Hay una tentación fácil al analizar a Donald Trump: tratarlo como una anomalía, un accidente histórico que «le pasó» a Estados Unidos. Es cómodo, pero es falso. Trump no llegó al poder por un golpe ni por un fraude: fue electo en 2016, perdió en 2020, y volvió a ganar en 2024 con más votos que la primera vez. Cualquier análisis serio tiene que partir de ese dato incómodo antes de discutir cualquier otra cosa.
¿Es fascismo? El debate que no se puede resolver con una etiqueta
El historiador Robert O. Paxton, autor de Anatomía del fascismo, evitó durante años llamar fascista a Trump. Cambió de postura después del asalto al Capitolio en 2021, que consideró una línea roja cruzada. El debate académico sigue abierto y vale la pena tomarlo en serio en sus propios términos, sin gritos.
El marco de Roger Griffin: «ultranacionalismo palingenésico»
El politólogo británico Roger Griffin definió el núcleo mínimo del fascismo genérico como la combinación de ultranacionalismo con un mito de palingenesia: la idea de que la nación está corrompida y decadente, y que solo un renacimiento revolucionario —encarnado por un líder providencial— puede devolverle la grandeza perdida.
Bajo ese marco, algunos analistas ven calzar casi literalmente el proyecto MAGA: una nación presentada como decadente, un líder que promete una «nueva edad dorada» (la frase es hoy un eslogan oficial de la Casa Blanca), y una legitimidad que no se apoya en las instituciones sino en el carisma personal.
Lo que distingue esta lectura de un simple insulto político es que hace una distinción cuidadosa: la derecha radical populista europea —Agrupación Nacional en Francia, Alternativa para Alemania, Vox en España, incluso Hermanos de Italia de Giorgia Meloni— acepta las reglas democráticas, aunque las tensione. El politólogo Adam Przeworski define la democracia justamente por eso: es el sistema donde quienes gobiernan pueden perder y ceden el poder pacíficamente. Trump es el primer presidente estadounidense que se negó a aceptar ese principio básico, al no reconocer su derrota de 2020 e incitar el asalto al Capitolio.
La otra mirada, para no simplificar
No todos los politólogos aceptan la etiqueta. Otros prefieren hablar de «populismo autoritario» o «iliberalismo» (términos usados por Yascha Mounk, entre otros), señalando que faltan elementos centrales del fascismo histórico: no hay partido único armado sustituyendo al Estado, no hay economía corporativista totalizante, y siguen existiendo elecciones competitivas y una prensa opositora que —presionada, pero— sigue publicando. El propio análisis que sostiene el paralelo con el fascismo reconoce esta salvedad: Trump no busca un Estado totalitario unipartidista al estilo de Mussolini o Hitler.
El expansionismo no es nuevo: viene de la Doctrina Monroe
El afán territorial sobre Groenlandia y Canadá —incluida la amenaza, poco disimulada, de una intervención militar— no es una invención de esta gestión. Es la versión 2026 de una tradición que empieza con la Doctrina Monroe de 1823, pensada originalmente para frenar la recolonización europea de América, pero reinterpretada por el Corolario Roosevelt de 1904 como derecho de EEUU a intervenir donde considerara necesario en su «esfera de influencia». La intervención militar en Venezuela sigue exactamente esa lógica de esfera de influencia hemisférica — al punto de generar el rechazo de figuras como Marine Le Pen, que la calificó de violación a la soberanía nacional ajena.
El propio destino manifiesto del siglo XIX —la idea de que la expansión territorial estadounidense hacia el oeste era una misión providencial— reapareció, según reportes, en material de reclutamiento del ICE en 2025. No es casualidad: es el mismo repertorio histórico, reciclado.
El macartismo, actualizado
El mecanismo del macartismo de los años 50 era simple: señalar un enemigo interno existencial y usar el aparato del Estado para perseguirlo saltando el debido proceso. El enemigo cambió de nombre —ya no es «el comunista», es el migrante indocumentado, el «marxista cultural», el «Estado profundo»— pero la lógica es idéntica. Las purgas de funcionarios de carrera señalados como desleales son la versión actual de las listas negras; la demonización sistemática de universidades y medios como «infiltrados» tiene el mismo ADN que las audiencias del HUAC contra Hollywood en 1947.
Cuando no alcanza con las instituciones propias: el caso Brasil
Hay un ejemplo concreto, reciente y verificable, de cómo esta lógica se exporta cuando las herramientas institucionales domésticas no alcanzan: la presión arancelaria sobre Brasil por el juicio a Jair Bolsonaro.
Brasil: aranceles como arma contra un Poder Judicial ajeno
En 2025, Washington impuso un arancel del 50% a productos brasileños citando explícitamente como motivo el proceso judicial que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. No fue solo un gesto comercial: Estados Unidos llegó a sancionar económicamente y retirarle la visa a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema brasileña que instruyó la causa — un acto que medios especializados calificaron de «injerencismo inédito» sobre el Poder Judicial de un país soberano.
La Justicia brasileña, de hecho, terminó confirmando la maniobra desde el otro lado: Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, fue condenado el mes pasado a cuatro años de prisión por promover desde Estados Unidos esas mismas sanciones, con el objetivo explícito de frenar el juicio contra su padre.
Ahora, en plena campaña presidencial brasileña de 2026, Trump volvió a subir la apuesta con un nuevo arancel del 25% —y otro del 12,5% en danza— mientras Flávio Bolsonaro, candidato y hermano del condenado, le pide que posponga la medida por temor a que termine beneficiando electoralmente a Lula.
El patrón es exactamente el que describe el mecanismo del «ejecutivo unitario» que Trump abandera puertas adentro —concentrar decisiones evitando los límites del Congreso y los tribunales— trasladado a la política exterior: si no puede intervenir directamente en el Poder Judicial de otro país, usa el arancel como arma de coerción, sin disimular el motivo.
Por qué el apaciguamiento no funciona
Frente a este patrón de presión constante —aranceles, amenazas territoriales, desprecio por instituciones multilaterales que el propio Estados Unidos ayudó a construir después de 1945—, la respuesta europea ha sido mayoritariamente la contemporización: evitar la confrontación directa, buscar acuerdos parciales, no irritar a Washington.
Es exactamente el error que describió Winston Churchill sobre la política de apaciguamiento hacia la Alemania de los años 30: ceder ante un poder expansivo no lo aplaca, lo envalentona. Cada concesión no compra tranquilidad, compra la siguiente exigencia. No hace falta comparar personas para que el mecanismo histórico sea válido: funciona igual con cualquier potencia que perciba que sus avances no tienen costo.
La responsabilidad que nadie quiere asumir
Queda un punto incómodo, y es el que cierra el círculo: nada de esto es obra de un hombre solo. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, documentan que hoy las democracias no suelen morir por golpes militares — mueren por voto, erosionadas desde adentro por líderes que llegan al poder de forma legítima y cuentan, para sostenerse, con la indiferencia o el aval de buena parte de la sociedad.
Trump no cayó de una nave espacial. Ganó dos elecciones, la segunda ampliando su base entre grupos que históricamente no lo votaban. Eso no absuelve ni condena por sí solo: simplemente traslada parte de la pregunta del despacho oval al electorado que lo puso ahí dos veces, y a un sistema de partidos que no logró —o no quiso— ofrecerle una alternativa distinta.
Tres responsabilidades, no una
Es más fácil decir «Trump» y cerrar la conversación en una frase. Pero atribuir todo esto a un solo hombre es tan simplista como decir que cayó del cielo. Hay, en rigor, tres capas de responsabilidad que conviene no mezclar.
Trump individualmente tiene un talento genuino para el escándalo controlado: sabe saturar el ciclo de noticias más rápido de lo que la indignación puede sostenerse. Dice el disparate, estalla el escándalo, y sigue caminando como si nada — un patrón que termina funcionando como vacuna contra el desgaste político normal, la llamada «fatiga del escándalo».
El Partido Republicano carga con una responsabilidad institucional que es difícil de diluir. Tras el asalto al Capitolio de 2021 tuvo la oportunidad de cortar por lo sano con el impeachment, y no lo hizo. Eso no es debilidad pasiva: es la decisión activa de priorizar la base electoral de Trump por sobre cualquier límite institucional.
El electorado que lo votó dos veces merece un análisis más cuidadoso, porque no es un bloque homogéneo. Parte vota a pesar del estilo personal, indiferente a los escándalos; otra parte vota por razones que no tienen nada que ver con eso — hartazgo con la inflación, desconfianza real en instituciones que sienten distantes, abandono económico percibido en zonas industriales golpeadas por décadas. Reducir a decenas de millones de personas a «cómplices del autoritarismo» evita la pregunta más incómoda: qué falló en el sistema —económico, mediático, de representación política— para que ese descontento real solo encontrara salida en esa opción.
Llamarlo o no fascista es, en el fondo, una discusión de manual que cada lector puede resolver con los datos disponibles. Lo que no admite mucho debate es el patrón: instituciones domésticas usadas al límite de su elasticidad legal, un expansionismo que recicla doctrinas de hace dos siglos, una persecución del disidente con nombres nuevos para viejos mecanismos, y una comunidad internacional que, apaciguando en lugar de confrontar, corre el riesgo de aprender la misma lección tarde. Y todo eso, conviene no olvidarlo, con el sello de la urna.
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