Jerusalén es, desde hace más de medio siglo, el punto más sensible de todo el conflicto de Medio Oriente —no por casualidad, sino porque concentra en pocos metros cuadrados los lugares más sagrados de las tres religiones monoteístas—. Y es, también, el lugar donde la comunidad internacional sostiene una posición jurídica clara desde 1967, que en la práctica se aplica cada vez menos.
El origen: una ocupación nunca reconocida
Durante la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, Israel ocupó Jerusalén Oriental y su Ciudad Vieja —hasta entonces bajo control jordano—. En 1980, Israel **anexó** formalmente Jerusalén Oriental. Esa anexión no fue reconocida por ningún país del mundo, y el Consejo de Seguridad de la ONU la declaró «nula y sin valor» mediante la Resolución 478. La ocupación de los Altos del Golán, anexados en 1981, corrió la misma suerte jurídica —»nula y sin valor» según la Resolución 497—, aunque Estados Unidos reconoció esa anexión puntual en 2019, en solitario frente al resto del mundo.
El régimen de statu quo para los lugares santos cristianos de Jerusalén y Belén se originó en un decreto (firmán) del sultán otomano Osmán III en 1757, que fijó la división de propiedad y responsabilidades entre las distintas comunidades cristianas. Decretos posteriores (1852, 1853) establecieron que ningún cambio podía introducirse sin el consenso de las seis comunidades cristianas involucradas. Es, literalmente, uno de los acuerdos internacionales de facto más antiguos y estables del mundo —hasta que empezó a resquebrajarse en las últimas décadas—.
Para el Monte del Templo / Explanada de las Mezquitas, el statu quo moderno establece que la custodia religiosa corresponde a Jordania (a través del Waqf islámico), mientras que la seguridad policial del lugar está en manos israelíes. Judíos y cristianos pueden visitar el recinto, pero tienen prohibido rezar allí; solo los musulmanes pueden hacerlo. Es un equilibrio delicado, sostenido durante décadas precisamente porque cualquier alteración —real o percibida— puede encender una región entera.
Las violaciones recientes, una por una
La Policía de Israel comienza a relajar restricciones sobre la oración judía en el Monte del Templo: los visitantes judíos ya pueden entrar con una página de oración impresa preparada de antemano —aunque los libros de oración completos siguen prohibidos—. Es un cambio operativo directo sobre un statu quo que, por definición, no debería modificarse sin consenso.
En medio de la guerra con Irán, un fragmento de un misil balístico iraní interceptado cae sobre la Iglesia del Santo Sepulcro, dañando su techo. Israel impone restricciones de acceso a la iglesia como parte de medidas de seguridad de guerra en todo el país.
Casos reiterados de fieles cristianos escupidos y agredidos en la Ciudad Vieja. La semana pasada, la policía israelí arrestó a un adulto y cinco menores por escupir y golpear la entrada del Monasterio de Santiago, además de arrojar piedras al complejo.
Miles de judíos, incluido el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, suben al Monte del Templo para conmemorar la destrucción del Primer y Segundo Templo. La policía israelí detiene a decenas de visitantes judíos que habrían violado las restricciones de oración al recitar el Shemá —una oración judía central— en el recinto.
La condena: trece países y la Liga Árabe
El miércoles, ministros y representantes de Jordania, Túnez, Argelia, Irak, Catar, Arabia Saudita, Somalia, la Autoridad Palestina, Indonesia, Turquía, Pakistán, Malasia, Egipto y Marruecos, junto con el secretario general de la Liga de Estados Árabes, se reunieron en Ammán para condenar en bloque lo que calificaron de «escalada» israelí.
El canciller jordano, Ayman Safadi —Jordania mantiene la custodia hachemita histórica sobre los lugares santos islámicos y cristianos de Jerusalén desde 1924— fue tajante ante The Guardian: «Esta es una amenaza constante, una amenaza peligrosa (…) alterar el statu quo podría desencadenar un conflicto religioso que repercutirá más allá de Palestina y Jordania en todo el mundo musulmán.»
Los representantes reafirmaron además su posición histórica de que Jerusalén Este debe ser la capital de un futuro Estado palestino, describiendo la solución de dos Estados como «el único camino para lograr una paz justa, duradera y integral».
El componente cristiano, el menos visible de los tres
El comunicado de Ammán acusó también a Israel de interferir en los asuntos de la Iglesia, imponer restricciones a instituciones y propiedades cristianas, y permitir ataques contra fieles y símbolos religiosos —aunque, según el propio documento, sin aportar ejemplos concretos más allá de lo ya reportado sobre el Santo Sepulcro—. Vale remarcar que la tensión sobre lugares santos cristianos no es nueva: en 2018, líderes de las Iglesias católica, armenia y ortodoxa griega ya habían llegado a cerrar sus propias iglesias, incluido el Santo Sepulcro, como protesta colectiva contra un proyecto de ley en la Knéset que hubiera permitido confiscar tierras eclesiásticas arrendadas a inversores privados.
El «silencio cómplice»: qué dice la ONU, y qué se hace realmente
Acá está la parte central del problema: no es que no exista un marco normativo internacional claro. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU vienen aprobando, año tras año, resoluciones que piden explícitamente respetar el statu quo histórico de los lugares santos de Jerusalén, «tanto en las palabras como en los hechos», e instan a todas las partes a «poner fin a todas las provocaciones, incitaciones y actos de violencia» en la ciudad. Existen resoluciones formales sobre este punto específico al menos desde 2017, repetidas casi todos los años desde entonces.
Hay resoluciones. Hay condenas periódicas. Hay hasta cierres de iglesias en protesta, en 2018, que sí generaron cobertura internacional puntual. Pero ninguna de esas resoluciones tiene mecanismo de aplicación real, y los cambios operativos concretos —como la relajación de restricciones de oración judía de enero de 2026— avanzan de todos modos, sin que ningún organismo internacional logre revertirlos.
Es la misma dinámica que ya documentamos con los asentamientos en Cisjordania: la comunidad internacional tiene un marco jurídico consistente y de décadas, pero carece por completo de las herramientas —o de la voluntad política— para hacerlo cumplir frente a los hechos consumados que se instalan uno por uno, hasta volverse la nueva normalidad.
El propio contraste de esta semana lo ilustra bien: trece países árabes y musulmanes, más la Liga Árabe, emiten un comunicado conjunto con lenguaje durísimo. Del resto del mundo —Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina—, la reacción pública fue comparativamente mínima o inexistente, pese a que las propias resoluciones de la ONU sobre este tema específico llevan la firma, en su momento, de casi todos esos mismos países.
Lo que queda planteado
No hace falta simpatizar con ningún bando del conflicto para reconocer el patrón: un statu quo religioso que sostuvo, con matices, la convivencia de tres religiones en el mismo espacio sagrado durante generaciones, se erosiona hoy en pequeños pasos —una restricción de oración relajada acá, un ministro subiendo al recinto con cámaras allá, arrestos por escupir a un fraile más allá—, cada uno defendible por separado con algún argumento de seguridad o tradición religiosa propia, pero que en conjunto arman una trayectoria clara de cambio unilateral del equilibrio histórico. Y mientras trece países alzan la voz con fuerza, el resto de la comunidad internacional que en el papel comparte exactamente la misma posición jurídica —ocupación no reconocida, statu quo a respetar— responde, en los hechos, con un silencio que ya empieza a parecerse a la aceptación.
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