En 1962, la administración Kennedy canalizó en secreto millones de dólares hacia candidatos de oposición en Brasil, para inclinar las elecciones legislativas contra el presidente de izquierda João Goulart. Dos años después, un golpe respaldado por Estados Unidos instauró una dictadura que duró dos décadas, con cientos de muertos y desaparecidos —entre ellos, el congresista Rubens Paiva, asesinado por el régimen tras investigar en el Parlamento la propia injerencia de Washington—. Más de sesenta años después, su nieto, Chico Rubens Paiva, hoy activista político, teme estar viendo la misma película, con el mismo guion, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

1962: el manual original de la CIA

La CIA y el Departamento de Estado financiaron entonces el Instituto Brasileño de Acción Democrática, que invirtió ilegalmente en las campañas de cientos de legisladores y ocho candidatos a gobernador. Según las historiadoras Lilia Schwarcz y Heloisa Starling, en su libro Brasil: Una biografía, el objetivo era estratégico: «crear una fuerte oposición en el Congreso, bloquear las iniciativas gubernamentales y preparar el camino para un golpe de Estado». Un segundo grupo, el Research and Social Studies Institute, financiaba propaganda anticomunista y protestas antigubernamentales.

2026: el mismo objetivo, sin disimulo

La votación de octubre enfrenta al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva contra el senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —hoy preso, cumpliendo una condena de 27 años por planear un golpe militar—. Celso Rocha de Barros, politólogo y comentarista, marca la diferencia central con la operación de los años 60.

Las visas revocadas y la embajadora echada

El 3 de agosto, Washington revocó la visa de la embajadora brasileña en Estados Unidos, María Luiza Ribeiro Viotti. Fue la respuesta a un episodio previo: en julio, Lula denunció que a dos funcionarios de Trump se les había negado el ingreso a Brasil porque, según las autoridades brasileñas, planeaban reunirse con Flávio Bolsonaro para sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño —algo que el propio clan Bolsonaro intentó de forma repetida desde 2022—. Estados Unidos no tiene embajador propio en Brasil desde enero de 2025.

Los aranceles como arma electoral

Estados Unidos impuso aranceles del 25% y 12,5% a la mayoría de las importaciones brasileñas, justificados con acusaciones de deforestación y trabajo esclavo que Brasilia rechaza. En mayo, tras la visita de Flávio Bolsonaro a Washington —donde se reunió con Rubio y con el vicepresidente JD Vance—, Estados Unidos designó al Comando Vermelho de Río de Janeiro y al Primer Comando de la Capital de São Paulo como organizaciones terroristas extranjeras. Las autoridades brasileñas sospechan que la medida busca, en parte, hacer quedar a Lula como «blando con el crimen» de cara a la elección.

Lula respondió con reciprocidad arancelaria y activó la Ley de Reciprocidad frente a Estados Unidos, mientras el gobierno brasileño vetó el ingreso de observadores electorales estadounidenses. En una entrevista reciente, fue directo:

Milei entra en la campaña brasileña

El año pasado, Trump ya había sido acusado de intervenir en Argentina, apoyando a Javier Milei antes de las elecciones de mitad de mandato. Milei devolvió el favor: asistió personalmente al lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro y usó su discurso para calificar a Lula de «ladrón».

«Esta elección es entre Lula y Marco Rubio»

Según Barros, el verdadero motor de la presión no es Trump, sino su secretario de Estado —hijo de inmigrantes cubanos, que convirtió el derrocamiento del gobierno comunista cubano en un proyecto personal—.

Barros sostiene que Rubio busca reforzar una futura candidatura presidencial propia en 2028, mostrando a los votantes que «entregó toda América Latina a los intereses estadounidenses».

Lo que está en juego para EE.UU.: Cuba y China

James Green identifica dos objetivos estratégicos detrás de la presión sobre Brasil. Primero, debilitar y deslegitimar al gobierno de Lula, para que a Brasil —la mayor democracia de América Latina— le resulte más difícil desafiar el estrangulamiento económico estadounidense contra Cuba. Segundo, «neutralizar» a las izquierdas latinoamericanas en general e impulsar a más líderes alineados con Trump, en lo que ya se apodó la «ola naranja» regional —una sucesión de populistas de derecha llegando al poder en Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia desde 2023—.

Chico Rubens Paiva —hoy candidato al Congreso por el Partido Socialista brasileño— traza además un paralelo directo con Venezuela: cree que la injerencia busca un efecto similar al secuestro de Nicolás Maduro en enero, que permitió instalar como sucesora dócil a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy abriendo el país a empresas petroleras y mineras estadounidenses.

La respuesta del Departamento de Estado

Consultado por estas acusaciones, un funcionario del Departamento de Estado las rechazó de plano.

Trump, en cambio, no ocultó en público el gusto que le genera intervenir en elecciones ajenas. En la cumbre inaugural «Shield of the Americas», en Florida, dijo sin vueltas:

Una elección técnicamente empatada

Ambos candidatos lanzaron oficialmente sus campañas el 16 de agosto, en escenarios simbólicos de sus respectivas trayectorias: Lula en el estadio de San Bernardo do Campo donde ganó visibilidad como sindicalista, hace casi medio siglo; Flávio en Copacabana, donde su padre reunía a miles de simpatizantes durante su gobierno. Según la encuesta de Quaest del 14 de agosto, Lula le ganaría a Flávio en una eventual segunda vuelta por 43% a 40% —una diferencia dentro del margen de error—.