Afganistán: cinco años
de retroceso sin salida
A cinco años de la toma de Kabul, Human Rights Watch documenta un sistema legal que institucionalizó la persecución de mujeres y minorías religiosas. Y ningún actor con capacidad real de intervenir tiene, hoy, ni el interés ni la disposición para hacerlo: la historia ya probó tres veces qué pasa cuando alguien lo intenta.
El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron Kabul. Cinco años después, Human Rights Watch documenta cómo esa toma de poder no fue un episodio que se estabilizó con el tiempo, sino una represión que se profundizó: nuevas leyes que institucionalizan la discriminación religiosa, un sistema judicial que redefinió la violencia doméstica para dejar sin protección a las víctimas, y un país donde 17 millones de personas —el 40% de la población— dependen de ayuda humanitaria que cada vez llega en menor cantidad.
Lo que institucionalizaron en 2026
El 4 de enero de 2026, los talibanes promulgaron un nuevo código de procedimiento penal que define como musulmanes únicamente a quienes siguen la escuela jurídica hanafí, calificando de herejes a otros grupos religiosos, incluida la comunidad chiita. Una Ley de Predicadores complementaria exige que todo el clero se ajuste exclusivamente a esa misma jurisprudencia. Ambas normas consagran, por primera vez de forma explícita en la legislación afgana, la discriminación religiosa como política de Estado.
El nuevo código penal reconoce como violencia doméstica únicamente las agresiones físicas «excesivas» contra las mujeres, dejando sin acceso a la justicia a sobrevivientes de otras formas de violencia y debilitando aún más las protecciones legales existentes.
Un decreto adicional sobre separación judicial entre cónyuges eliminó la edad mínima para que las niñas contraigan matrimonio, aumentando el riesgo de matrimonio infantil en un país que ya tenía una de las tasas más altas del mundo. Afganistán, además, sigue siendo el único país del planeta donde las niñas tienen prohibido por ley acceder a la educación más allá del sexto grado.
El quinto aniversario de la toma del poder por los talibanes es un sombrío recordatorio del devastador costo de la impunidad.
— Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de Human Rights WatchLa pinza humanitaria
Mientras el marco legal se endurece, la ayuda externa se reduce. Los recortes de asistencia exterior de Estados Unidos, sumados a los del Reino Unido y otros donantes, obligaron a las organizaciones humanitarias a limitar programas justo cuando la necesidad crece. Las propias restricciones talibanas —exigir que las trabajadoras humanitarias vayan acompañadas de un tutor masculino— complican todavía más la distribución de la ayuda que sí llega.
A eso se suma la presión migratoria regional: Irán y Pakistán forzaron el retorno de millones de personas afganas a un país que no tiene capacidad de absorberlas, mientras Alemania reanudó sus propios vuelos de deportación desde 2024. El resultado es un embudo: más gente necesitando recursos, menos recursos disponibles para todos.
La violencia que sigue cruzando la frontera
Afganistán no solo enfrenta represión interna: también absorbe violencia externa. El 16 de marzo de 2026, un ataque aéreo pakistaní contra el Centro de Rehabilitación para Drogodependencias Omid, en Kabul, mató a al menos 269 civiles e hirió a más de 122, según cifras de Naciones Unidas. Ese tipo de episodios le da al régimen talibán una narrativa externa que le permite presentarse como víctima de agresión extranjera, desviando la conversación de sus propias políticas de represión interna.
El 22 de junio de 2026, representantes de la Unión Europea recibieron en Bruselas, por primera vez, a una delegación talibana para abordar cuestiones migratorias. HRW cuestionó directamente ese acercamiento, advirtiendo contra cualquier acuerdo migratorio con un régimen que persigue por motivos de género.
Por qué nadie va a intervenir: el cementerio de imperios
Detrás de la ausencia de presión internacional real hay algo más profundo que indiferencia: hay una lección histórica aprendida por las malas, tres veces distintas, por tres potencias de eras completamente diferentes. Afganistán se ganó el apodo de «cementerio de imperios» con evidencia acumulada durante casi dos siglos.
El Imperio Británico peleó tres guerras angloafganas entre 1839 y 1919, y perdió en términos netos las tres. La primera terminó con la aniquilación casi total de un ejército británico completo en su retirada de Kabul, de un total de unos 16.000 soldados y civiles. La Unión Soviética invadió en 1979, se quedó nueve años, perdió unos 15.000 soldados y gastó una fortuna que aceleró su propia crisis económica interna, retirándose en 1989 sin lograr instalar un gobierno estable. Estados Unidos ocupó el país durante veinte años, entre 2001 y 2021, con más de 2.400 soldados muertos y más de dos billones de dólares gastados, para terminar con el regreso talibán al poder en cuestión de días, mientras el ejército afgano entrenado por Washington se disolvía sin combatir.
El patrón estructural es siempre el mismo: geografía montañosa que anula la superioridad tecnológica de cualquier potencia moderna, ausencia histórica de un Estado central fuerte que se pueda capturar y controlar, y una tradición de resistencia armada que se transmite generacionalmente.
Esa es, probablemente, una de las pocas lecciones geopolíticas en las que coinciden sin excepción todas las grandes potencias del último siglo: no volver a intentarlo con fuerza militar. El costo-beneficio de una intervención está probado como negativo, y ningún gobierno con capacidad real de acción está dispuesto a repetir el experimento.
Administrar la crisis, no resolverla
El resultado de esa lección aprendida es que la situación afgana no se corrige, se administra. Ningún actor con poder de veto real tiene, hoy, un interés propio alineado con forzar un cambio: Estados Unidos se retiró y no busca volver a involucrarse, China y Rusia priorizan estabilidad regional y acceso a recursos por encima de derechos humanos, y los países que sí condenan la situación —vía comunicados o informes— no cuentan con ninguna herramienta coercitiva más allá de la palabra.
El 6 de octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución histórica creando un mecanismo independiente para investigar violaciones de derechos humanos en Afganistán, cometidas por todas las partes. Es, por ahora, la herramienta institucional más concreta que existe. Pero un mecanismo de investigación no es una palanca de cambio: documenta, no obliga. Mientras tanto, quienes pagan el costo de que nadie con poder real tenga la urgencia suficiente para intervenir son, otra vez, las mujeres y niñas afganas.
Cinco años, tres invasiones fallidas
Tres guerras angloafganas. El Imperio Británico pierde las tres en términos netos.
Ocupación soviética. Nueve años, 15.000 soldados muertos, retirada sin gobierno estable instalado.
Ocupación estadounidense. Veinte años, más de 2.400 soldados muertos, regreso talibán en días.
Los talibanes toman Kabul.
La ONU crea un mecanismo independiente de investigación de derechos humanos para Afganistán.
Entra en vigor el nuevo código penal que institucionaliza la discriminación religiosa.
Un ataque aéreo pakistaní mata a 269 civiles en un centro de rehabilitación en Kabul.
La UE recibe por primera vez a una delegación talibana en Bruselas.
HRW publica su balance de cinco años: crisis humanitaria y de derechos humanos agravada, sin salida institucional a la vista.
La conclusión que se impone, viendo las dos líneas de tiempo juntas —la represión interna que se profundiza y la historia militar que descarta cualquier intervención— es incómoda pero consistente con todo lo que este tipo de análisis viene mostrando: cuando ningún actor externo tiene incentivo real ni margen histórico para intervenir con fuerza, la única presión que queda es la diplomática y la documental. Y esa presión, probada durante cinco años consecutivos, no alcanzó para revertir una sola de las políticas que hoy definen la vida de las mujeres y niñas afganas.
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