Loui Ridi pasó tres noches seguidas pegado a las cámaras de seguridad de su casa en Qusra, viendo cómo colonos armados sitiaban la vivienda donde estaban atrapados su hermano y su sobrino de 18 años. Del otro lado del mundo, en Nueva York, el embajador de Israel ante la ONU aseguraba que las comunidades judías en Cisjordania eran «barrios prósperos» y que «no se iban a ninguna parte». Entre esas dos escenas —la de la cámara de seguridad y la del salón diplomático— está la brecha exacta que sostiene, año tras año, la misma dinámica.

Tres días sin agua, sin luz, con soldados que abrazan a los sitiadores

En la aldea palestina de Qusra, colonos del puesto avanzado «Tell Talpiyot» —establecido apenas en enero, en un área donde Israel debería tener control de seguridad— sitiaron dos viviendas con familias palestinas adentro, incluidas dos niñas de 10 y 4 años. Según la organización de derechos humanos israelí Yesh Din, los colonos bloquearon los accesos con piedras y cortaron la electricidad, el agua y los paneles solares de las casas.

Loui Ridi, ciudadano estadounidense nacido en Qusra y radicado hace 23 años en Ohio, describió a The Times of Israel lo que veía por sus propias cámaras: soldados de las FDI llegando al lugar y, en vez de intervenir, «abrazando a los colonos». El propio ejército israelí terminó confirmando que tomaría medidas disciplinarias contra tropas sorprendidas rezando junto a los colonos frente a las casas sitiadas —en lugar de retirarlas de la zona.

Ridi contactó a la embajada de Estados Unidos en Jerusalén pidiendo ayuda para su familia —ciudadanos estadounidenses, con papeles en regla y permisos de construcción de la Autoridad Palestina—. La respuesta fue que no tenían jurisdicción, y que debía dirigirse al gobierno israelí o palestino. No es un caso aislado: miles de palestinos con ciudadanía estadounidense viven en aldeas al este de Ramala —en Turmusayya, la gran mayoría de los residentes la tiene—, y varios denunciaron la misma falta de respuesta del embajador Mike Huckabee.

«No vamos a ir a ninguna parte»

El mismo martes en que las FDI intentaban levantar el asedio en Qusra, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, se paraba frente al Consejo de Seguridad para afirmar que las comunidades judías en Cisjordania «no son puestos temporales ni obstáculos para la paz», sino «hogares permanentes, barrios prósperos donde viven familias». Invocó la Torá como fundamento de ese derecho territorial.

El contraste no podría ser más literal: mientras se pronunciaban esas palabras en Nueva York, una familia con niñas de 4 y 10 años llevaba tres días sin agua ni luz, sitiada por los mismos «vecinos prósperos» que el discurso describía. La Torá no traza líneas fronterizas reconocidas por el derecho internacional, y el derecho internacional —la Corte Internacional de Justicia lo confirmó en 2024— considera esa ocupación ilegal.

6.000 millones de dólares, mientras Washington «cuestiona»

El 12 de agosto, un alto funcionario de la Casa Blanca hizo trascender a través de KAN News que Estados Unidos considera que Israel «no está haciendo lo suficiente» para frenar la violencia de colonos, y que planea plantearlo directamente ante la Oficina del Primer Ministro. Es, en apariencia, una señal de presión diplomática real.

Pero unos meses antes, en septiembre de 2025, el propio gobierno estadounidense había aprobado una venta de armamento a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares —helicópteros y vehículos blindados de infantería—. No es un hecho aislado: es la continuidad de un flujo que rara vez se interrumpe, más allá de cuánto suba el tono de la crítica verbal.

Amnistía Internacional documentó en reiteradas ocasiones el uso de armas de fabricación estadounidense en crímenes de guerra contra población civil palestina en Gaza, y llegó a pedir al Congreso votar resoluciones de desaprobación para bloquear ventas puntuales —impulsadas por los senadores Sanders, Welch y Merkley—. La provisión de armamento, hasta ahora, no se detuvo por esas resoluciones.

Europa, un paso más allá de la palabra —aunque insuficiente

Para que el panorama sea justo, no todos los gobiernos se quedaron solo en la condena verbal. La Comisión Europea propuso suspender el pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, tras determinar que Israel viola la cláusula de derechos humanos del propio acuerdo —aunque la medida no se aprobó por falta de apoyo suficiente entre los 27 países del bloque—. El Reino Unido sí llegó más lejos: suspendió directamente las negociaciones de libre comercio con Israel. Varios Estados aplicaron sanciones puntuales contra colonos violentos y altos funcionarios, y detuvieron transferencias de armas específicas.

La declaración no cuesta nada. El armamento, sí

El patrón que atraviesa cada capítulo de esta historia —el de Qusra, el discurso de Danon, la crítica de la Casa Blanca, la venta de armas de 2025— es siempre el mismo: la palabra es barata y el dinero es real. Cuestionar en privado, o incluso condenar en público, no tiene ningún costo político ni económico inmediato. Aprobar o frenar una venta de armamento sí lo tiene, y es ahí, exactamente ahí, donde la señal genuina se distingue del gesto cosmético.

Mientras ese patrón no cambie —mientras la condena siga siendo gratuita y el armamento siga fluyendo sin condicionamiento real—, familias como la de Loui Ridi van a seguir mirando por una cámara de seguridad cómo alguien sitia su casa, mientras en otro continente alguien más asegura, sin que nada se lo impida, que esa misma casa «no se va a ninguna parte».