Estados Unidos impuso un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas, alegando falta de «buena fe» de Lula. No es la primera vez que Washington presiona a Brasil por el juicio a Bolsonaro: meses atrás ya había sancionado —y después tuvo que liberar— al juez que lo condenó.
El gobierno de Estados Unidos ordenó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas, argumentando como detonante la falta de «buena fe» del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la hora de negociar con Washington. El anuncio lo hizo el propio secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.
Rubio fue más allá, calificando las políticas económicas de Lula como perjudiciales tanto para estadounidenses como para brasileños, y sosteniendo que el mandatario brasileño antepuso «su propio ego» a un acuerdo beneficioso para su propio pueblo durante el último año de negociaciones.
Los motivos oficiales: de Pix a la deforestación
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) formalizó la medida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una investigación iniciada un año atrás. Según el organismo, varias políticas brasileñas resultan «irrazonables» y restringen el comercio estadounidense: medidas sobre comercio digital y pagos electrónicos, aranceles preferenciales considerados injustos, injerencia en la lucha anticorrupción, protección de propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.
El punto más controvertido es el primero. Washington sostiene que Brasil perjudicó a proveedores estadounidenses al favorecer el sistema de pagos Pix, impulsado por el Banco de Brasil y usado a diario por millones de personas, que además fue registrado como «marca de renombre» ante el instituto de propiedad industrial brasileño. El representante Jamieson Greer fue más duro todavía, acusando a Brasil de castigar a empresas tecnológicas estadounidenses «por negarse a censurar el discurso político» y de permitir que agricultores brasileños exploten tierras deforestadas ilegalmente en desventaja de los productores de EE.UU.
La respuesta de Brasilia: los números que contradicen la acusación
La Presidencia brasileña calificó el 15 de julio de 2026 como «un hito lamentable» en la relación bilateral, y rechazó de plano la legitimidad del arancel con datos concretos.
La acusación de Washington
Brasil negocia «de mala fe», favorece injustamente a Pix sobre proveedores estadounidenses, protege insuficientemente la propiedad intelectual y tolera deforestación ilegal que perjudica a agricultores de EE.UU.La respuesta de Brasilia
Estados Unidos acumuló un superávit comercial de 424.500 millones de dólares con Brasil en los últimos 15 años; en 2025, el 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron sin pagar aranceles, con una tasa media de apenas 3,1%. Brasil sostiene además que combate la deforestación con determinación desde 2023.Sobre Pix, la nota oficial fue tajante: «Es un activo de nuestro pueblo y un referente internacional para la infraestructura digital pública», y agregó que el gobierno no renunciará a proteger a las familias «de la avaricia de un puñado de tecno-oligarcas» — un mensaje dirigido, sin nombrarlas, a las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses. Brasil anunció que activará la Ley de Reciprocidad y llevará el reclamo al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
No es la primera vez: el antecedente del juez de Moraes
Este arancel no aparece de la nada. Ya en julio de 2025, la administración Trump había sancionado bajo la Ley Global Magnitsky al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil — el magistrado que condenó a Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El propio Trump calificó ese juicio de «caza de brujas», y su gobierno llegó a amenazar con un arancel del 50% a Brasil si no se detenía el proceso judicial contra el expresidente.
Esa secuencia —presión directa sobre un magistrado que investiga a un aliado político de Trump, marcha atrás meses después, y nueva escalada comercial poco después— sugiere que la variable de fondo en la relación bilateral no son solo el comercio digital o la deforestación, sino el estado del proceso judicial contra Bolsonaro y su familia.
La propia Presidencia brasileña fue explícita en esa lectura, apuntando directamente contra los hijos del expresidente: acusó que el resultado de las investigaciones forma parte de «una conspiración urdida con la colaboración activa de la familia Bolsonaro», a la que calificó de «falsos patriotas» que impulsaron sanciones contra su propio país por objetivos electorales.
La deforestación: el punto más débil de la acusación
De todos los motivos que invoca Washington para justificar el arancel, el de la deforestación ilegal es, con los datos oficiales en la mano, el más difícil de sostener contra el gobierno de Lula. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), la deforestación en la Amazonía llegó a su pico histórico en 2022 —último año completo de Jair Bolsonaro en el poder—, con 10.278 kilómetros cuadrados de bosque arrasado en el año, y 11.568 km² solo entre agosto de 2021 y julio de 2022, un área más grande que Catar.
La reducción no es un dato aislado: la deforestación se redujo prácticamente a la mitad ya en 2023, primer año de la actual gestión de Lula, y la tendencia a la baja se sostuvo desde entonces. Lula llegó a la presidencia en 2023 prometiendo revertir lo que organizaciones ambientalistas describieron en su momento como una «máquina de destruir bosques» durante la gestión de Bolsonaro, que además debilitó los organismos de fiscalización ambiental e impulsó la megaminería dentro de reservas indígenas.
El propio gobierno brasileño no dejó pasar la contradicción: frente a las nuevas acusaciones estadounidenses, funcionarios ambientales señalaron públicamente que Washington «no entiende el trabajo que estamos haciendo para reducir la deforestación a cero para 2030» — usando los mismos datos satelitales que el propio arancel dice ignorar como evidencia directa en contra de la acusación.
El telón de fondo: BRICS y el dólar
El arancel llega apenas días después de que Trump amenazara al bloque BRICS —reunido en su cumbre de Río de Janeiro— con aranceles adicionales del 10% a cualquier país miembro que adoptara políticas que Washington considere «antiestadounidenses», tras haber advertido meses antes con gravámenes del 100% si el bloque intentaba desplazar al dólar del comercio internacional.
Lula respondió en tono desafiante al cierre de esa cumbre: sostuvo que el mundo ya no quiere un «emperador», y reivindicó al BRICS como un bloque que busca una forma alternativa de organización del orden económico mundial — remarcando además su convicción de que el comercio global necesita reducir su dependencia del dólar, aunque aclaró que ese es un proceso gradual que requiere diálogo entre bancos centrales, no una ruptura abrupta.
Con más de 30 países mostrando interés en sumarse al bloque como miembros plenos o asociados, la disputa arancelaria con Brasil funciona también como advertencia hacia el resto del BRICS: cualquier país que Washington perciba como desafiante a su influencia económica corre el riesgo de recibir el mismo trato, más allá de los tecnicismos comerciales que se invoquen para justificarlo caso por caso.
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