El embajador de Israel ante la ONU no dejó lugar a la interpretación. No habló de negociaciones futuras ni de gestos de buena voluntad. Habló de hechos consumados, para siempre. Y del otro lado del Atlántico, con apenas unos días de diferencia, un gobierno recién asumido en Sudamérica decidió no solo escucharlo, sino firmarlo.

«Judea y Samaria es donde comenzó nuestra historia»

Danny Danon, representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, se paró ante el Consejo de Seguridad durante una sesión sobre la situación en Cisjordania y afirmó que las comunidades judías en el territorio no son puestos temporales ni obstáculos para la paz, sino hogares permanentes que seguirán expandiéndose.

Danon fundamentó el reclamo territorial en un texto religioso —la Torá— y acusó al propio Consejo de aplicar un doble estándar al hablar de «violencia de colonos» en términos colectivos mientras que, según él, individualiza a los responsables cuando se trata de ataques palestinos. El diplomático, identificado dentro del ala derecha del Likud y opositor histórico a la creación de un Estado palestino, no es una voz aislada dentro de su gobierno: representa la posición oficial de Israel en el organismo internacional de mayor jerarquía del planeta.

El fallo que Israel decidió ignorar

Frente a esa declaración hay un marco jurídico internacional que la contradice de manera frontal. En 2024, la Corte Internacional de Justicia —el máximo tribunal de Naciones Unidas para disputas entre Estados— dictaminó que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal. El secretario general de la ONU, António Guterres, sostiene desde entonces que los asentamientos carecen de validez legal y constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

La Unión Europea condenó formalmente más de 30 nuevos asentamientos aprobados por el gabinete de seguridad israelí, calificándolos de ilegales, y llegó a aplicar sanciones puntuales contra colonos individuales por hechos de violencia. Pero ahí se detiene: sanciones económicas duras contra el Estado israelí requieren unanimidad entre los 27 países del bloque, y gobiernos como el de Hungría vienen bloqueando sistemáticamente cualquier paquete de ese tipo. El resultado es una brecha sostenida entre la condena declarativa —abundante— y la consecuencia real —prácticamente inexistente.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, el obstáculo es distinto pero produce el mismo efecto: cualquier resolución con fuerza vinculante contra Israel choca históricamente con el veto de Estados Unidos. Dos mecanismos de bloqueo diferentes —veto en Nueva York, unanimidad en Bruselas— convergen en el mismo resultado final: la condena existe, la consecuencia no.

Tres días de gobierno para legitimar una ocupación

El 7 de agosto de 2026 asumió la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, con un gobierno descrito por la prensa internacional como de extrema derecha. Tres días después, en medio de una emergencia nacional por un terremoto que dejó más de un centenar de muertos en el propio país, su Cancillería anunció el reconocimiento formal de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán —territorio sirio ocupado por Israel desde la guerra de 1967 y anexado unilateralmente en 1981.

El canciller israelí, Gideon Saar, calificó la decisión de «histórica» y confirmó que se acordó en una reunión bilateral en Barranquilla, un día antes de la investidura presidencial —es decir, antes incluso de que De la Espriella asumiera formalmente el cargo. La resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 1981, había declarado esa anexión «nula y sin efecto»; la comunidad internacional, con la excepción de estos dos países, sigue considerando el Golán territorio sirio bajo ocupación militar.

El mismo tribunal, dos varas distintas

Acá aparece la contradicción central, y tiene nombre propio: la Corte Internacional de Justicia, el mismo tribunal cuyo fallo de 2024 sobre Cisjordania Israel ignora abiertamente, ya falló contra Colombia en el pasado —y Colombia reaccionó exactamente igual que Israel: rechazando el fallo.

En noviembre de 2012, la CIJ resolvió una disputa territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua, ordenando a Bogotá ceder cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe —con yacimientos de petróleo, gas y derechos de pesca— a su vecino centroamericano. La respuesta del Estado colombiano en ese momento no fue el acatamiento: el gobierno cuestionó la validez del fallo, mantuvo presencia naval en la zona en disputa, y la controversia siguió escalando en tribunales internacionales durante más de una década, con nuevas demandas cruzadas entre ambos países hasta 2023.

Es decir: cuando un fallo vinculante de la Corte Internacional de Justicia afectó la soberanía territorial que Colombia reclamaba como propia, Bogotá lo resistió activamente durante años. Pero cuando otro país —Israel— hace exactamente lo mismo frente a un fallo de ese mismo tribunal, el nuevo gobierno colombiano no solo no lo cuestiona: lo legitima explícitamente, calificando el control israelí del Golán como «componente esencial de su defensa nacional».

Lo que separa la condena de la consecuencia

Lo que conecta las tres piezas de esta historia —el discurso de Danon, la parálisis institucional europea y de la ONU, y el giro colombiano— es la misma lógica: el derecho internacional se invoca cuando conviene y se descarta cuando no. Europa condena los asentamientos pero no sanciona, trabada por su propia regla de unanimidad. La ONU declara ilegal la ocupación pero no tiene forma de hacerlo cumplir, trabada por el veto. Y ahora, un gobierno recién asumido en Sudamérica no solo abandona la posición de condena que sostenía su antecesor, sino que además reconoce activamente una anexión que su propio país, en un litigio comparable, se negó a aceptar cuando el fallo jugaba en su contra.

No es que falte marco legal. El marco existe, está escrito, y en el caso de Cisjordania y el Golán tiene décadas de resoluciones y fallos respaldándolo. Lo que falta —y lo que esta secuencia de hechos deja a la vista con toda claridad— es la voluntad política de aplicarlo quien sea el que lo viole, incluido uno mismo.