Un banquero venezolano-italiano con problemas judiciales en Puerto Rico. Una exabogada personal de Trump, con oficina en el Departamento de Justicia, contratada por una empresa fantasma con 50 millones garantizados. Semanas después, el indulto total e incondicional llegó. Nadie, dicen todos, tuvo nada que ver.
Julio Herrera Velutini realmente quería un indulto. Banquero multimillonario de una familia venezolana prominente, enfrentó cargos de soborno grave en Estados Unidos y firmó, en agosto de 2025, un acuerdo de culpabilidad inusualmente indulgente por una infracción menor de financiación de campañas. Pero para él, incluso ese cargo reducido seguía siendo una mancha en su historial. Lo que siguió es, según documentos e entrevistas obtenidas por The New York Times, una secuencia de contrataciones, pagos y coincidencias de calendario que desembocó en un indulto presidencial total e incondicional —y que hoy funciona como estudio de caso de algo mucho más grande: la industria del indulto que creció alrededor del segundo mandato de Donald Trump.
El caso original: soborno a una gobernadora de Puerto Rico
Herrera fundó un banco con sede en Puerto Rico en 2008. En agosto de 2022 fue acusado de participar en un plan para sobornar a la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, con el objetivo de destituir a un regulador que investigaba su banco. Herrera, Vázquez y un exagente del FBI que había trabajado como consultor para Herrera se declararon inicialmente no culpables de cargos graves de soborno.
El abogado de Herrera, Christopher M. Kise —ex fiscal general de Florida y miembro del equipo legal personal de Trump— negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia bajo el cual Herrera se declaró culpable, en agosto de 2025, de un único delito menor relacionado con financiación de campañas. Vázquez y el exagente del FBI también se declararon culpables de delitos menores —una resolución que, según el propio reporte, decepcionó a los fiscales de carrera que habían presionado por penas más severas para un caso que había arrancado como soborno grave.
La campaña por el indulto: plata, abogados y una hija que dona 3,5 millones
Incluso con el cargo ya reducido a un delito menor, Herrera desplegó a Kise para gestionar una petición de clemencia. Su hija, Isabela Herrera, de 27 años y ciudadana estadounidense, donó 3,5 millones de dólares a un súper PAC vinculado a Trump. Pero hasta el otoño pasado, el indulto seguía siendo esquivo.
Entonces la familia Herrera contrató a Alina Habba, que había sido una de las abogadas personales de Trump y que en ese momento se desempeñaba como asesora en el Departamento de Justicia. El acuerdo que le ofrecieron fue de 10 millones de dólares al año durante cuatro años, más una variedad de bonificaciones —en total, más de 50 millones de dólares garantizados en cuatro años, según los documentos revisados por el Times.
Concord Partners: la empresa sin perfil público
Según el acuerdo, Habba se convertiría en asesora jurídica general de Concord Partners, una empresa que la propia Isabela Herrera fundó a finales de octubre de 2025 en Florida. La compañía no tiene perfil público y su negocio sigue siendo poco claro incluso para algunas personas asociadas al imperio empresarial de los Herrera. Habba cerró su acuerdo días después de que la empresa se registrara formalmente —una secuencia de apenas días entre la creación de la firma y la contratación de la abogada.
En el momento de firmar con Concord Partners, Habba todavía era asesora principal de la fiscal general Pam Bondi, supervisando a los fiscales federales del Departamento de Justicia. Tenía oficina propia dentro del Departamento y mantenía un destacamento de protección de los U.S. Marshals, vestigio de su etapa como fiscal federal. Es decir: cobraba de una empresa vinculada a un hombre que buscaba un indulto presidencial, mientras ocupaba un puesto de supervisión dentro de la misma estructura de justicia federal que decide, entre otras cosas, cómo se tramitan y recomiendan los indultos.
La secuencia que no necesita interpretación
La secuencia plantea, por sí sola, preguntas sobre cómo Herrera consiguió el indulto y quién pudo haber ayudado. Personas familiarizadas con el contrato de Habba dijeron creer que la habían contratado específicamente para ayudar en la campaña de Herrera por el indulto, y expresaron sorpresa por la magnitud de la compensación pactada.
Las negaciones, una por una
Habba negó cualquier participación: «Cualquier insinuación de que mi empleo —todo lo cual ha sido verificado y comunicado al Departamento de Justicia— tuvo algo que ver con la obtención de un indulto es falsa», declaró. Se amparó en su condición de «empleada especial del gobierno», una categoría que permite trabajar para el gobierno federal hasta 130 días y mantener empleos externos con restricciones de conflicto de interés. Declinó hablar sobre el contenido real de su trabajo para Concord.
Ni Herrera ni su hija respondieron a múltiples solicitudes de comentario, tampoco sus empresas. El Departamento de Justicia declaró que Habba «no habló con nadie sobre un indulto». Un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que Habba «no tuvo nada que ver» con el indulto, y que la administración sigue un proceso de revisión que incluye a la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca y al propio Departamento de Justicia.
Ninguna de las declaraciones oficiales aborda directamente la pregunta obvia: si la contratación de Habba no tuvo relación con el indulto, ¿por qué una empresa sin perfil público, recién fundada por la hija del propio solicitante del indulto, pagó 50 millones de dólares por los servicios legales de la asesora principal de la fiscal general? Negar la causa específica —»habló sobre un indulto»— no aborda el patrón de incentivos que la propia secuencia de fechas deja a la vista.
La industria del indulto: no es un caso aislado
El reporte del Times encuadra el caso Herrera dentro de un fenómeno más amplio del segundo mandato de Trump: el surgimiento de una verdadera industria del indulto, con criminales adinerados pagando a abogados, «arregladores» (fixers) y lobbistas bien conectados para apelar a la administración y a sus aliados en busca de clemencia. Muchos solicitantes llegaron a la conclusión de que apoyar públicamente a Trump y su agenda política es la vía más rápida hacia el perdón presidencial. Algunas personas que buscan indultos han reportado pagar cientos de miles de dólares —en algunos casos hasta un millón— a quienes prometen acceso al presidente o influencia directa sobre el proceso de indulto.
El segundo canal: 2,5 millones para el salón de baile de la Casa Blanca
El hilo de la hija no termina en el súper PAC. Una investigación separada del Washington Post, basada en documentos internos de la campaña de recaudación para el salón de baile (ballroom) que Trump está construyendo en la Casa Blanca, reveló que Isabela Herrera se comprometió en septiembre de 2025 —meses antes del indulto a su padre— a donar 2,5 millones de dólares a esa obra. El compromiso no había sido revelado hasta ahora. Los registros citados por el Post muestran que pagó una primera cuota de 835.000 dólares el 14 de octubre de 2025, con una segunda cuota que debía abonarse en octubre de este año.
Es decir: entre el súper PAC vinculado a Trump (3,5 millones) y el fondo del salón de baile de la Casa Blanca (2,5 millones), Isabela Herrera comprometió 6 millones de dólares en dos vehículos distintos de financiamiento político-presidencial, en el mismo período en que su padre buscaba activamente un indulto. El Campaign Legal Center, una organización de control sobre financiamiento electoral, presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral (FEC) alegando que la hija habría actuado como intermediaria de su padre para canalizar esos aportes. La FEC no respondió consultas del Post sobre la denuncia, y el organismo tampoco había respondido al propio Campaign Legal Center.
Según documentó el Campaign Legal Center, Isabela Herrera se presenta como consultora financiera independiente, de unos 25 años, y su único antecedente de donación política previa había sido un aporte de 20 dólares a la campaña presidencial de Pete Buttigieg en 2020. El salto de 20 dólares a 6 millones de dólares, repartidos entre dos vehículos de financiamiento ligados a Trump, en el mismo período exacto en que su padre tramitaba una petición de clemencia, es el tipo de contraste que una denuncia regulatoria no necesita adornar para que llame la atención.
El indulto a Herrera, a Vázquez y al exagente del FBI se concretó en enero de 2026. La Casa Blanca sostuvo que las causas judiciales originales habían tenido motivaciones políticas. El abogado de Herrera dijo, tras el indulto, que su cliente estaba «profundamente agradecido» con Trump. Ni el banquero ni su hija respondieron a los pedidos de comentario del Post —el mismo patrón de silencio que ya habían mantenido frente a las preguntas del Times sobre el contrato con Alina Habba.
El propio Post encuadra el caso dentro de un universo mucho más grande: la investigación identificó 333 millones de dólares en donaciones privadas a la campaña de recaudación del salón de baile presidencial, y señala el caso Herrera como un ejemplo —no el único— donde las donaciones coinciden en el tiempo con decisiones favorables de la administración. El diario es cuidadoso en aclarar que la coincidencia temporal no equivale, por sí sola, a prueba de que las donaciones determinaron esas decisiones. Pero sumado al contrato de 50 millones con Habba, el cuadro deja de ser una sola coincidencia aislada y empieza a parecer un patrón con más de un canal operando en simultáneo.
Quién es Alina Habba: de fiscal destituida a socia de 50 millones
Para Habba, el acuerdo con los Herrera llegó en un momento personal y profesional crítico. Había renunciado en diciembre de 2025 como fiscal federal en Nueva Jersey, después de que un panel de jueces federales dictaminara que su nombramiento por parte de Trump se había realizado de forma ilegal. En paralelo, su segundo matrimonio se estaba desmoronando.
El contrato con los Herrera le dio un nuevo nivel de seguridad financiera. También, poco después de que se emitiera el indulto, encontró una nueva relación: comenzó a salir con Turhan Mildon, un inversor turco. Se casaron el mes pasado en una ceremonia lujosa en Nueva York, con una lista de invitados que incluyó al fiscal general Todd Blanche, al director del FBI Kash Patel, y a Will Scharf, el asesor jurídico de la Casa Blanca —es decir, buena parte del entramado institucional que interviene, directa o indirectamente, en el proceso de indultos presidenciales.
La pareja mantiene ahora un enfrentamiento mediático con Richard Grenell, aliado histórico de Trump. Habba acusó a Grenell de haber asignado indebidamente una donación de su marido, Turhan Mildon, al John F. Kennedy Center for the Performing Arts, que Grenell dirigía en ese momento. Grenell negó las acusaciones, calificándolas de absurdas. Habba llevó el reclamo directamente a Trump, quien ordenó a Will Scharf investigarlo. Esa investigación, según reportes previos del Times, se centra en una transferencia bancaria desde la República Democrática del Congo hacia una empresa de defensa con sede en Texas —un hilo adicional, todavía sin resolver, que conecta este entramado con flujos financieros internacionales de otro origen.
Quién es Julio Herrera Velutini: ocho siglos de dinastía bancaria
Herrera, que además de venezolano tiene ciudadanía italiana, es miembro de la familia Herrera: una dinastía bancaria, inmobiliaria y de la moda que data del siglo XIV. La familia posee fincas y castillos en Caracas (Venezuela), las Islas Canarias, España y Alemania. En julio, Banvelca, la oficina familiar de los Herrera que opera desde 1781, anunció que Isabela Herrera —miembro de la octava generación de la familia e hija de Julio Herrera Velutini— asumiría la dirección de la empresa. Ni el comunicado de prensa ni su biografía en el sitio web de la compañía mencionan Concord Partners, el vehículo que emplea a Habba y que a esta altura ya se presenta como «señora Mildon».
Lo que queda, al margen de cada negación puntual, es un patrón que se repite con nombres distintos y ahora con más de un canal confirmado: cargo grave reducido a delito menor, abogados con línea directa a la Casa Blanca, una contratación de 50 millones de dólares a una funcionaria con influencia institucional activa, seis millones de dólares repartidos entre un súper PAC y el fondo del salón de baile presidencial, y un indulto total que llega meses después de que el dinero empezó a moverse. Dos investigaciones periodísticas independientes —el Times y el Post— llegaron al mismo expediente por rutas distintas, y ambas tropezaron con el mismo coro de negaciones. Nadie admite causalidad. La secuencia de fechas, sin embargo, no necesita que nadie la admita para hablar por sí sola.
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