Con el escrutinio de más de cinco millones de papeletas cerrado, el desglose localidad por localidad muestra un patrón que contradice la lectura intuitiva: las comunidades más golpeadas por la guerra no le pasaron la factura a Netanyahu. Quienes lo hicieron fueron, sobre todo, los barrios prósperos que la pagaron con impuestos, no con misiles.
Las elecciones del 27 de octubre de 2026 funcionaron, en los hechos, como el primer referéndum real del país sobre el liderazgo de Benjamin Netanyahu tras años de guerra, aislamiento internacional creciente y la crisis interna por la reforma judicial. Pero el resultado desglosado localidad por localidad no confirma el relato más simple —»la guerra le costó el gobierno»— sino uno más complejo, con una fractura geográfica y de clase que atraviesa el propio bloque que votó en contra del primer ministro.
Las comunidades golpeadas por la guerra no lo castigaron
Los patrones de votación previos a la guerra se mantuvieron, en líneas generales, en las comunidades ubicadas a lo largo de las fronteras de Israel con Gaza y Líbano, incluidas varias que sufrieron daños graves durante y después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y en las sucesivas rondas de enfrentamientos con la milicia libanesa Hezbolá.
Kiryat Shmona, cerca de la frontera libanesa, y Sderot, cerca de Gaza —las dos ciudades más grandes de esas zonas— mantuvieron su apoyo tradicional al Likud de Netanyahu. En Kiryat Shmona, cuyos residentes pasaron largos períodos evacuados por los enfrentamientos con Hezbolá, el Likud obtuvo alrededor del 48% de los votos, a pesar de que el alcalde local, también del Likud, mantuvo una larga disputa pública con Netanyahu, quien rara vez visitó la ciudad durante la guerra. En Sderot, donde murieron 53 personas el 7 de octubre de 2023, el Likud se mantuvo como la fuerza más votada con cerca del 39% de los sufragios.
El mismo patrón se repitió en aldeas más pequeñas de la frontera con Líbano —Shlomi, Avivim, Dovev— donde el Likud obtuvo porcentajes particularmente altos, y en Ashkelon y Ofakim, bastiones históricos del partido cerca de Gaza duramente golpeados por el ataque de Hamás: en Ofakim, donde murieron 25 personas, el Likud también se mantuvo como la lista más votada.
El patrón sugiere que, en estas comunidades, la identidad política de base —muchas son bastiones históricos del Likud, de perfil socioeconómico más bajo y con un vínculo de largo plazo con el partido— pesó más que la experiencia directa del daño físico de la guerra. El resentimiento hacia la gestión de Netanyahu, cuando existió, no se tradujo necesariamente en un cambio de voto: la amenaza se sigue percibiendo mayormente como externa (Hamás, Hezbolá), no como una consecuencia atribuible a quien decidió cómo y durante cuánto tiempo responder a ella.
El derrumbe en las ciudades prósperas y laicas
El golpe más severo contra Netanyahu y sus socios no vino de las zonas de guerra, sino de las ciudades y pueblos con mayores ingresos de Israel: comunidades predominantemente judías y laicas, muchas de ellas en el área de Tel Aviv, bastiones de larga data de los partidos de centro-izquierda.
Netanyahu y sus aliados habían obtenido en esas zonas, en las elecciones de 2022, alrededor del 30% de los votos. El martes esa proporción se redujo todavía más. En las siete localidades ubicadas en la cima del ranking socioeconómico que elabora la Oficina Central de Estadística de Israel —basado en métricas como ingreso y nivel educativo—, el apoyo a la coalición gobernante de Netanyahu cayó de forma pronunciada: en seis de esas siete ciudades, la baja superó los 10 puntos porcentuales.
El caso de Givatayim, un suburbio de Tel Aviv, es el más extremo: el apoyo a la coalición de Netanyahu pasó de aproximadamente 30% a 16%, es decir, se redujo casi a la mitad en cuatro años.
El contraste entre ambos patrones —lealtad en las zonas de guerra, fuga en las zonas prósperas— puede leerse como un corte de clase disfrazado de corte geográfico. Las comunidades fronterizas pagaron la guerra con el cuerpo: muertos, evacuaciones, daño físico directo. Las ciudades de altos ingresos la pagaron, sobre todo, con la billetera: la carga impositiva sostenida de un conflicto prolongado, los reservistas con ingresos profesionales interrumpidos, el enfriamiento de la inversión extranjera y el turismo en una economía más integrada al mundo. Donde el costo se vivió como una amenaza externa, el voto no cambió; donde el costo se vivió como una factura de gestión, el castigo electoral fue severo. Es una lectura posible entre varias explicaciones del fenómeno, y no agota otros factores en juego, como el hartazgo con la reforma judicial o el rechazo al perfil de los socios de ultraderecha de Netanyahu en esas comunidades laicas.
La participación árabe se duplicó en algunas ciudades
En cinco de las mayores ciudades de mayoría árabe de Israel, la participación aumentó de forma considerable respecto de las elecciones de 2022. En Umm al-Fahm, la tercera ciudad árabe más grande del país, la participación prácticamente se duplicó: pasó de alrededor del 38% en 2022 a cerca del 76% el martes.
La Lista Conjunta —alianza de tres partidos árabes— dominó la votación en esas ciudades, seguida por la Lista Árabe Unida (Raam), liderada por Mansour Abbas, quien había tomado la decisión inusual de incorporar a un ex alto funcionario policial judío como segundo en la lista de candidatos del partido.
Una participación que se duplica cuando el elector percibe que su voto puede pesar de verdad en el resultado —y no ser meramente testimonial— sugiere que la movilización árabe responde a incentivos concretos, no solo a identidad. Esto es relevante para cualquier escenario de coalición: si los partidos árabes buscan traducir ese salto de participación en avances reales (como el freno a nuevos asentamientos) sin exigir carteras de gobierno que resulten política y socialmente inviables para sus socios potenciales, podrían consolidar ese nuevo nivel de movilización en el tiempo. El riesgo inverso —pedir de más y no conseguir nada— podría desincentivar a ese mismo electorado en una futura elección, si percibe que el voto no cambió nada en la práctica.
Los ultraortodoxos, estables; los asentamientos, al alza
La participación entre los judíos ultraortodoxos, que apoyan abrumadoramente a los partidos religiosos aliados de Netanyahu —Judaísmo Unido de la Torá y Shas— ha sido históricamente alta. En cinco de las mayores ciudades de mayoría ultraortodoxa, la participación del martes estuvo a la par o levemente por encima de la de 2022, en una campaña donde el estatus de la exención del servicio militar para esta comunidad fue uno de los temas centrales del debate público.
Más de 500.000 israelíes judíos viven en asentamientos en Cisjordania ocupada, según cifras oficiales. En los principales asentamientos, la participación del martes superó tanto la de las elecciones anteriores como, en muchos casos, la tasa nacional de participación en su conjunto.
Dentro de esos asentamientos, el partido Sionismo Religioso —liderado por Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de extrema derecha y aliado de Netanyahu— dominó la votación en muchos de los más grandes. El Likud de Netanyahu, aunque se mantuvo como una fuerza relevante, perdió terreno relativo frente a su socio ideológicamente más duro en ese mismo territorio.
Este dato es la contracara geográfica exacta de un fenómeno que ya se observaba en los números nacionales: el bloque de Netanyahu no se corrió en bloque hacia la derecha dura, sino que el centro de gravedad dentro de ese mismo bloque se desplazó del Likud hacia sus socios más duros —Sionismo Religioso, Otzma Yehudit—, justamente en el territorio donde ese perfil ideológico es más intenso y donde el reclamo palestino sobre la expansión de los asentamientos es más sensible.
Por qué los asentamientos no solo votan ideología: también votan presupuesto
La lealtad electoral de los asentamientos no se explica solo por afinidad ideológica con el gobierno. Es también la lealtad de un electorado que recibe beneficios materiales directos y crecientes de la continuidad de esa misma política, mientras otros sectores del país solo absorben su costo.
El Gabinete israelí amplió en los últimos años la lista de «áreas de prioridad nacional» elegibles para subsidios de vivienda y créditos preferenciales, un programa que hoy cubre a más de 600 comunidades, entre ellas decenas de asentamientos en Cisjordania. Según la organización Paz Ahora (Peace Now), el número de asentamientos elegibles para estos subsidios pasó de 85 a 91, casi todos ubicados en zonas que Israel debería evacuar en cualquier escenario de un eventual Estado palestino. Tres de los asentamientos incorporados a ese listado comenzaron como asentamientos no autorizados («outposts») y fueron legalizados de forma retroactiva.
Según el mismo relevamiento de Paz Ahora sobre los fondos de coalición del presupuesto israelí, el Ministerio de Asentamientos recibió 395,5 millones de shékels adicionales en fondos de coalición, a los que se suman 1.273 millones de shékels previstos en el presupuesto regular de 2026 para esa misma cartera. Dentro de las partidas específicamente designadas para Cisjordania —al menos 353,9 millones de shékels— se incluyen: 100,2 millones para la División de Asentamientos; 83 millones en subvenciones de seguridad para autoridades locales en Cisjordania; 53,5 millones para arqueología en territorio cisjordano; 50 millones en componentes de seguridad para los llamados «asentamientos jóvenes» (outposts recientes); 45 millones de asistencia a autoridades locales para asegurar el Área C; 12 millones para proyectos en los túneles del Muro Occidental; 8 millones para transporte escolar en Cisjordania; y 2,2 millones para el mantenimiento de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón.
Alrededor de 560.000 israelíes viven hoy en asentamientos de Cisjordania. Para ese electorado, cada año adicional de gobierno de Netanyahu —sostenido por Smotrich y Ben Gvir dentro de la coalición— no es solo una cuestión de identidad religiosa o nacional: es, en términos concretos, más subsidio habitacional, más seguridad financiada por el Estado, más infraestructura y la legalización retroactiva de asentamientos que antes no tenían estatus oficial. Es una lectura posible entre varias, pero ayuda a explicar por qué, a diferencia de las ciudades laicas prósperas que solo absorbieron el costo fiscal y de reputación internacional de la guerra, los asentamientos respondieron en la urna con más apoyo, no menos.
El mismo patrón en clave ultraortodoxa: no es solo plata, es carga compartida
La estabilidad del voto ultraortodoxo responde a una lógica de incentivos materiales comparable a la de los asentamientos, aunque el debate de fondo que genera en la sociedad israelí no es estrictamente económico sino de justicia tributaria e igualdad ante la ley: la pregunta de si todos los ciudadanos soportan la misma carga —impuestos, servicio militar, exigencias educativas— o si una comunidad numerosa y en rápido crecimiento queda sistemáticamente eximida de ella mientras accede a los mismos beneficios del Estado.
Los ultraortodoxos son hoy cerca de 1,45 millones de personas, un 14,3% de la población israelí, con una tasa de fecundidad de aproximadamente 6,5 hijos por mujer —muy por encima del promedio nacional— y más del 57% de esa comunidad tiene menos de 19 años, lo que anticipa un peso demográfico creciente. El empleo masculino ultraortodoxo se mantiene desde hace una década en un rango de apenas 50-55%, sensiblemente por debajo del de los hombres no ultraortodoxos. La elegibilidad para el bagrut (la certificación de bachillerato que habilita el acceso pleno al mercado laboral y la educación superior) es de apenas 10-16% entre los ultraortodoxos, frente a cerca del 85% en la educación estatal y estatal-religiosa. Un 33% de las familias ultraortodoxas vive bajo la línea de pobreza, frente al 14% de las familias judías no ultraortodoxas —y sin embargo, un 75% de esa misma población es propietaria de su vivienda, en gran medida gracias a subsidios estatales.
Esa combinación —baja inserción laboral, baja escolarización en el currículo básico, alta natalidad y alto acceso a la vivienda subsidiada— no es casual ni accidental: depende de que los partidos religiosos (Judaísmo Unido de la Torá y Shas) sigan siendo socios imprescindibles de cualquier coalición, porque son ellos quienes negocian en cada gobierno el financiamiento estatal de las yeshivot que no enseñan el currículo básico obligatorio, los subsidios habitacionales y las asignaciones familiares ajustadas a familias numerosas, y, sobre todo, la continuidad de la exención del servicio militar para los estudiantes de yeshivá.
La Corte Suprema de Israel falló en junio de 2024 que el Estado debe reclutar a los estudiantes de yeshivá como a cualquier otro ciudadano, al no existir una ley vigente que sostenga la exención, lo que llevó incluso a congelamientos de fondos estatales a yeshivot por incumplimiento de las cuotas de alistamiento. El propio dato de 2024 —unos 3.060 graduados de la educación ultraortodoxa alistados ese año, una cifra similar a la de una década atrás pese al fuerte crecimiento poblacional de la comunidad— muestra que la tasa real de alistamiento, en términos relativos, viene cayendo. Este es uno de los puntos más disputados de la política israelí actual: para una parte de la sociedad —incluidos sectores de derecha no religiosa— se trata llanamente de una cuestión de igualdad ante la ley y de reparto equitativo de las cargas que todo Estado impone a sus ciudadanos (impuestos, servicio militar, currículo educativo mínimo); para el liderazgo religioso ultraortodoxo y sus votantes, el estudio talmúdico a tiempo completo constituye en sí mismo una forma de servicio comunitario y espiritual que no debería equipararse sin más al servicio militar o laboral convencional. Bastión no toma partido en ese debate: lo describe como lo que es, una controversia activa y de fondo en la sociedad israelí, no un hecho resuelto en ningún sentido.
Visto así, la participación ultraortodoxa estable —frente al desplome en las ciudades laicas prósperas que financian buena parte de ese entramado de subsidios con sus impuestos— no es un dato aislado de comportamiento electoral, sino la expresión en las urnas de una misma pregunta de fondo que atraviesa a Israel desde hace décadas y que esta elección no resolvió: quién paga, quién se exime y quién decide dónde está el límite entre ambas cosas.
Lo que el mapa deja planteado
El desglose localidad por localidad no ofrece una historia única sobre «por qué perdió Netanyahu», sino al menos cuatro historias paralelas que conviven en el mismo resultado: una base histórica del Likud en zonas de guerra que no lo abandonó pese al costo humano directo; una clase media-alta laica que sí le pasó la factura, en términos que parecen más económicos y de gestión que de seguridad; un electorado árabe que se movilizó al doble de su nivel anterior cuando sintió que su voto podía incidir; y un ala de ultraderecha —asentamientos y Sionismo Religioso— que no solo no perdió terreno sino que lo ganó, incluso a costa del propio Likud en su territorio más duro.
Los números, leídos uno junto al otro, muestran que el «referéndum sobre Netanyahu» no fue un solo referéndum sino varios, votados por electorados que viven la misma guerra desde lugares económicos y geográficos completamente distintos.
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