El 17 de noviembre de 2025, un poco antes de las diez de la noche, la Policía Federal brasileña detuvo a Daniel Vorcaro en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos, cuando intentaba abordar un jet privado rumbo a Dubái. Lo que siguió a esa detención fue, literalmente, una caja de Pandora: mensajes encriptados con esquemas de soborno a las altas cortes, una milicia privada con sicario propio, jueces de la Corte Suprema tomando whisky de 3,2 millones de reales pagado por el propio banquero, y un agujero financiero que el ministro de Hacienda calificó como posiblemente el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Esto es lo que pasó, contado desde el principio, para quien todavía no tiene ningún contexto del caso.

El banco que su padre quiso comprar primero

La historia empieza, en sentido formal, en 1974, con la fundación de la Máxima Corretora de Títulos y Valores Mobiliarios, una correduría que en 1990 obtuvo autorización del Banco Central para operar como institución financiera y se transformó en el Banco Máxima. Casi cuarenta años después esa institución pequeña y sin relevancia particular se convertiría, bajo otro nombre y otro dueño, en el centro del mayor escándalo financiero de la historia brasileña reciente.

Henrique Vorcaro, promotor inmobiliario de Belo Horizonte conocido en la élite local con el apodo de «mau pagador» —mal pagador—, codició ese banco durante años. Fue su hijo, Daniel Vorcaro, quien finalmente lo consiguió: en 2017 se movilizó para tomar el control de la entidad, pero el Banco Central rechazó inicialmente su pedido. No se rindió. En 2019, el regulador terminó aprobándolo como accionista mayoritario, y la institución fue rebautizada Banco Master.

Lo que vino después fue un crecimiento que cualquier analista financiero serio debería haber mirado con sospecha desde el primer momento: los activos del banco se multiplicaron por veintitrés entre 2019 y 2025, llegando a casi 87.000 millones de reales. El modelo de negocio de Vorcaro no se apoyaba en préstamos tradicionales, sino en activos ilíquidos y de difícil valuación —acciones de empresas con problemas judiciales, créditos contra el propio Estado brasileño conocidos como «precatórios»— financiados mediante la venta agresiva de certificados de depósito bancario, los CDB, con tasas de interés muy por encima del mercado, llegando en algunos casos al 165% del índice de referencia CDI.

El Banco Central ya había exigido ajustes a Vorcaro desde 2021, pero los agujeros en las finanzas de la firma siguieron creciendo. Un golpe adicional llegó en octubre de 2023, cuando una nueva norma encareció la forma en que los bancos podían contabilizar ese tipo de deudas judiciales — para ese momento Banco Master ya tenía más de 6.000 millones de reales acumulados en ese tipo de activos problemáticos.

«He sido humillado por el Banco Central» — los mensajes que lo prueban

El rechazo inicial de 2017 no detuvo a Vorcaro. Una investigación de ICL Noticias sostiene que entre los inversores de aquella primera operación de compra figuraba Oliver Ortiz de Zárate Martín, un narcotraficante español, cuyos fondos habrían llegado a través de un operador vinculado a la firma de corretaje Sefer Investimento. El vínculo nunca fue desmentido con la misma fuerza con la que se reportó.

Lo que sí está documentado con mensajes propios es lo que pasó después. El 9 de febrero de 2019, un sábado, Vorcaro le escribió directamente a Paulo Sérgio Neves de Souza, entonces director de Inspección del Banco Central — un mensaje que la Policía Federal recuperó del iCloud del banquero y que terminó en poder de la comisión parlamentaria que investiga el fraude al sistema de seguridad social (INSS).

Dos días después, Vorcaro se reunió con Souza junto a Isaac Sidney, presidente de la Federación Brasileña de Bancos. La autorización no llegó de inmediato, pero en agosto de ese mismo año el Banco Central revisó la solicitud y aprobó finalmente a Vorcaro como accionista mayoritario del Banco Máxima, que pasó a llamarse Master.

El propio Souza —el funcionario al que Vorcaro le había pedido ayuda en 2019— fue identificado años más tarde por la Policía Federal como uno de los empleados del Banco Central cooptados desde dentro por el banco. Según la tercera fase de la Operación Compliance Zero, tanto Souza como Belline Santana —exjefa del departamento de supervisión del organismo regulador— habrían actuado en favor de Master desde sus propios cargos, nombrados durante la gestión de Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central designado por Jair Bolsonaro en 2019. El propio crecimiento descontrolado del banco —que multiplicó sus activos por veintitrés en seis años— ocurrió bajo la supervisión directa de las mismas personas que Vorcaro había presionado para entrar al sistema.

Cómo se infló artificialmente el agujero con la empresa Tirreno

Para sostener el esquema mientras la crisis de liquidez se agravaba, Vorcaro recurrió a una triangulación específica con el BRB, el banco público del Distrito Federal. Master firmó contratos con una empresa de reciente creación llamada Tirreno, que los investigadores de la Policía Federal identificaron como una fachada armada por el propio banquero. Tirreno vendió al BRB créditos por 12.200 millones de reales, incorporando una comisión a favor de Master — pero sin que Master tuviera que recibir el pago en efectivo de Tirreno: lo cobraba directamente del BRB.

El problema central, según la investigación, es que esos créditos nunca existieron desde el origen — los contratos eran fabricados. Cuando el Banco Central interrogó a Master en marzo de 2025 sobre la falta de documentación, el banco respondió que dos asociaciones de funcionarios públicos en Bahía habrían originado esos créditos. La explicación no se sostuvo: la propia agencia regulatoria detectó que se usaban números de identificación fiscal de personas de distintas regiones del país para simular el origen, y que, de 130 contratos analizados al azar, ninguno tenía respaldo real.

El acercamiento entre Master y el BRB tampoco fue espontáneo. Según mensajes filtrados con su entonces pareja, Martha Graeff, Vorcaro se reunió en agosto de 2025 con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para definir, en sus propias palabras, una «estrategia de guerra». Los interlocutores que habrían facilitado ese acercamiento eran, según la investigación, el senador Ciro Nogueira y Antonio Rueda, presidente del partido União Brasil. En septiembre de 2024, el propio Banco Central vetó finalmente la compra de Master por parte del BRB — un punto de quiebre que aceleró el colapso del banco.

17 de noviembre de 2025: la venta de último momento y la liquidación

La secuencia de esa tarde y esa noche, reconstruida a partir de registros judiciales, muestra la velocidad con la que se cerró el cerco sobre Vorcaro.

Vorcaro permaneció detenido once días. El sábado 28 de noviembre, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región ordenó su liberación, con tobillera electrónica y prohibición de realizar operaciones financieras. Ese mismo día, el ministro Dias Toffoli viajó a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores a bordo de un jet privado propiedad de un empresario — compartiendo el vuelo con el abogado que defendía al director de cumplimiento de Master. Esa misma tarde, Toffoli fue designado relator del caso en la Corte Suprema.

Dias Toffoli: secreto, viajes y un vínculo familiar directo

La gestión de Toffoli como relator del caso, desde el primer momento, generó sospechas crecientes dentro de la propia Policía Federal. El 3 de diciembre de 2025 decretó el secreto sobre toda la investigación. Designó de forma nominal a peritos específicos de la Policía Federal para analizar el material incautado — una práctica que, según los propios investigadores, se desvía del procedimiento estándar de la institución. Y en una de las controversias más graves, entregó notas escritas de su propia mano indicando el propósito de cada interrogatorio, en un presunto intento de guiar al director del Banco Central a buscar «omisiones» en su propio testimonio. El 14 de enero de 2026 ordenó sellar bienes incautados por 5.700 millones de reales —autos de lujo, relojes, efectivo— bajo custodia exclusiva de la Corte Suprema, paralizando en la práctica los análisis sobre ese material.

Pero la pieza que volvió insostenible su posición fue otra: la familia de Toffoli era propietaria de un resort llamado Tayayá, que mantenía transacciones millonarias con fondos vinculados al propio Banco Master. Una empresa llamada Maridt, a nombre de dos hermanos del ministro, era socia de un fondo vinculado a Master dentro de ese resort. La Policía Federal investigó transferencias de esa empresa hacia el propio magistrado, quien reconoció ante interlocutores haber recibido pagos por ser socio de la firma junto al resto de su familia.

El 16 de enero de 2026, el diario Estadão reveló el dato que terminó de cerrar el círculo: el cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel —ya detenido en otra fase de la operación— era el propietario de los fondos de inversión que compraron parte de la participación de los hermanos Toffoli en el resort, por 6,6 millones de reales. El vínculo entre el cuñado del banquero investigado y la familia del juez encargado de investigarlo quedó, de esa forma, documentado de manera directa.

La Policía Federal solicitó formalmente que se evaluara la sospecha sobre Toffoli ante el presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, con base en un informe de 200 páginas. Fachin convocó a Toffoli para que explicara los posibles conflictos de interés. El ministro calificó el pedido de «inferencias» y cuestionó que la Policía Federal tuviera legitimidad para plantearlo, alegando que la institución no es parte formal del proceso. La fricción terminó en una reunión secreta de más de tres horas entre los ministros de la Corte, tras la cual Toffoli dejó el cargo de relator «a petición suya». Días después, el medio Poder360 publicó frases textuales atribuidas a esa reunión con un nivel de fidelidad tal que varios de los propios ministros sospecharon, según trascendió, que habían sido grabados por Toffoli — algo que el magistrado negó.

El nuevo relator del caso pasó a ser André Mendonça.

La cara más violenta del esquema — y un final que se llevó las respuestas

La tercera fase de la Operación Compliance Zero expuso el costado más oscuro del entramado. Además de Vorcaro y de su cuñado Fabiano Zettel, fue detenido nuevamente Marilson Roseno da Silva, exagente de la Policía Federal que, según la investigación, realizaba espionaje y capturaba datos ilegalmente al servicio del banquero. Pero el detenido que más conmoción generó fue Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado en los expedientes con el apodo de «Sicario».

Según la Policía Federal, era el líder de la milicia privada de Vorcaro, bautizada «A Turma» en los propios mensajes del banquero, y el ejecutor de sus «prácticas violentas». En conversaciones recuperadas por los investigadores, Vorcaro se refiere así al periodista Lauro Jardim, columnista del diario O Globo, que venía publicando exclusivas sobre el caso:

El mismo patrón de ataques coordinados se identificó contra la periodista Malu Gaspar, también de O Globo, autora de varias de las exclusivas más relevantes sobre el caso. La Policía Federal determinó que Vorcaro financió además una red de sitios web creados específicamente para atacar a periodistas — un método que, según los propios investigadores, no se diferenciaba de las tácticas usadas por redes de desinformación pro-Bolsonaro.

El desenlace de «Sicario» fue trágico. Detenido en la sede de la Policía Federal en Belo Horizonte, Luiz Phillipi intentó ahorcarse con una camiseta dentro de su celda. Fue hospitalizado en estado crítico. El 6 de marzo de 2026 su defensa confirmó la muerte, tras la aplicación del protocolo de muerte cerebral. Con él se perdió también la posibilidad de que los investigadores escucharan, de primera mano, todo lo que sabía sobre la operación.

Los mensajes que contradicen las negaciones de Ciro Nogueira

Mensajes obtenidos por la comisión parlamentaria que investiga el fraude al sistema de seguridad social, tras la violación judicial del secreto telefónico de Vorcaro entre 2024 y agosto de 2025, muestran con un detalle inusual cómo el banquero describía sus propios vínculos políticos en conversaciones privadas con su entonces pareja, Martha Graeff.

En esos mismos mensajes, Vorcaro describe a Nogueira como «uno de mis grandes amigos en la vida». El senador aparece mencionado al menos catorce veces en las conversaciones que terminaron en poder de la comisión investigadora. Cuando la prensa lo consultó, Nogueira reconoció mantener diálogo habitual con «cientos de personas» pero negó cualquier conducta inapropiada, y específicamente negó haber recibido pagos de Vorcaro o tener una relación cercana con él.

La Policía Federal, sin embargo, encontró en el teléfono del banquero diálogos directos con el senador y órdenes de pago dirigidas a una persona identificada solo como «Ciro», sin apellido. La contradicción entre la negación pública de Nogueira y el contenido de esos mensajes —donde Vorcaro lo llama «gran amigo en la vida» y celebra en tiempo real sus iniciativas legislativas a favor del banco— es, según coinciden las fuentes consultadas, una de las piezas más difíciles de explicar de todo el caso.

Senadores, gobernadores y fondos de empleados públicos en todo el país

El radio de los recursos comprometidos se extendió mucho más allá de Brasilia y São Paulo. Bajo el gobierno de Cláudio Castro en Río de Janeiro, el fondo de pensiones de empleados estatales Rioprevidência compró casi 1.000 millones de reales en títulos sin valor real de Master. En Amapá, donde Vorcaro mantenía vínculo con el senador Davi Alcolumbre —presidente del Senado—, las pérdidas para los fondos públicos locales llegaron a 400 millones de reales. En Maceió, el alcalde João Henrique Caldas, aliado del diputado Arthur Lira —presidente de la Cámara y descrito como «amigo de Vorcaro»—, invirtió 110 millones de reales del fondo previsional municipal en el banco.

Incluso dentro de los propios organismos de control aparecieron nombres con conexiones directas: un ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, Jhonatan de Jesús —hijo del líder de un partido aliado en el Senado y designado para su cargo por el propio Arthur Lira—, intentó cuestionar formalmente la decisión del Banco Central de liquidar el banco.

Sobornos, milicia privada y un esquema que llegó a las tres ramas del Estado

Al acceder a los dispositivos electrónicos de Vorcaro, la Policía Federal encontró mensajes encriptados que revelaron un esquema de sobornos a intermediarios para intentar comprar fallos favorables en las cortes superiores del país. Las fases siguientes de la operación, desplegadas durante los meses posteriores, mostraron una red de corrupción mucho más amplia de lo que cualquiera había anticipado — una que, según los propios mensajes recuperados, se extendía a través de las tres ramas del Estado brasileño: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Hay un patrón que se repite con una consistencia que ninguna de las fuentes consultadas para esta nota describe como casualidad: los nombres que efectivamente movieron palancas a favor de los negocios de Vorcaro, o que se beneficiaron de sus donaciones, pertenecen mayoritariamente al mismo espacio político. El cuñado del banquero fue el mayor donante privado de las campañas de Jair Bolsonaro y Tarcísio de Freitas en 2022. El principal articulador parlamentario del banco fue un exjefe de gabinete de Bolsonaro. El diputado que intentó resucitar la «Enmienda Master» en la Cámara es cercano a Eduardo Bolsonaro. Y el Banco Central que permitió que el esquema creciera durante años sin freno estaba presidido por un funcionario designado por el propio Bolsonaro, bajo cuya gestión fueron nombrados los mismos funcionarios después identificados como cooptados por el banco.

56.000 millones de reales — la cifra que terminó de consolidarse

El costo del agujero fue creciendo a medida que avanzaba la investigación. En el momento de la liquidación de Master y Will Bank, en noviembre de 2025, la estimación inicial para el Fondo Garantizador de Créditos era de 47.000 millones de reales. El 18 de febrero de 2026, el Banco Central decretó también la liquidación de Banco Pleno —anteriormente Banco Voiter, que había sido transferido al antiguo socio de Vorcaro, Augusto Lima, en agosto de 2025—, lo que llevó el costo total del colapso del conglomerado, sumando Master, Will Bank, Letsbank y Pleno, a 56.000 millones de reales — unos 10.600 millones de dólares al cambio de ese momento. Es, con esa cifra ya consolidada, el mayor agujero bancario de la historia de Brasil.

Y hay un dato adicional que conecta este escándalo financiero con la economía real más allá de Brasil: Mastercard enfrentaría una factura de varios millones de dólares, porque era la red de pagos de las tarjetas emitidas por Will Bank, la fintech que Master había adquirido.

De la «Enmienda Master» a los audios por la película

El escándalo ya tenía vínculos directos con el bolsonarismo —Ciro Nogueira como operador político clave, Fabiano Zettel como principal financista privado de la campaña de Jair Bolsonaro en 2022— cuando, en mayo de 2026, The Intercept Brasil reveló audios, chats de WhatsApp y comprobantes bancarios que mostraban al senador Flávio Bolsonaro negociando directamente con Vorcaro la financiación de «Dark Horse», una película biográfica sobre su padre. Vorcaro habría transferido al menos 61 millones de reales para esa producción, de un total negociado de hasta 134 millones —cerca de 24 millones de dólares— mientras la Justicia ya lo investigaba por el fraude del banco.

El 9 de junio de 2026, una nueva entrega de The Intercept aportó documentación adicional: comprobantes de transferencias bancarias internacionales por orden de Vorcaro y una hoja de cálculo de la productora con los aportes acordados y efectivamente recibidos para la película. Flávio reconoció el contenido de los audios y no negó los montos, pero sostuvo que sus interacciones con Vorcaro «no se referían a dinero público» y que ocurrieron «cuando no había acusaciones o sospechas públicas que involucraran al banquero» —una defensa que la propia cronología del caso contradice en parte, ya que la Justicia brasileña venía investigando a Vorcaro desde comienzos de 2024, mucho antes de los pagos para la película.

Un caso que ya no es solo financiero