Estados Unidos — Cómo funciona, y por qué falla, la eliminación de residuos del fracking
Lo que la industria petrolera esconde bajo tierra
Agua saturada de sal, químicos cancerígenos y material radiactivo, inyectada a presión bajo el suelo con la promesa de que se quede ahí para siempre. No se queda. Y cuando emerge, los propios reguladores estatales llevan años sabiéndolo, sin hacer casi nada al respecto.
- Qué es exactamente el fracking
- El «agua producida»: lo que sube junto al petróleo
- 1.076 químicos, y ni la EPA los conoce todos
- Cómo se supone que debería funcionar la eliminación
- El vacío legal que lo hizo posible: la «laguna Halliburton»
- Ohio: el basurero subterráneo de otros estados
- Por qué Ohio, específicamente
- Cuando el agua empieza a subir de nuevo
- Oklahoma: la crisis más documentada del país
- Las familias que perdieron su casa y su agua
- Lo que los propios reguladores sabían
- «Liderar con un apretón de manos, no con un martillo»
- Casi 400 excepciones a la norma, desde 2022
- Lo que finalmente empieza a moverse
- El patrón de fondo
Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas del mundo. Toda esa perforación genera, cada año, cientos de miles de millones de galones de aguas residuales tóxicas. Durante décadas, la industria energética se deshizo de ese líquido salino disparándolo de vuelta bajo tierra, mediante pozos de inyección a alta presión —con la premisa de que, una vez ahí abajo, se quedaría—. No siempre se queda.
Qué es exactamente el fracking
El fracturamiento hidráulico es una técnica de estimulación para aumentar la producción de hidrocarburos en formaciones rocosas: se inyectan fluidos bajo presión suficiente para fracturar las capas que contienen petróleo o gas. El fluido combina agua, químicos y un «apuntalante» —comúnmente arena— que mantiene abiertas esas fracturas para que el hidrocarburo pueda fluir.
El «agua producida»: lo que sube junto al petróleo
Cuando se bombea petróleo o gas desde el subsuelo, sube acompañado de un fluido salobre llamado «agua producida» —muchas veces más salada que el propio mar, y cargada de químicos, incluidos algunos cancerígenos—. Ese es el residuo central de toda esta industria: no se puede tratar como agua común, ni verter en cursos de agua superficiales.
1.076 químicos, y ni la EPA los conoce todos
Según el análisis de la EPA sobre las divulgaciones del registro FracFocus, se identificaron 1.076 productos químicos distintos usados en fluidos de fracking —ácidos, alcoholes, hidrocarburos aromáticos, mezclas de hidrocarburos, tensioactivos—. El metanol, destilados de petróleo hidrotratados y ácido clorhídrico aparecen en el 65% o más de los pozos analizados. La propia agencia reconoció que solo pudo obtener las propiedades fisicoquímicas de 453 de esas 1.076 sustancias —del resto, simplemente no hay datos suficientes para evaluar su comportamiento real en el subsuelo—.
Cómo se supone que debería funcionar la eliminación
El diseño teórico del sistema
La mayoría de los pozos de fracking tienen un revestimiento («casing») y una capa de cemento pensados para proteger los recursos de agua potable durante la perforación. El agua residual generada se bombea después hacia pozos de inyección específicos, diseñados para depositarla en formaciones geológicas profundas, selladas y separadas de los acuíferos que abastecen agua potable. En teoría, ese diseño debería mantener el líquido tóxico aislado de forma permanente.
El vacío legal que lo hizo posible: la «laguna Halliburton»
Una industria con exenciones propias
La Ley de Política Energética de 2005 amplió exenciones regulatorias específicas para la industria del petróleo y gas, incluyendo el escurrimiento de agua de lluvia en actividades de construcción de pozos. En 2006, la EPA promulgó normas que no exigen a las instalaciones de petróleo y gas obtener permisos para escurrimiento de agua de lluvia, siempre que ese escurrimiento esté «compuesto enteramente de agua de lluvia» —una excepción amplia dentro del marco regulatorio federal de aguas, que la industria energética no comparte con casi ningún otro sector—.
Ohio: el basurero subterráneo de otros estados
Ohio bombea alrededor de 1.400 millones de galones de aguas residuales bajo tierra cada año, y hasta la mitad proviene de otros estados —sobre todo de Pensilvania—. El estado tiene más de 240 pozos de inyección autorizados para residuos de petróleo y gas. En comparación, Pensilvania tiene apenas 19, y Virginia Occidental unas pocas docenas.
Por qué Ohio, específicamente
El origen de la asimetría regulatoria
Ohio se convirtió en el destino preferido de estos residuos porque, hace décadas, recibió permiso del gobierno federal para regular sus propios pozos de inyección de forma autónoma. Eso vuelve más fácil perforar y autorizar pozos ahí que en estados donde sigue existiendo supervisión federal directa, como Pensilvania —una diferencia normativa que, en los hechos, terminó convirtiendo a Ohio en el vertedero regional de una industria que opera en varios estados vecinos a la vez—.
El condado de Washington, en Ohio, alberga 19 pozos de inyección autorizados —tantos como todo el estado de Pensilvania junto—. En los últimos dos años, el 59% de los 562 millones de galones inyectados bajo ese único condado provino de fuera del estado.
Cuando el agua empieza a subir de nuevo
El problema es que esa agua inyectada no siempre se queda donde se supone que debe quedarse. En Ohio, empezó a emerger de nuevo a la superficie, generando temor por riesgos a la salud y contaminación del agua potable —un problema que, con las elecciones acercándose, empezó a ganar terreno político—.
Un efecto colateral inesperado: pozos de gas inundados
Las aguas residuales migratorias empezaron incluso a invadir pozos de gas natural de la región, provocando que dejen de producir. Según un operador local que suministra a la compañía Knox Energy, al menos 50 de sus pozos fueron inundados por aguas residuales y ya no producen —contribuyendo directamente a la escasez de gas en la zona—. Knox llegó a notificar a algunos residentes que «no podrá proporcionar un servicio fiable de gas natural», instándolos a buscar fuentes alternativas de calefacción para el invierno.
Oklahoma: la crisis más documentada del país
Si Ohio muestra el problema de la migración transfronteriza de residuos, Oklahoma documenta con mayor profundidad qué pasa cuando esas aguas residuales directamente estallan hacia la superficie. Una investigación de The Frontier y ProPublica encontró más de 150 incidentes recientes —conocidos como «purgas»— en los que aguas residuales petroleras brotaron de la tierra, liberando químicos tóxicos, incluidos algunos cancerígenos, cerca de viviendas, sobre tierras de cultivo, y dentro de fuentes de agua potable.
Las familias que perdieron su casa y su agua
El sueño americano de 12 años, destruido en una noche
La familia Meredith, de Fort Gibson, Oklahoma, pasó 12 años ahorrando para comprar la casa de sus sueños —hasta que agua negra y aceitosa brotó a través de sus propios cimientos, de la noche a la mañana—. En Arcadia, Oklahoma, la familia Boarman vio cómo las plantas de su jardín se marchitaban y morían, mientras contaminantes típicos de residuos petroleros se filtraban en su propio pozo de agua potable.
Tammy Boarman presentó una denuncia ante la división de petróleo de la Comisión Corporativa de Oklahoma, el organismo regulador de la industria. Durante dos años, el estado testeó repetidamente el agua de la familia, encontrando concentraciones de sal que la volvían no potable, y en un momento, metales tóxicos en niveles suficientes para poner en riesgo la salud humana —señales claras de contaminación por residuos petroleros, según las propias pruebas de la agencia—. Pero según documentos internos obtenidos por The Frontier y ProPublica, los reguladores retrasaron o directamente no realizaron otras pruebas recomendadas por sus propios empleados para localizar la fuente exacta de la contaminación.
Lo que los propios reguladores sabían
Empleados de la propia agencia habían señalado, durante años, el peligro de la inyección a alta presión —identificándola como causa primaria de las «purgas» tóxicas—. Pero los reguladores hicieron poco para abordar el problema: no exigieron a los operadores cumplir los límites de inyección de sus propios permisos, ni establecieron límites actualizados para pozos más antiguos que operaban con estándares obsoletos.
El testimonio de un exregulador
Danny Ray trabajó desde enero de 2020 en la agencia reguladora de petróleo y gas de Oklahoma, dedicado a contener los episodios de contaminación conocidos como «purgas». Dejó la agencia tras tres años, cansado de lo que describió como la incapacidad de los reguladores para frenar estas inundaciones de agua residual tóxica.
«Liderar con un apretón de manos, no con un martillo»
Según reveló la investigación, la propia agencia reguladora de Oklahoma prefiere, en sus palabras, «liderar con un apretón de manos en lugar de un martillo» —y no impuso ni una sola multa a ninguna empresa por fugas de aguas residuales en los últimos cinco años—.
Presión más alta de lo legal, en niveles documentados
Compañías petroleras contaminaron aguas subterráneas y el ambiente inyectando residuos de campos petroleros a presiones suficientemente altas como para violar la propia ley de Oklahoma —un hallazgo confirmado por documentos internos de la agencia, no por una denuncia externa—.
Casi 400 excepciones a la norma, desde 2022
La ciudad de Enid, Oklahoma, se enfrentó directamente a la industria: pidió a la misma agencia que había aprobado un pozo de inyección específico —el «Flying Monkey»— que revocara ese mismo permiso, y solicitó protecciones más estrictas contra la contaminación por inyección, a medida que más empresas piden autorización para perforar pozos de eliminación de residuos cerca de la ciudad.
El patrón detrás de las excepciones
La Comisión Corporativa de Oklahoma aprobó miles de órdenes de exención o ajuste a las normas estatales en los últimos años, según la propia base de datos administrativa de la agencia —incluidas casi 400 órdenes que otorgan excepciones específicas a las regulaciones de inyección, solo desde 2022—.
Bajo la ley estatal, ciudades como Enid ni siquiera tienen la potestad legal de aprobar sus propias normas sobre estos pozos —dependen enteramente de que la misma agencia que los autorizó decida, ahora, ponerles freno—.
Lo que finalmente empieza a moverse
Tras la investigación de The Frontier y ProPublica, una senadora estatal de Oklahoma, Mary Boren, presentó cuatro proyectos de ley para frenar la contaminación industrial y crear mayor transparencia para los propietarios de tierras.
Las leyes de mayor supervisión sobre una de las industrias más grandes del estado suelen enfrentar probabilidades muy bajas en Oklahoma, aunque algunas lograron aprobarse en los últimos años —estos proyectos todavía necesitan el respaldo de una legislatura controlada por republicanos y de un gobernador también republicano, frente a la oposición directa de la propia industria—.
El patrón de fondo
Lo que conecta Ohio y Oklahoma —dos estados con geografías, regulaciones y actores distintos— es exactamente el mismo mecanismo estructural: una industria que genera un volumen de residuos tóxicos tan enorme que ni el propio sistema de inyección profunda, diseñado específicamente para contenerlos, logra hacerlo de forma confiable; agencias reguladoras estatales que conocen los riesgos desde adentro, documentados por sus propios empleados, pero que optan sistemáticamente por la permisividad antes que por la sanción; y comunidades enteras —familias que ahorraron toda una vida para su casa, rancheros que ven morir a sus animales, ciudades que ni siquiera pueden legislar sobre su propio subsuelo— que terminan pagando, literalmente en su agua potable, el costo de una cadena regulatoria diseñada para favorecer a la industria antes que para protegerlas.
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