Cardama: el fraude
documentado
Cuatro falsedades, once meses de prórrogas ilegales, un pago liberado antes de que existiera el requisito, y una carta diplomática que avaló lo que nunca fue verdad. El caso Cardama no fue negligencia. Fue una operación sistemática.
falsificados
prórrogas ilegales
buques inexistentes
presentadas
El 15 de diciembre de 2023, el entonces ministro de Defensa Javier García Duchini firmó un contrato por 82,27 millones de euros con el astillero español Francisco Cardama S.A. para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. Lo que vino después no fue un fracaso de gestión. Fue una cadena de falsificaciones documentales que hoy tiene expediente abierto en la fiscalía especializada en Delitos Complejos.
El contrato que nunca entró en vigor
El Artículo 11 del contrato era inequívoco: Cardama debía constituir dos garantías a favor del Ministerio de Defensa Nacional dentro de los 45 días siguientes a la firma. Una garantía de reembolso equivalente al 10% del precio de cada buque (4.113.500 euros por buque) y una garantía de fiel cumplimiento por el 5% del total del contrato. El Artículo 36 lo convertía en condición existencial: sin esas garantías, el contrato no entraba en vigor.
El plazo de 45 días vencía el 29 de enero de 2024. Cardama no lo cumplió. Pero lo que ocurrió antes de la firma es aún más revelador.
El 25 de enero de 2024, a cuatro días del vencimiento, Cardama envió un correo solicitando una prórroga de 30 días. La razón: estaba «en gestiones con aseguradoras.» El entonces ministro García autorizó la prórroga el 1 de febrero — cuando el plazo ya había vencido — sin acto administrativo formal. Esa prórroga fue la primera de muchas.
«Había un plazo de 45 días, pero se transformaron en once meses sin actos administrativos por prórroga.» — Jorge Díaz, Prosecretario de Presidencia, febrero de 2026
Once meses. 330 días. Sin una sola garantía válida. Y durante ese período, Uruguay pagó.
Eurocommerce: la garantía que fue calco de sí misma
En septiembre de 2024, cuando el gobierno de Orsi ya había asumido y el expediente ardía, Cardama presentó finalmente la garantía de fiel cumplimiento. El documento llevaba el membrete de Eurocommerce Bank, con sede declarada en Unit 8079, Ground Floor, 30 Bloomsbury Street, Londres. El problema: Eurocommerce era una empresa fantasma, ya dada de baja del registro comercial británico por incumplimientos.
Pero había algo más. Al comparar ese documento con otro emitido previamente por la misma supuesta entidad, la falsificación se volvía visible a simple vista.
La falsificación no es sofisticada. Es un calco directo: el mismo número de referencia (241022ECB/1), el mismo firmante (Alex Walsh, Operation Manager of Trade Finance Department), el mismo sello, el mismo texto cuerpo — palabra por palabra. Solo cambiaron cuatro palabras, usando un editor de imagen. La diferencia de tinta en el área modificada es perceptible sin instrumental técnico. Con una transparencia encima del original, la superposición es perfecta en todo salvo en el texto alterado.
El mismo número de referencia (241022ECB/1) aparece en el documento original, en el falsificado, y en la posterior «nueva garantía» — lo que demuestra que todos los documentos derivan del mismo original auténtico, usado como plantilla para las sucesivas falsificaciones.
La garantía «renovada» que nació el día del anuncio
Cuando el escándalo estalló públicamente, Cardama anunció que había renovado la garantía. La palabra «renovar» implica que algo existía antes y fue extendido. Pero el documento que acompañó ese anuncio decía otra cosa.
El encabezado del documento es explícito: «Object: Opening of a NEW Bank Guarantee.» No es una renovación. Es una apertura nueva. Cardama llamó «renovación» a algo que ellos mismos titularon como nuevo. Y la fecha de emisión del documento coincide con la conferencia de prensa en que se anunció.
La Policía Científica, a solicitud del Ministerio del Interior, peritó ese documento y concluyó que era falso. Ese peritaje fue incorporado como segunda ampliación de la denuncia penal presentada por el gobierno uruguayo a fines de diciembre de 2025.
La Cuaderna Maestra: firmada antes de llegar
El segundo hito de pago del contrato — 10% del precio del primer buque, 4.113.500 euros — estaba condicionado a la aprobación definitiva del Plano de Cuaderna Maestra por Lloyd’s Register. La Cuaderna Maestra es el plano estructural fundamental del casco: sin aprobación definitiva, no hay buque verificable.
El 27 de febrero de 2025, a dos días del cambio de mando, el gobierno saliente autorizó ese pago. La razón declarada: Cardama había cumplido el hito.
Lo que no se dijo fue que el almirante Jorge Wilson había firmado la conformidad el día anterior a que el plano llegara al Ministerio. La firma se realizó sin consultar a los organismos técnicos de la Armada, sin los decenas de planos complementarios necesarios para una evaluación válida.
Y había algo más: el sello de Lloyd’s Register en el plano presentado no decía «Aprobado.» Decía, en color rojo, «Aprobación Preliminar.» Una aprobación preliminar no habilita el pago. El estudio contratado por el gobierno señaló que el documento parecía destinado a facilitarle el cobro al constructor ante el Deutsche Bank, no a certificar un hito técnico real.
27 de febrero, 2025 — El plano llega al Ministerio. Posterior a la firma.
27 de febrero, 2025, al mediodía — Se imparte la orden de pago.
1 de marzo, 2025 — Cambio de mando. Asume el gobierno de Orsi.
20 de marzo, 2025 — La ministra Lazo es informada de que el pago ya fue ejecutado.
Wilson fue sancionado con 30 días de arresto a rigor. Otros tres jerarcas recibieron sanciones menores. Pero el dinero ya había salido.
La Embajada de España avaló lo que el catálogo desmiente
El 13 de junio de 2023, seis meses antes de que se firmara el contrato, el embajador de España en Montevideo, Santiago Jiménez Martín, envió una carta al subsecretario de Defensa Nacional, coronel (R) Rivera Elgue. La carta respondía una consulta uruguaya del 5 de junio sobre Cardama.
La carta afirmaba que Cardama era «un astillero español civil fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior.»
Esa afirmación es falsa. Francisco Cardama S.A. no figura en el Catálogo de la Industria Española de Defensa. Cualquier funcionario uruguayo con acceso a internet podría haber verificado ese dato en minutos. La afirmación del Embajador no tenía sustento documental — y en cualquier caso, certificar la capacidad técnica militar de una empresa privada no es función de una embajada.
Esta carta fue utilizada durante el proceso de selección para legitimar una adjudicación directa que ya estaba decidida. Cardama no ganó un concurso: llegó antes de que existiera el concurso.
El notario que desmintió haber firmado
Entre la documentación presentada por Cardama durante el proceso figuraba una certificación notarial española, supuestamente firmada por el notario valenciano Luis Calabuig de Leyva, de la notaría ubicada en Moratín 17, Valencia.
El notario desmintió categóricamente haber firmado ese documento. Su firma no estaba en ningún expediente relacionado con Cardama o con el contrato uruguayo.
Se trata, según el análisis publicado, de dos actos ilegales simultáneos: la presentación de una garantía bancaria emitida por una empresa fantasma en disolución, y la presentación de una certificación notarial con firma falsificada.
Un muerto en Vigo y tres responsables ante la justicia penal española
Mientras Uruguay negociaba garantías falsas y pagaba hitos sin requisitos, en Vigo el astillero Cardama enfrentaba otro expediente judicial. El 24 de noviembre de 2022, un trabajador de 32 años murió en las instalaciones del astillero al caerle encima una pieza de siete toneladas que estaba siendo transportada al interior de la planta. El operario era empleado de una empresa subcontratada. Llevaba diez días en el puesto.
El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo en marzo de 2026 — mientras la comisión parlamentaria uruguaya investigaba el contrato de los buques. En el banquillo: el jefe de buque, el jefe de equipo, el responsable de Seguridad y Salud, y el jefe de producción del astillero. La Fiscalía solicitó hasta tres años de prisión por delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente. La acusación particular reclamó indemnizaciones superiores a 606.000 euros para la familia de la víctima — su hijo de 13 años, su pareja, sus padres y un hermano — a asumir solidariamente por la aseguradora y, subsidiariamente, por Cardama.
Cargos: delito contra los derechos de los trabajadores + homicidio imprudente grave.
Pena solicitada: hasta 3 años de prisión por acusado.
Indemnización reclamada: más de €606.000 para los familiares de la víctima.
Estado: juicio celebrado. Sentencia pendiente.
Este es el astillero al que el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay le adjudicó directamente — sin concurso abierto — la construcción de dos buques de guerra por 82 millones de euros. El mismo astillero que la Embajada de España describió como «fiable y conocido.» El mismo que no figura en el Catálogo de la Industria Española de Defensa.
Cuatro falsedades, una fiscalía y ningún buque
El 14 de febrero de 2026, el presidente Yamandú Orsi firmó la rescisión del contrato con Cardama por «incumplimientos graves.» El gobierno inició cuatro acciones simultáneas: rescisión contractual, denuncia penal por fraude al Estado, acciones civiles para recuperar los montos pagados, y gestiones para reemplazar los buques.
Cardama anunció que demandaría a Uruguay internacionalmente. En marzo de 2026, desistió.
El fiscal especializado en Delitos Complejos, Alejandro Machado, espera los documentos oficiales para comenzar las citaciones. Las investigaciones administrativa, civil y penal siguen abiertas.
1. Garantía de fiel cumplimiento (Eurocommerce) — Falsificada mediante editor de imagen. Empresa fantasma dada de baja en el Reino Unido.
2. Garantía «renovada» — Peritada como falsa por Policía Científica. Emitida el mismo día del anuncio público. Titulada como «nueva», no como renovación.
3. Certificación notarial — El notario valenciano Luis Calabuig de Leyva desmintió haber firmado el documento.
4. Carta de la Embajada de España — Afirma experiencia militar de Cardama que el Catálogo de la Industria Española de Defensa no registra.
Uruguay no tiene patrulleras. Tiene más de 30 millones de euros menos. Y tiene una pregunta que el proceso judicial deberá responder: ¿quién sabía qué, y desde cuándo?
Bastión se sostiene con trabajo, no con publicidad. Si esto te aportó algo, invitame un café.
☕ Invitame un caféEste artículo tiene propósito informativo e investigativo. Las investigaciones judiciales están en curso. La protección de fuentes periodísticas es irrenunciable.