Enero 2025 – Septiembre 2026 — Jenin, Tulkarem, Nur Shams, Cisjordania
La ONU y el desplazamiento forzoso en Cisjordania
Más de 33.000 palestinos no pueden volver a sus hogares, veinte meses después de la operación «Muro de Hierro». La ONU habla de un posible crimen de lesa humanidad. Israel responde acusando al organismo de «activismo».
- Lo que confirma el informe de la ONU
- «Ya no habrá campamentos de refugiados»
- El nivel de destrucción, campo por campo
- El espectro del traslado forzoso
- 102 muertos, 21 niños: los casos que documenta la ONU
- El caso Shalabi: la explicación que no convence
- La respuesta de Israel: acusar al mensajero
- Por qué estos campos existen desde hace 78 años
- Un patrón, no un hecho aislado: Zanuta y la anexión de la Zona A
Casi veinte meses después de que Israel lanzara su invasión de tres campos de refugiados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada, más de 33.000 palestinos no han podido regresar a sus hogares en Jenin, Tulkarem y Nur Shams, áreas devastadas por el Ejército israelí. Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el 4 de septiembre de 2026, documenta con precisión lo ocurrido durante los dos primeros meses de la operación, y advierte sobre la posible comisión de un crimen de lesa humanidad.
Lo que confirma el informe de la ONU
La operación, bautizada por Israel «Muro de Hierro», se lanzó el 21 de enero de 2025 —apenas 48 horas después del inicio de un frágil alto el fuego en Gaza que después colapsó—. Según reconstruyó la investigación, el Ejército, la Policía y otras fuerzas israelíes entraron en los campamentos y mataron civiles, destruyeron cientos de viviendas, dañaron carreteras e infraestructura, cortaron el agua y la electricidad, e impidieron el acceso humanitario a la zona.
«Ya no habrá campamentos de refugiados»
Según los testimonios recogidos, las fuerzas israelíes fueron casa por casa «obligando a los residentes a marcharse». Los desplazados relataron que oficiales israelíes les habrían declarado, entre otras cosas, algo que resume el objetivo de fondo de toda la operación.
El 23 de febrero de 2025, apenas un mes después del inicio de la operación, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, formalizó esa intención: ordenó al Ejército mantener sus posiciones en los tres campamentos y declaró explícitamente que las personas desplazadas no podrían regresar. A los pocos días, las tropas «consolidaron su control sobre los campos de refugiados de Jenin, Nur Shams y Tulkarem y desplazaron por la fuerza a toda su población».
El nivel de destrucción, campo por campo
Muchos de los exiliados tampoco tendrían adónde volver, incluso si se les permitiera. Según un relevamiento de la ONU de octubre de 2025, el nivel de destrucción de estructuras alcanzó:
Jenin: 52% de las estructuras destruidas o dañadas.
Nur Shams: 48% de las estructuras destruidas o dañadas.
Tulkarem: 36% de las estructuras destruidas o dañadas.
La ACNUDH fue explícita sobre la ilegalidad de los métodos empleados.
El espectro del traslado forzoso
Para la ACNUDH, se trató de un «desplazamiento a gran escala, prolongado y sistemático», el más grande en Cisjordania ocupada desde 1967 —es decir, desde la propia Guerra de los Seis Días—, lo que «suscita serias preocupaciones» de que constituya el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso. El informe agrega que estas acciones «parecen constituir un castigo colectivo» y generan preocupación por una «posible limpieza étnica».
Türk recordó además «la conclusión explícita de la Corte Internacional de Justicia, hace ya más de dos años»: Israel «debe poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado lo antes posible».
102 muertos, 21 niños: los casos que documenta la ONU
En el período analizado, la investigación contabilizó 102 palestinos asesinados —entre ellos 21 niños—, una cifra que representa el 46% del total de palestinos muertos por fuerzas israelíes en toda Cisjordania durante ese mismo período. La Oficina destacó en particular el uso de ataques aéreos, drones armados y proyectiles explosivos: medios militares concebidos para el campo de batalla, no para operaciones de mantenimiento del orden.
Algunos de los casos documentados por la investigación:
— Sondos Shalabi, embarazada de ocho meses, murió por disparos de soldados israelíes cuando intentaba alejarse en auto de Nur Shams.
— Saddam Hussein Rajab, de diez años, fue baleado en Tulkarem mientras esperaba a su padre.
— Una niña de dos años recibió un disparo de fuerzas israelíes a través de la ventana de su casa en Jenin, mientras cenaba con su madre y su tía.
El caso Shalabi: la explicación que no convence
Lo que reveló la propia investigación interna israelí
Según el informe de la ONU, una investigación interna israelí sobre la muerte de Sondos Shalabi —la mujer embarazada de ocho meses— concluyó que fue abatida porque «miraba al suelo de una manera considerada sospechosa». La Oficina agrega, además, que según algunas fuentes las reglas de enfrentamiento se habrían flexibilizado, permitiendo el uso de munición real contra personas sospechosas de «manipular el suelo», ante la posibilidad de que estuvieran ocultando explosivos —un umbral de sospecha extremadamente bajo para justificar disparos letales—.
El informe señala que, en varios de los casos examinados, las víctimas no parecían representar ninguna amenaza inminente, pese a que las autoridades israelíes sostienen sistemáticamente que las personas asesinadas eran «terroristas».
La respuesta de Israel: acusar al mensajero
La respuesta oficial llegó desde la misión diplomática israelí en Ginebra, que optó por cuestionar al propio organismo antes que responder punto por punto a las evidencias del informe.
La misión también acusó al informe de «difundir información errónea» y de «omitir la amenaza de ataques terroristas» —la justificación oficial utilizada para invadir los tres campos—.
El objetivo estructural, según analistas
Más allá de la justificación de seguridad, la destrucción de infraestructuras y viviendas persigue, según analistas consultados en el propio informe, cambiar por completo la fisonomía de los campos: facilitar la entrada y salida de tanques israelíes para incursiones futuras, y en última instancia, borrar la propia noción de «refugiado» —un rasgo identitario central entre los palestinos de los campos—, atacando de paso a la UNRWA, la agencia de la ONU que administra estos territorios desde hace 78 años.
Por qué estos campos existen desde hace 78 años
Jenin, Tulkarem y Nur Shams forman parte de los 19 campos de refugiados existentes en Cisjordania, establecidos después de la expulsión, entre 1947 y 1949, de más de 700.000 palestinos de sus hogares —territorios que hoy forman parte de Israel—, en la etapa histórica conocida como Nakba («catástrofe», en árabe). Para muchos refugiados y sus descendientes, lo que ocurre hoy repite un trauma generacional: con el paso de las décadas, estos campos se habían convertido en zonas urbanizadas, habitadas por miles de refugiados y sus familias, no en asentamientos temporales.
Un patrón, no un hecho aislado: Zanuta y la anexión de la Zona A
Amnistía Internacional enmarca lo ocurrido en Jenin, Tulkarem y Nur Shams dentro de una política mucho más amplia del gobierno de Benjamin Netanyahu: expansión ilegal de asentamientos, violencia de colonos respaldada por el Estado, y políticas que la propia organización califica directamente de apartheid.
El caso de Zanuta ilustra la impunidad con la que avanza este patrón: una aldea de apenas 250 personas, desplazada por la fuerza desde octubre de 2023 por violencia de colonos respaldada por el ejército israelí. En julio de 2024, la propia Corte Suprema de Israel ordenó a la policía y al ejército facilitar el regreso seguro de sus habitantes. Dos años después, esa orden judicial sigue sin cumplirse, y la aldea corre riesgo de desaparecer para siempre.
El patrón se repite también en la llamada Zona A de Cisjordania —territorio que, según los Acuerdos de Oslo, es competencia exclusiva de la Autoridad Palestina—. En julio de 2026, el gobierno israelí dictó la incautación de unas 20 hectáreas de tierra palestina en la gobernación de Jenin, dentro de esa misma Zona A, para unir las colonias de Emek Dotan y Noa —dos de los 34 nuevos asentamientos aprobados por Israel a comienzos de este año—.
Amnistía reclamó mayor presión de los países con estrechas relaciones con Israel para que revoque estas medidas, en un contexto en el que la propia organización reconoce que «gran parte de la comunidad internacional sigue sin actuar» frente a lo que describe como un patrón que abarca «desde el genocidio en Gaza hasta la limpieza étnica y el apartheid» en Cisjordania.
Bastión se sostiene con trabajo, no con publicidad. Si esto te aportó algo, invitame un café.
☕ Invitame un café