George Stinney: ejecutado a los 14, exonerado 70 años después

Un estado dividido en dos mundos

En 1944, Carolina del Sur estaba profundamente marcada por la segregación racial, amparada en las leyes de Jim Crow, que legalizaban la separación y discriminación sistemática contra la población afroamericana. Esas leyes no solo negaban derechos básicos como el acceso igualitario a la educación o el voto: perpetuaban una cultura de violencia racial y una justicia con dos varas completamente distintas. Según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), las décadas de 1930 y 1940 fueron especialmente violentas para los afroamericanos del sur estadounidense, donde hasta una interacción cotidiana con una persona blanca podía tener consecuencias graves e impredecibles.

En ese contexto, el sistema de justicia penal estaba impregnado de prejuicio racial. Los jurados se integraban únicamente con hombres blancos, y los abogados defensores asignados de oficio a los acusados afroamericanos rara vez ofrecían una representación real.

Dos chicas muertas

Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8, fueron vistas por última vez el 23 de marzo de 1944, cuando iban en bicicleta buscando flores en Alcolu, un pequeño pueblo maderero de Carolina del Sur dividido literalmente en dos por las vías del tren: de un lado vivían los blancos, del otro los negros. Las niñas habían cruzado hacia el lado «prohibido» en busca de flores, y en un descampado se cruzaron con George Stinney y su hermana menor, Aime, para preguntarles si sabían dónde encontrarlas. Los hermanos les dijeron que no.

Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados en una zanja llena de agua, a pocos metros detrás de la Iglesia Bautista de Clarendon. Les habían destrozado el cráneo con una pesada viga de madera, encontrada teñida de sangre cerca de las vías del tren. Cuando las niñas desaparecieron, todo el pueblo salió a buscarlas —incluido el propio George, de 14 años. Su único error fue comentarle a un vecino que ese mismo día las había visto. Bastó eso para que la policía lo convirtiera en sospechoso.

Un arresto sin orden judicial, y una hermana escondida en un gallinero

Cuando la policía llegó a la casa de los Stinney, en el sector negro de Alcolu, los padres de George no estaban. Nadie exigió una orden de detención, ni nadie pudo impedir que se llevaran también a su hermano mayor, Johnny, a quien nadie había vinculado con la escena del crimen. Aime, la hermana menor, se escondió en el gallinero de la familia por miedo a que también se la llevaran a ella —tenía apenas siete años—. «La policía buscaba a alguien a quien culpar, así que usaron a mi hermano como chivo expiatorio», relataría ella misma, ya anciana, setenta años después.

Una confesión sin papel, y un arma que cambiaba de versión

En la comisaría, los agentes separaron a los hermanos y concentraron toda su atención en George. Le gritaron y le pegaron hasta que, según su propio relato policial, el niño confesó. Nadie registró esa declaración por escrito: no existió jamás un solo papel firmado, solamente la palabra de los policías que lo interrogaron. Según ellos, George admitió haber intentado abusar de una de las niñas y, ante su negativa, haberlas matado a las dos.

El abogado que representó a la familia en la reapertura del caso, Matt Burgess, señaló siete décadas después una inconsistencia reveladora: el arma homicida que aparecía en la versión policial fue cambiando con el tiempo —primero un trozo de hierro, después un clavo, después un clavo de ferrocarril— siempre de una manera que convenía a la acusación. Su lectura fue directa: «en 1944, un chico negro de 14 años interrogado por oficiales blancos… probablemente le plantearon diferentes escenarios. Supongo que simplemente decía ‘sí, señor’ muchas veces.» El impacto sobre la familia fue inmediato: el padre de George perdió su trabajo, y todos se vieron obligados a huir de Alcolu por temor a represalias, dejando al niño completamente solo frente al sistema.

Décadas después, la psiquiatra forense Amanda Sales examinó el caso para la revisión judicial y llegó a una conclusión clínica precisa: «es mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza médica, que la confesión dada por George Stinney Jr. (…) se caracteriza mejor como una confesión obtenida bajo coerción, complaciente y falsa.»

Un juicio de dos o tres horas

El juicio se celebró el 24 de abril de 1944, exactamente un mes después del hallazgo de los cuerpos. El abogado defensor asignado de oficio era blanco, no tenía experiencia en derecho penal —se dedicaba habitualmente al cobro de impuestos— y prácticamente no le dirigió la palabra a su defendido durante todo el proceso. No presentó un solo testigo, no cuestionó la ausencia de un registro escrito de la confesión, y sus contrainterrogatorios a los policías se limitaron a preguntas banales que terminaron reforzando la versión de la fiscalía.

Hay un dato físico que el propio juicio ignoró por completo, y que setenta años después resultaría determinante: la viga de madera usada para matar a las niñas pesaba más de 20 kilos. George Stinney, según los registros de la prisión, medía un metro y medio y pesaba apenas 43 kilos. Levantar esa viga con la fuerza suficiente para aplastar dos cráneos era, en términos físicos, prácticamente imposible para un cuerpo de ese tamaño —un argumento que ningún abogado presentó ante el jurado.

El jurado, compuesto por doce hombres blancos —en un condado, Clarendon, que en ese momento tenía una población casi mitad afroamericana y mitad blanca—, deliberó y declaró culpable a Stinney por unanimidad. Habían pasado apenas cinco horas y diez minutos desde que el niño se sentó en el banquillo de los acusados. La familia de Stinney ni siquiera tuvo permitido estar presente en la sala durante el proceso.

Trasladado de inmediato a la Penitenciaría Estatal de Columbia, lo vistieron con un traje a rayas y lo dejaron en una celda del pabellón de la muerte. A su compañero de celda, un hombre llamado Wilford Hunter, le dijo entre sollozos: «No lo hice, no lo hice. ¿Por qué me van a matar por algo que no hice?» Bajo las leyes de Carolina del Sur de la época, cualquier persona mayor de catorce años era juzgada como adulto —lo que hacía legal, sin excepción alguna, condenarlo a la pena máxima. El gobernador del estado, Olin Johnson, se negó a conmutar la sentencia: «no creo que alguien que fue declarado culpable de un asesinato deba ser exonerado», respondió cuando le pidieron clemencia.

La ejecución de un niño demasiado pequeño para la silla

El 16 de junio de 1944, poco después de las seis de la mañana, George Stinney fue ejecutado en la silla eléctrica de la penitenciaría estatal de Columbia, Carolina del Sur. Con apenas 14 años, un metro y medio de estatura y 43 kilos de peso, era demasiado pequeño para el diseño de la silla: el verdugo y los guardias tuvieron que colocarle una gruesa guía telefónica debajo del cuerpo para elevarlo lo suficiente y que los electrodos alcanzaran a hacer contacto correcto con su cabeza. La máscara facial, diseñada para adultos, era demasiado grande para su rostro y se deslizó durante la descarga, dejando expuesta su expresión de dolor frente a los testigos presentes —su rostro quedó visiblemente quemado por la electrocución. Entre la acusación, el juicio, la condena y la ejecución pasaron apenas 83 días.

Setenta años de silencio, y una hermana que nunca dejó de insistir

El caso permaneció cerrado durante siete décadas, hasta que en enero de 2014 volvió a los tribunales gracias a la persistencia incansable de Aime Stinney —la misma niña de siete años que se había escondido en el gallinero el día del arresto—. Aime nunca dejó de saber que su hermano era inocente: la mañana del crimen, George había estado todo el tiempo con ella, cuidando la vaca de la familia. En 1944 nadie le preguntó nada —tenía siete años, era una niña negra, y su palabra no valía nada para el sistema. Setenta años después, ya anciana, finalmente pudo contarlo ante un tribunal.

El 17 de diciembre de 2014, con 77 años, Aime caminó hasta la primera fila de la sala del tribunal de circuito de Carolina del Sur, el mismo asiento que había ocupado durante toda la audiencia salvo el día en que le tocó declarar. Recordó, mientras esperaba a la jueza, la última vez que había visto con vida a su hermano: el día que la policía se lo llevó esposado, en 1944. «Nunca volví a verlo hasta que lo metieron en el ataúd. Eso es algo que siempre recordaré. Tenía la cara quemada», relató.

El fiscal Ernest «Chip» Finney III se opuso a reabrir el caso, argumentando que la mayor parte de la evidencia original se había perdido o destruido, y que por lo tanto no había forma de establecer con certeza que el juicio hubiera sido injusto: «la evidencia acá es demasiado especulativa y el expediente demasiado incierto para que la moción prospere», sostuvo ante el tribunal. Familiares de la víctima Betty June Binnicker respaldaron esa postura.

El recurso legal de 600 años que hizo posible la revisión

El obstáculo procesal era enorme: un nuevo juicio resultaba imposible, porque tanto Stinney como los testigos originales estaban muertos, y casi ningún documento del caso original había sobrevivido. Los abogados de la familia recurrieron entonces a una figura jurídica poco usada, conocida como *writ of coram nobis* —un recurso que, según explicó en la audiencia el profesor de derecho Miller Shealy, se remonta a unos 600 años de historia legal, y que se aplica para corregir errores fundamentales del debido proceso cuando ya se agotaron todas las demás vías legales disponibles. Shealy lo definió con una imagen futbolística: «es un Ave María legal, y fue atrapado en la zona de anotación».

La sentencia de la jueza Mullen

El 17 de diciembre de 2014, la jueza Carmen Mullen, del Tribunal de Circuito de Carolina del Sur, anuló la condena y la sentencia de George Stinney. Su fallo fue contundente y específico sobre la ausencia total de evidencia: «No tengo un arma homicida, no tengo ropa ensangrentada, no tengo una confesión escrita», dijo. «No tengo nada. No sabemos si él lo hizo o no, pero esa no era la cuestión —la cuestión era si se respetaron sus derechos constitucionales, y no se respetaron, y eso quedó claro.»

Mullen fue precisa en un matiz jurídico importante: aclaró que su decisión no se basaba en que el veredicto original hubiera sido «incorrecto en cuanto al fondo del asunto», sino en que los tribunales de la época habían fallado en cumplir su función con el debido respeto a las garantías constitucionales que exige la administración de justicia, especialmente en un caso capital. Ante Aime, la jueza fue más allá: «no recuerdo un caso en el que abundaran tantas pruebas de violaciones de los derechos constitucionales y tantas injusticias. El Estado, como entidad, tiene las manos muy sucias.»

Para la familia, la distinción legal entre «anular por debido proceso» y «declarar inocente» no cambiaba lo esencial. «Un perdón es perdonar a alguien por algo que hizo», dijo Norma Robinson, sobrina de Stinney, al diario local Manning Times. «Esa no era una opción para mi madre, mi tía o mi tío. Nosotros no estábamos pidiendo perdón.» Katherine Stinney Robinson, otra hermana de George, entonces de 80 años, lo resumió con una mezcla de alivio y hastío: «Creo que era hace tiempo que se merecía esto. Estoy encantada, porque ya era hora.»

Aime, la que había esperado setenta años para que alguien la escuchara, salió del tribunal sin rencor pero sin consuelo: «no siento odio por ningún hombre, ni siquiera por los que mataron a mi hermano. Lo siento por las familias que perdieron a esos pequeños. Perdieron a sus hijos y yo perdí a un hermano. Eso duele. Pero ¿cómo es posible que la gente se siente en un tribunal y se forme un juicio de la forma en que lo hicieron? Lo electrocutaron, lo quemaron. Fue una muerte horrible para un niño.»

Un caso que sigue definiendo un límite

La historia de George Stinney no se cerró del todo con la sentencia de 2014 —técnicamente, el tribunal nunca declaró su inocencia, solo anuló un proceso que jamás debió sostenerse—, pero funcionó como un espejo incómodo para el propio sistema de justicia estadounidense. En 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos había declarado inconstitucional, en el caso Roper v. Simmons, la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años —una prohibición que llegó 61 años demasiado tarde para George Stinney, pero que su caso, una vez desenterrado, ayudó a que se recordara con toda su crudeza. Sigue siendo, hasta hoy, el ejemplo más citado en Estados Unidos de lo que ocurre cuando el racismo, la premura y la ausencia total de garantías procesales se combinan dentro de una sala de audiencias.