Cisjordania, Siria, Duma: el mismo patrón de impunidad

Tres escenarios distintos, un mismo guion: la retórica oficial israelí siempre habla de «delito grave», pero la sanción real casi nunca llega. Un recorrido por los casos que explican por qué la violencia de colonos no para de crecer.

Hay una frase que se repite, casi calcada, cada vez que un grupo de colonos israelíes protagoniza un episodio de violencia o de ocupación ilegal: se lo condena «enérgicamente», se lo califica de «delito grave», se advierte sobre el «peligro» que representa. Y después, en la enorme mayoría de los casos, no pasa nada más. Tres escenarios —Cisjordania, el sur de Siria y el caso límite de Duma— muestran el mismo patrón con una consistencia que ya no puede llamarse casualidad.

Cisjordania: 90% de causas cerradas sin cargos

La ONG israelí Yesh Din lleva más de una década documentando qué pasa con las denuncias penales por violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania. La conclusión es sistemática: la enorme mayoría de esas investigaciones terminan cerradas sin que nadie sea acusado de nada.

El propio primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció en una entrevista con CNN que el problema «explotó más allá de lo creíble», describiendo a los agresores como un grupo de 150 «delincuentes juveniles». Dijo que la policía y las fuerzas armadas «toman medidas», pero admitió que los tribunales israelíes «son muy indulgentes» con los condenados por violencia de colonos. Es un reconocimiento explícito del problema —viniendo de la máxima autoridad del país— que convive, sin embargo, con la ausencia de cualquier cambio estructural real.

Ese contraste no pasó inadvertido puertas adentro. Un documento visto en exclusiva por Euronews mostró que la propia oficina de Netanyahu instruyó en marzo de 2026 a las FDI y a la Policía a reforzar la «lucha contra los crímenes nacionalistas» en Cisjordania — una medida inusual para un gobierno que depende políticamente de los sectores más duros del espectro colono. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI, había advertido en paralelo que el Ejército está al borde del colapso por la escasez de tropas, desplegadas simultáneamente en Gaza, Líbano, Siria y Cisjordania.

Siria: la cuarta vez en un año

El mismo patrón se repite, casi calcado, en la frontera con Siria. El grupo de colonos «Pioneros de HaBashan» (Halutzei HaBashan) lleva intentando establecer un asentamiento judío ilegal en el sur de Siria desde agosto de 2025 — y lo hizo, según sus propios registros, cuatro veces en menos de un año.

El comunicado militar de julio fue, en el papel, contundente: «Las FDI condenan enérgicamente este intento de cruce (…) se trata de un incidente grave que constituye un delito y pone en peligro a las fuerzas de las FDI y a la población civil.» La palabra «delito» está ahí, explícita. Pero según la emisora pública israelí Kan, altos mandos militares fueron más allá y criticaron —de forma «inusual»— a la propia policía, la fiscalía y los tribunales israelíes, señalando la falta de consecuencias legales suficientes contra este mismo grupo. Es decir: dentro de las propias FDI se reconoce el mismo patrón de impunidad que documenta Yesh Din en Cisjordania, solo que esta vez lo dice la institución armada, no una ONG.

El propio grupo no oculta sus intenciones ni su método. En un comunicado tras el intento de julio, HaBashan declaró: «Si no integramos la colonización civil en el control militar, podríamos encontrarnos en una situación similar a la que hay a lo largo de la frontera con Líbano (…) El gobierno de derecha debe mostrar a nuestros enemigos que Israel tiene la intención de quedarse.» Y fueron más lejos todavía: «Eventualmente también llegaremos a Daraa, Quneitra y Abedin.» Es la misma estrategia de «hechos consumados sobre el terreno» que se aplicó durante décadas en Cisjordania —primero un puesto de avanzada informal, después la legalización retroactiva— ahora trasladada a territorio sirio.

Vale la aclaración legal: bajo el derecho internacional, cualquier asentamiento civil en zonas ocupadas —incluido el sur de Siria bajo control militar israelí desde diciembre de 2024— viola el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. El propio Estado israelí tendría, en teoría, la obligación de impedir activamente estas incursiones, no solo de «condenarlas» después de que ocurren.

Duma: la excepción que confirma la regla

Para entender qué significa realmente una condena en este universo, sirve mirar el caso más extremo de violencia de colonos de la última década: el crimen de Duma. El 31 de julio de 2015, un grupo de colonos judíos lanzó bombas incendiarias contra la casa de la familia Dawabsheh, en un pueblo cercano a Nablus. Ali Dawabsheh, de 18 meses, murió quemado vivo esa misma noche. Sus padres murieron semanas después por las quemaduras.

Ese cántico, entonado por un grupo de colonos a las puertas del tribunal en pleno juicio, resume el clima que rodeó todo el proceso. La policía israelí se abstuvo de intervenir, argumentando que «no era una revuelta violenta». Cuatro días después del ataque, pese a reconocer que se trataba de un atentado «claramente judío» y que las autoridades sabían «quién es responsable», el entonces ministro de Defensa, Moshé Yalón, sostuvo que no había «pruebas suficientes» para detener a los sospechosos.

Cuando la condena finalmente llegó, en 2020, vino incompleta: Amiram Ben-Uliel fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por los tres asesinatos, pero tanto él como los demás acusados fueron absueltos del cargo de pertenencia a una organización terrorista. Un cómplice menor de edad al momento del ataque recibió apenas 3 años y medio de prisión. La ONG israelí de derechos humanos B’tselem había advertido, ya en 2015, que todas las condenas políticas quedarían en «mera retórica vacía» si se permitía que este tipo de ataques continuara — señalando que, en los tres años previos, nueve casas palestinas ya habían sido atacadas con bombas incendiarias sin que nadie fuera siquiera acusado.

El detalle final es, quizás, el más revelador de todos: en menos de un día desde que se conoció la sentencia, una plataforma de recaudación creada por un estudio de abogados que representa a extremistas judíos en juicios por ataques a civiles palestinos reunió más de 500.000 shekels para los dos condenados. Entre quienes colaboraron económicamente y dieron difusión a la colecta estuvo Yair Netanyahu, hijo del propio primer ministro.

El hilo que conecta los tres casos

Cisjordania, Siria y Duma son, en apariencia, tres historias distintas: violencia cotidiana contra civiles palestinos, incursiones territoriales en un país vecino, y un atentado que terminó con una familia entera asesinada. Pero el mecanismo de fondo es idéntico en los tres casos.

Primero, la condena verbal es inmediata y contundente: «delito grave», «acto criminal y terrorista», «incidente peligroso». Segundo, la sanción real —cuando llega— tarda años, viene recortada o incompleta, y en el caso más extremo convive con financiamiento público desde sectores cercanos al propio gobierno. Tercero, y quizás el dato más importante: la base electoral que sostiene a la coalición de gobierno actual depende estructuralmente de estos mismos sectores — el Partido Sionista Religioso de Smotrich, Otzma Yehudit de Ben-Gvir, y los cerca de 700.000 colonos que votan de forma consistente al bloque de derecha en Cisjordania. Cualquier sanción real y sostenida contra la violencia de colonos golpearía directamente esa base, la misma que le permite a Netanyahu mantenerse en el poder.

Ese incentivo político explica, mejor que cualquier otra variable, por qué la retórica dura y la sanción nula pueden convivir indefinidamente sin resolverse nunca: no es que el sistema no sepa cómo actuar. Es que actuar en serio tendría un costo político que, hasta ahora, ningún gobierno israelí decidió pagar.