Hay una manera de contar la carrera global por los minerales críticos con principios de la ONU, siete puntos de justicia climática y llamados a la «cooperación genuina». Y hay otra manera de contarla con nombres de empresas, cifras de exportación, rechazos diplomáticos y comunidades que llevan quince años cortando rutas. Esta es la segunda.

Qué es exactamente lo que Argentina está regalando

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nació en julio de 2024 dentro de la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. La lógica es simple: cualquier proyecto que comprometa una inversión mínima de USD 200 millones puede acceder a un paquete de beneficios que en la Argentina no tiene precedentes en magnitud.

El paquete completo incluye amortización acelerada de los bienes de capital, deducción de quebrantos impositivos sin límite de tiempo (transferibles a terceros desde el quinto año), pago del IVA con certificados de crédito fiscal sin autorización previa, exenciones de derechos de importación para bienes de capital, libre disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones, y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas con el Estado argentino. Diecisiete provincias adhirieron al régimen, otorgando beneficios adicionales propios sobre los que ya da la Nación.

Quiénes son, cuánto ponen y qué sacan

A esta altura el listado ya no es hipotético. Son veintiún proyectos aprobados, doce de ellos mineros, por un total que supera los USD 36.600 millones. El litio y el cobre concentran la mayor parte del capital.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, las exportaciones del sector cerraron 2025 en USD 6.056 millones —un 30% más que el año anterior— y proyectan llegar a USD 9.000 millones en 2026. Argentina es hoy el quinto productor mundial de litio y el tercero en reservas, integrando junto a Chile y Bolivia el llamado Triángulo del Litio.

China adentro, China afuera: el mismo mineral, dos varas distintas

Acá es donde el relato institucional de «cooperación Norte-Sur» se rompe en pedazos concretos. En julio de 2025 el Comité Evaluador del RIGI rechazó el ingreso de la china Ganfeng Lithium —el mayor productor de litio de China, proveedor de Tesla, BMW y Volkswagen— para su proyecto Mariana en Salta, por USD 273 millones. La razón oficial: la planta ya estaba inaugurada y en producción, y el régimen exige inversión todavía no comprometida.

La razón oficial es técnicamente correcta. Pero el momento en que se produjo el rechazo no es un dato menor: días antes, el entonces flamante embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, había declarado ante el Senado norteamericano que parte de su misión sería viajar a las provincias argentinas para, en sus palabras, evitar la corrupción de los chinos.

Un año después, en julio de 2026, el mismo Comité Evaluador aprobó sin objeciones el ingreso de Zijin Mining —otro gigante estatal chino— por USD 709 millones para su proyecto en Catamarca. Y Ganfeng, lejos de retirarse, sigue intentando entrar por otra puerta: presentó una nueva solicitud por USD 3.000 millones para el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes, que integra junto a la canadiense Lithium Argentina.

El patrón que queda a la vista: el capital chino no está vedado del RIGI —Zijin lo prueba—, pero cada aprobación o rechazo se lee puertas adentro con una vara geopolítica que combina requisitos técnicos reales con el ruido de una presión diplomática de Washington que no se disimula.

Salinas Grandes: quince años diciendo que no

A diferencia de otros salares de la Puna donde las comunidades negociaron su convivencia con la minería, en Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, 33 comunidades indígenas kolla y atacama se organizaron desde 2010 en la Mesa de la Cuenca de Salinas Grandes con una posición sostenida: no a la explotación de litio en su territorio, sin excepciones.

El conflicto escaló en junio de 2023, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales impulsó una reforma exprés de la constitución provincial que, entre otros puntos, prohibió los cortes de ruta —la principal herramienta de protesta de estas comunidades— y redefinió la tierra como «medio de trabajo y producción». Las protestas resultantes, conocidas como el Jujeñazo o el tercer Malón de la Paz, motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalando con preocupación la represión policial contra los manifestantes.

La contradicción es la misma que el propio panel de la ONU sobre minerales críticos identificó en su primer principio de «transición justa»: respeto por los derechos humanos en toda la cadena de suministro. En la Puna jujeña, ese principio choca todos los días contra licitaciones internacionales, reformas constitucionales exprés y un derecho a la consulta previa que las comunidades tuvieron que codificar ellas mismas porque el Estado nunca lo hizo.

El Súper RIGI: la apuesta sin nombre de empresa

Si el RIGI ya genera esta escala de disputa, el proyecto que el Senado argentino retoma este miércoles 12 de agosto lo profundiza en una dirección todavía más amplia. El «Súper RIGI» —oficialmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— eleva el piso de inversión a USD 1.000 millones (cinco veces el RIGI original), extiende el plazo de vigencia a cinco años prorrogables, y apunta a sectores que el propio texto del proyecto define de forma deliberadamente amplia: inteligencia artificial, biotecnología, energías limpias, fabricación de baterías, y «actividades genuinamente nuevas para la Argentina».

Ya obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La oposición concentró sus críticas en dos puntos concretos: el proyecto no especifica qué empresas se beneficiarían —lo que un legislador describió como «un traje a medida» para futuras megatecnológicas— y suprime la obligación de comprar un porcentaje mínimo de insumos a proveedores locales que sí exigía el régimen original, generando rechazo del empresariado nacional y las pymes.

El propio secretario de Energía del gobierno reconoció en el debate que no tenía certeza sobre qué compañías terminarían acogiéndose al régimen. El proyecto pasó a un cuarto intermedio en comisiones del Senado y retoma su tratamiento este 12 de agosto, con el oficialismo buscando llevarlo al recinto antes de fin de mes.

Esta es la tela que faltaba cortar

Un panel de Naciones Unidas puede escribir siete principios sobre transición justa. Pero mientras eso se discute en salones de Nueva York, en Argentina se firman contratos concretos con 30 años de estabilidad fiscal garantizada, un embajador extranjero declara ante su propio Senado que su misión es frenar inversiones de otro país, un Comité Evaluador rechaza a una empresa china y aprueba a otra en el mismo semestre, y 33 comunidades siguen esperando, quince años después, que alguien las siente a la mesa antes de firmar la próxima licitación.

Esa es la diferencia entre surfear un tema y meterse adentro: no es que falte «justicia climática» en abstracto. Faltan nombres, cifras, fechas y expedientes concretos —y esos sí están, con solo salir a buscarlos.