Gerrymandering: cómo se gana sin convencer

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Gerrymandering: cómo se gana sin convencer

Nació en Massachusetts en 1812 y le puso el nombre un dibujo de prensa que vio una salamandra en un mapa. Doscientos catorce años después, en Estados Unidos se redibujaron los distritos de once estados fuera de todo calendario, y eso solo ya mueve cerca de diez escaños. Qué es, cómo se mide, y por qué en Uruguay no se puede hacer.

Hay una forma de ganar una elección que no requiere convencer a nadie. No implica fraude, no implica cambiar un voto, no implica intervenir una urna. Consiste en decidir, antes de que se vote, quiénes van a votar juntos.

En cualquier sistema donde el territorio se divide en distritos y cada distrito elige un representante, el trazado de las líneas decide tanto como el voto. Un mismo electorado, exactamente el mismo, repartido de dos maneras distintas produce dos parlamentos distintos. Y si quien dibuja las líneas es el mismo que va a competir en ellas, el incentivo es obvio.

A eso se le llama gerrymandering, y el nombre viene de una salamandra.

01La salamandra de 1812

En febrero de 1812, Elbridge Gerry, gobernador de Massachusetts, firmó una ley que reorganizaba los distritos del Senado estatal en beneficio de su partido, el Demócrata-Republicano, y en contra de los federalistas. Uno de los distritos resultantes tenía una forma tan retorcida que la prensa de la época le encontró parecido con una salamandra.

El 26 de marzo de 1812, el Boston Gazette publicó la palabra por primera vez: gerrymander, de Gerry más salamander. La caricatura que la acompañaba, atribuida al grabador Elkanah Tisdale, fijó el término para siempre.

Y acá hay tres detalles que hacen la historia mucho mejor de lo que suele contarse.

El episodio quedó como fundacional no porque fuera el primero —dividir territorio con intención es tan viejo como dividir territorio— sino porque le puso nombre a algo que hasta entonces no lo tenía. Y lo que tiene nombre se puede denunciar.

02Las cuatro técnicas

El repertorio está bastante estandarizado y conviene tener los términos bien puestos, porque dos de ellos se confunden todo el tiempo, incluso en textos serios.

Las dos últimas se intercambian con frecuencia en la bibliografía en español. La regla para no equivocarse: hijacking es cuando se secuestra el distrito y los legisladores quedan adentro de a dos; kidnapping es cuando se secuestra al legislador y se lo manda a otro distrito.

El objetivo de las dos primeras es maximizar escaños con la menor cantidad de votos posible. El de las dos últimas es más personal: sacarse de encima a alguien en concreto.

03Cómo se mide

Durante mucho tiempo la discusión fue estética: distritos con forma rara. El problema es que la forma rara no prueba nada —hay distritos retorcidos por geografía legítima, ríos, costas, barrios— y hay gerrymanders perfectamente rectangulares.

La ciencia política resolvió el problema con una métrica: la brecha de eficiencia. Se basa en el concepto de voto desperdiciado, que es todo voto que no sirvió para elegir a nadie: los votos del que pierde, y los votos excedentes del que gana por encima de lo necesario. Se suman los votos desperdiciados de cada partido en todos los distritos, se calcula la diferencia y se expresa como porcentaje del total emitido.

El caso que convirtió la métrica en argumento judicial es Wisconsin.

Menos de la mitad de los votos, más del 60% de la cámara. No hubo irregularidad en el conteo: el mapa hizo el trabajo. Ese caso llegó a la Corte Suprema, y lo que pasó ahí es la parte más importante de toda esta historia.

04Por qué pasa en Estados Unidos

Antes de la parte judicial conviene entender por qué el fenómeno es crónico ahí y episódico en casi todos los demás lados. No es una cuestión de moral política: son cuatro rasgos del diseño institucional, y se refuerzan entre sí.

Juntá los cuatro y el resultado es previsible: cada diez años, en cada estado, el partido que controla la legislatura tiene la facultad legal de rediseñar el terreno donde va a competir. No hace falta mala fe. Basta el incentivo.

05Lo que dijo la Corte Suprema

Esta es la sección que falta en casi todas las explicaciones del tema, y sin ella no se entiende por qué la práctica sigue viva. La historia del gerrymandering en Estados Unidos es, en buena medida, la historia de seis decisiones judiciales.

El combo de las dos últimas es lo que explica el presente, y vale la pena desarmarlo despacio porque es más sutil de lo que parece.

Rucho dice que los tribunales federales no pueden intervenir cuando el gerrymandering es partidario. Callais endurece los requisitos cuando el reclamo es racial: ahora el demandante tiene que presentar mapas alternativos que cumplan los objetivos legítimos del estado —incluida la protección de los legisladores en funciones— y además probar que el estado dibujó intencionalmente para darle menos oportunidades a los votantes de una minoría por su raza.

Y acá está el razonamiento que cierra el círculo. Alito escribió que, dado el bipartidismo y dado Rucho, un demandante puede fácilmente reempaquetar un reclamo partidario como racial. Por eso, ahora hay que separar la raza de la política.

El problema práctico es que en Estados Unidos, y en el sur en particular, raza y preferencia partidaria están estadísticamente entrelazadas. Separarlas en un tribunal es extraordinariamente difícil. El resultado combinado es que si el mapa es partidario, no hay jurisdicción federal; y si es racial, hay que demostrar que no es partidario.

06La guerra de mapas de 2025 y 2026

Y de ahí a lo que está pasando ahora mismo. Porque esto no es historia: es la noticia de hoy.

Tradicionalmente los mapas se rehacían una vez por década, después del censo. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se redibujaron fuera de ese calendario, en mitad de la década, en once estados.

Estimaciones de efecto partidario esperado, no resultados. Sumando los mapas vigentes, el corrimiento neto se ubica en torno a diez escaños a favor de los republicanos, aunque las estimaciones varían según la fuente y según qué mapas se cuenten como vigentes. También hubo intentos que fracasaron: el Senado de Indiana rechazó su mapa en diciembre de 2025, el de Maryland no llegó a votarse, y Kansas, Arkansas, Nueva York, Wisconsin y Colorado no lograron aprobar los suyos.

Fijate en las fechas de las últimas cuatro filas. Florida el 4 de mayo, Tennessee el 7, Luisiana el 29, Alabama el 2 de junio. La decisión de Callais es del 29 de abril de 2026. Cuatro estados redibujaron sus mapas en las cinco semanas siguientes al fallo, y Tennessee eliminó su único distrito de mayoría minoritaria.

Eso no es una coincidencia que haya que interpretar. Es una secuencia en el calendario.

Y acá hay que ser parejo

El episodio tiene una asimetría en el orden de los movimientos que conviene decir con claridad, sin usarla para absolver a nadie.

Texas abrió la serie en julio de 2025. California respondió en noviembre, y para hacerlo tuvo que pasar por encima de su propia comisión independiente mediante un referéndum, la Propuesta 50, que ganó con el 64% de los votos. Es decir: el estado que en 2008 y 2010 había sacado el lápiz de las manos de los políticos para entregárselo a una comisión ciudadana, en 2025 se lo devolvió, por votación popular y por única vez.

Virginia hizo lo mismo en represalia por Carolina del Norte, y su Corte Suprema estadual le anuló el mapa en mayo de 2026.

La herramienta es la misma para los dos lados. Lo que difiere es quién empezó y quién respondió, y eso importa para el relato pero no cambia la naturaleza del instrumento. Un distrito redibujado para ganar no se vuelve democrático según quién lo dibujó.

07No es solo estadounidense

La práctica es icónica allá, pero existe en cualquier sistema de distritos uninominales donde el poder político controle el trazado.

Una precisión sobre el primer caso, porque es el que más se cita mal. Los rotten boroughs británicos no eran exactamente gerrymandering: eran circunscripciones que mantenían su representación en el Parlamento después de haberse despoblado, algunas con un puñado de votantes eligiendo dos escaños. El problema no era la forma del distrito sino su tamaño. Es un fenómeno vecino y distinto, y la diferencia es la de la sección siguiente.

La razón por la que en la mayoría de las democracias esto es episódico y no crónico se reduce a dos cosas: muchas usan sistemas proporcionales, donde el trazado pesa mucho menos, y las que usan distritos uninominales le sacaron el lápiz a los políticos y se lo dieron a comisiones independientes. No es que sean más virtuosas. Es que cambiaron quién dibuja.

08Dos cosas distintas que se confunden

Esta distinción vale la pena porque permite discutir con precisión, y porque es la que después explica el caso uruguayo.

En Estados Unidos el segundo problema se atacó primero: Reynolds v. Sims, en 1964, impuso poblaciones aproximadamente iguales. El primero sigue abierto.

09Uruguay: por qué acá no se puede

Y acá llegamos a lo que para el lector uruguayo es la pregunta inevitable: ¿puede pasar algo así en Uruguay?

La respuesta corta es que no, y no por virtud de nadie, sino por diseño constitucional. Vale ver exactamente por qué, porque el mecanismo es elegante.

En términos del vocabulario de la sección anterior: en Uruguay el gerrymandering es estructuralmente imposible, porque no hay líneas que redibujar ni distritos uninominales donde el trazado decida.

Pero sí tenemos lo otro

Lo que Uruguay sí tiene, y conviene nombrarlo con precisión en lugar de pretender que acá no hay distorsiones, es malapportionment. Y está escrito en la Constitución, en el tercer párrafo del artículo 88:

Ese piso de dos bancas rige sin importar cuánta gente viva en el departamento. En la distribución vigente para la elección de 2024, diez de los diecinueve departamentos tienen el mínimo de dos. O sea que veinte de las noventa y nueve bancas de la Cámara —algo más del 20%— corresponden a los diez departamentos menos poblados del país, cualquiera sea su población.

La consecuencia es la que describe el manual: en los departamentos chicos hacen falta menos habitantes para producir un diputado que en Montevideo o Canelones. El voto de un uruguayo no pesa exactamente lo mismo que el de otro según dónde esté inscripto.

Ahora, dos aclaraciones para no hacer trampa con esto.

La primera es que la distorsión es deliberada y tiene una justificación explícita: garantizar que ningún departamento quede sin voz en el Parlamento nacional. Es el mismo razonamiento que sostiene al Senado estadounidense, donde Wyoming y California tienen dos senadores cada uno. Se puede estar en contra, pero no es un vicio oculto: es una decisión constitucional discutida y tomada.

La segunda es que, a diferencia del gerrymandering, esta distorsión es estable y pública. No la decide el partido que ganó la última elección, no cambia según quién controle el Parlamento, y no se puede ajustar en la mitad de una década para favorecer a alguien. Está en el texto constitucional y se modifica como se modifica la Constitución.

Esa es, en el fondo, toda la diferencia. No es que un sistema sea puro y el otro corrupto. Es que uno de los dos puso las reglas donde el jugador no las alcanza.

10Qué queda

El gerrymandering es un recordatorio incómodo de algo que a veces se olvida cuando se habla de democracia en abstracto: las reglas del juego no son neutrales, y quien las escribe tiene una ventaja que no aparece en ninguna papeleta.

No requiere fraude. No cambia un voto. Funciona a plena luz, con leyes aprobadas en sesiones públicas, y en Estados Unidos funciona desde 1812. Lo que cambió en los últimos siete años no es la práctica, que es la misma: es que los tribunales federales se declararon sin competencia para revisarla cuando es partidaria, y le subieron la vara a quien la impugna cuando es racial.

El resultado se puede ver esta semana. Once estados redibujaron sus mapas fuera del calendario decenal, y buena parte del resultado de la elección de medio término estaba decidida antes de que se abriera una sola urna.

Y la lección comparada es menos moral de lo que parece. Los países donde esto no pasa no tienen políticos mejores. Tienen sistemas proporcionales, o comisiones independientes, o distritos que no se pueden mover. O, como Uruguay, las tres cosas a la vez.