El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, firmaron esta semana un pacto de cooperación nuclear civil entre ambos países. Según el Departamento de Energía estadounidense, sienta las bases de «una asociación multimillonaria de décadas» que avanza objetivos económicos y estratégicos, incluida —dicen ellos mismos— la no proliferación nuclear.
El problema es que buena parte de los expertos en control de armamento leen exactamente lo contrario: un acuerdo que, tal como está redactado, podría terminar habilitando a Arabia Saudí a enriquecer uranio en su propio suelo, sin las garantías que Washington históricamente exigió para evitarlo.
Para entender por qué esto importa tanto, hay que meterse de lleno en un documento legal centenario que la mayoría de la gente nunca escuchó nombrar: el Acuerdo 123.
Qué es, exactamente, un «Acuerdo 123»
La Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos, sancionada en 1954, es la norma que hace posible —y obligatoria— toda cooperación nuclear civil entre Washington y cualquier otro país. Es, literalmente, el candado legal: sin un acuerdo de este tipo en vigor, ninguna empresa estadounidense puede exportarle a otro país reactores, componentes críticos de reactores, combustible nuclear ni ninguna otra transferencia «significativa» de tecnología atómica.
Desde que se le sumaron enmiendas de no proliferación en 1978 (tras la Ley de No Proliferación Nuclear), la Sección 123 exige que todo acuerdo con un Estado sin armas nucleares cumpla nueve criterios obligatorios, entre ellos:
- Que las salvaguardias sobre el material y equipo transferido rijan a perpetuidad, no solo mientras dure el acuerdo.
- Que se apliquen las salvaguardias integrales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- Que Estados Unidos conserve derecho de veto sobre cualquier reenvío, enriquecimiento o reprocesamiento del material transferido a un tercer país.
- Que el material o equipo jamás se use para un dispositivo nuclear explosivo ni con fines militares de ningún tipo.
- Garantías de seguridad física adecuada sobre el material nuclear entregado.
El presidente de EE.UU. puede eximir a un acuerdo de cualquiera de estos criterios si determina que exigirlos sería «seriamente perjudicial» para los objetivos de no proliferación de Estados Unidos o para la seguridad nacional. Hasta ahora, sin embargo, todos los acuerdos 123 vigentes son «no exentos»: cumplen los nueve puntos.
El trámite: 90 días y el Congreso, casi maniatado
Una vez que el Departamento de Estado presenta el acuerdo al Congreso —acompañado de una Declaración de Evaluación de Proliferación Nuclear (NPAS, por sus siglas en inglés) que explica cómo se cumplen los criterios—, arranca un período de revisión de 90 días de sesión continua. Si en ese lapso el Congreso no aprueba una resolución conjunta rechazándolo, el acuerdo entra en vigor automáticamente.
Acá está la trampa procesal que tiene en vilo a los críticos del pacto saudí: para bloquearlo, no alcanza con que una mayoría simple del Congreso se oponga. Hace falta una resolución conjunta con mayoría de dos tercios capaz de resistir un veto presidencial. En la práctica, esto convierte al mecanismo en una aprobación casi automática: Estados Unidos tiene actualmente unos 24 acuerdos 123 en vigor con distintos países, y nunca uno fue efectivamente frenado por el Congreso mediante este procedimiento.
El «patrón oro» que Arabia Saudí se niega a aceptar
Acá aparece el concepto clave de todo este debate: el llamado «patrón oro» (Gold Standard) de la no proliferación nuclear. No es parte obligatoria de la ley —la Ley de Energía Atómica no lo exige—, sino un estándar informal que se consolidó a partir de un caso específico.
Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos firman su Acuerdo 123. A cambio de acceder a la tecnología nuclear estadounidense, EAU renuncia voluntariamente y de forma permanente a enriquecer uranio y a reprocesar combustible nuclear gastado, comprometiéndose a depender del mercado internacional para su combustible. Ese compromiso, sumado a los nueve criterios estándar, es lo que pasó a conocerse como el «patrón oro».
Un año antes, Estados Unidos había cerrado un acuerdo con India —el Acuerdo India-EE.UU. de Energía Atómica Pacífica «Henry J. Hyde»— que, a diferencia del caso EAU, exime a India de buena parte de los criterios estándar y le da un «consentimiento en bloque» (blanket consent) para actividades de enriquecimiento y reprocesamiento. India, que además posee armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación, quedó así con un trato mucho más laxo que el de EAU.
Especialistas en no proliferación empiezan a debatir públicamente si Washington debía aplicar el «patrón oro» de manera uniforme a todo nuevo acuerdo, o si debía seguir negociando caso por caso. El Departamento de Energía y la industria nuclear estadounidense siempre favorecieron el enfoque caso por caso —el que finalmente se está aplicando ahora con Arabia Saudí.
La contradicción de fondo, entonces, no es nueva: el «patrón oro» nunca fue ley, siempre fue una expectativa política. Y lo que hace tan polémico el acuerdo saudí es que representa el abandono más explícito de esa expectativa desde que se acuñó el término hace más de una década y media.
Lo que el acuerdo con Arabia Saudí NO incluye
El nuevo pacto, según fuentes consultadas por Reuters y The New York Times, se aparta deliberadamente de dos pilares que Washington venía exigiendo:
1. No incluye el «patrón oro». Arabia Saudí, a diferencia de EAU, se reserva el derecho a enriquecer uranio y a reprocesar combustible gastado —los dos caminos técnicos hacia un arma nuclear.
2. No incluye el Protocolo Adicional del OIEA. Este protocolo le da al organismo de la ONU la potestad de realizar inspecciones sorpresa en instalaciones no declaradas. Riad lo rechazó explícitamente, lo que deja un vacío de supervisión sobre cualquier actividad nuclear saudí que ocurra fuera de la infraestructura suministrada por empresas estadounidenses.
El mecanismo de contención que ofrece la Casa Blanca en su lugar es un sistema de «caja negra» (black box): si un estudio conjunto entre Washington y Riad —que tomaría dos años— concluye que el enriquecimiento en suelo saudí es viable, serían empresas estadounidenses las que construirían la instalación, sin transferir la tecnología sensible de enriquecimiento a manos saudíes. Si Estados Unidos se opusiera después de ese estudio, Arabia Saudí no podría desarrollar esa capacidad por sí sola —ni con otro socio— durante 10 años.
Para la Administración Trump, ese «candado» de una década basta como garantía. Para los críticos, es una salvaguarda temporal y reversible frente a un compromiso que, en el caso de EAU, fue voluntario y permanente.
Israel puso el grito en el cielo
La reacción israelí fue inmediata y, en algunos casos, durísima —cruzando además internas dentro del propio sistema político israelí.
Amichay Eliyahu (ministro de Patrimonio, Otzma Yehudit): advirtió que Israel hará «todo lo posible, en el ámbito internacional y en su política exterior» para frenar el acuerdo, argumentando que no se puede confiar en que Arabia Saudí se mantenga como aliado a largo plazo.
Avigdor Liberman (líder de Yisrael Beytenu, exministro de Defensa): calificó el acuerdo de «completamente inaceptable», sosteniendo que «todo programa nuclear militar empieza como programa civil» —en clara referencia al caso iraní— y pidió a Jerusalén movilizar al lobby AIPAC para convencer al Congreso de votar en contra, incluso a costa de enfrentarse abiertamente con Trump.
Ehud Barak (exprimer ministro y exministro de Defensa): interpretó que la ausencia de una condición de normalización con Israel dentro del acuerdo «es una señal de la pérdida de confianza entre Netanyahu y Trump», aunque reconoció que el enriquecimiento saudí podría haber sido aceptable si hubiera formado parte de un paquete de normalización con supervisión estadounidense estricta.
El trasfondo de este enojo tiene una capa adicional, poco visible a primera vista: la administración Biden había intentado atar la cooperación nuclear civil con Arabia Saudí a la normalización de relaciones entre Riad y Jerusalén, como parte de un acuerdo regional más amplio. Esa posibilidad quedó virtualmente congelada tras el ataque de Hamas de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza —Arabia Saudí no va a normalizar mientras Israel rechace la creación de un Estado palestino.
Trump, a diferencia de Biden, decidió desacoplar ambos temas: avanza con el acuerdo nuclear sin exigirle nada a Riad en materia de normalización con Israel. Es exactamente esa desconexión la que Barak lee como síntoma de la fricción personal entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí.
La contradicción que señala Occidente hacia Irán
El elefante en la habitación es Irán. Mientras Washington presiona a Teherán para que limite drásticamente su programa nuclear y entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido, esa misma administración está ayudando a Arabia Saudí —rival regional directo de Irán— a construir un programa nuclear civil con una puerta trasera hacia el enriquecimiento propio.
Los funcionarios de Trump responden que no hay contradicción, siempre que el programa saudí quede sujeto a salvaguardias efectivas vía el mecanismo de «caja negra». Pero el argumento choca de frente con una declaración que el propio príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, hizo en 2018:
El acuerdo, además, incluye dos secciones secretas —relacionadas, según la administración, con detalles empresariales confidenciales y cuestiones de seguridad nacional— que algunos legisladores exigen conocer antes de votar. Y no es solo un tema de demócratas: el propio secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, cuando era senador, había impulsado en 2018 —sin éxito— una ley para que todo acuerdo nuclear con Arabia Saudí requiriera aprobación explícita del Congreso mediante votación, precisamente por la sensibilidad del tema.
Quién gana y qué es lo que realmente está en juego
Para las empresas estadounidenses, el negocio es enorme: Westinghouse Electric y su reactor AP1000 —capaz de generar unos 1.100 megavatios, suficiente para abastecer una ciudad mediana o un gran centro de datos de inteligencia artificial— aparece como uno de los principales beneficiarios. El acuerdo también busca, explícitamente, dejar afuera a Rusia y China de cualquier rol estratégico en el futuro programa nuclear saudí.
Pero el riesgo de fondo es regional y de largo plazo: si Arabia Saudí logra normalizar el enriquecimiento de uranio en su territorio sin el «patrón oro», quedará sentado un precedente que otros países de la región —Turquía, Egipto, y eventualmente los propios Emiratos revisando su compromiso de 2009— podrían usar para reclamar el mismo trato. Es exactamente el escenario de «carrera armamentística nuclear sin control» que anticipan tanto Liberman en Israel como Sokolski desde Washington.
El acuerdo ya fue formalmente aprobado por Trump y firmado por Wright y bin Salman. Ahora entra en la ventana de 90 días de revisión legislativa —el verdadero campo de batalla donde Israel, junto a sectores del propio Congreso estadounidense, va a intentar torcer un resultado que, procesalmente, está diseñado para ser casi imposible de revertir.
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