Chrome Dome: el accidente nuclear que Franco ocultó

Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre un pueblo almeriense de 600 habitantes. Dos se rompieron al impactar contra el suelo, liberando plutonio al aire. Franco mandó callar. Estados Unidos también. Y un ministro se metió al mar en bañador para demostrar, ante las cámaras del mundo, que no pasaba nada.

A las 9:22 de la mañana del 17 de enero de 1966, en pleno cielo del Mediterráneo español, dos aviones militares estadounidenses chocaron en el aire a más de 10.000 metros de altura. Uno de ellos, un bombardero B-52, llevaba en sus bodegas cuatro bombas termonucleares Mark 28, de aproximadamente 1,1 megatones cada una —muchísimo más destructivas que la bomba que cayó sobre Hiroshima—. Las cuatro cayeron sobre Palomares, un pequeño núcleo de población perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora, en Almería, con apenas 600 habitantes.

Ninguna llegó a detonar como arma nuclear. Pero dos de ellas se rompieron al impactar contra el suelo, liberando varios kilogramos de plutonio que contaminaron entre 226 y 435 hectáreas de campos de cultivo, zonas urbanas y matorrales —las distintas fuentes oficiales y científicas varían en la extensión exacta, según qué criterio de contaminación se use—. Los vecinos de Palomares siguieron trabajando esos campos durante varios días, expuestos a vientos de hasta 94 km/h que resuspendían el polvo de plutonio en el aire, sin que nadie les dijera lo que realmente había caído sobre sus casas.

El programa que llevó la bomba hasta España

El accidente no fue un hecho aislado: ocurrió en el marco de la operación Chrome Dome, un programa estadounidense de la Guerra Fría que mantenía una flota de bombarderos B-52 Stratofortress volando permanentemente, las 24 horas del día, cargados con armamento nuclear, listos para responder a un hipotético ataque soviético. Una de las rutas de ese operativo, la del sur, cruzaba España y el Mediterráneo hasta las fronteras turco-soviéticas.

Aquel 17 de enero, el B-52 al mando del capitán Charles Wendorf regresaba desde el Mediterráneo, frente a la costa sur de Italia, hacia su base de Goldsboro, Carolina del Norte. Ya en espacio aéreo español, esperaba su turno para repostar combustible en pleno vuelo: una maniobra de rutina que los B-52 repetían en cada misión, reabasteciéndose a la ida desde la base aérea de Zaragoza y a la vuelta desde la de Morón de la Frontera, en Sevilla. El mayor Larry Messinger estaba a los mandos mientras el bombardero maniobraba bajo el KC-135 que debía abastecerlo, un avión cisterna cargado con 60.000 litros de combustible. Algo salió mal.

Al intentar colocar el avión cerca del lugar de reabastecimiento de combustible, el infierno pareció desatarse. Larry Messinger · Copiloto del B-52

El B-52 se acercó demasiado rápido y chocó contra el KC-135, provocando una explosión enorme. Messinger, Wendorf y otros dos tripulantes lograron eyectarse en paracaídas en los últimos segundos. De los once tripulantes que sumaban ambas aeronaves, siete murieron: el resto de la tripulación del bombardero y los cuatro aviadores del avión cisterna.

Un accidente similar dentro del mismo programa, conocido como el accidente de Thule, ocurrió dos años y medio después en Groenlandia, cuando un B-52 con otras cuatro bombas Mark 28 se incendió y explotó en pista. La acumulación de incidentes con armamento nuclear en pleno vuelo terminó siendo decisiva para que Chrome Dome fuera cancelado en 1968.

Qué pasó exactamente con cada bomba

De las cuatro bombas Mark 28 que cayeron sobre Palomares, dos quedaron completamente intactas. Las otras dos cayeron sin que sus paracaídas llegaran a desplegarse correctamente, y fueron las que generaron la contaminación radiactiva real.

En ambos casos de daño, lo que evitó una catástrofe muchísimo mayor —una explosión nuclear real, no solo química— fue un sistema de seguridad desarrollado en la década de 1950 y conocido como «un punto seguro»: para que el núcleo de plutonio se volviera supercrítico y desencadenara una reacción en cadena nuclear, habría sido necesario que las 32 lentes explosivas distribuidas alrededor de la esfera de combustible detonaran de forma exactamente simultánea. Al caer con violencia contra el suelo, solo detonaron las pocas lentes que impactaron directamente, lo que provocó la combustión química del plutonio —pirofórico, es decir, que arde espontáneamente al exponerse al aire— pero no la fisión nuclear completa que habría arrasado la zona.

Si las 32 lentes explosivas hubieran detonado de forma simultánea, la región entera habría desaparecido. Lo que impidió esa catástrofe fue, literalmente, el ángulo con el que cada bomba golpeó el suelo.

La bomba que cayó al mar fue la más difícil de recuperar: tardó 80 días en ser localizada, a 870 metros de profundidad y unos ocho kilómetros de la costa. Mientras tanto, existía el temor real —documentado después en cables diplomáticos— de que pudiera ser localizada antes por la Unión Soviética.

Ocho días sin saberlo

Lo que vino después en Palomares fue, ante todo, una operación de ocultamiento coordinada entre dos gobiernos. La dictadura franquista activó de inmediato un dispositivo de censura y propaganda, decidida a evitar el pánico internacional y, sobre todo, a proteger la imagen turística de España en pleno despegue del desarrollismo. Mientras tanto, Estados Unidos desplegó a más de 1.600 efectivos militares en el llamado Campamento Wilson, para buscar los artefactos dispersos por el terreno y el mar.

Las labores de descontaminación y radioprotección no comenzaron hasta el 25 de enero —ocho días después del accidente—, aunque la recogida de cosechas ya se había reanudado parcialmente dos días antes. Durante esos días, los vecinos de Palomares y cualquiera que visitara la zona estuvieron expuestos a temporales de viento que llegaron a superar los 90 km/h, sin que se adoptara ninguna medida de protección radiológica: cualquier viento por encima de los 17 km/h era suficiente para resuspender el polvo de plutonio en el aire y facilitar su inhalación.

Ambos gobiernos acordaron minimizar públicamente la gravedad del incidente. El régimen confiscó publicaciones extranjeras en las fronteras y obligó a los medios españoles a reproducir únicamente comunicados oficiales que restaban importancia al accidente. Solo cuando emisoras de radio independientes filtraron la noticia y la prensa internacional empezó a publicar detalles alarmantes, las autoridades españolas se vieron forzadas a cambiar de estrategia.

El médico que vio una oportunidad científica

Entre los estadounidenses que llegaron a Palomares estaba el doctor Wright Langham, conocido dentro de los círculos científicos del Proyecto Manhattan como «Mister Plutonio» por ser pionero en el estudio de ese elemento —un pionero que, años antes, no había dudado en inyectar plutonio a personas sanas sin su conocimiento para estudiar sus efectos—. Para Langham, el accidente de Palomares representó una oportunidad de investigación irrepetible: medir el efecto real del plutonio sobre una población, un suelo y unas cosechas reales, algo que ningún experimento de laboratorio podía replicar.

Su equipo midió los niveles de contaminación en la orina y la sangre de los habitantes de Palomares, en los animales de granja, en las cosechas y en el aire.

Cuando acercábamos un contador alfa a las enredaderas de tomates nos daba lecturas de hasta 20.000 cuentas por minuto. Dr. Wright Langham · Conferencia científica, un año después del accidente

El chapuzón que dio la vuelta al mundo

La imagen más recordada de todo el episodio llegó el 7 de marzo de 1966, casi dos meses después del accidente. Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo del gabinete de Franco, se metió al mar en la playa de Quitapellejos junto al embajador estadounidense, Angier Biddle Duke, ante las cámaras de medios de todo el mundo. El objetivo era demostrar que no había ningún peligro de contaminación radiactiva en la costa.

El chapuzón de Fraga —con su característico bañador de talle alto— se convirtió en el símbolo más conocido de la estrategia comunicativa franquista para tranquilizar a los turistas europeos que estaban planeando sus vacaciones en España. Mientras Fraga posaba sonriente saliendo del agua, submarinos estadounidenses rastreaban frenéticamente esas mismas aguas en busca de la cuarta bomba, que finalmente se localizó el 7 de abril, a 870 metros de profundidad. Fue la operación de búsqueda submarina más compleja realizada hasta entonces por las fuerzas armadas estadounidenses, y resultó clave el testimonio de un pescador local, Francisco Simó, conocido desde entonces como «Paco el de la Bomba».

La estrategia de normalización no se limitó al ministro: la duquesa de Medina-Sidonia también participó en actos públicos organizados en la zona contaminada, sin ningún tipo de equipamiento de protección radiológica. Mientras tanto, los técnicos estadounidenses retiraban en silencio toneladas de tierra contaminada que terminaban su viaje en Carolina del Sur —un reconocimiento implícito, nunca admitido públicamente por el régimen, de que la zona presentaba niveles de radiación peligrosos.

Lo que quedó, casi sesenta años después

El plutonio liberado en 1966 sigue contaminando, hoy, decenas de hectáreas de terreno almeriense. Según estimaciones científicas, una parte significativa del material radiactivo original permanece todavía en el subsuelo, convirtiéndose progresivamente en americio —un elemento aún más tóxico para la salud humana que el propio plutonio—. El plutonio-239 tiene una vida media de 24.100 años: a efectos prácticos, el problema no se resuelve solo, ni en una ni en varias generaciones.

Las víctimas del accidente de Palomares nunca recibieron compensaciones adecuadas ni atención médica especializada para monitorear los posibles efectos de la exposición radiactiva sobre su salud a largo plazo. Nunca se realizaron estudios epidemiológicos exhaustivos sobre enfermedades asociadas a la radiactividad, ni siquiera entre los guardias civiles españoles que participaron en la limpieza sin la protección radiológica que sí recibió el personal estadounidense. El silencio impuesto por la dictadura impidió, durante años, que los propios afectados llegaran a conocer sus derechos o a reclamar responsabilidades.

Estados Unidos y España firmaron distintos acuerdos desde 1966 para limpiar la zona, con resultados dispares e insuficientes. Según reveló una investigación periodística basada en documentos desclasificados, las alarmas sobre la contaminación residual no volvieron a activarse en serio hasta que, décadas más tarde, la expansión inmobiliaria amenazó con poner a compradores extranjeros a vivir en chalets construidos sobre suelo contaminado con plutonio. En 2015, ambos gobiernos llegaron a un nuevo compromiso para retirar la tierra todavía radiactiva y trasladarla a territorio estadounidense —reconociendo, casi cincuenta años después del accidente, que el problema seguía sin resolverse del todo.

Hoy en día, todavía existen zonas valladas en Palomares donde el Consejo de Seguridad Nuclear prohíbe construir o cultivar, vigiladas permanentemente por el CIEMAT. Los vecinos del pueblo continúan reclamando una solución definitiva para un desastre que Franco y Washington intentaron, durante décadas, enterrar bajo capas de propaganda y silencio oficial.