La ironía de Fujimori: ahora sufre el Congreso que ella usó

Durante años, Keiko Fujimori utilizó el poder de su partido en el Congreso para poner contra las cuerdas a los gobiernos de sus adversarios. Ahora que ella está en Palacio de Gobierno, los papeles se invirtieron. A apenas dos meses de haber asumido, sufrió esta semana un revés político que deja a la vista un cambio de escenario para el que su propio partido no parece preparado.

El cambio de papeles

El dato central es simple y brutal: la agrupación que llegó a tener la mayoría absoluta del Parlamento cuenta hoy con 41 de los 130 diputados. Necesita los votos de otras bancadas para aprobar sus reformas, y su promesa central de campaña —mano dura contra la inseguridad— depende de esas negociaciones.

Lo que el fujimorismo le hizo a otros

El contraste histórico es lo que vuelve llamativo el momento. En 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, Fuerza Popular obtuvo 73 de los 130 escaños de un Congreso entonces unicameral. Keiko Fujimori no era parlamentaria, pero su bancada censuró al ministro de Educación y, en septiembre de 2017, negó la confianza a todo el gabinete, que tuvo que renunciar en bloque.

Más tarde, ya sin mayoría absoluta, el fujimorismo mantuvo su poder mediante alianzas, y durante la presidencia del izquierdista Pedro Castillo respaldó la censura de cinco ministros. El poder del Congreso llegó a tal extremo que, en los últimos diez años, el fujimorismo —solo o aliado con otros partidos— participó en la destitución de cuatro presidentes: Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

Galarreta, del otro lado del mostrador

Nadie encarna mejor el cambio de papeles que el primer ministro de Fujimori, Luis Galarreta, quien presidió el Congreso durante parte del enfrentamiento con Kuczynski. Entonces formaba parte del partido que presionaba al Ejecutivo. Hoy le toca negociar en nombre de la presidenta: durante semanas se reunió con representantes de distintos partidos para defender las 66 medidas solicitadas, pero no logró reunir los apoyos necesarios.

Tras la votación, Galarreta se quejó a través de un comunicado oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros:

Las acusaciones de traición, puertas adentro

La resistencia al pedido de facultades no vino solo de la oposición declarada: apareció entre quienes parecían aliados. Renovación Popular, el partido de ultraderecha de Rafael López Aliaga, se unió a otras tres agrupaciones para reducir las facultades. El martes 6 de octubre, el fujimorismo intentó recuperar terreno negociando una propuesta para elevar de 20 a 29 las medidas autorizadas. El acuerdo fracasó entre acusaciones cruzadas de traición: el diputado fujimorista César Revilla aseguró que otro legislador retiró su firma de una propuesta de consenso que había aceptado apoyar.

Al final, el propio partido de Fujimori tuvo que aceptar las mismas 20 medidas que el gobierno consideraba insuficientes. Ni siquiera votó en bloque: de los 41 diputados fujimoristas, 34 votaron a favor del texto que habían intentado cambiar —y sin esos votos, el texto ni siquiera habría salido adelante—, mientras los otros siete se abstuvieron.

Lo que quedó afuera, y por qué

Entre las facultades rechazadas estaban las que habrían permitido ampliar las operaciones de inteligencia y dar a las Fuerzas Armadas un papel más directo en el resguardo de las cárceles —una propuesta central de Fujimori que terminó cayéndose del texto final—. También quedaron fuera medidas para facilitar la formalización de pequeñas empresas y simplificar trámites administrativos.

La objeción de fondo de varios diputados no fue técnica, sino histórica. Fernando García Huby, del centrista Partido del Buen Gobierno, lo planteó sin vueltas:

La referencia es directa a los abusos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa, por los que el padre de la actual presidenta fue condenado. Treinta años después, ese antecedente sigue pesando en el Congreso a la hora de decidir cuánto margen darle a su hija.

La votación también dejó a la vista las divisiones dentro de la propia oposición: mientras la izquierda cercana al expresidente Pedro Castillo —encarcelado desde su fallido autogolpe de 2022— pretendía rechazar por completo el pedido, otras agrupaciones opositoras aceptaron conceder facultades limitadas, e incluso hubo bancadas que dividieron su voto internamente.

La oportunidad en el Senado

Esa misma fragmentación opositora puede jugar a favor de Fujimori en la segunda cámara. En el Senado, su partido tiene 22 de los 60 escaños. Si consigue el respaldo de los ocho representantes de Renovación Popular —el mismo partido que lideró el recorte en Diputados—, quedaría a un solo voto de la mayoría absoluta.

El gobierno intentará recuperar allí algunas de las facultades excluidas en Diputados. Es, para Fujimori, una oportunidad real de recomponer parte de lo perdido. Pero para conseguirlo va a tener que negociar con partidos que ya demostraron, en la primera cámara, que no están dispuestos a darle todo lo que pide.

El politólogo Fernando Tuesta resume el riesgo de fondo si esa negociación no se resuelve: «Si no negocian, lo que va a pasar es la parálisis». Para una presidenta cuya bancada pasó una década siendo la que imponía condiciones, aprender a negociar desde la debilidad parlamentaria es, a dos meses de asumir, el verdadero examen de su gobierno.