El 19 de julio, durante el acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega dijo una frase que no necesitó interpretación posterior: «aquí no volverá a haber elecciones.» No fue una amenaza suelta ni una provocación calculada para generar titulares. Fue, según documentó después Amnistía Internacional, el punto de partida formal de una reforma constitucional que a inicios de septiembre eliminará por completo lo que quedaba del sistema electoral nicaragüense.

La noticia circuló, pero con menos fuerza de la que probablemente merecía —entre la cobertura de la guerra con Irán, la crisis de deportados en Estados Unidos y una decena de frentes geopolíticos simultáneos, Nicaragua quedó relegada a nota secundaria en buena parte de la agenda internacional. Y sin embargo, lo que está terminando de consolidarse ahí es algo poco frecuente incluso entre las dictaduras contemporáneas: una sucesión dinástica completa, con esposa copresidenta constitucional y siete hijos operando como aparato de gobierno.

01La frase que no fue improvisada

El texto de la reforma todavía no se publicó de forma completa —ni el Parlamento ni el Ejecutivo lo dieron a conocer en su totalidad al momento de escribir esta nota—, pero sus dos ejes centrales ya están confirmados: ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a cualquier persona que el gobierno califique, sin ningún control judicial independiente, como «traidora» o «golpista».

El presidente de la Asamblea Nacional defendió la iniciativa con el argumento clásico de este tipo de reformas: impedir la «injerencia extranjera» y garantizar la «estabilidad institucional». Es, casi palabra por palabra, el mismo lenguaje que utilizan regímenes personalistas de distinto signo político alrededor del mundo cuando necesitan legalizar la eliminación de la competencia electoral real.

02Veinte años, no un giro repentino

Lo que distingue al caso nicaragüense de otros procesos de erosión democrática en la región es la ausencia de un momento único y dramático al que señalar como el quiebre. No hubo un golpe de Estado clásico, ni una noche de tanques en la calle. Hubo, en cambio, una acumulación metódica de dos décadas, reforma sobre reforma, cada una presentada en su momento como un ajuste institucional menor.

1. 2007Daniel Ortega regresa al poder, dos décadas después de haber gobernado tras el triunfo de la revolución sandinista de 1979.
2. 2016Ortega y Murillo se presentan juntos en las elecciones y resultan electos como presidente y vicepresidenta.
3. 2017Murillo asume formalmente como vicepresidenta y primera sucesora constitucional.
4. 2021Ortega la llama públicamente «copresidenta» por primera vez, sin que el título tenga todavía respaldo constitucional. El mismo año, sus principales precandidatos opositores son encarcelados antes de las elecciones.
5. 2024La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la reforma que oficializa las figuras de «copresidente» y «copresidenta», con mandatos de seis años en lugar de cinco.
6. 2025Entra en vigor una reforma constitucional que modifica 148 de los 198 artículos de la Constitución y deroga otros 37 —incluido el que prohibía expresamente la tortura—. Murillo asume el título constitucional de copresidenta en febrero.
7. 2026El Parlamento otorga a Murillo el control directo del Ejército. Ortega anuncia en julio que no volverá a haber elecciones.

Cada paso, por separado, podía leerse como un ajuste técnico. Juntos, son el desmantelamiento completo de un sistema democrático sin que hiciera falta un solo golpe de Estado.

03Una ironía histórica que no pasa desapercibida

Hay un dato que muchos análisis sobre Nicaragua evitan subrayar, quizás porque resulta demasiado incómodo: el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el mismo movimiento que hoy sostiene a Ortega y Murillo en el poder, llegó a la escena política nicaragüense derrocando en 1979 una dictadura que también era, en esencia, una dinastía familiar —la de la familia Somoza, que gobernó el país durante más de cuarenta años entre padre e hijos—.

Cuatro décadas y media después, el mismo movimiento revolucionario que combatió esa herencia dinástica terminó construyendo, con herramientas legales antes que con las armas, una estructura de poder que reproduce el mismo patrón que juró erradicar: un matrimonio al frente del Estado, con los hijos ya posicionados como operadores de la siguiente generación.

04La copresidenta que se balancea sin red

El poder de Murillo dentro del régimen es, hoy, prácticamente indiscutido puertas adentro. Pero varios analistas nicaragüenses coinciden en un punto que conviene no perder de vista: ese poder depende, en gran medida, de que Ortega siga con vida y en funciones. Manuel Orozco, analista consultado por CNN, describió el respaldo de Murillo dentro del Ejército como «bastante funcional, de carácter transaccional» —sostenido mientras se les permita administrar recursos, pero con capacidad real de erosionarse si la relación costo-beneficio cambia—.

Dora María Téllez, histórica guerrillera sandinista hoy en el exilio, fue todavía más directa: describió a Murillo como una figura «tiránica» e «impositiva», con un estilo de «ordeno y mando» que ya le generó enemigos dentro del propio aparato del régimen —desde ministros hasta funcionarios de rango medio—. Su lectura es que, sin Ortega como sostén, Murillo podría no lograr sostenerse en el poder por sí sola.

Y hoy mismo, la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada en Madrid desde 2022 y despojada de su nacionalidad por el propio régimen, acusó directamente a Murillo de estar detrás del impulso de esta última reforma electoral: según su lectura, la copresidenta busca garantizar la sucesión dinástica eliminando incluso el riesgo de perder unas elecciones manipuladas después de la eventual muerte de Ortega, que cumple 80 años en noviembre y arrastra ausencias públicas frecuentes atribuidas extraoficialmente a problemas de salud.

05El costo ya documentado

El cierre del espacio cívico en Nicaragua no es una proyección a futuro sobre lo que podría pasar con esta reforma: ya es un hecho consumado y medible. Más de 5.000 organizaciones civiles fueron canceladas por el régimen hasta la fecha. Los tres poderes del Estado —judicial, legislativo y electoral— están, según la propia caracterización de Amnistía Internacional, subordinados directamente a la Presidencia desde la reforma de 2025. Y esa misma reforma eliminó, entre otros 37 artículos derogados, la prohibición constitucional explícita de la tortura.

Con ese antecedente ya en los hechos, la reforma electoral que se aprobaría en septiembre no representa el inicio de un giro autoritario. Representa, más bien, el último tramo de un proceso que lleva casi dos décadas de construcción metódica, y que ahora se completa con la pieza que faltaba: la eliminación formal de la posibilidad misma de que alguien, algún día, pueda votar para sacar a esta familia del poder.