcción legal que, en la práctica, deja a millones de personas con presencia legal en el país fuera del recuento oficial—.
Lo que también desaparecería: raza, etnia y orientación sexual
Más allá de la cuestión migratoria, la reforma eliminaría del cuestionario preguntas sobre raza y etnia —presentes desde el primer censo, en 1790— y también impediría preguntar sobre orientación sexual. La administración justificó el cambio diciendo que reevalúa cómo recopila esos datos, tras «dudas sustanciales sobre el significado, la importancia y el impacto de intentar categorizar a las personas por raza y etnia» —citando además la orden ejecutiva de Trump que depuró al gobierno federal de programas de diversidad, equidad e inclusión—.
Qué está realmente en juego
El censo no es un ejercicio estadístico neutral: determina la asignación de escaños en el Congreso, miles de millones de dólares en fondos federales, y las políticas para abordar desigualdades sistémicas. Eliminar las preguntas de raza y etnia tendría, según especialistas en derechos civiles, «implicaciones importantes» para la recopilación de datos usados en políticas antidiscriminación y protecciones de derechos civiles.
La administración también dijo estar considerando incluir una pregunta directa sobre el estatus migratorio de los participantes —algo que grupos de derechos civiles advierten que disuadirá a inmigrantes, con o sin estatus legal, de completar el formulario por miedo a represalias del gobierno—.
Un intento que ya fracasó una vez
Trump ya había intentado algo similar en su primer mandato, cuando quiso agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020. El esfuerzo fracasó: un tribunal federal rechazó el intento, calificando la justificación del gobierno de «artificiosa», y el Tribunal Supremo declinó intervenir a favor de la administración. Los propios funcionarios de carrera de la Oficina del Censo se opusieron entonces a las presiones políticas sobre su trabajo técnico.
El obstáculo constitucional que persiste
La 14ª Enmienda exige contar «el número total de personas en cada estado» —no solo ciudadanos—. Además, como el cambio afectaría al censo posterior a las elecciones presidenciales de 2028, una nueva administración todavía podría intentar revertirlo antes de que se aplique en 2030.
La oposición legal ya se está organizando
James confirmó que su oficina ya está explorando opciones legales para impugnar los cambios. La propuesta quedará abierta a consulta pública durante 30 días antes de cualquier paso siguiente, y el Departamento de Justicia ya advirtió, el 2 de septiembre, que los estados podrían perder miles de millones de dólares en fondos de asistencia social si no informan sobre todos los inmigrantes que sus agencias identifiquen como residentes ilegales.
El telón de fondo que nadie está mirando: un país que envejece
Esta disputa política ocurre en paralelo a un fenómeno demográfico de fondo, documentado por el Brennan Center for Justice: Estados Unidos se acerca a un verdadero punto de inflexión poblacional, impulsado por el envejecimiento, la caída en la tasa de natalidad, y los cambios en los patrones migratorios.
La diferencia entre nacimientos y muertes se redujo más de dos tercios desde comienzos del siglo. Los baby boomers, que llegaron a ser 79 millones de personas en 1999, ya cayeron a 67 millones en 2024, y se proyecta que bajen a 59 millones para el censo de 2030. En paralelo, la tasa de natalidad cayó casi 20% desde 2007, y hoy la mujer estadounidense promedio en edad fértil tendrá apenas 1,6 hijos en su vida —por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población—.
Un dato que ya se ve estado por estado
17 estados —un tercio del país— ya registraron más muertes que nacimientos en el año finalizado en julio de 2025. En la década de 2010, ese fenómeno solo ocurría en cuatro estados; en los 2000, en apenas uno (West Virginia). A nivel de condados, la proporción con más muertes que nacimientos pasó del 39% en 2010 a más de dos tercios hoy.
La inmigración, motor casi único del crecimiento, cae a la mitad
A medida que el crecimiento por nacimientos se desacelera, la inmigración se volvió el factor determinante del crecimiento poblacional total de EE.UU. Pero esas tasas también se desplomaron durante la segunda administración Trump.
Si se confirma esa proyección, sería la inmigración más baja en más de 60 años, con la única excepción del cierre de fronteras por la pandemia en 2020. El propio Brennan Center recalcula, con este escenario de inmigración neta prácticamente nula, que la tasa de crecimiento poblacional de esta década caería del 6% ya proyectado a un magro 3,7% —la más baja de toda la historia del país—, dejando a Estados Unidos con unos 7 millones de habitantes menos de los que se esperaban para 2030.
El impacto estado por estado
Cinco estados ya redujeron su población entre 2024 y 2025. Sin inmigración, hubieran sido 18 estados —casi toda la región noreste del país—. Casi todo el crecimiento poblacional reciente, además, corresponde a comunidades no blancas: en los datos más recientes, la población blanca disminuyó en términos absolutos en el noreste, el medio oeste y el oeste del país, mientras que negros, latinos y asiáticos impulsaron el único crecimiento neto.
Lo que la propia reforma podría acelerar por decreto
Ahí aparece la tensión de fondo que atraviesa toda esta reforma: en un momento donde el propio crecimiento demográfico de Estados Unidos depende, casi por completo, de la inmigración y de las comunidades no blancas más jóvenes, la administración está impulsando simultáneamente una caída drástica en los niveles de inmigración legal e ilegal, y ahora también una reforma censal que dejaría a gran parte de esa misma población —la que sostiene el crecimiento futuro del país— fuera del recuento oficial que determina representación política y fondos federales. No es solo una discusión sobre metodología estadística: es, en los hechos, una decisión sobre a quién se le reconoce presencia real en el futuro demográfico del país.
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