Hay un patrón que se repite con una regularidad demasiado consistente como para ser casualidad: una amenaza se anuncia sin pruebas verificables, se actúa en nombre de la «prevención», y cuando alguien objeta, la respuesta no es corregir el rumbo sino profundizar el relato de un enemigo que no da tregua. Se repite en Siria, se repitió en Irán, se repite en Cisjordania. Y se repite, sobre todo, sin que jamás haya una consecuencia real que lo frene.

El terrorismo como justificación sin prueba

Cada vez que Israel ataca objetivos señalados como «terroristas» —en Siria, en Líbano, en Gaza— la justificación suele repetirse casi de forma idéntica, sin que después se presenten pruebas públicas verificables: nombres confirmados, vínculos operativos documentados, evidencia que un observador externo pueda auditar. El problema no es solo la falta de transparencia puntual: es el efecto acumulativo. Cuantas más veces se recurre a la misma fórmula sin sustento visible, más se erosiona la credibilidad de la etiqueta en sí misma —y cuando aparece un caso genuino de terrorismo, ya hay una opinión pública entrenada para dudar por default, lo que termina beneficiando a quienes sí buscan hacer daño.

Quienes defienden esta opacidad argumentan que la naturaleza de la inteligencia militar hace casi imposible exhibir pruebas sin comprometer fuentes o capacidades futuras. Es un argumento con algo de sustento técnico. Pero no explica por qué la misma opacidad se aplica de forma sistemática, sin excepción, en ataques de intensidad y consecuencias muy distintas.

Guerra «preventiva»: el nombre elegante de la agresión

El derecho internacional distingue entre legítima defensa —reconocida en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que exige un ataque ya ocurrido o inminente en sentido estricto— y la guerra preventiva, que golpea una amenaza hipotética o futura sin que exista todavía una agresión concreta en marcha. La segunda categoría no tiene respaldo claro en el derecho internacional. Es, para buena parte de la doctrina jurídica, el nombre elegante que se le da a lo que de otro modo se llamaría agresión unilateral.

Israel aplicó esa doctrina de forma explícita al menos desde el bombardeo al reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981, y la sostiene como principio de seguridad nacional desde entonces. Es la misma lógica que sostuvo la invasión de Irak en 2003 bajo la doctrina Bush, buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron —mientras sí quedaron, en cambio, los contratos petroleros que firmaron empresas occidentales con el nuevo gobierno iraquí en los años posteriores.

El doble estándar nuclear

La aplicación de esta doctrina es, además, marcadamente selectiva. Corea del Norte ya tiene el arma, ya la probó, y amenaza abiertamente con usarla —y sin embargo no enfrenta ataques preventivos, porque su capacidad de represalia (artillería sobre Seúl, respaldo tácito de China) vuelve cualquier ataque prohibitivamente costoso. No es que la doctrina de prevención no aplique ahí por principio: es que ya es tarde para prevenir. La «prevención» se reserva, en la práctica, para quien todavía es débil.

Israel, por su parte, nunca confirmó ni desmintió oficialmente poseer armas nucleares —la política llamada «ambigüedad nuclear»—, pero la evidencia es pública desde 1986, cuando el técnico Mordechai Vanunu fotografió el interior del reactor de Dimona y entregó el material al Sunday Times. El Mossad lo secuestró en Roma poco después; pasó 18 años preso, gran parte en aislamiento, y sigue con restricciones judiciales hasta hoy. Las estimaciones que se manejan desde entonces —entre 80 y 400 ojivas, según distintas fuentes— salen justamente de ese material. Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, nunca fue sancionado por eso, y nunca fue objeto de un ataque preventivo por poseer lo que Irán, sin evidencia concluyente de un programa de arma activa según los inspectores del OIEA, es acusado de perseguir.

El patrón Frankenstein: proxies que se vuelven contra su creador

La historia reciente de Oriente Medio y sus alrededores está marcada por un mismo error repetido: usar o tolerar a un actor armado para un objetivo de corto plazo, sin control real sobre en qué se convierte después.

El hilo común: nunca se pondera qué pasa cuando el actor creado o tolerado adquiere autonomía propia, o cuando el vacío de poder que deja la intervención es ocupado por algo peor que el problema original.

Netanyahu: el enemigo externo como salvavidas político

Benjamin Netanyahu enfrenta un juicio penal en curso en Israel por fraude, soborno y abuso de confianza, iniciado en 2019 y todavía sin resolución. Analistas israelíes —incluidos ex jefes de inteligencia agrupados en el movimiento «Comandantes por la Seguridad de Israel»— sostienen públicamente que sostenerse en el poder le da mayor capacidad de incidir en ese proceso o en la legislación que lo regula. Esto es interpretación de motivación, no un hecho verificable de la misma forma que un dato duro —pero el patrón de conducta que se le asocia sí está documentado.

El caso más reciente es Turquía. El 18 de agosto de 2026, Israel bombardeó una base aérea siria cerca de la frontera turca, alegando una posible presencia militar de Ankara en la zona; Turquía y el nuevo gobierno sirio lo negaron. Israel va a elecciones legislativas el 27 de octubre, y el propio partido de Netanyahu convirtió la rivalidad con Erdogan en eje de campaña, con carteles que muestran al presidente turco junto al líder de Hezbollah y al líder supremo iraní.

Incluso Washington, el aliado incondicional de Israel, calificó el ataque como una «escalada innecesaria» a través de su embajador en Ankara, Tom Barrack. Y la política estadounidense se ve ahora en la incómoda posición de mediar entre dos socios propios —Turquía, miembro de la OTAN desde 1952, y el nuevo gobierno sirio que buscó activamente el acercamiento a Washington— antes que frente a un enemigo compartido, como sí ocurre con Irán.

El mismo calendario electoral aparece en Cisjordania: Israel abrió el 18 de agosto una licitación para 1.234 viviendas del llamado plan E1, que fragmentaría el norte y el sur de Cisjordania y aislaría Jerusalén Este. Las ofertas se pueden presentar hasta el 19 de octubre —una semana antes de las elecciones—, algo que la organización Peace Now interpretó como un intento de acelerar compromisos de construcción antes de la votación.

Los colonos: la impunidad como multiplicador

La violencia de colonos contra civiles palestinos en Cisjordania está documentada de forma sistemática por B’Tselem, Human Rights Watch y la propia oficina de la ONU (OCHA), que registra un incremento sostenido, año a año, en los incidentes. La proporción de condenas penales efectivas contra los responsables es, según esos mismos organismos, una fracción mínima de los casos denunciados.

Esa brecha entre lo que ocurre y lo que se sanciona es, en sí misma, el mecanismo que multiplica el fenómeno: cuando un comportamiento violento no tiene consecuencia, no se mantiene estable, se expande. A eso se suma el discurso de funcionarios del propio gobierno —ministros como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir han hecho declaraciones deshumanizantes hacia la población palestina o directamente reivindicado la violencia de colonos— que funciona como permiso simbólico desde el poder, en lugar de rechazo.

Cuando la víctima es estadounidense, sí es «terrorismo»

El propio mes de agosto de 2026 ofrece el ejemplo más claro de con qué vara se mide esta violencia. El 13 de agosto, colonos israelíes sitiaron durante cinco noches varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Nablus, cortando agua y electricidad a las familias atrapadas adentro. Una de esas casas pertenecía a un ciudadano estadounidense, cuyo hermano en Ohio seguía el asedio por cámaras de seguridad.

Cinco días después, el 18 de agosto, Israel licitó las 1.234 viviendas del plan E1 que fragmentarían Cisjordania y aislarían Jerusalén Este. Sobre eso, la misma embajada, el mismo gobierno estadounidense, no emitió condena alguna. La única reacción pública vino de siete países —todos europeos, más Canadá— sin que Washington figurara entre los firmantes. Es la doble vara más nítida de todo este patrón: cuando la violencia de colonos toca a un ciudadano estadounidense de forma directa y visible, es «terrorismo» sin matices. Cuando la misma lógica de despojo se aplica como política de Estado contra la población palestina en general, a una escala mucho mayor, no amerita ni una declaración.

Europa: los mismos hechos, dos varas distintas

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva calificando la ocupación prolongada, los asentamientos y las medidas de anexión de facto como violatorios del derecho internacional. La propia Comisión Europea reconoció en un documento de 2025 que las acciones israelíes —la situación humanitaria en Gaza, el bloqueo de ayuda, el avance del plan E1— constituyen una violación del Artículo 2 del acuerdo UE-Israel sobre derechos humanos, lo cual habilitaría legalmente a la Unión a suspender ese acuerdo de forma unilateral. No lo hizo.

Cuando en agosto de 2026 Israel licitó las viviendas del plan E1, la respuesta europea fue una declaración conjunta de siete países —Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Canadá— pidiendo «retirar de inmediato» el proyecto. Sin plazos. Sin mecanismo de sanción automática.

El régimen de sanciones que la UE sí tiene activo contra la violencia de colonos —congelamiento de activos, prohibición de entrada— estuvo paralizado durante meses por el veto de un solo país, Hungría bajo Viktor Orbán, y recién se desbloqueó en mayo de 2026 tras un cambio de gobierno en Budapest. Contra Rusia, en cambio, la Unión Europea aprobó paquetes de sanciones masivas —congelamiento de activos de bancos y oligarcas— en cuestión de días tras la invasión a Ucrania en 2022, sin que un veto individual lograra frenar el paquete completo. La diferencia no es de principio jurídico: es de qué actor resulta políticamente incómodo sancionar.

El trasfondo material: petróleo y hegemonía

Detrás del vocabulario de «democracia» y «amenaza existencial» hay un tablero de recursos e influencia bastante más concreto. Irán tiene las cuartas reservas de petróleo y las segundas de gas natural del mundo, y controla la orilla norte del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar del planeta —el mismo estrecho que Donald Trump calificó este mes como «territorio estadounidense». Un Irán debilitado no es un detalle menor en ese cálculo: es, para Washington, acceso privilegiado a esos recursos, y para Israel, décadas de hegemonía regional sin un contrapeso serio, dado que Irán es hoy el único poder regional con capacidad militar y de alianzas —Hezbollah, milicias sirias e iraquíes, apoyo a Hamás— que le disputa ese rol.

Ninguno de esos dos intereses es necesariamente falso como preocupación real. Pero su aplicación selectiva —nada con Israel y su arsenal no declarado, nada con Arabia Saudita y su historial democrático, todo con Irán— es la prueba más clara de que el vocabulario de «democracia» y «no proliferación» funciona, en la práctica, más como envoltorio moral que como principio consistente.

Un circuito que se retroalimenta solo

El resumen del patrón es este: se actúa sin pruebas verificables públicamente, se llama «prevención» a lo que el derecho internacional describiría como agresión, la ausencia de consecuencia permite repetirlo, y el relato de un enemigo permanente —Irán ayer, Turquía hoy— sostiene el apoyo político interno que hace innecesario pagar cualquier costo por la acción original. Es un circuito cerrado que no requiere mala fe deliberada en cada eslabón para sostenerse: solo requiere que nadie —ni Washington, ni la Unión Europea, ni las petromonarquías del Golfo— esté dispuesto a imponer un costo real.