Paraguay · Crisis institucional
Paraguay: por qué Peña renunció antes de la votación
Santiago Peña renunció el jueves 5 de noviembre, por video, mientras la Cámara de Diputados sesionaba para debatir su juicio político. No esperó la votación. El artículo 189 de la Constitución paraguaya explica por qué el momento no es un detalle: un presidente destituido en juicio político pierde la banca vitalicia en el Senado. Uno que renuncia antes, no.
Hace once días, Ueno Bank era el banco con más clientes de Paraguay. Hoy el país no tiene presidente.
Santiago Peña anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre en un mensaje grabado publicado en X. Dijo que tomaba la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
Lo hizo mientras la Cámara de Diputados estaba reunida para debatir el pedido de juicio político en su contra, presentado por 35 legisladores entre opositores y colorados disidentes. El presidente de la Cámara, Raúl Latorre, había dicho poco antes que Peña pensaba dar pelea.
La renuncia llegó durante el debate. Antes de que se votara nada.
La renuncia de un presidente paraguayo no es automática. El artículo 202, inciso 16 de la Constitución establece que el Congreso debe aceptarla o rechazarla, en sesión conjunta de ambas cámaras.
Al momento de publicarse este artículo, esa sesión no se había realizado. El vicepresidente Pedro Alliana no había prestado juramento. Formalmente, Peña seguía siendo presidente de la República.
Once díasCómo se llegó hasta acá
El vínculoPor qué el juicio político era contra él
La pregunta obvia es qué tiene que ver un presidente con la caída de un banco privado. La respuesta tiene dos partes y las dos están documentadas.
La primera: Peña fue accionista de Ueno Holding —el brazo societario del Grupo Vázquez, controlante del banco— hasta marzo de 2025, cuando se retiró de la empresa. Es decir, durante el primer año y medio de su mandato presidencial.
La segunda es más pesada: en agosto de 2023, recién asumido, Peña designó presidente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, que era el principal ejecutivo de Ueno.
El pedido de juicio político acusa a Peña de haber antepuesto intereses privados al interés público y de haber favorecido a una entidad financiera con la que tenía vínculos empresariales previos a asumir el cargo. Son acusaciones políticas, planteadas para ser evaluadas en un procedimiento constitucional que ahora probablemente no se complete.
Carvallo renunció al Banco Central esta semana, días después de que el organismo que presidía abriera el proceso de resolución del banco del que había sido ejecutivo.
El partidoEl que lo soltó a tiempo
A Peña no lo volteó la oposición. La oposición no tiene los números.
Lo volteó el Partido Colorado, y más precisamente Horacio Cartes, que fue su padrino político y lo llevó a la presidencia en 2023. Cartes, presidente del partido, anunció que acompañaba el juicio político con una frase que vale la pena leer entera: que no se iban a poner «del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados».
Con el partido oficialista acompañando el pedido, el juicio político dejaba de ser una amenaza opositora para pasar a ser una certeza aritmética.
El vicepresidente que asume, Pedro Alliana, pertenece a Honor Colorado, el movimiento de Cartes. Según La Política Online, la Junta de Gobierno del partido, presidida por Cartes, llegó a un consenso sobre Alliana y sobre Tony Barrios, a quien ese medio describe como mano derecha de Cartes. Ese dato proviene de una sola fuente y no pudo contrastarse con otras.
El resultado neto: cayó el presidente, no cayó la estructura que lo puso.
Artículo 189Por qué el momento no es un detalle
Acá está la parte técnica, y es la que decide si esto va al fondo o no.
La Constitución paraguaya de 1992 establece en su artículo 189 que los expresidentes de la República electos democráticamente son senadores vitalicios de la Nación. No cuentan para el quórum y tienen voz pero no voto.
Y establece una excepción, que es la que importa: quedan excluidos de esa banca los que hubieran sido sometidos a juicio político y hallados culpables.
Si el Congreso acepta la renuncia: hay vacancia definitiva, asume el vicepresidente hasta agosto de 2028 y no hay cargo del cual destituir a nadie. El juicio político pierde objeto. Peña conserva, en principio, la banca vitalicia.
Si hubiera habido juicio político con condena: acusación en Diputados, juicio en el Senado, y una declaración de culpabilidad. Esa declaración —y solo esa— lo habría excluido del Senado vitalicio.
Una acusación sola no inhabilita. Hace falta el fallo.
Renunciar durante el debate, antes de cualquier votación, produce un resultado jurídicamente distinto al de ser destituido. Esto no es una interpretación: es lo que dice el texto.
No corresponde afirmar que Peña renunció por eso. Nadie puede leerle la intención, y él dio otra razón. Lo que sí corresponde decir, porque es verificable, es que las dos salidas no son equivalentes y que la que se tomó deja abierta una puerta que la otra cerraba.
Los fuerosUna discusión que Paraguay ya tuvo
La banca vitalicia no es solo un asiento y un sueldo. La discusión de fondo es si trae fueros parlamentarios, es decir, inmunidad frente a un proceso penal mientras no haya desafuero.
Esa discusión está abierta en Paraguay y no es nueva.
En 2024, cuando el expresidente Mario Abdo Benítez fue imputado junto a ocho integrantes de su gabinete, el constitucionalista Hugo Estigarribia sostuvo que los senadores vitalicios tienen fueros y que la condición se adquiere automáticamente al terminar el mandato, porque la Constitución no exige investidura para ese cargo. La posición contraria sostiene que sin juramento no hay banca, y por lo tanto no hay fuero.
Hay precedente en los dos sentidos: Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy juraron como senadores vitalicios y quedaron sujetos a desafuero. El Senado paraguayo nunca resolvió la cuestión de manera definitiva.
Si Peña reclama la banca, esa discusión vuelve, y esta vez con un expediente penal en curso al lado.
Lo penalLo que la renuncia no toca
Conviene separar dos cosas que se confunden todo el tiempo.
El juicio político es un procedimiento para separar a alguien de un cargo. No es un juicio penal, no impone penas y no reemplaza a la justicia ordinaria. Si el cargo desaparece —por renuncia aceptada—, el procedimiento se queda sin objeto.
La causa penal es otra cosa. El artículo 225 de la Constitución establece que los hechos presuntamente delictivos van a la justicia ordinaria. Esa vía no depende de que haya o no juicio político.
Y esa vía ya está en marcha: la Fiscalía detuvo a ocho directores y ejecutivos del banco. Esa investigación sigue su curso con independencia de lo que haga el Congreso con la renuncia.
La pregunta de fondo no es si Peña deja el cargo —ya lo dejó— sino si la investigación penal llega hasta donde tiene que llegar: a dónde fue el dinero, quiénes autorizaron los créditos vinculados, por qué el supervisor no actuó antes, y si alguien fuera del banco sabía.
El dañoLos números que explican la calle
Ueno era el quinto banco del sistema por volumen de depósitos y el primero por cantidad de clientes. La garantía de depósitos equivale a 228,3 millones de guaraníes por persona e institución; el pago inicial, a 10 millones de guaraníes. Lo que exceda la garantía depende de cómo cierre el proceso de resolución.
Los US$ 380 millones del Instituto de Previsión Social no son un número abstracto: el IPS administra jubilaciones y salud. Es plata de aportantes.
Y el dato que explica por qué esto no quedó en las páginas de economía: casi tres millones de personas —en un país de poco más de siete— tenían su cuenta ahí. Cientos de miles se quedaron sin acceso a sus ahorros de un día para el otro.
El puntoQué significaría ir al fondo
La salida de un presidente en once días parece un desenlace. No lo es: es el primer acto.
Ir al fondo, en este caso, significa cosas concretas y medibles:
Dos. Que se investigue al supervisor, no solo al supervisado: por qué el Banco Central no actuó antes, y qué hizo o dejó de hacer un presidente del BCP que venía del banco intervenido.
Tres. Que la discusión sobre la banca vitalicia y los fueros se resuelva con el texto constitucional y no con una negociación política.
Cuatro. Que los ahorristas y el IPS recuperen lo que se pueda recuperar, y que se diga públicamente cuánto no se va a recuperar.
Nada de eso está garantizado. El partido que gobierna sigue gobernando, el sucesor pertenece al movimiento del hombre que decidió soltar a Peña, y la estructura que designó a un ejecutivo del banco para presidir el Banco Central no fue tocada por la renuncia de nadie.
Lo que sí cambió es que ahora hay un expediente penal abierto, ocho detenidos y tres millones de personas mirando.
Si el Congreso aceptará la renuncia. Al cierre de esta nota no había sesión conjunta. Mientras no la haya, Peña sigue formalmente en el cargo y el juicio político sigue técnicamente vivo.
Si Peña reclamará la banca vitalicia, y si lo hace, cómo resolverá el Senado la cuestión de los fueros.
Dónde está el dinero. El Banco Central informó créditos a empresas vinculadas por encima de los límites permitidos y un deterioro de la liquidez. Eso describe el mecanismo, no el destino final de los fondos.
Qué porcentaje recuperarán los depositantes por encima de la garantía, y qué pasará con los US$ 850 millones de organismos públicos, que no están alcanzados por una garantía pensada para ahorristas individuales.
Si la investigación alcanzará al supervisor. Hasta ahora los ocho detenidos son del banco. Ninguno del Banco Central.
Sobre este artículo
Esta nota se cerró el jueves 5 de noviembre de 2026, con la renuncia anunciada y sin que el Congreso paraguayo se hubiera pronunciado sobre ella ni el vicepresidente hubiera asumido. Los hechos posteriores a ese momento no están incluidos.
El mecanismo de la caída de Ueno Bank —los créditos a empresas vinculadas, el rol del Banco Central, los fondos del IPS y la cadena de validación de la emisión internacional del banco— está desarrollado en detalle en nuestro informe anterior sobre el caso.
El dato sobre el consenso de la Junta de Gobierno colorada respecto de Pedro Alliana y Tony Barrios proviene de un solo medio y se consigna como tal. La vinculación entre Orix y el Grupo Vázquez, mencionada en alguna cobertura internacional, no pudo verificarse en fuentes accesibles y por eso no se incluye en este artículo.
Las acusaciones contenidas en el pedido de juicio político son imputaciones políticas presentadas por legisladores, no hechos probados. Santiago Peña no está imputado penalmente al cierre de esta nota. Los ocho detenidos son directores y ejecutivos del banco, y rige para todos ellos la presunción de inocencia.
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