El RIGI, la reforma de Glaciares y el ahogo presupuestario a las provincias dibujan el mismo patrón que Prebisch describió hace setenta años, aplicado esta vez puertas adentro de un solo país
Mientras la Teoría de la Dependencia explica por qué países enteros del sur quedan atrapados exportando materia prima barata a cambio de industrialización que nunca llega, Argentina ofrece hoy un caso de estudio en miniatura de exactamente el mismo mecanismo — solo que esta vez el «centro» no es otro país, es el propio gobierno nacional, y la «periferia» son sus propias provincias.
La ley de Glaciares, reformada en una madrugada
El 8 de abril de 2026, tras casi doce horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y solo 3 abstenciones — con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presente en el recinto durante las últimas horas de la sesión. El Poder Ejecutivo la promulgó apenas dos semanas después, el 24 de abril, mediante el Decreto 271/2026.
El cambio central de la reforma pasa de un criterio geológico de protección a uno «funcional, de base hídrica»: solo quedan protegidos los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una «función hídrica relevante» para una cuenca, según determine cada provincia. La defensa oficial del cambio, a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, sostiene que la ley original generaba «parálisis regulatoria» y que la reforma busca «mayor claridad» y «previsibilidad» en su aplicación.
La Ley de Glaciares original, sancionada en 2010, ya había sido cuestionada judicialmente por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En 2019, la Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad a favor de su constitucionalidad, en el caso «Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional» — estableciendo que fijar presupuestos mínimos de protección ambiental es competencia del Congreso Nacional, y que eso no vulnera el sistema federal, sino que lo ordena.
Organizaciones como el CELS señalaron que las audiencias públicas previas al debate excluyeron a instituciones científicas y a buena parte de la sociedad civil organizada, y que la discusión real detrás de la reforma «corre el eje del agua al negocio minero». Del otro lado, medios especializados en minería defienden el cambio como un alineamiento con «las mejores prácticas internacionales», que privilegian servicios ecosistémicos verificables por sobre clasificaciones geológicas amplias.
El RIGI: la puerta de entrada
La reforma de Glaciares no se puede leer de forma aislada — está directamente conectada al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que ofrece beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros extraordinarios a inversiones superiores a determinado monto, por plazos de hasta treinta años. El propio decreto que destinó 400.000 millones de pesos a las jurisdicciones provinciales, el 219/2026, se negoció puertas adentro en paralelo al debate de Glaciares — la misma semana en que el Congreso discutía bajar el umbral de protección ambiental.
El análisis del sitio especializado Fractura compara el esquema argentino con otros países mineros de la región: en México, tras la reforma minera de 2023, es el propio Estado —a través de la Secretaría de Economía— quien lidera los concursos públicos de concesión, con una cláusula explícita que impide otorgar concesiones en zonas sin disponibilidad de agua. En Chile, el Código de Minería sostiene un dominio «absoluto y exclusivo» del Estado sobre las minas. El combo RIGI más reforma de Glaciares argentino, según ese mismo análisis, facilita en cambio la extracción rápida y la exportación del recurso sin necesariamente dejar capacidad tecnológica instalada en el país — el mismo patrón de «vertedero» al revés que describe la Teoría de la Dependencia: materia prima que sale, valor agregado que se queda afuera.
La competencia entre provincias por ceder más
El mecanismo no se limita a un par de leyes puntuales — genera un incentivo estructural: cada provincia compite contra las demás por ofrecer condiciones más flexibles a las inversiones.
Con el ahogo presupuestario sostenido desde 2024 —incumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal de 1988 según denuncian varios gobernadores, atado a la meta de equilibrio fiscal y pago de deuda externa—, las provincias quedan en una posición de negociación desigual frente al gobierno nacional. El resultado es una puja horizontal entre distritos por ver quién ofrece mejores condiciones laborales, impositivas o ambientales a los inversores internacionales, en lugar de una negociación conjunta con el poder central.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos sostienen que el esquema RIGI + reforma de Glaciares desmantela protecciones ambientales construidas durante quince años, sin control social ni participación de la comunidad científica, priorizando el negocio minero por sobre la soberanía hídrica de las cuencas cordilleranas.
El Gobierno y sectores del sector minero sostienen que la reforma corrige una «expansión regulatoria» mal calibrada, alinea a Argentina con estándares internacionales más precisos, y que el país necesita insertarse con rapidez en la carrera global por minerales críticos (litio, cobre) que la transición energética mundial ya está demandando.
La Ley de Tierras: el intento que la calle frenó
En paralelo a estos debates, el Gobierno impulsó también un proyecto de ley conocido informalmente como de «inviolabilidad de la propiedad privada», que habilitaba mayor venta de tierras argentinas a extranjeros y eliminaba el impedimento de vender terrenos incendiados intencionalmente con fines inmobiliarios. La movilización social logró frenar ese avance en su versión original — aunque no es descartable que el proyecto vuelva a presentarse más adelante, con ajustes.
Un patrón que Prebisch ya había descrito
El paralelismo con la Teoría de la Dependencia no es forzado. Lo que Prebisch describió a nivel de relaciones entre países —el centro extrayendo materia prima barata de la periferia, sin dejar industrialización real a cambio, mientras la deuda profundiza la dependencia— se repite acá en escala reducida: un gobierno central que condiciona el envío de fondos básicos a la conducta política de cada provincia, mientras las mismas provincias compiten entre sí por ofrecer sus recursos naturales bajo condiciones cada vez más laxas, sin necesariamente asegurar retorno de regalías ni desarrollo tecnológico regional a cambio.
Mientras países como Brasil exigen industrialización para ceder sus minerales, el combo RIGI más reforma de Glaciares en Argentina facilita la extracción rápida y la exportación del recurso sin dejar capacidad tecnológica en el país.
Análisis comparativo regional, FracturaEl debate sobre si la reforma de Glaciares es una corrección técnica necesaria o un desmantelamiento ambiental encubierto sigue abierto, y depende en gran medida de a quién se le pregunte. Lo que no está en discusión es el patrón estructural de fondo: un esquema de incentivos que empuja a cada provincia a competir por ceder más —tierra, agua, condiciones laborales— a cambio de inversión que no siempre garantiza industrialización local ni reparto equitativo de beneficios. Es la misma pregunta que atraviesa toda la Teoría de la Dependencia, aplicada esta vez adentro de las propias fronteras: ¿alcanza con atraer inversión extranjera, si el diseño del propio esquema no garantiza que el valor generado se quede, en algún grado real, en el territorio que puso el recurso?
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