República Democrática del Congo — La crisis que el mundo dejó de mirar
Una violación cada 4 minutos: el genocidio olvidado
17.000 muertos solo en Goma y Bukavu desde la ocupación del M23. El propio ejército congoleño financia a milicias acusadas de esclavitud sexual. Y mientras el mundo mira Gaza y Cisjordania, el este del Congo podría cerrar el año con 9 millones de desplazados internos.
- Lo que denunció Amnistía en julio
- Quién es el CMC-FDP, y a quién responde
- El testimonio que resume el horror
- 4 millones de dólares al mes, pagados por el propio Estado
- El comandante ya sancionado por la UE
- La respuesta oficial del grupo armado
- M23: la otra cara del mismo conflicto
- Las cifras que pocos conocen
- Rwanda, el actor que la ONU señala una y otra vez
- Un tercer frente: el ADF vinculado al Estado Islámico
- Nueve millones de desplazados, antes de fin de año
- La otra fuente del horror: los minerales
- Por qué este conflicto no ocupa portadas
Mientras la atención internacional se concentra en Gaza y Cisjordania, en el este de la República Democrática del Congo se desarrolla, desde hace más de dos décadas, uno de los conflictos armados más letales y menos cubiertos del planeta —con violaciones sistemáticas, ejecuciones sumarias, esclavitud sexual, y millones de desplazados que rara vez ocupan un titular—.
Lo que denunció Amnistía en julio
Amnistía Internacional documentó que el Colectivo de Movimientos por el Cambio-Fuerzas de Defensa Popular (CMC-FDP), un grupo armado respaldado por el propio ejército congoleño (FARDC), mató y torturó a civiles, saqueó propiedades, y secuestró mujeres como esclavas sexuales en el territorio de Rutshuru, en el este del país.
Quién es el CMC-FDP, y a quién responde
Una milicia dentro de una coalición más grande
El CMC-FDP es parte de los Wazalendo («patriotas», en swahili), una coalición laxa de grupos armados que el ejército congoleño usa como fuerza de choque en su lucha contra el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda. El CMC-FDP opera principalmente en la zona de Bukombo.
El testimonio que resume el horror
Secuestrada, y «casada» a la fuerza con un comandante
Una mujer de poco más de 20 años relató a Amnistía que, después de que su esposo se uniera al M23 en mayo de 2025, combatientes del CMC-FDP la secuestraron de su propia casa y la mantuvieron cautiva durante tres meses. «Me dieron a elegir: me mataban, o tenía que irme con ellos», contó. La detuvieron en un campamento y la presentaron ante un comandante que sería su «esposo» —alimentándola con una taza de raíz de taro y maíz cada dos días—.
Entre marzo y abril de 2026, Amnistía realizó entrevistas remotas, por aplicaciones telefónicas seguras, a 16 víctimas, sobrevivientes y familiares de civiles asesinados, violados, torturados, secuestrados o maltratados por combatientes del CMC-FDP entre junio y diciembre de 2025.
4 millones de dólares al mes, pagados por el propio Estado
El ministro de Finanzas de la RDC confirmó ante la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2025, que el Estado paga a los grupos Wazalendo 4 millones de dólares mensuales. Según un documento interno del gobierno militar de Kivu del Norte obtenido por Ebuteli, un grupo de investigación congoleño, el CMC-FDP recibió más de 100.000 balas y más de 100 cohetes de 40mm de las propias FARDC a fines de 2023 y comienzos de 2024.
El comandante ya sancionado por la UE
Diez años de combate, con vínculos documentados
En julio de 2024, la Unión Europea sancionó al principal comandante del CMC-FDP, Dominique «Domi» Kamanzi Ndaruhutse, por «cometer actos que constituyen violaciones graves de derechos humanos». Lleva más de una década combatiendo con distintos grupos Nyatura, y según el grupo de expertos de la ONU sobre la RDC, colaboró con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —un grupo armado que integra remanentes del Interahamwe y exsoldados ruandeses responsables del genocidio de 1994—.
La respuesta oficial del grupo armado
Amnistía envió sus hallazgos al CMC-FDP el 8 de junio de 2026, solicitando información sobre la conducta de sus comandantes y combatientes hacia la población civil. El propio vocero del grupo, Héritier Donald Gashegu, respondió por escrito ocho días después.
M23: la otra cara del mismo conflicto
El CMC-FDP es apenas una pieza de un conflicto mucho más amplio. Desde comienzos de 2025, el M23 —respaldado por Ruanda— capturó las ciudades de Goma y Bukavu, epicentros de Kivu del Norte y del Sur, en la ofensiva más grave de la última década en la región.
Las cifras que pocos conocen
Según el Ministerio de Derechos Humanos congoleño, unas 17.000 personas murieron en Goma y Bukavu desde la ocupación del M23, con 15.769 casos de pérdida o amenaza de vida, 829 secuestros y 417 casos de tortura documentados. Siete millones de civiles se vieron obligados a desplazarse, dentro y fuera del país. Entre el 28 de enero y el 9 de abril de 2025, la ONU registró al menos 70 incidentes de homicidios selectivos cometidos por el M23 solo en Goma, con más de 200 muertes.
Lo que dice el propio M23 sobre las cifras
El portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, acusó al gobierno congoleño de «manipular» el número de muertos, sosteniendo que más de 2.500 de los caídos eran combatientes de las FARDC, la FDLR y las milicias Wazalendo aliadas al ejército —no civiles—.
Rwanda, el actor que la ONU señala una y otra vez
Entre 2.000 y 3.000 soldados extranjeros, según Naciones Unidas
Los informes de la ONU documentan reiteradamente que Ruanda brinda apoyo militar, logístico y operativo al M23, con un estimado de entre 2.000 y 3.000 soldados ruandeses en territorio congoleño. Pese a que la comunidad internacional lo constata con la contundencia que exige el derecho internacional, las consecuencias diplomáticas reales siguen siendo limitadas.
Un tercer frente: el ADF vinculado al Estado Islámico
Mientras la atención internacional y doméstica se concentra en el avance del M23, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) —milicia de origen ugandés vinculada por la ONU al Estado Islámico, responsable de miles de civiles asesinados en la última década— aprovechó la desviación de tropas y atención para expandirse hacia el territorio de Mambasa, lejos de sus zonas tradicionales de operación.
Nueve millones de desplazados, antes de fin de año
La RDC ya se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor número de desplazados internos, con alrededor de 6,47 millones de personas —y ACNUR proyecta que, de continuar el ritmo actual de violencia, esa cifra podría alcanzar los 9 millones antes de que termine 2026—. Solo entre enero y febrero de 2025, más de 700.000 personas huyeron de los combates en torno a Goma, Bukavu, Masisi, Sake y Minova.
La otra fuente del horror: los minerales
El vínculo que documentó la propia investigación congoleña
La investigación del Ministerio de Derechos Humanos estableció un vínculo directo entre la violencia y la explotación ilegal de recursos naturales: tanto Kivu del Norte como del Sur cuentan con importantes yacimientos minerales, y la captura de Uvira por el M23 —ciudad estratégica por su conexión fronteriza y fluvial— respondió, en gran parte, a ese mismo interés económico.
Tras acuerdos de paz firmados en Washington y Catar, ambas partes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, mientras el conflicto —alimentado desde 1998 por grupos rebeldes y el propio ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco)— continúa sin resolverse.
Por qué este conflicto no ocupa portadas
Con más de un centenar de grupos armados activos actualmente en el país, ejecuciones sumarias, violencia sexual sistemática, reclutamiento forzado de menores, trabajo esclavo, ocupación de escuelas y hospitales, y bloqueo de asistencia humanitaria documentados por el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el este de la República Democrática del Congo reúne, desde hace más de dos décadas, todos los elementos de una catástrofe humanitaria de primer orden. Y sin embargo, rara vez logra sostener la atención internacional más allá de un pico de cobertura cuando cae una ciudad grande —como Goma o Bukavu—, para después volver al mismo silencio structural que atraviesa, año tras año, a millones de congoleños.
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