Entre 1943 y 1945, el Ejército Insurgente Ucraniano asesinó a decenas de miles de civiles polacos en una de las campañas de limpieza étnica más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después, Zelensky bautizó una unidad militar en honor a esa misma organización, Polonia amenazó con quitarle una condecoración, y la herida sigue abierta mientras la guerra con Rusia obliga a ambos países a necesitarse más que nunca.
Entre 1943 y 1945, en la región de Volinia y el este de Galitzia —entonces Polonia ocupada por la Alemania nazi—, el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), con apoyo de parte de la población local, llevó adelante una campaña de exterminio contra la minoría polaca que provocó hasta 100.000 muertes. Fue, según la clasificación que adoptó el Parlamento polaco en 2013, una «limpieza étnica con características de genocidio». Ochenta años después, esa historia volvió a la primera plana diplomática: en mayo de 2026, un decreto de Volodímir Zelensky que bautizó una unidad de fuerzas especiales ucranianas en honor a la UPA desató una crisis con Polonia que todavía no cerró del todo.
El contexto: una minoría sin estado que la protegiera
Según el censo polaco de 1931, en Volinia el ucraniano era hablado por el 68% de los habitantes, el polaco por el 17%. En el este de Galitzia, el ucraniano llegaba al 52% y el polaco al 40%. La Polonia de entreguerras gobernaba sobre amplios territorios de mayoría ucraniana, con una política que osciló entre la asimilación, la conciliación y la represión: en 1930 se impuso una «pacificación» con responsabilidad colectiva sobre la población ucraniana gallega, y desde 1937 el Estado polaco destruyó más de 190 iglesias ortodoxas y convirtió 150 al catolicismo romano como parte de una política de polonización religiosa. Al mismo tiempo, entre 1921 y 1938, unos 17.700 colonos y veteranos polacos se instalaron en zonas rurales de Volinia, en más de 3.500 nuevos asentamientos.
En ese caldo de cultivo surgió, en 1929, la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), de extrema derecha radical, que llevó adelante atentados y asesinatos aislados pero seguía siendo un movimiento marginal, condenado por figuras del propio liderazgo ucraniano como el arzobispo greco-católico Andriy Sheptytsky. El partido ucraniano más popular de la época, la Alianza Democrática Nacional Ucraniana, defendía en cambio medios pacíficos para lograr la independencia.
1939-1943: ocupación soviética, luego nazi, y el ascenso de la facción Bandera
La invasión soviético-alemana de Polonia en septiembre de 1939 ya produjo los primeros brotes de violencia antipolaca en Galitzia oriental, con cerca de 3.000 muertos. Bajo ocupación soviética (1939-1941), la NKVD deportó a 200.000 polacos a Siberia y desarticuló tanto a los líderes comunitarios polacos como al movimiento independentista ucraniano moderado, dejando a la clandestinidad extremista OUN-B (facción liderada por Stepan Bandera, separada en 1940 de la OUN-M de Andriy Melnyk) como la única fuerza organizada con peso real entre los ucranianos occidentales.
Cuando Alemania invadió la URSS en 1941, la OUN-B apoyó a los alemanes y organizó milicias que participaron en pogromos antisemitas —el mayor, en Lviv, dejó 6.000 judíos polacos asesinados— y en el adiestramiento de policía ucraniana que luego colaboró con las SS en el asesinato de unos 200.000 judíos de la región. La OUN-B proclamó un efímero Estado ucraniano en Lviv el 30 de junio de 1941, que los propios alemanes reprimieron de inmediato, arrestando a unos 1.500 de sus miembros.
La decisión: «liquidación física general de toda la población polaca»
A finales de 1942, referentes militares de la OUN-B decidieron impedir que el futuro Estado polaco de posguerra reclamara soberanía sobre territorios de mayoría ucraniana, mediante la expulsión forzada de la población polaca. La doctrina de fondo era el nacionalismo integral totalitario que la OUN sostenía desde el período de entreguerras: un Estado ucraniano debía ser étnicamente homogéneo, y según su lógica, mientras judíos, rusos y alemanes se consideraban una presencia «temporal», los polacos debían ser expulsados por la fuerza de forma definitiva.
El 9 de febrero de 1943 tuvo lugar, en Parośle, lo que se considera el primer asesinato masivo de la UPA contra civiles polacos —entre 149 y 173 víctimas—, cometido por un grupo que se hizo pasar por partisanos soviéticos. En junio de 1943, el comandante de la UPA en Volinia, Dmytro Klyachkivsky («Klym Savur»), formalizó la orden de «liquidación física general de toda la población polaca». Una directiva atribuida a él, publicada en los años noventa por el historiador polaco Władysław Filar, decía: «Debemos hacer una gran acción de la liquidación del elemento polaco… es necesario a toda costa debilitar las fuerzas polacas. Pueblos y asentamientos que se encuentran junto a los bosques masivos deben desaparecer de la faz de la tierra.»
El punto máximo de la masacre. Unidades de la UPA atacaron coordinadamente unas 100 aldeas polacas en Volinia en un solo día, quemándolas hasta los cimientos y matando a unas 8.000 personas, incluidos pacientes y enfermeras de un hospital. En total, durante julio de 1943 fueron atacadas 520 aldeas polacas, con entre 10.000 y 11.000 muertos solo ese mes. Según Timothy Snyder, historiador de Yale, las acciones de la UPA provocaron la muerte de al menos 40.000 civiles polacos en Volinia hacia julio de 1943, y 10.000 más en Galitzia hacia marzo de 1944.
Los métodos documentados por la clandestinia polaca y por historiadores como Norman Davies, Niall Ferguson y el propio Snyder describen una violencia de una brutalidad extrema: aldeas enteras rodeadas al amanecer por milicianos armados seguidos de campesinos con hachas, horcas y guadañas; sacerdotes católicos crucificados; iglesias incendiadas con los feligreses adentro; mujeres embarazadas y niños asesinados con especial saña. El objetivo, según describió el historiador Davies, era simple: «no podían determinar el futuro de la provincia, pero al menos podían determinar que sería un futuro sin polacos.»
¿Contó con apoyo popular? El papel de la población local
Aunque sería exagerado decir que las masacres tuvieron respaldo general de la población ucraniana, los historiadores coinciden en que, sin cierto apoyo local, habrían sido logísticamente imposibles. Surgieron grupos de autodefensa campesina ucraniana (los SKV) que participaron activamente en los ataques. Al mismo tiempo, el Instituto Polaco de Memoria Nacional documentó en 2007 unos 1.341 casos de ucranianos que arriesgaron su vida para proteger a vecinos polacos —384 de ellos fueron ejecutados por la propia UPA por «colaborar con el enemigo»—. No toda la dirigencia ucraniana avaló la matanza: en el Tercer Congreso de la OUN, en agosto de 1943, Mykola Lebed calificó las acciones de «bandidas», pero la mayoría de los delegados se opuso a esa evaluación y optó por extender la campaña a Galitzia.
Galitzia, 1944: el mismo método, menos víctimas por mejor resistencia
A fines de 1943 el conflicto se trasladó al este de Galitzia, donde la presencia polaca era más fuerte y la autodefensa, mejor organizada —lo que resultó en una mortalidad proporcionalmente menor, aunque igualmente sistemática—. El comandante Roman Shukhevych ordenó en febrero de 1944 «acelerar la liquidación de los polacos… sólo hay que destruir a la población polaca». Una de las masacres más conocidas de este período ocurrió en Huta Pieniacka, el 28 de febrero de 1944: entre 500 y 1.200 personas murieron, según la investigación del Instituto Polaco de Memoria Nacional a manos del 4º batallón de la 14ª División SS de Ucrania, con apoyo de unidades de la UPA y civiles locales. El comandante de la autodefensa polaca del pueblo fue rociado con gasolina y quemado vivo en la plaza principal.
La otra cara: represalias polacas, en escala mucho menor
La resistencia polaca, organizada en torno al Ejército Nacional (AK), también cometió masacres de represalia contra civiles ucranianos, aunque en una escala sustancialmente menor según todas las fuentes disponibles: se estima entre 2.000 y 3.000 ucranianos muertos en total por acciones polacas, frente a las decenas de miles de polacos asesinados por la UPA. El propio comandante del AK en Volinia, Kazimierz Bąbiński, había ordenado explícitamente a sus unidades: «Prohíbo el uso de los métodos utilizados por los carniceros ucranianos. No quemaremos casas ucranianas ni mataremos a mujeres y niños ucranianos en represalia» —orden que, según la evidencia documental, no siempre se cumplió del todo, pero que marca una diferencia doctrinal clara respecto a la política de exterminio sistemático de la UPA.
Cómo lo clasifica cada país, y por qué no es un detalle menor
Polonia zanjó la discusión en términos legales hace tiempo: en 2008 su Parlamento definió los crímenes de la UPA como «crímenes con características de genocidio», en 2013 lo precisó como «limpieza étnica con características de genocidio», y en 2016 estableció el 11 de julio como Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas. Ucrania y algunos historiadores no polacos prefieren, en cambio, el término más acotado de «limpieza étnica» sin la palabra «genocidio» —una diferencia que no es solo semántica, sino que determina el tipo de responsabilidad histórica y simbólica que cada país está dispuesto a asumir frente a sus propios próceres.
2026: Zelensky bautiza una unidad en honor a la UPA, y Polonia explota
Ese es, precisamente, el nudo que volvió a tensar la relación bilateral este año. En mayo de 2026, un decreto de Volodímir Zelensky nombró a una unidad de fuerzas especiales ucranianas en honor al Ejército Insurgente Ucraniano. Para buena parte de la sociedad ucraniana, la UPA es recordada como símbolo de resistencia contra la Unión Soviética y la Alemania nazi, no como responsable de Volinia. Para Polonia, nombrar una unidad militar en su honor —en pleno siglo XXI, con la masacre reconocida por ley como genocidio desde hace casi dos décadas— fue una afrenta directa a la memoria de las víctimas.
El presidente polaco Karol Nawrocki reaccionó proponiendo revisar la máxima condecoración de su país entregada a Zelensky: «Glorificar a la UPA le ha dado a la propaganda rusa munición abundante para la desinformación», declaró el 29 de mayo de 2026, al proponer ante el organismo correspondiente la revocación de la Orden del Águila Blanca —la distinción más alta del Estado polaco, que el expresidente Andrzej Duda le había otorgado a Zelensky en 2023—. El canciller polaco calificó la medida en X de una ofensa que «hiere la memoria» de las víctimas de la UPA.
El vocero de la Cancillería ucraniana, Heorhii Tykhyi, dijo que era «lamentable» que la decisión hubiera causado una reacción negativa en Polonia, y agregó una frase que resume la estrategia de Kiev frente al reclamo: «Nuestra historia confirma que solo Moscú se beneficia de las disputas entre ucranianos y polacos.» Es, en los hechos, un reencuadre del reclamo histórico polaco como un problema de unidad estratégica frente a Rusia, más que una respuesta directa sobre el fondo del reclamo —no hubo, en ningún momento de esta crisis, un pedido de disculpas formal por la masacre en sí.
El plan de cinco puntos: archivos y exhumaciones, pero sin la palabra «perdón»
Para contener el daño, Zelensky anunció el 17 de julio de 2026 un plan de cinco puntos para encauzar la disputa: decisiones en el plano diplomático (sin especificar cuáles), apertura de los archivos del SBU y del servicio de inteligencia exterior ucraniano sobre los hechos de Volinia, otorgamiento de un número sustancial de permisos para trabajos de búsqueda y exhumación de víctimas polacas —hasta entonces, Ucrania solo había aprobado un puñado de esas solicitudes—, ampliación del diálogo entre ambas sociedades civiles, y más fondos y capacidad para el Instituto Ucraniano de Memoria Nacional.
El primer ministro polaco Donald Tusk recibió el anuncio «con satisfacción y esperanza», y se mostró dispuesto al diálogo. El viceprimer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz fue más cauto: «los anuncios deben convertirse en acciones concretas», y recordó que Rusia es «el enemigo común» al que le conviene sembrar discordia entre ambos países. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional del presidente Nawrocki, Bartosz Grodecki, lo resumió con una frase que podría aplicarse a cualquier disputa histórica sin resolver: «enfrentar la verdad histórica es el único camino para seguir construyendo la relación.»
Y ahí está el punto que deja la crisis a mitad de camino: entre los cinco puntos anunciados por Zelensky no figuró la revocación del nombre que había encendido todo el conflicto. La unidad de fuerzas especiales bautizada en honor a la UPA sigue llamándose igual hoy. Ucrania abrió archivos, amplió permisos de exhumación y prometió más diálogo social, pero no tocó el gesto puntual que Polonia señaló como la ofensa original.
Lo que el plan de cinco puntos no incluyó, en ningún momento, fue una disculpa formal por la masacre —ni el cambio de nombre de la unidad—. Las exhumaciones comenzaron efectivamente en julio de 2026, y en agosto se realizó una ceremonia de reentierro de víctimas polacas de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, con funcionarios de ambos países presentes —un gesto simbólico real, pero que opera en paralelo a, y no en reemplazo de, el reconocimiento político pleno que Polonia sigue reclamando, mientras el símbolo original que originó el reclamo permanece intacto.
Ochenta años después de que la UPA decidiera que el futuro de Volinia «sería un futuro sin polacos», la región sigue siendo un territorio de memoria en disputa, no de historia cerrada. Polonia y Ucrania necesitan hoy, más que nunca, mantenerse unidas frente a Rusia —y ambos gobiernos lo repiten constantemente, como advertencia mutua para no dejar que el pasado sabotee la alianza del presente—. Pero mientras la unidad bautizada en honor a la UPA siga llamándose igual, sin una palabra de disculpa que acompañe los archivos abiertos y las exhumaciones, la herida de Volinia va a seguir funcionando como la prueba de que algunas heridas históricas no se cierran con gestos administrativos, por bien intencionados que sean —ni con el símbolo que las encendió todavía de pie.
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