Argentina, Chile y Bolivia albergan más del 50% de las reservas mundiales de litio, el elemento clave en cualquier batería de ion-litio que alimenta desde un smartphone hasta un vehículo eléctrico. Este dato simple tiene consecuencias geopolíticas extraordinarias: quien controle esas reservas influye directamente sobre la transición energética global y, con ella, sobre los sistemas de defensa, logística y comunicaciones de las grandes potencias.

China llegó primero, con paciencia estratégica y sin condicionantes democráticos. A través de préstamos soberanos, participaciones en empresas mineras y acuerdos de infraestructura —puertos, ferrocarriles, carreteras— Beijing construyó una presencia estructural que es muy difícil de revertir. El modelo es el mismo que aplicó en África: entrar como inversor, quedarse como acreedor, operar como socio indispensable.

Estados Unidos y Europa llegaron tarde y a la carrera. Washington activó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en 2022 con el objetivo de subsidiar cadenas de suministro propias y ofrecer acuerdos bilaterales a los países productores. La UE lanzó su Critical Raw Materials Act. Ambos bloques compiten ahora por firmar memorandos de entendimiento con Buenos Aires, Santiago y La Paz, pero ninguno ofrece lo que China ya instaló: infraestructura concreta en el terreno.

El riesgo para la región no es solo el extractivismo clásico. Es la trampa de la dependencia de un recurso: si los países del triángulo no desarrollan capacidad industrial propia —celdas de batería, manufactura, I+D— seguirán exportando mineral bruto y comprando el valor añadido a otros. La historia del cobre en Chile, o del petróleo en Venezuela, ofrece lecciones durísimas sobre lo que ocurre cuando esa cadena no se construye a tiempo.

El agua potable y el agua para riego ya son factores de inestabilidad política en dos regiones que en apariencia no tienen mucho en común: el Mediterráneo europeo y el Cono Sur latinoamericano. En ambos casos, la combinación de cambio climático, mala gestión hídrica y privatización de acuíferos está produciendo conflictos que van desde la protesta social hasta la tensión diplomática.

España, Italia, Grecia y el norte de África llevan una década encadenando sequías históricas. El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media oceánica global, reduciendo las precipitaciones en sus cuencas y aumentando la evapotranspiración. En paralelo, la privatización de la distribución de agua en varios municipios europeos —un proceso que se aceleró tras los rescates financieros de 2010-2012— ha generado movimientos sociales de gran intensidad. El referéndum italiano de 2011 sobre el agua pública obtuvo más del 95% de apoyo ciudadano, pero los mecanismos de privatización continuaron por vías legales alternativas.

En Argentina, la disputa por el acuífero Guaraní —compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay, uno de los más grandes del mundo— es un asunto de soberanía. Proyectos de exploración y posibles concesiones a empresas extranjeras generan resistencia creciente. En Brasil, la deforestación amazónica afecta directamente a los llamados ríos voladores, corrientes de vapor que producen lluvia en el sur del continente. Destruir el Amazonas no es solo un problema ecológico: es alterar el ciclo hídrico de millones de personas a miles de kilómetros.

Índice de tensión hídrica estructural — elaboración Bastión (escala 0–10)

La transición energética no es gratuita en términos de materiales. Cada aerogenerador requiere toneladas de cobre. Cada batería de vehículo eléctrico usa níquel, cobalto y litio. Cada chip de alta gama, cada misil guiado, cada satélite de comunicaciones lleva elementos de tierras raras: neodimio, disprosio, itrio, entre otros 17 metales cuya producción está concentrada de forma alarmante.

El acuerdo UE-Mercosur, bloqueado durante décadas por diferencias agrícolas y resistencias internas europeas, volvió a la mesa de negociación con un argumento nuevo y urgente: el acceso a los minerales críticos latinoamericanos. No es casualidad. Europa entiende que su dependencia de China en tierras raras es una vulnerabilidad estratégica de primer orden. La guerra en Ucrania lo demostró con el gas: cuando una sola cadena de suministro se interrumpe, las economías enteras tambalean.

África sigue siendo el continente donde la competencia por minerales es más brutal. Los acuerdos entre la UE y países africanos intentan establecer marcos de gobernanza —estándares medioambientales, reparto de beneficios, desarrollo local— que diferencien el modelo europeo del chino. Pero la historia colonial del continente y la desconfianza acumulada hacen que muchos gobiernos africanos prefieran un socio chino sin condiciones a un europeo con lecciones.

La narrativa dominante sugiere que la transición energética debilitará el poder de los estados petrolíferos. La realidad es más compleja. El petróleo sigue siendo la sangre del sistema económico global —especialmente en sectores donde la electrificación aún no es viable: aviación, buques de carga, química industrial, plásticos—. Pero las nuevas disputas ya no son solo por el barril: son por el kilovatio verde.

El hidrógeno verde —producido mediante electrólisis con energía renovable— es el candidato a combustible del futuro para industrias pesadas y transporte marítimo. Los países con mayor capacidad de producción eólica y solar —Australia, Chile, Marruecos, Arabia Saudí, Namibia— están posicionándose como los potenciales exportadores de hidrógeno verde del mañana. Alemania ya firmó acuerdos con Namibia. España lidera proyectos en Marruecos. Cada uno de estos movimientos es, en esencia, geopolítica energética.

La energía solar híbrida —que combina generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías o con hidrógeno— está abriendo una nueva dimensión competitiva: la de los desiertos como activo geopolítico. El Sahara, el Atacama, el Gobi y el Outback australiano ya no son solo tierras improductivas; son potenciales gigafactorías de energía. Quien los controle o tenga acceso preferente a ellos tendrá una ventaja estructural en la economía descarbonizada.

Si existe una región donde la disputa por el agua puede desencadenar guerras convencionales en las próximas décadas, esa es Medio Oriente. La combinación de crecimiento demográfico explosivo, cambio climático acelerado y ríos compartidos entre estados con escasa tradición de cooperación crea un cóctel de inestabilidad única.

El caso etíope-egipcio merece atención especial. El Cairo ha sostenido históricamente —respaldado por acuerdos coloniales— que tiene derechos prioritarios sobre el Nilo. Addis Abeba argumenta, con razón jurídica moderna, que esos acuerdos fueron firmados sin su participación y que un país con más de 120 millones de habitantes tiene derecho a usar su propio río para desarrollarse. No hay solución fácil: hay dos legitimidades en conflicto y un recurso finito.

Turquía ha construido su posición como potencia regional también sobre el agua. El proyecto GAP —22 presas y 19 centrales eléctricas sobre el Éufrates y el Tigris— es, simultáneamente, política de desarrollo interior y palanca de presión sobre sus vecinos. Ankara puede, literalmente, regular el flujo de agua que llega a Siria e Irak. En un escenario de sequía prolongada, esa capacidad equivale a poder de veto sobre la supervivencia agrícola de millones de personas.