Google: el monopolio
que protege al fraude
Un monopolio declarado por tribunales en varios países aplica sus reglas de forma selectiva: riguroso con los creadores de contenido, flexible con los estafadores que pagan. Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema.
Hay una pregunta que muchos creadores de contenido se han hecho en algún momento: ¿cómo es posible que una plataforma que dice proteger a sus usuarios elimine canales legítimos con un algoritmo, mientras permite que estafadores operen libremente en sus propias herramientas? La respuesta, como suele ocurrir con las grandes corporaciones tecnológicas, está en dónde está el dinero y quién tiene el poder para cuestionarlo.
Google y YouTube no son simplemente plataformas. Son un ecosistema de poder económico sin precedentes que enfrenta hoy, simultáneamente, los mayores cuestionamientos legales de su historia — y que sin embargo sigue imponiendo sus reglas de forma unilateral, opaca y selectiva.
El monopolio que los tribunales ya confirmaron
No es una acusación. Es una sentencia. En agosto de 2024, el juez Amit Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia dictaminó que Google violó la Ley Sherman al mantener monopolios ilegales en los mercados de motores de búsqueda y publicidad de texto. Fue la primera vez que un tribunal estadounidense declaró formalmente a Google como monopolio ilegal.
En abril de 2025, un segundo tribunal fue más lejos. La jueza Leonie Brinkema declaró a Google culpable de monopolizar los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios, controlando el 90% de ambos mercados. La fiscal adjunta del Departamento de Justicia lo expresó sin rodeos: ese poder de mercado le permite a Google «censurar, e incluso eliminar de su plataforma, distintos medios de opinión». No es una metáfora. Es la conclusión legal de un tribunal federal.
La Comisión Europea multó a Google con 2.950 millones de euros por abusos similares en el mercado publicitario. El Reino Unido abrió su propia investigación antimonopolio. Brasil profundizó su investigación por el uso que Google hace del contenido periodístico. Y la UE abrió además una investigación específica sobre el uso que Google hace de los videos de YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial — sin pagar ni permitir que los creadores opten por no participar.
YouTube: el árbitro que juega en su propio equipo
YouTube tiene reglas. Muchas. Y las aplica con una precisión llamativa cuando se trata de creadores de contenido — y con una llamativa laxitud cuando se trata de todo lo demás. El Programa de Socios de YouTube es la puerta de entrada a la monetización. Para acceder, hay que cumplir requisitos estrictos y no tener el contenido marcado como «inconveniente» para los anunciantes.
El problema es quién define qué es «inconveniente» y cómo lo hace. La respuesta es: un algoritmo, en la mayoría de los casos, sin intervención humana. Numerosos creadores han documentado la pérdida abrupta e injustificada de sus ingresos a manos de sistemas automatizados que identifican erróneamente contenido legítimo como infractor. Cuando apelan, las apelaciones son rechazadas casi instantáneamente — por otro algoritmo. Solo cuando el escándalo es suficientemente público aparece un empleado humano a revisar el caso.
La vara es clara: el creador que no cumple las normas pierde la monetización, pierde funciones, pierde visibilidad. Pero ¿qué pasa del otro lado?
La diferencia entre el creador sancionado y el estafador tolerado no es el daño que causan. Es quién paga.
Bastión — AnálisisGoogle Play: pagado 25 dólares y aprobado
Para publicar una app en Google Play, un desarrollador paga 25 dólares de registro y pasa por un proceso de verificación que Google presenta como riguroso. El resultado de ese proceso incluye, entre otras cosas, una app llamada UY Energy, publicada por Orchi Studio, que utiliza el logo institucional de UTE — la empresa eléctrica estatal uruguaya — en su imagen de portada, prometiendo ganancias de hasta 50.000 pesos, sin describir con claridad qué hace ni cómo funciona.
Cualquier usuario uruguayo que busque la app oficial de UTE puede encontrar esta app trucha antes que la real. Y Google la aprobó. No es un caso aislado. En Argentina, la Asociación de Bancos denunció que a través de Google Play aparecieron aplicaciones que ofrecen créditos en nombre de bancos reales, usando sus datos públicos para dar verosimilitud a la estafa. Cuando el usuario solicita el crédito, la app pide que pague comisiones por adelantado. El dinero desaparece. El crédito nunca llega.
Casos documentados de fraude en Google Play
- UY Energy (Uruguay): App usa logo de UTE sin autorización, promete ganancias de hasta 50.000 pesos. Sin relación con el ente estatal.
- Apps bancarias falsas (Argentina): ADEBA denunció apps que suplantaban bancos reales para cobrar comisiones adelantadas por créditos inexistentes.
- 700.000 descargas (McAfee, 2024): Apps fraudulentas enviaron versión limpia para superar la verificación e inyectaron código malicioso en la primera actualización.
- 5 millones de dólares perdidos (Florida): Una mujer descargó una app cripto falsa de Play Store. La confianza que le generó estar en la tienda oficial fue suficiente. Demandó a Google.
- 87 apps en 5 años: El propio Google demandó en 2024 a dos desarrolladores chinos que operaron impunemente desde 2019, afectando a más de 100.000 usuarios.
El negocio de vender confianza
El negocio central de Google es la búsqueda. Y la búsqueda tiene una jerarquía visual que los usuarios internalizaron hace años: lo que está primero importa más. Los ciberdelincuentes lo saben. Y lo explotan.
El mecanismo es simple: pagan por posicionar anuncios en los primeros resultados de búsqueda, diseñados para ser indistinguibles de los sitios oficiales — mismo logo, mismos colores, URL casi idéntica. Según un informe de la empresa de seguridad Marcode, el 75% de las principales marcas globales han sido víctimas de fraude de identidad en los anuncios de búsqueda de Google. Amazon, Samsung, Lego, American Airlines figuran en la lista.
Hay un detalle especialmente perverso: en algunos casos, los atacantes usan Google Sites — la propia herramienta de Google — para crear páginas de phishing. Como las políticas de Google Ads exigen que la URL visible y la URL final compartan el mismo dominio raíz, y Google Sites usa sites.google.com, estas páginas falsas superan técnicamente los controles de verificación. Los estafadores explotan una regla diseñada para prevenir el fraude para cometer el fraude. Dentro del ecosistema de Google, contra los usuarios de Google.
En 2024 Google suspendió 39 millones de cuentas fraudulentas — tres veces más que en 2023. Eso no es señal de que el sistema funciona. Es señal de que el volumen del fraude es de una escala que el propio Google no puede controlar.
Bastión — AnálisisEl poder sin accountability
El patrón que emerge de todos estos casos no es accidental. Es estructural. Google penaliza a un creador de contenido con un algoritmo, sin apelación real. Al mismo tiempo, aprueba en su tienda apps que usan logos institucionales de entes estatales. Vende posicionamiento en su buscador a anunciantes que nadie verificó. Permite que durante años apps fraudulentas acumulen cientos de miles de descargas antes de actuar.
Los juicios avanzan. Las multas se acumulan. Las investigaciones se abren en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en el Reino Unido. Pero mientras los procesos legales se extienden por años, el ecosistema sigue operando con las mismas reglas asimétricas: riguroso con los débiles, flexible con los que pagan.
Eso no es un fallo del sistema. Es el sistema.