Durante décadas, un terremoto fue sinónimo de fuerza mayor: nadie podía preverlo, nadie era responsable. Esa certeza empezó a resquebrajarse hace poco más de diez años en Oklahoma, Estados Unidos, cuando la ciencia demostró algo que hasta entonces sonaba a exageración: la industria del petróleo y el gas puede provocar terremotos. No causarlos de forma metafórica —causarlos de forma literal, medible y, según varios tribunales, demandable.

Sismicidad natural versus sismicidad inducida

Un sismo natural nace del choque lento y constante entre placas tectónicas, un proceso que lleva millones de años y que la humanidad no puede alterar. Un sismo inducido es distinto: lo dispara una actividad humana puntual, casi siempre vinculada a la inyección o extracción de fluidos en el subsuelo —agua residual de perforaciones, fracturación hidráulica, grandes represas—. La roca ya estaba bajo tensión por causas naturales; la actividad humana es el empujón final que la hace romperse antes de lo que hubiera roto sola.

Esa distinción no es un tecnicismo geológico. Es la que abrió, por primera vez, la puerta a que una comunidad afectada pudiera preguntarle a una empresa: ¿este terremoto es culpa suya?

Oklahoma: de estado tranquilo a epicentro sísmico de EE.UU.

Oklahoma no era una zona sísmica relevante. Con el auge del fracking y, sobre todo, con la inyección masiva de agua residual en pozos profundos, la cifra de sismos de magnitud 3 o superior se disparó de forma abrupta —en un solo año llegó a superar el total acumulado de las tres décadas anteriores completas—. La Comisión de Petróleo y Gas de Oklahoma terminó ordenando el cierre o la reducción de volumen de varios pozos de inyección en las zonas más afectadas.

La Corte Suprema de Oklahoma falló por unanimidad que los residentes afectados por daños vinculados a estos sismos tenían derecho a demandar a las petroleras. Se abrió una ola de causas civiles, algunas de comunidades enteras, otras de aseguradoras que después de pagar siniestros fueron directamente contra las operadoras. La nación indígena Pawnee llevó su reclamo a su propio tribunal tribal, como forma explícita de afirmar su soberanía frente a la industria. No todas las causas prosperaron —una demanda federal impulsada por Sierra Club fue desestimada porque el juez consideró que la regulación sísmica correspondía a organismos estatales, no a la justicia federal— pero el principio quedó establecido: la sismicidad inducida puede generar responsabilidad civil.

Vaca Muerta: el mismo fenómeno, diez años después

A ocho mil kilómetros de Oklahoma, en la formación de Vaca Muerta —que se extiende bajo las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa—, se está repitiendo casi punto por punto el mismo patrón. Antes de 2015, la zona no tenía registros sísmicos relevantes. Desde que arrancó la explotación no convencional a gran escala, el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) —un grupo de investigación independiente— documentó 548 sismos vinculados a operaciones de fracturación hidráulica entre 2018 y mediados de 2025, con una tendencia que crece año a año: el primer semestre de 2025 fue el de mayor actividad sísmica inducida registrada hasta ahora en la provincia.

Un dato que agrava el cuadro: las provincias donde se concentra la mayor parte de la formación de Vaca Muerta registran niveles de pobreza superiores al promedio patagónico, y buena parte de su población todavía no tiene acceso a servicios básicos como la red de gas —una paradoja evidente en la región que produce buena parte del gas que consume el resto del país.

La Corte Suprema de Argentina, con el caso sobre la mesa

Este no es un debate cerrado en el pasado: está sucediendo en este momento. En febrero de 2026 se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina un escrito de «amigo del tribunal» —un informe técnico independiente que un experto acerca a la Corte para asistir en una causa en trámite— elaborado por el sismólogo Ryan Schultz, investigador del Servicio Sismológico Suizo de la ETH Zúrich, con experiencia previa en litigios sobre fracturación hidráulica en Norteamérica.

La organización internacional Earthjustice confirmó que está acompañando a organizaciones argentinas en este proceso, buscando que la justicia reconozca los derechos de las comunidades afectadas y que se reduzcan los daños derivados de la actividad hidrocarburífera no convencional. Es, en los hechos, el mismo tipo de argumento científico que diez años antes había habilitado las demandas en Oklahoma —solo que ahora se discute en el máximo tribunal de un país sudamericano, con toda una cuenca productiva de por medio.

¿Quién responde cuando el subsuelo factura la extracción?

Lo que Oklahoma resolvió por la vía judicial —después de años de sismos, demandas y fallos contradictorios— es exactamente lo que Vaca Muerta todavía tiene pendiente: una definición clara sobre responsabilidad civil, sobre si la sismicidad inducida debe incorporarse obligatoriamente a los estudios de impacto ambiental, y sobre qué zonas deberían quedar excluidas de la fractura hidráulica por su fragilidad sísmica conocida. Mientras tanto, la ciencia ya no discute si el fenómeno existe: el propio sector petrolero, con su «semáforo sísmico», opera como si ya lo hubiera aceptado. Lo que falta es que ese reconocimiento técnico se traduzca en una obligación legal clara —y en reparación real para quienes, sin haber firmado ningún contrato con ninguna petrolera, sienten temblar su casa cada cinco días.