«Otra mancha que nunca se borrará»: la ley jaredí pasa

La Knéset aprobó la Ley Básica que consagra el estudio de la Torá como valor fundamental del Estado, en medio de advertencias de que agrava la crítica escasez de personal de las FDI. Netanyahu ni siquiera se presentó a votar.

El pleno de la Knéset aprobó el lunes, en sus lecturas finales, la polémica Ley Básica: Estudio de la Torá, impulsada por los partidos jaredíes (ultraortodoxos) tras semanas de tensión dentro de la propia coalición de gobierno. El proyecto pasó con 63 votos a favor y 52 en contra, y consagra el estudio religioso como «un valor fundamental en el patrimonio del pueblo judío y en el Estado de Israel» dentro del cuerpo de Leyes Básicas que, a falta de una constitución escrita, funcionan como el marco jurídico de mayor jerarquía en Israel.

Una ley que la propia coalición de Netanyahu rechazó

Lo llamativo del resultado es que ni siquiera contó con el respaldo unánime del oficialismo: legisladores de la propia coalición de Netanyahu se opusieron públicamente y votaron en contra. Y el primer ministro directamente no apareció en el recinto para la votación —pese a que un mes antes sí había votado a favor cuando la ley superó su primera lectura—, una ausencia que no pasó inadvertida para sus rivales políticos.

Eisenkot, hoy el principal rival de Netanyahu según las últimas encuestas, calificó directamente de «cobarde» al primer ministro por no presentarse a votar sobre una ley que, según sus críticos, perjudica de lleno a las Fuerzas de Defensa de Israel en medio de una guerra que ya lleva más de dos años.

Lo que la ley cambia (y lo que dice que no cambia)

Según sus detractores, la Ley Básica del Estudio de la Torá modifica de hecho el estatus de los estudiantes de yeshivá que no realizan el servicio militar, permitiéndoles seguir recibiendo ayudas estatales pese a la escasez crítica de personal que atraviesan las FDI. El texto había incluido originalmente una cláusula que buscaba «crear un equilibrio» en torno al estudio de la Torá como valor fundamental —una fórmula que generó severas advertencias legales y estuvo a punto de frenar el proyecto, hasta que fue retirada la semana pasada tras un nuevo acuerdo de coalición con los partidos jaredíes.

También se eliminó del borrador otra redacción polémica que equiparaba directamente a quienes estudian la Torá con quienes sirven en las FDI. Pero tanto legisladores de la coalición como de la oposición coincidieron en una misma advertencia: el cambio de redacción no altera la esencia real de la norma.

Una FDI que ya advirtió que puede colapsar

El contexto militar hace que la ley resulte particularmente sensible. En marzo, el propio jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, advirtió públicamente que las fuerzas armadas israelíes podrían colapsar pronto si no se encontraba una solución a la escasez de personal. En abril, el Tribunal Superior de Justicia había ido más lejos, ordenando al Estado revocar beneficios financieros clave a los evasores del servicio militar y avanzar hacia sanciones penales contra los hombres jaredíes que lo eluden.

Pese a esas dos señales de alarma —una militar, otra judicial—, la coalición avanzó en paralelo con una segunda pieza legislativa: un proyecto que congelaría temporalmente los arrestos de evasores jaredíes al servicio militar, previsto para votarse en sus últimas lecturas tras una semana de maratónicas reuniones de comité. Zamir volvió a advertir el lunes, esta vez por escrito al ministro de Defensa Israel Katz, que ese proyecto de congelamiento «perjudicaría el reclutamiento y crearía serios riesgos para la seguridad de las FDI».

Las voces del bloque opositor

La reacción del bloque que busca desplazar a Netanyahu en las próximas elecciones —fijadas para el 27 de octubre— fue unánime y dura.

Antes de la votación, el líder de la oposición Yair Lapid había encabezado una carta firmada por varios líderes opositores, instando a los legisladores de la coalición a «actuar con responsabilidad» y no avalar una legislación que «perjudicaría gravemente a las FDI en tiempos de guerra», en línea con la advertencia del propio jefe del Estado Mayor.

Una pieza más del mismo tablero

La ley del Estudio de la Torá no llegó sola. Se aprobó en medio de una agenda legislativa cargada, en la última semana de sesiones de la Knéset antes del receso previo a las elecciones, que incluye además un proyecto para debilitar el papel del fiscal general y una reforma profunda del sector de radiodifusión israelí — todo dentro de lo que múltiples informes describen como una serie de acuerdos entre Netanyahu y los partidos jaredíes para garantizar su respaldo legislativo en las semanas finales del mandato.

El patrón se repite: los partidos jaredíes condicionan su apoyo a la coalición a cambio de legislación que blinda a sus votantes de la conscripción militar, mientras las FDI —según sus propias autoridades— quedan cada vez más comprometidas en su capacidad operativa. Netanyahu, que necesita a esos mismos partidos para sostener su gobierno, elige no dar la cara en el momento de votar, dejando que la ley pase igual, pero sin su nombre asociado directamente al resultado en el registro público de la sesión.