La noche del 31 de julio de 2015, colonos judíos incendiaron la casa de la familia Dawabsheh en Cisjordania. Un bebé de 18 meses murió quemado vivo. Cinco años después llegó una condena incompleta — y el propio hijo del primer ministro terminó financiando la colecta para el culpable.
Entre las dos y las cuatro de la madrugada del 31 de julio de 2015, dos hombres enmascarados rompieron las ventanas de dos viviendas en Duma, un pueblo palestino cercano a Nablus, en Cisjordania, y arrojaron cócteles molotov al interior. La primera casa estaba vacía. En la segunda dormía la familia Dawabsheh completa.
La noche del ataque
Según relataron los vecinos, la casa había sido empapada con combustible antes de prenderle fuego. El Ejército israelí confirmó que los atacantes rompieron los cristales antes de arrojar los cócteles molotov. Reham Dawabsheh había llegado a la vivienda alrededor de la 1:30 de la madrugada y todavía intentaba conciliar el sueño cuando comenzó el incendio.
Según el relato de su cuñado, Reham agarró una manta creyendo que su hijo pequeño dormía envuelto en ella y salió corriendo de la casa en llamas — al llegar afuera descubrió que el bebé no estaba ahí. Sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y murió el 6 de septiembre. Sa’ad, su esposo, logró sacar de la casa a su otro hijo, Ahmad, de cuatro años, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, antes de sucumbir él mismo a sus propias heridas el 8 de agosto.
Duma no tiene ambulancias propias. Los vecinos y familiares trasladaron a las víctimas en sus propios autos hasta el hospital de Nablus, retirando los respaldos de los asientos traseros para poder acostar a Sa’ad, que no podía sentarse por la gravedad de sus heridas. Ahmad, el hijo de cuatro años, fue el único sobreviviente de la familia nuclear: pasó meses en estado crítico con quemaduras en el 60% de su cuerpo, y finalmente se recuperó.
Las víctimas
Una emboscada planeada con semanas de anticipación
Según la acusación presentada en el juicio, el ataque no fue un arrebato espontáneo: se planeó durante todo julio de 2015 en una cueva conocida como la «Casa Roja», construida sobre una estructura palestina previa, dentro del asentamiento ilegal israelí de Yishuv HaDaat. La organización israelí de derechos humanos Rabbis for Human Rights denunció que el gobierno mantuvo sus planes de legalizar ese mismo asentamiento pese a que había sido tomado a sus propietarios palestinos originales mediante amenazas y violencia.
Durante ese mes, los futuros atacantes realizaron incursiones de reconocimiento tanto en Duma como en la vecina Majdal Bani Fadil, decidiendo golpear primero Duma y, si era posible, también el segundo poblado. La noche del ataque, un menor de edad que formaba parte del plan no se presentó en el punto de encuentro por motivos que nunca se esclarecieron del todo — así que Amiram Ben-Uliel decidió actuar solo.
El motivo declarado por la fiscalía fue la venganza por la muerte del joven israelí Malachi Rosenfeld, supuestamente a manos de palestinos, ocurrida cerca de Duma apenas un mes antes.
«Sabemos que es terrorismo judío»
Desde el primer momento, investigadores israelíes y observadores internacionales sospecharon de extremistas judíos. La policía lo interpretó inicialmente como un «ataque de la etiqueta de precio» (price tag) — la modalidad de represalia que colonos radicales aplican tras demoliciones de asentamientos, en este caso vinculada a estructuras derribadas en Beit El.
Al día siguiente, el entonces ministro de Defensa, Moshé Yalón, confirmó que había «una gran probabilidad» de que los responsables fueran parte de «un grupo muy extremista de judíos» — pero sostuvo que no había pruebas suficientes para detener a nadie. Yalón llegaría a admitir, en privado, ante un grupo de activistas del Likud, que las identidades de los atacantes ya se conocían dentro del propio Ministerio de Defensa, aunque no se habían presentado cargos para proteger la identidad de las fuentes de inteligencia.
El 15 de diciembre de 2015 —más de cuatro meses después del ataque—, Yalón reiteró públicamente que «no hay suficientes pruebas» para detener o enjuiciar a los sospechosos, pese a reconocer que el ataque era «claramente judío» y que las autoridades sabían «quién es responsable». Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Israel rechazó un pedido de un legislador de Meretz para que el gobierno tomara medidas legales inmediatas contra los asesinos.
El manual del odio y las pintadas
Las investigaciones revelaron que buena parte de los jóvenes vinculados al ataque no eran israelíes nativos, sino hijos de familias estadounidenses radicadas en asentamientos. También trascendió la existencia de un manual titulado «Reino del Mal», escrito por un residente de Bnei Brak, que detallaba cómo incendiar mezquitas, iglesias y viviendas palestinas.
En la pared de la casa incendiada, los atacantes dejaron grafitis en hebreo: la palabra «venganza» y la frase «Larga vida al rey Mesías» —lema del ala mesiánica del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch—, junto a una estrella de David. Llamativamente, no aparecía la firma habitual «Tag Mechir» de los ataques de represalia, lo que en su momento generó cierta discusión sobre la autoría, rápidamente disipada por el resto de la evidencia recolectada.
La organización detrás: «La Revuelta»
La fiscalía imputó a los sospechosos también por pertenencia a una organización terrorista llamada «La Revuelta» (HaMered), presuntamente fundada en octubre de 2013 con el objetivo de atacar a palestinos, sembrar caos en Israel y provocar una guerra entre árabes y judíos — con la meta final de derribar la democracia israelí para instaurar un Estado gobernado por un rey judío bajo la ley de la Halajá, expulsando a todos los no judíos del país.
Según el Shin Bet, el servicio de inteligencia interna israelí, el grupo estaría liderado por Meir Ettinger, nieto del rabino ultranacionalista Meir Kahane. Ettinger permaneció en detención administrativa —sin juicio— por su vínculo con el caso, y fue liberado el 1 de junio de 2016 tras diez meses, aunque con prohibición de viajar a determinados lugares y de comunicarse con una lista de 93 personas.
La defensa: torturas y detención administrativa
En diciembre de 2015, el abogado defensor de los sospechosos —Itamar Ben-Gvir, hoy ministro y entonces activista de extrema derecha— montó lo que el propio ministro de Educación, Naftali Bennett, calificó como «una brillante campaña» de propaganda para lograr su liberación, apoyada en dos ejes: el uso de la detención administrativa (reservada históricamente solo para sospechosos palestinos) contra ciudadanos judíos, y denuncias de tortura por parte del Shin Bet.
El analista de Haaretz Chaim Levinson señaló que ese énfasis en la tortura cumplía un doble propósito: cuestionar la validez de las confesiones y desacreditar preventivamente al Shin Bet de cara a futuras investigaciones contra terrorismo judío. El tribunal, en su fallo final, reconoció que parte de las confesiones se habían obtenido efectivamente bajo tortura — pero remarcó que Ben-Uliel había aportado detalles del crimen tan precisos (como el color exacto del vehículo estacionado en la escena) que ni siquiera las fuerzas de seguridad los conocían de antemano, lo que sostuvo la validez del resto de la confesión.
Línea de tiempo del proceso judicial
Ese cántico fue entonado por un grupo de colonos ultras cuando el abuelo de Ali Dawabsheh salía de la sala del tribunal. La policía israelí se abstuvo de intervenir, alegando que «no era una revuelta violenta».
Una condena incompleta
Pese a la contundencia de la pena —tres cadenas perpetuas—, el tribunal absolvió a Ben-Uliel, al menor y a otros dos colonos judíos investigados del cargo de pertenencia a organización terrorista. Los jueces determinaron que, si bien los hechos constituían «sin duda» un ataque terrorista, no había pruebas suficientes para atribuirlo formalmente a la estructura de «La Revuelta». El Shin Bet igual calificó la sentencia como «un hito en la lucha contra el terrorismo judío».
El menor condenado ingresó finalmente a prisión el 21 de diciembre de 2020 — pero solo cumpliría 10 meses de su condena total de 3 años y medio, ya que el juez decidió computarle el tiempo que había pasado bajo arresto domiciliario durante el proceso.
El financiamiento que siguió después
El caso no terminó con la sentencia. Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, mantiene desde entonces un historial sostenido de respaldo público a Ben-Uliel. Además de haber colaborado económicamente y difundido la primera colecta en 2020, volvió a compartir en X un mensaje contra su encarcelamiento, cuestionando la validez de la confesión obtenida «mediante tortura» y poniendo en duda su culpabilidad, pese a los detalles precisos del crimen que el propio tribunal usó para sostener la condena.
Esa publicación llegó un día después de que una nueva campaña de recaudación —bajo el nombre «Amiram también merece justicia»— reuniera más de 262.000 dólares para intentar anular la condena. La legisladora Limor Son Har-Melech, de Otzma Yehudit, llegó a calificar a Ben-Uliel de «tzadik» (persona justa, en la tradición judía). Ese mismo mes, Har-Melech fue una de 14 legisladores del propio gobierno que solicitaron al jefe del Shin Bet aliviar las condiciones de encarcelamiento de Ben-Uliel, alegando que estaba detenido «bajo las condiciones más difíciles del Estado de Israel». Las autoridades penitenciarias terminaron aprobando su traslado al «ala de la Torá» para las festividades de Rosh Hashaná, antes de devolverlo a régimen de aislamiento.
El propio Yair Netanyahu tiene, según trascendió, un historial tan sostenido de publicaciones incendiarias en redes que su padre le habría exigido en su momento que dejara de publicar, en medio de acusaciones de que estaba agravando tensiones internas y un conflicto diplomático con Estados Unidos.
La otra cara: quienes no toleraron el silencio
No todo el espectro político israelí reaccionó igual. El propio Netanyahu expresó, el mismo día del ataque, «sorpresa y horror» en una llamada telefónica al entonces presidente palestino Mahmoud Abbas. El presidente israelí Reuven Rivlin fue más allá y condenó explícitamente el «terrorismo judío» — lo que le valió amenazas de muerte en redes sociales y ser calificado de «traidor».
Yuval Diskin, exdirector del Shin Bet, fue igual de duro en su análisis posterior: advirtió que se estaba gestando un «estado anarquista» en el sur de Cisjordania, violento y racista, con un sistema judicial «sorprendentemente flojo» a la hora de aplicar la ley contra los propios judíos.
Las voces que minimizaron el crimen
Del otro extremo del espectro, hubo reacciones que buscaron directamente negar o relativizar lo ocurrido. El entonces legislador Bezalel Smotrich —hoy ministro de Finanzas— sostuvo en su momento que el ataque no podía llamarse terrorismo «porque había sido llevado a cabo por judíos»: según su definición, «terrorismo es solamente la violencia de un enemigo como parte de una guerra contra nosotros».
Morton Klein, presidente de la Organización Sionista de América, llegó todavía más lejos, calificando las sospechas contra los extremistas judíos como una «prisa por culpar a los judíos» y sugiriendo que el crimen había sido en realidad producto de «una disputa entre clanes árabes que dura 18 años» — llegando a comparar a los árabes con los nazis por, según él, fingir ataques para luego culpar a los judíos.
El patrón que ya venía de antes — y que siguió después
El crimen de Duma no surgió en el vacío. Según datos de la ONU, solo en los primeros siete meses de 2015 se documentaron al menos 112 ataques de colonos en Cisjordania; en 2014 el total había sido de 312. La organización pacifista israelí Yesh Din calculó en esa misma época que el 92,6% de las denuncias presentadas por palestinos ante las fuerzas de seguridad israelíes ni siquiera llegaban a investigarse.
La organización israelí B’tselem había advertido ya en 2015 que las condenas políticas quedarían en «mera retórica vacía» si los ataques continuaban, recordando que en los tres años previos nueve casas palestinas habían sido incendiadas y un taxi atacado con un cóctel molotov —con quemaduras críticas para sus ocupantes— sin que nadie fuera siquiera acusado en ninguno de esos casos.
Esa advertencia resultó profética. En marzo de 2016, un incendio destruyó la casa de Ibrahim Dawabsheh, el vecino que había sido testigo clave del ataque original y que había intentado auxiliar a la familia esa misma noche. Él y su esposa se despertaron por el humo que invadía su vivienda, ubicada justo al lado de la casa incendiada un año antes. El ataque tuvo el mismo patrón que el crimen original.
Cuando la burla se volvió festejo
En diciembre de 2015, la policía israelí abrió una investigación sobre un video filmado en una boda judía en Jerusalén, en la que se casaba un extremista conocido por participar en ataques de represalia. En las imágenes, los invitados —armados con rifles del Ejército israelí, pistolas, cuchillos y cócteles molotov— aparecen acuchillando una fotografía del bebé Ali Dawabsheh mientras cantan una versión adaptada del Libro de los Jueces, reemplazando la palabra «filisteos» por «palestinos». Itamar Ben-Gvir, presente en la boda como abogado de los sospechosos, declaró después: «Nadie se dio cuenta de que eran fotografías de un miembro de la familia Dawabsheh».
Lo que no llegó: la compensación
Poco después del ataque trascendió que la familia Dawabsheh no podría acceder a compensación como víctimas de terrorismo, porque esa ayuda estatal está reservada exclusivamente para ciudadanos israelíes. En abril de 2017, el legislador árabe-israelí Yousef Jabareen solicitó extender esas ayudas a víctimas palestinas de ataques judíos — pedido que el entonces ministro de Defensa, Avigdor Liberman, rechazó explícitamente.
La respuesta social palestina incluyó marchas de protesta que derivaron en enfrentamientos con fuerzas israelíes, con un adolescente de 17 años, Laith al-Khaldi, muerto por un disparo en la espalda durante esas manifestaciones. En paralelo, unos 2.000 israelíes se congregaron en Tel Aviv en una protesta organizada por el movimiento Paz Ahora, y cientos más se manifestaron en Jerusalén contra el propio crimen de Duma — evidencia de que el rechazo social dentro de Israel también existió, aunque no alcanzara para torcer el resultado judicial final.
El padre de Reham Dawabsheh, Hussein, llegó a pedir públicamente una nueva intifada tras conocerse que solo una persona sería enjuiciada por un crimen en el que testigos habían visto entre dos y cuatro atacantes: «quienes quemaron a mi familia deberían ser quemados». Analistas vincularon después esas declaraciones con el estallido, meses más tarde, de la llamada Intifada de los Cuchillos.
Casi una década después de aquella noche de julio, el caso de Duma sigue funcionando como el ejemplo más citado —y más extremo— de un patrón que se repite en Cisjordania con nombres distintos pero el mismo desenlace: condena verbal inmediata, investigación lenta, sanción tardía e incompleta, y una parte del propio sistema político israelí dispuesta a financiar y reivindicar a los responsables antes de que termine de cumplirse la pena.
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