Europa y Gaza: el doble estándar en números

Mil días de guerra en Gaza. La UE es el mayor socio comercial de Israel. Alemania e Italia bloquearon la suspensión del Acuerdo de Asociación. Francia, Reino Unido, Italia y otros cinco países compraron gas israelí mientras duró la ofensiva. España firmó 47 contratos de defensa con empresas israelíes por más de mil millones de euros antes de cancelarlos. Las palabras cuestan poco. Los números lo dicen todo.

En los mil días que transcurrieron desde el 7 de octubre de 2023, los gobiernos europeos pronunciaron miles de declaraciones sobre Gaza. Condenaron los bombardeos. Exigieron el acceso humanitario. Votaron resoluciones en la ONU. Algunos reconocieron al Estado de Palestina. Varios sancionaron a colonos extremistas y a ministros israelíos. Irlanda, España y Eslovenia pidieron formalmente la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Amnistía Internacional, más de 75 ONG y 400 ex diplomáticos europeos respaldaron esa suspensión.

Y mientras todo eso ocurría, la UE siguió siendo el mayor socio comercial de Israel. Las exportaciones israelíes a la Unión Europea sumaron el 28,8% del total de las exportaciones del país en 2024. Alemania e Italia bloquearon sistemáticamente cualquier medida concreta que pudiera afectar esa relación comercial. Y seis países europeos compraron gas natural israelí mientras la ofensiva sobre Gaza continuaba.

Los números no mienten. Las declaraciones, tampoco — pero dicen la mitad.

El Acuerdo de Asociación: el escudo jurídico que Europa no quiso usar

El Acuerdo de Asociación UE-Israel entró en vigor en el año 2000. Otorga a Israel acceso privilegiado a los mercados europeos y establece un marco de cooperación política y económica. Su Artículo 2 establece que el respeto por los derechos humanos es un «elemento esencial» de la asociación — es decir, que su violación grave podría ser causa de suspensión.

En junio de 2025, la propia Comisión Europea reconoció en su examen oficial que Israel llevaba tiempo incumpliendo ese artículo. En septiembre de 2025, bajo fuerte presión política, la presidenta Ursula von der Leyen propuso una suspensión parcial de las disposiciones comerciales y sanciones específicas contra ministros extremistas y colonos violentos. Era un paso — tardío, parcial, pero un paso.

En abril de 2026, cuando la votación llegó a los ministros de Exteriores de la UE, el resultado fue el que todos esperaban: la propuesta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender el Acuerdo no obtuvo el apoyo suficiente. Alemania e Italia bloquearon. El canciller alemán Friedrich Merz expresó su «profunda preocupación» por los territorios palestinos en una llamada telefónica con Netanyahu. Y votó en contra de la única medida concreta que podría haber tenido consecuencias económicas reales para Israel.

Una vez más, estos llamamientos han sido desoídos, y Alemania e Italia han desempeñado un papel clave en el bloqueo de la suspensión. Esta negativa será recordada como un capítulo vergonzoso más en uno de los momentos más bochornosos de la historia de la UE. Erika Guevara Rosas · Directora general de Amnistía Internacional, abril de 2026

A mediados de abril de 2026, una Iniciativa Ciudadana Europea había reunido más de un millón de firmas en tres meses pidiendo la suspensión del Acuerdo — con Italia entre los países con mayor participación. La brecha entre la opinión pública y la posición de los gobiernos no podía ser más visible.

España: el caso más documentado de contradicción

El caso de España ilustra con precisión quirúrgica el mecanismo del doble estándar. El gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en octubre de 2023 a no vender armas a Israel. Reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024. Presentó una declaración de intervención en el caso de Sudáfrica ante la CIJ. Fue uno de los tres países que pidieron formalmente la suspensión del Acuerdo de Asociación. Y entre el 7 de octubre de 2023 y septiembre de 2025, firmó 47 contratos de defensa con empresas israelíes por más de 1.000 millones de euros.

El argumento del gobierno para explicar la contradicción fue siempre el mismo: las empresas israelíes eran «las únicas capacitadas técnicamente» para esos desarrollos específicos, los contratos habían sido firmados antes de que la guerra escalara, o la cancelación generaría costos legales y de reputación para España. Todo eso puede ser cierto. También es cierto que durante dos años el gobierno firmó y renovó esos contratos mientras pronunciaba condenas públicas de la ofensiva israelí.

El gas: seis países, cinco puertos, un silencio

La dimensión más silenciada del vínculo económico europeo con Israel durante la guerra es la energética. En 2024, un informe del colectivo Gastivists documentó que seis países europeos — Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Grecia y Bélgica — compraron gas natural licuado israelí mientras la ofensiva sobre Gaza continuaba. Los buques MaranGas y Seapeak LCC descargaron ese gas en puertos de Piombino (Italia), Revanthussa (Grecia), Port Sur Mer (Francia), Milford Haven (Gales), Rotterdam (Países Bajos), Zeebrugge (Bélgica) y Sagunto (España).

El 17 de diciembre de 2025, Netanyahu anunció el mayor acuerdo comercial de la historia de Israel con Egipto: 35.000 millones de dólares para la venta de gas del megayacimiento Leviatán al mercado europeo. La estrategia era explícita: usar el gas como palanca para evitar cualquier bloqueo comercial por Gaza, diversificando las rutas de exportación hacia Europa a través de un intermediario árabe que hace más difícil políticamente para Bruselas objetar la compra.

La relatora especial de la ONU Francesca Albanese documentó en su informe de julio de 2025 que Chevron y BP —con licencias para explotar campos de gas israelí— eran «copartícipes de la economía del genocidio», y que el bloqueo naval de Gaza estaba relacionado con que Israel asegurara el suministro de gas desde los campos de Tamar y el gasoducto del Mediterráneo Oriental. El gasoducto Ascalón, según Global Witness, atraviesa la zona económica exclusiva de Palestina, incumpliendo normas internacionales sobre aguas soberanas. Las concesiones de explotación otorgadas por Israel en octubre de 2023 —tres semanas después del inicio de la guerra— incluyen una zona que pertenece en un 62% a Palestina según el derecho internacional del mar.

Alemania: armas para proteger el gas

El caso alemán merece un análisis separado por su especificidad. Alemania se ha posicionado sistemáticamente como el principal obstáculo dentro de la UE a cualquier medida concreta contra Israel, invocando la «responsabilidad histórica» derivada del Holocausto. Su ministro de Exteriores rechazó la suspensión del Acuerdo de Asociación por considerarla «inadecuada» e insistió en mantener un «diálogo constructivo».

Paralelamente, el gobierno alemán autorizó a ThyssenKrupp Marine Systems la exportación a Israel de cuatro buques de guerra Saar 6 Corvette y dos submarinos. El informe de Gastivists señaló que esa autorización estaba directamente relacionada con la protección de los yacimientos de gas israelí en el Mediterráneo —los mismos yacimientos que Hezbolá había atacado en 2024 y que son la principal fuente de las exportaciones energéticas israelíes a Europa.

La cadena causal es perfectamente circular: Europa compra gas israelí; para proteger ese gas, Israel necesita capacidad naval; Alemania le vende los barcos; y la misma Alemania bloquea cualquier medida que podría interrumpir ese circuito comercial. La «responsabilidad histórica» que invoca Berlín para justificar su posición en el debate político no aparece en ninguna parte de ese circuito económico.

Europa envía ayuda humanitaria a Gaza con una mano y firma contratos de defensa con Israel con la otra. No es hipocresía en el sentido moral — es la lógica perfectamente racional de quien quiere preservar su posición en ambos mercados.

Lo que la UE sí hizo — y sus límites

No todo es inacción. La UE sancionó a colonos extremistas y a ministros israelíes como Smotrich y Ben Gvir. Von der Leyen propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación. El Reino Unido suspendió formalmente las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con Israel. Francia y Suecia propusieron aranceles específicos a productos procedentes de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. España canceló finalmente más de 1.200 millones de euros en contratos de defensa con empresas israelíes. Y la UE comprometió más de 550 millones de euros en ayuda humanitaria a Gaza desde 2023.

Pero hay una asimetría fundamental entre lo que se hizo y lo que se podría haber hecho. El Acuerdo de Asociación UE-Israel tiene un mecanismo explícito para su suspensión en caso de violación grave de los derechos humanos — y la Comisión Europea reconoció en junio de 2025 que esa violación existía. La herramienta jurídica estaba disponible. La voluntad política de usarla no.

Amnistía Internacional lo resumió con precisión en su declaración de abril de 2026: «Hace casi un año, la UE concluyó que los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel contra la población palestina violaban la cláusula de derechos humanos del Acuerdo. Desde entonces, Israel ha seguido cruzando todas las líneas rojas establecidas por la UE.» Y el Acuerdo sigue en vigor.

Los 73.000 muertos de Gaza y los 39.000 familias golpeadas directamente — 2.700 de ellas completamente exterminadas — no son estadísticas abstractas que Europa pueda seguir contemplando desde la distancia de los comunicados. Son el costo humano de un sistema donde las palabras y los negocios coexisten sin ninguna tensión visible, porque nadie que tome las decisiones tiene que pagar ese costo en carne propia.