Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump si el mapa de Irán seguiría siendo el mismo después de la guerra, respondió sin pestañear: «Probablemente no». Dos palabras. El decimoséptimo Estado soberano más grande del mundo, reducido a un detalle contingente en una conferencia de prensa.

Podría descartarse como otra de sus frases al voleo. Como parte del ruido permanente que genera su estilo de comunicación. El problema es que no es una frase aislada. No es improvisación. Es un patrón que se repite con una coherencia que incomoda…

Groenlandia. Canadá. Panamá. Gaza. Irán. En todos esos casos, Trump habló de fronteras como si fueran precios en una subasta: negociables, revisables, dependientes de quién tenga más poder en la mesa. No como líneas trazadas por tratados que los Estados soberanos respetan. Sino como patrimonio. Como botín.

Y ahí está la palabra clave. Porque lo que está pasando no es un fenómeno Trump. Es un fenómeno global. Y tiene nombre.

Weber tenía razón, pero nadie lo leyó a tiempo

Para entender lo que está pasando con las fronteras del mundo en el siglo XXI, hay que hacer un rodeo por un sociólogo alemán del siglo XIX. No por erudición sino porque ofrece la herramienta más precisa para analizar lo que estamos viendo.

Max Weber identificó tres formas en que los gobernantes justifican su autoridad — tres tipos de dominación legítima, en su vocabulario.

La primera es la dominación tradicional. Se obedece porque siempre fue así. El líder hereda el poder como se hereda una propiedad, y se presenta como una figura paterna que cuida de los suyos. Weber llamó a su forma más desarrollada patrimonialismo: el Estado entendido como extensión del dominio personal del jefe, donde la lealtad no es a la institución sino a la persona.

La corrupción no es un defecto del sistema — es el sistema. Los recursos se distribuyen entre los allegados, los cargos se ocupan con leales, y la frontera entre lo público y lo privado se vuelve deliberadamente borrosa.

La segunda es la dominación racional-legal. Se obedece a la ley, no a la persona. Las instituciones, los tratados, las constituciones, los tribunales. Es el modelo que conocemos como democracia liberal. La autoridad no reside en el individuo sino en el cargo — cuando el presidente se va, se va él, no el Estado.

La tercera es la dominación carismática. Se obedece porque el líder parece extraordinario, casi mesiánico. Portador de una misión histórica que trasciende las reglas ordinarias. Es revolucionario por naturaleza e inestable por definición — el carisma se gasta, y estos regímenes tienden a colapsar o a rutinizarse hacia alguno de los otros dos modelos.

Lo que Weber no desarrolló explícitamente — pero que se desprende con claridad de su propia lógica — es que cada tipo de régimen produce un tipo de frontera distinto.

Los Estados liberales tratan las fronteras como líneas jurídicas. Fijas, delimitadas por tratados internacionales, defendidas por instituciones. El territorio no es propiedad del gobernante sino la jurisdicción de un Estado abstracto e impersonal. Cuando hay disputas, se resuelven con procedimientos. A veces tardan décadas, pero se resuelven sin sangre. Dinamarca y Canadá se pelearon casi medio siglo por una isla ártica deshabitada de 1.3 kilómetros cuadrados en el Ártico — la Isla Hans — dejándose botellas de whisky y aguardiente como única forma de provocación diplomática, hasta que en 2022 firmaron un acuerdo y el parlamento danés lo ratificó en 2023. Así funciona el modelo racional-legal cuando está sano: lento, burocrático, y extraordinariamente pacífico.

Los regímenes patrimoniales, en cambio, tratan las fronteras como herencias históricas. Difusas, cambiantes, basadas en mitos fundacionales, relatos de sangre y memoria colectiva construida desde el poder. No en papel firmado sino en lo que «siempre fue nuestro». Para un líder patrimonial, el territorio no es la jurisdicción de un Estado abstracto. Es su patrimonio. Una extensión de su dominio. Y el territorio de los vecinos también podría serlo, si la historia así lo justifica. O si la correlación de fuerzas lo permite. O ambas cosas, que suelen ir juntas.

Los regímenes carismáticos, finalmente, directamente ignoran las fronteras. El Estado Islámico declaró un califato que borraba las fronteras de Siria e Irak como si no existieran — y durante un tiempo, efectivamente no existieron en los territorios que controlaba. La lógica revolucionaria no reconoce límites espaciales porque su misión es transformar el mundo entero, no administrar un pedazo de él.

Esta distinción no es académica. Es la clave para entender lo que está pasando hoy.

El orden que construimos y el que estamos perdiendo

Desde 1945, el mundo construyó — con muchas contradicciones, hipocresías e injusticias — un orden internacional basado en un principio central: las fronteras de los Estados soberanos son inviolables y solo pueden modificarse mediante acuerdo legal entre las partes.

No fue un proceso limpio. Las potencias occidentales que proclamaban ese principio eran las mismas que habían construido imperios coloniales ignorándolo completamente. Esa hipocresía es real y no hay que minimizarla. Pero desde la descolonización, el reconocimiento generalizado del principio de no injerencia y de fronteras legalmente definidas produjo algo sin precedentes en la historia humana: varias décadas en las que la modificación territorial violenta se volvió la excepción y no la regla.

Ese orden no fue un regalo. Fue el resultado de instituciones, alianzas, mecanismos de resolución de conflictos y — sobre todo — de regímenes internos que compartían la lógica racional-legal. Estados que respetaban sus propias instituciones tendían a respetar también las fronteras ajenas.

Lo que está pasando ahora es la erosión de ese orden desde adentro. No desde regímenes revolucionarios que quieren destruirlo abiertamente, sino desde líderes que llegaron al poder por vías formalmente democráticas y que, una vez instalados, comenzaron a desmantelar la lógica racional-legal desde adentro — reemplazándola por lealtades personales, distribución patrimonial de recursos y una concepción del territorio como herencia y no como jurisdicción.

Y esto no está pasando en un solo país. Está pasando simultáneamente en varios de los más poderosos del mundo.

Los patrones

Trump y el patrimonio americano

Trump no inventó el revisionismo territorial estadounidense — Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones que ignoraron olímpicamente la soberanía ajena. Pero hay una diferencia cualitativa entre la política exterior intervencionista de potencias anteriores y lo que Trump representa.

Las administraciones anteriores, incluso las más agresivas, generalmente operaban dentro de un marco que al menos pretendía respetar la soberanía formal de los Estados. Invadían, desestabilizaban, imponían sanciones — pero raramente cuestionaban abiertamente que un país vecino tuviera derecho a existir dentro de sus fronteras reconocidas.

Trump hace algo distinto: normaliza la idea de que las fronteras son negociables como si fuera lo más natural del mundo. Que Canadá podría ser el estado 51. Que Groenlandia se puede comprar o tomar «de una forma u otra». Que el Canal de Panamá hay que «recuperarlo» porque en realidad es administrado por China — argumento factualmente falso pero narrativamente útil.

Que el mapa de Irán después de la guerra probablemente no será el mismo.

Ninguna de estas declaraciones es aislada. Tomadas en conjunto, construyen una concepción coherente del espacio político: las fronteras no son restricciones jurídicas sino objetos de negociación entre hombres fuertes. El derecho internacional no es un marco que limita la acción de los Estados — es un instrumento que los fuertes usan cuando les conviene y descartan cuando no.

Esta concepción es exactamente la del régimen patrimonial que Trump está construyendo hacia adentro: debilitamiento de instituciones independientes, lealtades personales por encima de la ley, distribución de recursos entre aliados. La política exterior es el espejo de la política interna.

Putin y la resurrección del zar

Es en Rusia donde se encuentran los orígenes del giro patrimonial contemporáneo en su forma más desarrollada y más violenta.

Después del colapso soviético de 1991, Rusia intentó — de manera caótica, contradictoria y finalmente fallida — construir algo parecido a un Estado racional-legal. Lo que emergió en cambio, bajo Putin, fue la reconstrucción sistemática de un Estado zarista: lealtades personales, concentración de poder, distribución patrimonial de los recursos naturales del país entre los allegados del Kremlin, y un discurso de grandeza nacional basado en la historia y la sangre.

El patrimonialismo de Putin no tardó en producir su lógica territorial. Para la mayoría de los rusos — y especialmente para las élites — las fronteras post-soviéticas nunca tuvieron legitimidad real. Eran el resultado de decisiones burocráticas tomadas por líderes del Partido Comunista que dibujaron líneas en mapas sin considerar la «Rusia histórica». Ucrania, en particular, era vista por muchos como una entidad artificial — un territorio que históricamente pertenecía al mundo ruso y que había sido separado por maquinaciones ideológicas de Lenin y Stalin.

Putin construyó este argumento con paciencia durante años. Publicó un extenso ensayo histórico en 2021 en el que sostenía que Ucrania no era una nación real. Meses después, lanzó la invasión a gran escala.

Los argumentos que usa son de manual patrimonial: Crimea es tierra santa rusa, cuna del cristianismo ortodoxo, escenario de la guerra de Crimea del siglo XIX, lugar arraigado en la cultura y la literatura rusas. «Novorossiya» — nombre que usaba Catalina la Grande para referirse al este y sur de Ucrania — es territorio históricamente ruso que debe volver al redil. Las fronteras reconocidas internacionalmente no cuentan frente a la historia. Y la historia, naturalmente, la cuenta él.

Entre esta concepción y la de Zelenski — que defiende las fronteras reconocidas de Ucrania con el respaldo de la mayoría de sus ciudadanos y del derecho internacional — no hay punto medio posible. Son dos paradigmas incompatibles. No es una disputa territorial ordinaria que pueda resolverse en una mesa de negociaciones. Es un choque entre dos concepciones radicalmente distintas de qué es una frontera y de dónde viene su legitimidad.

Orbán y el fantasma de Trianon

Hungría es el caso más revelador precisamente porque es el más limitado. Orbán tiene toda la lógica patrimonial pero no tiene los medios para actuar sobre ella unilateralmente — y esa tensión es instructiva.

El Tratado de Trianon de 1920, que privó a Hungría de dos tercios de su territorio y dejó a millones de húngaros del otro lado de las fronteras en Romania, Slovakia, Serbia y Ucrania, nunca fue digerido del todo por la sociedad húngara. Durante décadas ese resentimiento se mantuvo relativamente contenido por la integración de Hungría en las instituciones occidentales — OTAN y Unión Europea. No podías cuestionar las fronteras de tus vecinos siendo miembro de la UE sin consecuencias severas.

Orbán encontró la manera de operar dentro de esa contradicción. Extendió la ciudadanía húngara a las poblaciones de origen húngaro en países vecinos — unos dos millones de personas. Les otorgó el derecho a votar en elecciones húngaras. Los incluyó en un sistema de beneficios materiales vinculados al régimen. Habló sistemáticamente de una comunidad nacional que trasciende las fronteras existentes, desde una perspectiva «civilizacional e histórica». Mostró mapas de la «Gran Hungría» en actos oficiales. Usó el eslogan «Make Europe Great Again» durante la presidencia húngara de la UE en 2024 — provocación calculada que combina conformidad aparente con rechazo implícito al orden europeo existente.

Pero en 2025 el juego se volvió menos simbólico. Los servicios de inteligencia ucranianos descubrieron una red de espionaje húngara recopilando información sobre vulnerabilidades militares y actitudes locales en el oeste de Ucrania — la región donde vive la mayor concentración de población de origen húngaro. No era monitoreo pasivo. Era planificación de contingencia ante una posible revisión territorial.

El caso húngaro muestra algo importante: cuando los regímenes patrimoniales no tienen la capacidad de rediseñar las fronteras unilateralmente, las reivindicaciones históricas «difusas» funcionan como instrumento de legitimación interna. Orbán no puede tomar el territorio. Pero el relato de que ese territorio «es nuestro» le sirve para consolidar poder hacia adentro, para movilizar un resentimiento histórico real, y para mantener a sus bases leales frente a enemigos externos — reales o construidos.

La reciente derrota electoral de Orbán frente a Péter Magyar también es reveladora: una estrategia patrimonial puede movilizar resentimiento histórico, pero si no produce resultados tangibles, eventualmente se agota.

Netanyahu y las fronteras que no están en ningún mapa

Israel es el caso más complejo porque combina la lógica patrimonial con realidades de seguridad genuinas que hacen el análisis más difícil — y más necesario.

La distinción entre la Tierra de Israel y el Estado de Israel no es nueva. Los textos bíblicos describen promesas territoriales de alcance variable. Los primeros líderes sionistas tenían visiones contrapuestas — desde el «Gran Israel» del sionismo revisionista hasta las fronteras más limitadas que aceptó Ben Gurión. Incluso Ben Gurión, al aceptar la partición en 1948, escribió que un Estado en una parte del territorio «no era el fin, sino el comienzo».

Durante décadas, el discurso oficial israelí combinó estas visiones históricas con un pragmatismo estratégico que al menos reconocía las fronteras como objetos de negociación. La fórmula «tierra por paz» era exactamente eso: las fronteras son negociables, pero se negocian.

Lo que cambió bajo Netanyahu — especialmente en su etapa más reciente, sostenido por coaliciones de partidos religiosos nacionalistas — es el deslizamiento progresivo hacia la identificación entre el Estado de Israel y la Tierra de Israel. El discurso pasó de lo estratégico a lo mesiánico. Cisjordania, designada como «Judea y Samaria» en el vocabulario que ya no es solo religioso sino político mainstream, dejó de ser un territorio ocupado sujeto a negociación para volverse patrimonio histórico-religioso irrenunciable.

El resultado es un Estado sin fronteras definidas. Cisjordania en anexión de facto. Gaza bajo control militar directo. Anexión formal de los Altos del Golán y Jerusalén Oriental.

Operaciones sostenidas en territorio sirio. Incursiones en el sur del Líbano. Las fronteras efectivas de Israel son las que el ejército puede sostener en cada momento, no las que reconoce el derecho internacional.

A diferencia de Hungría, Israel tiene los medios militares para sostener esta realidad. Lo que lo limita no es la capacidad sino la demografía: la población judía no constituye mayoría en los territorios más allá de la línea verde de 1967. Ese dilema demográfico — que Ben Gurión ya identificaba — sigue siendo la grieta por donde se filtra la inestabilidad estructural de toda la construcción.

Lo que el mapa no muestra: América Latina

El análisis europeo de este fenómeno tiene un punto ciego notable: América Latina. Es un error, porque la región ofrece algunos de los ejemplos más claros del patrón — y además los produce desde una posición de potencias medias o pequeñas, lo que muestra que la lógica patrimonial no requiere poder nuclear para operar.

Venezuela y el Esequibo es el caso más evidente. Nicolás Maduro, al frente de un régimen que lleva décadas funcionando con lógica patrimonial clásica — lealtades personales, recursos del Estado distribuidos entre aliados militares y civiles, instituciones vaciadas de autonomía, narrativa de enemigos externos permanentes — reclamó en 2023 el 70% del territorio de Guyana con exactamente el mismo argumento que usa Putin sobre Ucrania: historia, herencia, lo que siempre fue nuestro. El Esequibo fue reconocido internacionalmente como parte de Guyana en 1899. En diciembre de 2023, Maduro convocó un referéndum para «reclamar» ese territorio. Los resultados, como siempre en ese tipo de consultas, fueron abrumadoramente favorables. El argumento: las fronteras coloniales son ilegítimas, la historia dice que ese territorio es venezolano, y ningún tribunal internacional tiene autoridad para decirle a Venezuela lo contrario.

El patrón es idéntico al de Putin, al de Trump, al de Netanyahu. La diferencia es que Venezuela no tiene los medios para actuar militarmente sobre esa reivindicación. Pero el relato cumple la misma función interna: moviliza nacionalismo, distrae de la crisis económica, construye un enemigo externo, y le da a Maduro el rol del padre que defiende el patrimonio de la nación.

Las Malvinas son otro caso que encaja en esta lógica, aunque con matices importantes. Argentina nunca abandonó su reivindicación soberana sobre las islas, y esa posición tiene apoyo político transversal — no es patrimonio de ningún gobierno en particular. Pero la forma en que se activa políticamente en momentos de crisis interna responde exactamente a la dinámica que Weber describiría: el territorio como herencia histórica, la frontera como objeto de una narrativa emocional más que jurídica, y el reclamo como instrumento de construcción de identidad nacional frente a un enemigo externo poderoso.

Bolivia y la salida al mar sigue siendo una herida abierta desde la Guerra del Pacífico de 1879. Bolivia perdió su costa y su acceso al océano. Ese reclamo define la política exterior boliviana desde hace casi 150 años — y se activa con especial intensidad en momentos en que los gobiernos necesitan cohesión interna. La Corte Internacional de Justicia falló en 2018 que Chile no tenía obligación de negociar una salida soberana al mar. Bolivia no aceptó el fallo como definitivo. Porque para la lógica patrimonial, el fallo de un tribunal internacional es solo un obstáculo, no una resolución.

Nicaragua contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia es otro ejemplo: la disputa por las Islas del Maíz y la plataforma continental, con Nicaragua ignorando sistemáticamente los fallos que no le convienen y Colombia respondiendo con su propia negativa a cumplir los que le son desfavorables. Dos Estados relativamente pequeños demostrando que la lógica de las fronteras difusas no requiere ser superpotencia.

Lo que América Latina muestra, en definitiva, es que el patrimonialismo y la lógica de las fronteras difusas son el estado natural de una parte importante del mundo — no una novedad importada desde Washington o Moscú. La novedad es que ahora esa lógica está siendo adoptada por las potencias que durante décadas predicaban el orden racional-legal. Cuando el árbitro empieza a jugar con las mismas reglas que los que siempre hicieron trampa, el partido se vuelve otra cosa.

El mundo de las cinco familias

En El Padrino, las familias mafiosas no se destruyen entre sí todo el tiempo. Tienen reuniones. Negocian. Se reparten territorios y mercados. Hay reglas, pero son informales — no están escritas en ningún tratado, no las garantiza ningún tribunal. Hay acuerdos, pero se sostienen únicamente por el equilibrio de poder entre las partes. Y cada tanto — lo explica Clemenza con esa tranquilidad inquietante que tienen los hombres que han visto demasiado — tiene que haber una guerra. «Ayuda a que desaparezcan los rencores».

Ese es el orden mundial que está emergiendo. No el de Tucídides, donde los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben — ese al menos tenía una lógica fría pero coherente. Sino el de Puzzo: patrones que se reconocen mutuamente como legítimos, que negocian informalmente el reparto de los Estados más débiles, y que de vez en cuando se enfrentan porque los acuerdos informales siempre tienen zonas grises.

La discreta aceptación de Trump de la visión de Putin sobre Ucrania tiene sentido en este marco. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y el aval a la expansión israelí también. La tolerancia con Maduro mientras no toque intereses directos de Washington, también. No es inconsistencia. Es coherencia patrimonial: los patrones se reconocen entre sí, respetan las respectivas zonas de influencia, y colaboran para mantener a raya a quienes todavía creen en el orden racional-legal.

El problema — y es un problema enorme — es que los jefes mafiosos no siempre llegan a un acuerdo. Las zonas de influencia se superponen. Los territorios disputados generan fricciones. Y a diferencia del universo de Puzzo, donde las guerras entre familias se libran con pistolas en restaurantes italianos, las herramientas disponibles ahora incluyen misiles hipersónicos, drones autónomos, ciberataques capaces de paralizar infraestructuras críticas, y arsenales nucleares.

Lo que está en juego no es solo el mapa. Es el principio que hizo que el mapa fuera relativamente estable durante ochenta años: que las fronteras tienen legitimidad jurídica independientemente del poder de quien las reclame. Ese principio no fue un invento occidental desinteresado — fue, con todas sus hipocresías, el resultado de haber visto lo que pasaba cuando no existía.

El mapa que conocemos no va a desaparecer de golpe. Se irá volviendo difuso, borroso, negociable — primero en los bordes, luego en el centro. Algunos territorios cambiarán de manos sin que nadie lo reconozca formalmente. Otros quedarán en un limbo de soberanía disputada que puede durar décadas. Y de tanto en tanto habrá una guerra que «ayude a que desaparezcan los rencores».

«Probablemente no».

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