La Revolución Francesa
Francia tenía 28 millones de habitantes, una monarquía de siglos y una deuda impagable. En diez años, todo ardió. Lo que surgió de las cenizas cambió al mundo para siempre.
Hay momentos en la historia que no se anuncian. La Revolución Francesa comenzó con una discusión sobre impuestos y terminó reinventando el mundo occidental. En el camino, decapitó a un rey, inventó el concepto moderno de izquierda y derecha, desencadenó guerras que sacudieron Europa entera y produjo uno de los documentos políticos más influyentes jamás escritos. También devoró a sus propios hijos, como toda revolución que se precie.
Entre 1789 y 1799, Francia fue el laboratorio más violento y más fértil de la modernidad. Lo que pasó en esa década —en las calles de París, en las cárceles del Terror, en los campos de batalla de Valmy— todavía define la política contemporánea. No es historia antigua. Es el plano sobre el que se construyó buena parte del presente.
Francia, en vísperas de la Revolución, era el país más poblado y poderoso de Europa occidental. También era una bomba de tiempo. Su sistema político —el llamado Antiguo Régimen— dividía a la sociedad en tres estamentos que habían funcionado, con tensiones, durante siglos. Pero a fines del siglo XVIII, las tensiones ya no tenían salida.
En la cima de la pirámide estaba el clero, con sus tierras, sus exenciones impositivas y su influencia cultural. Justo debajo, la nobleza: propietaria de la tierra, libre de casi toda carga fiscal, anclada en privilegios que en otros tiempos tenían una justificación militar y política, pero que hacia 1780 eran simplemente injustos. Y en la base, aplastando el peso de todo lo que estaba arriba: el Tercer Estado. Artesanos, campesinos, comerciantes, médicos, abogados. Más del noventa por ciento de la población. Los que producían, los que pagaban, los que morían de hambre cuando fallaba la cosecha.
- El Clero (Primer Estado): propietario de cerca del 10% de las tierras de Francia, con exenciones fiscales totales y poder sobre la educación y el registro civil.
- La Nobleza (Segundo Estado): 400.000 personas con privilegios hereditarios, acceso exclusivo a los altos cargos del ejército y de la corte, y sin obligación de tributar.
- El Tercer Estado: todos los demás. Más de 27 millones de personas que soportaban el peso fiscal de una monarquía en quiebra técnica.
El crecimiento demográfico del siglo XVIII había roto el equilibrio precario del sistema. Entre 8 y 12 millones de personas vivían en la pobreza más aguda. Las cosechas de 1788 habían sido devastadoras: el invierno fue el más frío en décadas, el pan escaseaba, y el precio del trigo se disparó hasta niveles que ponían la alimentación básica fuera del alcance de las familias trabajadoras. En las ciudades, el hambre no era una metáfora.
Pero la Revolución no fue solo el grito del hambre. Fue también el resultado de una transformación intelectual profunda. El Siglo de las Luces había instalado una idea peligrosa para cualquier régimen absoluto: que el poder político necesita justificación racional, no divina. Que los hombres nacen con derechos. Que un gobierno puede —y debe— ser cuestionado.
El Antiguo Régimen ya no podía responder a esa pregunta. Y cuando un sistema no puede justificarse a sí mismo, solo le queda la fuerza. Y la fuerza, llegado cierto punto, tampoco alcanza.
A todo esto se sumaba la catástrofe fiscal. Francia había financiado su participación en la Guerra de los Siete Años, en la independencia americana y en decenas de proyectos de gloria imperial con deuda. Una deuda que para 1788 consumía más de la mitad de los ingresos del Estado. Los acreedores pedían el reembolso. El rey no tenía cómo pagarlo. Y el sistema impositivo era tan desigual y tan ineficiente que reformarlo requería tocar los privilegios de los poderosos — que por supuesto se negaban.
El Antiguo Régimen no cayó porque apareció un enemigo externo. Cayó porque sus propias contradicciones lo volvieron insostenible. La chispa podría haber sido cualquier cosa. Fue el pan.
Luis XVI tenía 19 años cuando heredó el trono de su abuelo Luis XV en mayo de 1774. Era un hombre honesto, introvertido, apasionado por la relojería y la caza. No era cruel ni corrupto. Era, simplemente, la persona equivocada en el momento más difícil de la historia francesa. Y eso, en política, puede ser tan letal como cualquier vicio.
Su primer gran error —o su primera gran trampa, según se mire— fue involucrarse en la Revolución Americana. Apoyar a los colonos rebeldes contra Gran Bretaña tenía una lógica geopolítica clara: debilitar al rival histórico de Francia. Lo logró. Pero el costo fue brutal. La deuda francesa, ya enorme, creció hasta volverse literalmente impagable. Y el éxito de Washington y Jefferson no pasó desapercibido en París: si los americanos podían derrocar un poder considerado ilegítimo, ¿por qué no podrían hacerlo los franceses?
En 1786, el ministro de Finanzas Charles-Alexandre Calonne le presentó al rey la verdad desnuda: el Estado estaba en quiebra. La única salida era una reforma fiscal que por primera vez obligara a la nobleza y al clero a pagar impuestos. Calonne convocó la Asamblea de Notables en 1787 para aprobarla. Los Notables —aristócratas en su mayoría— se negaron con indignación. Propusieron, en cambio, convocar los Estados Generales: una asamblea representativa de los tres estamentos que no se había reunido en 175 años.
Fue una movida calculada. La nobleza creía que podría usar los Estados Generales para recuperar poder político frente a la corona. Lo que no calculó fue que estaba abriendo una puerta que no podría volver a cerrar. Del otro lado esperaba el Tercer Estado —y detrás de él, el pueblo entero de Francia, hambriento y furioso.
Los parlements, los trece tribunales judiciales encargados de registrar los decretos reales, se sumaron a la resistencia. Cuando la corona intentó exiliarlos por desobedecer, estallaron disturbios en varias ciudades. El más violento ocurrió en Grenoble el 7 de junio de 1788: una muchedumbre arrojó tejas desde los tejados sobre las tropas reales para impedir que disolvieran el parlamento local. El Día de los Azulejos, como se lo conoce, es para muchos el primer acto de la Revolución.
Acorralado, Luis XVI cedió. Nombró al banquero ginebrino Jacques Necker —el favorito de la opinión pública— como ministro de Finanzas, y convocó los Estados Generales para mayo de 1789. Creía que podría controlar el proceso. No tenía idea de lo que estaba a punto de desatar.
En los meses previos a los Estados Generales, algo extraordinario ocurrió en toda Francia: el pueblo habló. Seis millones de personas participaron en asambleas locales. Se redactaron 25.000 cahiers de doléances —cuadernos de quejas— donde campesinos, artesanos, comerciantes y profesionales escribieron, por primera vez en la historia del reino, lo que querían, lo que sufrían, lo que exigían. Era, en cierta forma, la primera encuesta política masiva de la modernidad. El resultado no dejaba lugar a dudas: el sistema estaba roto, y la gente lo sabía con una claridad que los gobernantes habían subestimado.
Los Estados Generales se abrieron el 5 de mayo de 1789 en Versalles con una pompa que disimulaba mal la gravedad del momento. Había 578 diputados del Tercer Estado, 282 de la nobleza y 303 del clero. Pero inmediatamente surgió el problema de fondo: ¿cómo se votaba? Si era por estamento —un voto por orden— nobleza y clero siempre impondrían su voluntad sobre el Tercer Estado. Si era por cabeza, la mayoría gobernaría. La diferencia no era técnica. Era la diferencia entre el Antiguo Régimen y algo completamente nuevo.
La nobleza se negó a ceder. El punto muerto duró semanas. Hasta que el Tercer Estado tomó una decisión que cambió la historia: dejó de pedir permiso.
El 17 de junio de 1789, por iniciativa del abate Sieyès —autor del célebre panfleto ¿Qué es el Tercer Estado?— los diputados del pueblo se autoproclamaron Asamblea Nacional. No una fracción de los Estados Generales: la nación entera. Tres días después, encontraron cerrado el salón donde sesionaban. Se mudaron a la cancha de tenis real y allí, de pie, pronunciaron el juramento que definió el carácter de la Revolución: no se disolverían hasta haber dado a Francia una nueva constitución. La soberanía ya no residía en el rey. Residía en el pueblo.
Luis XVI acumuló tropas alrededor de París. Despidió a Necker el 11 de julio. Fue el detonante que faltaba. El 12 de julio, la ciudad estalló. Y el 14 de julio de 1789, una multitud asaltó la Bastilla —la fortaleza-prisión símbolo del poder absolutista— en busca de armas y pólvora. La guarnición fue superada. El gobernador fue decapitado. Su cabeza paseó por las calles de París en una pica.
El rey dio marcha atrás. Restituyó a Necker, retiró las tropas, aceptó la escarapela tricolor. Su hermano menor huyó de Francia esa misma noche, iniciando el éxodo de miles de aristócratas que en los años siguientes intentarían —desde el extranjero— ahogar la Revolución en sangre.
En el campo, el verano de 1789 fue una tormenta de otra especie. Los rumores de que la nobleza preparaba una represalia armada se extendieron como fuego. El fenómeno que los historiadores llaman el Gran Miedo recorrió toda Francia: campesinos armados atacaron castillos, quemaron archivos feudales, obligaron a los señores a renunciar a sus derechos de viva voz. La noche del 4 de agosto, en un gesto que mezcló generosidad y pánico, la Asamblea Nacional declaró el feudalismo abolido. Semanas después aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: un documento que afirmaba que la libertad, la igualdad y la soberanía popular no eran privilegios sino derechos naturales e imprescriptibles. Sigue siendo uno de los textos políticos más importantes de la historia.
Durante más de un año después de la toma de la Bastilla, la Revolución tuvo una cara sorprendentemente moderada. La Asamblea Nacional gobernaba Francia. Luis XVI había aceptado —con la boca pequeña— el nuevo orden constitucional. Muchos creyeron que lo peor había pasado, que Francia avanzaba hacia una monarquía parlamentaria al estilo inglés, y que la tormenta se había disipado.
Esa ilusión duró hasta el amanecer del 22 de junio de 1791.
En la noche del 20 al 21 de junio, el rey de Francia y su familia abandonaron en secreto el palacio de las Tullerías disfrazados de burgueses. Luis XVI viajaba como mayordomo de una noble rusa ficticia. María Antonieta iba de institutriz. El plan era llegar a la frontera con Austria, unirse a las tropas del emperador —el hermano de la reina— y regresar a Francia con el poder suficiente para restablecer el absolutismo. Era, en esencia, una traición a la constitución que había jurado cumplir.
Un funcionario de correos de la ciudad de Varennes reconoció al rey por su retrato en una moneda. Lo denunció. La familia real fue detenida y devuelta a París bajo custodia, mientras una multitud silenciosa y fría los observaba pasar. Nadie aplaudió. Nadie insultó. Ese silencio fue más elocuente que cualquier grito: la legitimidad del rey se había evaporado.
La Fuga a Varennes no fue solo un error político. Fue la confirmación de lo que muchos sospechaban: que el rey negociaba en secreto con las potencias extranjeras, que el constitucionalismo era para él una máscara, que en cuanto pudiera daría marcha atrás. A partir de ese momento, la pregunta ya no fue cómo reformar la monarquía. La pregunta fue si la monarquía tenía razón de existir.
El Club Jacobino, la sociedad política más influyente de la Revolución, se fracturó. Los moderados —que todavía creían en la monarquía constitucional— formaron el Club Feuillant y aprobaron una constitución que limitaba el poder real pero lo conservaba. Los radicales que se quedaron en el Club Jacobino se radicalizaron sin retorno. Entre ellos, un abogado de provincia llamado Maximilien Robespierre comenzaba a ser conocido por su incorruptibilidad y por sus discursos implacables. El escenario estaba montado para el acto siguiente.
La nueva Asamblea Legislativa que reemplazó a la Constituyente en octubre de 1791 heredó una Francia en ebullición. En su interior, las facciones se organizaban con una geometría que todavía define el vocabulario político global: los conservadores a la derecha del presidente, los radicales a la izquierda. De aquella sala nació la metáfora más duradera de la política moderna.
Los Girondinos —republicanos moderados, oradores brillantes, convencidos de que la Revolución debía exportarse— impulsaron la guerra contra Austria y Prusia, los reinos que protegían a los émigrés y amenazaban con intervenir en Francia. El 20 de abril de 1792, la Asamblea declaró la guerra. Así comenzaron las Guerras Revolucionarias Francesas, que con distintas formas durarían hasta 1815.
Los primeros meses fueron un desastre militar. Los ejércitos franceses —mal organizados, con sus mejores oficiales nobles huidos al extranjero— retrocedían. En agosto, el Manifiesto de Brunswick amenazó con destruir París si la familia real era tocada. El efecto fue exactamente el contrario al buscado: el miedo se transformó en furia. El 10 de agosto de 1792, el palacio de las Tullerías fue asaltado por miles de parisinos. La Guardia Suiza del rey fue masacrada. Luis XVI se refugió en la Asamblea, que lo suspendió de sus funciones. La monarquía había terminado.
Las Masacres de Septiembre de 1792 mostraron la cara más oscura del proceso: durante varios días, multitudes enardecidas irrumpieron en las prisiones de París y asesinaron a más de mil cien prisioneros —aristócratas, sacerdotes refractarios, presos comunes— ante el terror de que fueran a unirse a los invasores. Era el pánico colectivo convertido en violencia sin forma. Los líderes revolucionarios miraron hacia otro lado.
El 20 de septiembre de 1792, el ejército francés detuvo el avance prusiano en la batalla de Valmy. Fue una victoria que nadie esperaba. Al día siguiente, la nueva Convención Nacional —el órgano legislativo que reemplazó a la Asamblea— proclamó la República Francesa. El calendario fue reiniciado: aquel fue el año I de una nueva era.
La Convención tenía una tarea pendiente e inevitable: decidir qué hacer con el rey. El juicio de Luis XVI duró semanas. Los Girondinos propusieron el exilio, la prisión, incluso someter la sentencia a un referéndum popular. Los Montagnards —los jacobinos de La Montaña— exigieron la muerte sin apelación posible. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en la plaza de la Revolución ante una multitud que gritó ¡Vive la République! Las cabezas coronadas de Europa entera se estremecieron. Gran Bretaña, España y Holanda declararon la guerra a Francia. La Revolución estaba sola contra el mundo.
«La Revolución es como Saturno: devora a sus propios hijos.»
— Jacques Mallet du Pan, 1793
La primavera de 1793 fue el momento más crítico de la Revolución. Francia enfrentaba una coalición de potencias europeas en sus fronteras, guerras civiles en el interior —la más brutal en la región de la Vendée, donde el campesinado católico se levantó contra París—, una economía en caos, escasez de alimentos y una desconfianza generalizada que hacía ver traidores en cada esquina. En ese contexto de asedio real e imaginario, los jacobinos radicales de La Montaña tomaron el control definitivo de la Convención.
El 2 de junio de 1793, ochenta mil sans-culottes —los trabajadores urbanos con sus pantalones largos, símbolo de una clase que no usaba las medias y calzas de los aristócratas— rodearon el edificio de la Convención. Los Girondinos fueron arrestados. Sus líderes, guillotinados. La revolución moderada había terminado.
Lo que vino después fue el Comité de Seguridad Pública: un organismo de doce hombres que asumió poderes ejecutivos prácticamente ilimitados. Organizó la leva en masa —la primera movilización militar total de la historia moderna— y estabilizó el frente militar. Pero también desató una maquinaria de terror que superó cualquier límite previo.
Aristócratas, clérigos, girondinos, pero también jacobinos que no eran suficientemente radicales, campesinos que acaparaban trigo, mujeres que se quejaban en voz alta, hombres que miraban con expresión sospechosa. El Tribunal Revolucionario juzgaba en horas y ejecutaba en días. En la Vendée, las tropas republicanas practicaron lo que algunos historiadores llaman el primer genocidio moderno: masacres sistemáticas de poblaciones civiles.
Maximilien Robespierre, el hombre que lo presidió todo, era un personaje extraordinariamente complejo. Incorruptible, austero, devoto de Rousseau, genuinamente convencido de que estaba construyendo una república de virtud. También era un hombre que había convencido a sí mismo de que el terror era el instrumento necesario de la libertad. «El terror no es otra cosa que la justicia, pronta, severa, inflexible», declaró ante la Convención. Fue quizás la frase más honesta —y más aterradora— de toda la Revolución.
Pero la lógica del terror tiene un defecto fatal: no tiene freno interno. Cuando todos los enemigos externos han sido derrotados, la mirada se vuelve hacia adentro. Danton fue guillotinado. Hébert fue guillotinado. Cada purga creaba nuevos sospechosos. Nadie estaba seguro, ni siquiera los que firmaban las órdenes de ejecución.
El 28 de julio de 1794 —el 10 de Termidor, según el nuevo calendario republicano— los propios colegas de Robespierre en la Convención lo arrestaron antes de que pudiera arrestarlos a ellos. Al día siguiente fue guillotinado en la misma plaza donde había visto morir al rey. Murió sin pronunciar discurso. La multitud aplaudió.
El Terror había terminado. Pero la Revolución también había mostrado algo que seguiría persiguiendo a las generaciones futuras: que los mejores ideales pueden convertirse en los peores instrumentos. Que la distancia entre la utopía y el crimen puede ser muy corta cuando alguien se cree suficientemente virtuoso como para decidir quién merece vivir.
La Reacción Termidoriana que siguió a la caída de Robespierre fue, en muchos sentidos, el resaca de la Revolución. Francia estaba exhausta. Había sobrevivido el Terror, la guerra exterior y el colapso económico, pero el precio había sido brutal. Los que tomaron el poder en el período siguiente —los llamados Termidorianos— no tenían ningún proyecto transformador. Tenían, sobre todo, miedo de repetir lo vivido.
El Club Jacobino fue clausurado. Los presos políticos del Terror fueron liberados. Los jóvenes dorados de la burguesía, conocidos como los muscadins, atacaban en las calles a los últimos militantes radicales. La moda cambió: se volvió a las pelucas empolvadas y a los trajes elaborados, como una afirmación ruidosa de que el igualitarismo jacobino había terminado. La Constitución del Año III de 1795 creó el Directorio: un gobierno de cinco directores que intentó estabilizar la República sin caer ni en el jacobinismo ni en la restauración monárquica. Fracasó en ambos objetivos.
El Directorio fue corrupto, inestable e incapaz de resolver los problemas económicos que habían desencadenado la Revolución. La inflación era galopante. Los intentos de golpe de Estado —desde la izquierda jacobina y desde la derecha monárquica— se sucedían. El gobierno sobrevivía anulando elecciones cuando el resultado no le convenía. Era, en esencia, una república que ya no creía en sí misma.
Mientras tanto, en los campos de batalla de Europa, un general corso de treinta años acumulaba victorias con una velocidad y una audacia que parecían de otro mundo. La campaña italiana de 1796-97 convirtió a Napoleón Bonaparte en el hombre más famoso de Francia. Reorganizaba ejércitos sobre la marcha, negociaba tratados de paz sin consultar a París, escribía proclamas que eran obras de propaganda política. Era todo lo que el Directorio no era: decisivo, carismático, victorioso.
El 9 de noviembre de 1799 —el 18 de Brumario del año VIII— Napoleón dio el golpe. Con el apoyo de su hermano Luciano, presidente del Consejo de los Quinientos, las tropas rodearon las cámaras legislativas. Los diputados que se resistieron fueron expulsados a empujones. Los demás votaron la disolución del Directorio y la creación de un Consulado con Napoleón como Primer Cónsul.
En las calles de París, nadie salió a defender la República. Nadie organizó la resistencia. El pueblo que diez años antes había asaltado la Bastilla y marchado sobre Versalles miró el golpe con indiferencia, cuando no con alivio. Estaba demasiado cansado.
La Revolución Francesa había terminado. O más precisamente: se había transformado en otra cosa. El orden que había destruido —la monarquía absoluta, el feudalismo, el privilegio de sangre— no volvería en su forma original. Pero el nuevo orden que llegaba tampoco era la república de virtud que Robespierre había soñado ni la democracia que los filósofos habían imaginado. Era un Imperio. Otra forma de concentración del poder, construida sobre los escombros del Antiguo Régimen.
Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. La idea de que el poder político necesita la legitimidad del pueblo —no de Dios, no de la sangre, no de la tradición— había entrado en el mundo y no había forma de sacarla. Las revoluciones del siglo XIX y del XX, los movimientos de independencia de América Latina, Asia y África, los derechos humanos codificados en tratados internacionales: todo lleva la huella, directa o indirecta, de lo que ocurrió en Francia entre 1789 y 1799. La Revolución fracasó en muchas cosas. Pero plantó algo que ya nadie pudo arrancar.
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